“Un nuevo antecedente para la criminalización de la protesta”.

MARCHA A LA CASA DE SANTA CRUZ

(AW) Referentes de movimientos de izquierda junto al “Comité de apoyo por la absolución de los compañeros petroleros de Las Heras” se concentraron ayer, frente a la Casa de Santa Cruz, para exigir la absolución de doce trabajadores acusados en el marco de la pueblada ocurrida en el pueblo sureño hace siete años. El juicio comenzará el 17 de junio en la localidad santacruceña. Denuncian que la causa está armada para marcar un nuevo antecedente en la criminalización de la protesta. Buenos Aires, 12 de junio de 2013.- “Esta es una causa armada para tratar de meter presos a trabajadores que salieron a luchar en el 2006 contra el impuesto a las ganancias y también por los que salieron a reclamar ´a igual trabajo igual remuneración´; porque había muchos trabajadores encuadrados en la UOCRA que ganaban la mitad de lo que ganaban los petroleros y hacían el mismo trabajo”, sentenció Gustavo Lerel, delegado del Hospital Garrahan e integrante del Comité de apoyo, y advirtió: “La expectativa en cuanto al juicio es nula, tenemos expectativa en la movilización (que se hará el mismo día)”. El próximo 17 de junio, a las 16, la localidad santacruceña de Las Heras será escenario del juicio que tendrá en el banquillo a doce trabajadores -en su mayoría petroleros- acusados de matar al agente Jorge Sayago, cuando a principios de 2006 la policía comenzó a reprimir una pueblada en la que se reclamaba por la libertad del trabajador y vocero asambleísta Mario Navarro. La conferencia de prensa, silenciada por los grandes medios de comunicación, y el juicio en camino, se encuadran en un contexto político en el que las protestas sociales, los reclamos por igualdad y mejoras en las condiciones laborales pasan -cada vez con mayor naturalidad e incremento- al plano de la criminalización: de la mano del gobierno kirchnerista, ya ascendieron a 6500 los procesados por este tipo de reivindicaciones realizadas por trabajadores y militantes. Con una acusación aún incomprobable, varios de los trabajadores santacruceños fueron culpados por la muerte de Sayago con el riesgo de ser condenados a cadena perpetua. De este modo, según coincidieron miembros del Comité, se asentaría una pena judicial que instalaría un precedente para el resto de las causas con procesados por protestas sociales y laborales. Claudia Ferrero, también miembro del Comité, cuestiona porqué “todas las pruebas y todo el informe que se va armando respecto de los imputados que ahora van a juicio, se realizaron a través de la brigada de investigaciones de Río Gallegos, que se instaló en Las Heras, después del asesinato de Sayago, imponiéndose como una fuerza conspirativa y de inteligencia”.  “Esto es una causa que más allá de estar armada, es una causa política donde no se está aplicando ni el derecho ni la Constitución. Estamos corriendo el riesgo de que los trabajadores sean condenados por luchar y esto implica un antecedente para lo que significa la criminalización de la protesta en todo el territorio nacional”, denunció la abogada  Andrea Forgueras, perteneciente al Comité y quien, además, viajará el 17 de junio para apoyar a los trabajadores procesados. Forgueras aseguró que “hay muchas personas implicadas con acusaciones que son falsas y que no sirven siquiera para ser probadas en el proceso de juicio oral”. Tanto los trabajadores que se encuentran procesados como los integrantes del Comité y las organizaciones de izquierda, expresaron la necesidad de la difusión para generar apoyo y conocimiento masivo respecto de esta causa. Por su parte, Ferrero finalizó el encuentro afirmando que “el kirchnerismo, además del ´Proyecto X´, de los infiltrados en los medios populares, tenía toda esta tarea y servicio de inteligencia para controlar el movimiento obrero y a los que luchan, ya desde el 2006”, y concluyó: “No queremos dejar pasar por alto la importancia de este juicio, porque cualquier condena que surja de ahí será un acto de impunidad absoluta”. La convocatoria contó con la presencia y el apoyo de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) y de integrantes de organizaciones políticas como Tendencia Piquetera Revolucionaria (TPR), Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), Convergencia Social, Democracia Obrera y Opinión Socialista. También se hicieron presentes delegados del Hospital Garrahan, de FATE  y de la Línea 60.