La intención de la gestión de Cristina Kirchner es que el máximo tribunal, declare inconstitucional este impuesto, que ha impulsado el gobernador cordobés, Juan Manuel de la Sota.
De lograr la derogación del impuesto, el Gobierno nacional, intenta con ello que la iniciativa no se lleve a cabo en otros distritos.
La idea es “desincentivar que estas intenciones trasciendan Córdoba y se intenten aprobar” en otros distritos, indicó Hernán Lorenzino.
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