La AFIP habría detectado irregularidades en el pago de impuestos sobre los combustibles líquidos y gas natural por $ 267,1 millones, más otros $ 142,2 millones en intereses.
Los afectados, por la decisión de Kicillof fueron: Juan Carlos Cheli y Bibiana Vacirca, jefes del Departamento Gestión de Cobro y de la División Recaudación, respectivamente, de la Dirección de Operaciones Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, el desplazamiento fue informado en el Boletín Oficial del lunes 25 de junio.
Al día siguiente agregaron a Enrique Lalanne, jefe de la División Cobranzas Judiciales, Roberto Alejandro Gómez y Marcelo Malagón, jefes de departamento y división letrada de Contencioso Administrativo.
Estas personas tenían a cargo iniciar los juicios para cobrar la deuda al fisco, pero uno de ellos pidió licencia; y otro fue derivado a sacar fotocopias.
En menos de 60 días, dos jueces nombrados por el Gobierno rechazaron la apelación de YPF contra la determinación de la AFIP y le franquearon la puerta al fisco para intimarla por casi $ 410 millones, un logro que en la mayoría de los casos insume años.
Armando Magallón y José Luis Pérez, los jueces designados mediante un polémico concurso del Ministerio de Economía, se apartaron de las pautas fijadas por un fallo plenario del propio Tribunal Fiscal en 2007 y avanzaron sin correrle traslado al Estado de los planteos de YPF.
Según una fuente del Tribunal fiscal: “Es válido no correrle traslado al Estado si el planteo de la otra parte es manifiestamente improcedente. Pero éste no es el caso”.
“Forzaron la jurisprudencia con una clara intencionalidad de habilitar la ejecución contra YPF”.
La YPF española rechazó la determinación de la AFIP, apelando al Tribunal Fiscal el 29 de diciembre, por los feriados y la feria judicial el proceso continuó en febrero, mientras crecían las versiones sobre su intervención, ocurrida 16 de abril y el 18 del mismo mes Magallón y Pérez firmaron la sentencia.
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