La decisión de intervenir el ferrocarril Belgrano Cargas trajo aparejado el desplazamiento de un consorcio liderado por el empresario Franco Macri del control de la línea y la posibilidad de que el Estado finalmente se quede con su operación de manera definitiva.

Según indicaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, el Belgrano Cargas pertenecía a una sociedad de emergencia (SOE) conformada en un 80% por los grupos Macri (ShiMa), Roggio (BRT-Benito Roggio Transportes) y Romero (Emepa) y en un 20% por los gremios La Fraternidad, Unión Ferroviaria y Camioneros.

Macri junto a su socio Carlo Capelli en ShiMa tenía el 51% de la SOE, -inicialmente también estaba asociada una firma china que se retiró- lo cual le permitía controlar el estratégico ferrocarril de cargas desde mediados de 2006. “Había una puja entre los distintos integrantes desde que se formó esta sociedad a la fuerza para reemplazar al Belgrano Cargas que era de la Unión Ferroviaria”, reveló una fuente oficial a NA.

Ante esa situación, el Gobierno ya había trabado la toma de decisiones por parte de Macri con una resolución oficial que obligó al directorio a tomar cualquier decisión por unaminidad. El Belgrano Cargas tiene casi ocho mil kilómetros de vías y pasa por 14 provincias, pero nunca funcionó bien y da pérdidas al igual que los trenes de pasajeros. Pese a que para la administración kirchnerista un tren de carga debe dar ganancias, este ferrocarril necesitaba de un subsidio, que desde julio pasado fue de 9 millones de pesos mensuales.

El principal objetivo de la intervención por 90 días, a cargo de Carlos Zarlenga, será realizar una auditoría. Luego, existen tres posibilidades: que pase directamente al Estado, a la Operadora Ferroviaria del Estado (SOFSE); que se haga una empresa mixta, para lo cual Gabriel Romero sería el que tendría más posibilidades de integrar el consorcio; o que se cree una nueva sociedad del Estado como la SOE que funcionó hasta ahora pero con actores renovados
Existe una apuesta fuerte para que la empresa quede a cargo de la SOFSE que conduce Guillermo Cháves, un hombre cercano al ministro del Interior,Florencio Randazzo.

Esa decisión, que depende exclusivamente de la presidenta Cristina Kirchner, tiene el respaldo de los gremios intervinientes.