ARGENTINA
CHUBUT
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, la querella de los familiares de las víctimas de los fusilamientos del 22 de agosto de 1972 solicitó prisión perpetua para los cuatro marinos acusados de delitos de lesa humanidad y dos años de prisión para el exjuez Jorge Bautista, acusado de encubrimiento. Además, demandó que se abra una investigación por complicidad contra el médico Lisandro Iván Lois y pidió a Estados Unidos la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición fue negada, a pesar de que "mintió en su ingreso, cuando negó tener investigaciones sobre su persona", sostuvo la abogada querellante Carolina Varsky.
Los pedidos de la querella fueron para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad.
Página 12
Los pedidos de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua fueron para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad. En el caso del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez ad hoc tras la matanza en Trelew, en calidad de instructor militar, la abogada querellante pidió el cumplimiento efectivo de la condena. "La ley actual contempla para este delito hasta tres años de prisión, pero la que regía en la época, hasta dos, y se aplica la ley más benigna", explicó a Varsky.
En el alegato que compartió con sus colegas Eduardo Hualpa y Daiana Fusca, Varsky solicitó la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición negó ese país pero "debería estar hoy entre los acusados". Según testigos y otras pruebas acumuladas en el expediente, Bravo fue uno de los oficiales de la Armada que disparó ráfagas de metralleta a los 19 prisioneros políticos en la base Almirante Zar de Trelew y luego los remató con "tiros de gracia", como lo relataron los propios sobrevivientes María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps.
En tanto, Lois era el médico de esa base aeronaval en el momento de los hechos y firmó los certificados de defunción por "muerte violenta" de 16 de los prisioneros, entre los cuales tres que habían sobrevivido y fallecieron después en la enfermería. Al menos uno de ellos, Pedro Bonet, fue rematado con un disparo en la cabeza varias horas después del fusilamiento.
Esta semana alegará también el fiscal federal Fernando Gelvez y después, probablemente la próxima, lo harán las defensas de los cinco acusados. El tribunal integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella dictaría sentencia a mediados de octubre próximo.
CHUBUT
En su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, la querella de los familiares de las víctimas de los fusilamientos del 22 de agosto de 1972 solicitó prisión perpetua para los cuatro marinos acusados de delitos de lesa humanidad y dos años de prisión para el exjuez Jorge Bautista, acusado de encubrimiento. Además, demandó que se abra una investigación por complicidad contra el médico Lisandro Iván Lois y pidió a Estados Unidos la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición fue negada, a pesar de que "mintió en su ingreso, cuando negó tener investigaciones sobre su persona", sostuvo la abogada querellante Carolina Varsky.
Los pedidos de la querella fueron para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad.
Página 12
Los pedidos de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua fueron para Rubén Paccagnini, Luis Sosa, Emilio Del Real y Carlos Marandino como autores de los homicidios y torturas, calificados como crímenes de lesa humanidad. En el caso del acusado de encubrimiento Jorge Bautista, que actuó como juez ad hoc tras la matanza en Trelew, en calidad de instructor militar, la abogada querellante pidió el cumplimiento efectivo de la condena. "La ley actual contempla para este delito hasta tres años de prisión, pero la que regía en la época, hasta dos, y se aplica la ley más benigna", explicó a Varsky.
En el alegato que compartió con sus colegas Eduardo Hualpa y Daiana Fusca, Varsky solicitó la deportación del oficial Roberto Bravo, cuya extradición negó ese país pero "debería estar hoy entre los acusados". Según testigos y otras pruebas acumuladas en el expediente, Bravo fue uno de los oficiales de la Armada que disparó ráfagas de metralleta a los 19 prisioneros políticos en la base Almirante Zar de Trelew y luego los remató con "tiros de gracia", como lo relataron los propios sobrevivientes María Antonia Berger, Ricardo Haidar y Alberto Camps.
En tanto, Lois era el médico de esa base aeronaval en el momento de los hechos y firmó los certificados de defunción por "muerte violenta" de 16 de los prisioneros, entre los cuales tres que habían sobrevivido y fallecieron después en la enfermería. Al menos uno de ellos, Pedro Bonet, fue rematado con un disparo en la cabeza varias horas después del fusilamiento.
Esta semana alegará también el fiscal federal Fernando Gelvez y después, probablemente la próxima, lo harán las defensas de los cinco acusados. El tribunal integrado por los jueces Enrique Jorge Guanziroli, Pedro José De Diego y Nora María Cabrera de Monella dictaría sentencia a mediados de octubre próximo.
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