domingo, 2 de diciembre de 2012

Tal como se había definido en la asamblea del miércoles, vecinos marcharon este jueves por las calles de Esquel para expresar su más enérgico repudio a la violencia minera desatada el pasado martes en Rawson.

ESQUEL. VECINOS REPUDIARON LA VIOLENCIA EN RAWSON


Exigieron la renuncia de los políticos responsables

 En la oportunidad, se leyó un contundente documento donde, entre otros puntos, se exigió la renuncia inmediata de los políticos responsables del feroz ataque a los "hermanos de lucha".

ESQUEL_MARCH


Aquí el documento completo:
Los vecinos autoconvocados por el "No a la mina" de Esquel y Trevelin, reunidos hoy, repudiamos profundamente los hechos de violencia ocurridos en la ciudad de Rawson, el día 27 de noviembre en horas de la tarde en las inmediaciones de la Legislatura provincial. Allí, un grupo de choque dispuesto especialmente PARA TAL FIN, atacó violenta e impunemente a vecinas y vecinos que intentaban asistir, como lo hacen desde hace meses, a la sesión ordinaria de la legislatura para expresar su oposición a la aprobación del PROYECTO DE MARCO REGULATORIO DE LA ACTIVIDAD MINERA E HIDROCARBURÍFERA presentado por el Poder Ejecutivo Provincial, que permitiría la habilitación de la MEGAMINERÍA.
Por ello, declaramos:
1) Nuestro más sincero reconocimiento a nuestros hermanos de lucha, las vecinas y vecinos de las asambleas de las ciudades del valle, de la costa y de la meseta, comprometidos en esta causa que ya no es sólo de Esquel y la comarca, como hace 10 años, sino que es de todos los chubutenses y que cada día es de más argentinos
2) Exigimos la renuncia inmediata de los políticos responsables de estos sucesos, ya que no sólo no dispusieron de la seguridad adecuada para evitar el accionar de las patotas que atacaron impunemente a los vecinos, sino que no han hecho nada para identificar a los agresores o asistir a las víctimas. Son responsables: el Ministro de Gobierno Javier Touriñan, el Secretario de Seguridad José Glinski, el Jefe de la Policía Provincial Julio Blanco y el Secretario de Derechos Humanos Ricardo Lázaro.
3) Denunciamos la inacción del gobierno que permite la permanencia de este grupo de violentos aún después de las agresiones y que no ha hecho ningún esfuerzo en poner en manos de la justicia a los responsables directos de los ataques a hombres, mujeres y niños indefensos.
4) Exigimos la identificación de los responsables ideológicos y de quienes dan respaldo económico a esta organización destinada a amedrentar a la población y condicionar a los legisladores.
5) Repudiamos los dichos del Gobernador Martín Buzzi que lejos de condenar la violencia, la justifican.
6) Exigimos al intendente Rafael Williams que exprese, claramente y sin ambigüedades, cuál es su voluntad política respecto al retiro de la habilitación comercial de la empresa Minas Argentinas-Yamana Gold de la ciudad de Esquel y su postura respecto a los graves hechos del día 27 que ocurrieron mientras él mismo se hallaba presente en la ciudad de Rawson. Guardar silencio, estar ausente, ser ambiguo, o ser tibio, en situaciones graves como las que pesan sobre el pueblo, es signo de complicidad, de cobardía manifiesta, o de miserable especulación política.
7) Denunciamos el incumplimiento flagrante del compromiso asumido por el Intendente, rubricado por su misma firma, ante organizaciones sociales como el MLT, la Agrupación juvenil Guanacos en Pie, y vecinos autoconvocados para dar respuesta sobre la inhabilitación comercial de la minera el día 28 de Noviembre a las 10 de la mañana.
8) Diferenciamos claramente a los verdaderos trabajadores de la construcción, permanentemente vulnerables a la precarización laboral y a la desocupación , de aquellos personeros y mercenarios como Gerardo Martínez, Secretario General de la UOCRA nacional, identificado como personal civil de inteligencia durante la dictadura, que utiliza las estructuras gremiales y a los obreros que las sostienen para ofrecerlas como fuerzas paraestatales de represión fascista al servicio del poder de turno político o económico.
RESULTA PREOCUPANTE QUE ESTA FORMA DE DISUASIÓN DE LA LEGÍTIMA PROTESTA SOCIAL COMIENCE A REITERARSE, especialmente en manos de quien resulta ser un aliado político-gremial del gobierno nacional. Cuesta ver a nuestra presidenta sentada junto al represor Gerardo Martínez, o ver a nuestro gobernador reunido la semana pasada en Buenos Aires con este siniestro personaje, ¿de qué hablaron? ¿Qué acuerdos hicieron?
No sólo estamos en peligro aquellos que militamos contra la megaminería contaminante, es la misma esencia de la democracia la que está en juego, está en peligro cualquier ciudadano que se oponga a los intereses antipopulares del poder.
9) Declaramos que los derechos humanos no son sólo válidos para las víctimas de la última dictadura militar, deben estar vigentes aquí y ahora para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas, para aquellos que sobrevivieron a aquel genocidio y para las nuevas generaciones. No queremos esperar 30 años para que se juzguen los crímenes que hoy se están cometiendo. No queremos más crímenes, no queremos más violencia ni amenazas. ¡No queremos MEGAMINERÍA! ¡NO A LA MINA! ¡NO PASARÁN! ¡NO PASARÁN! ¡NO PASARÁN!

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