MILANI DIXIT:
"No realicé denuncias sobre violaciones de derechos humanos cuando se recuperó la democracia, sencillamente porque, como lo dije antes, no tuve conocimiento sobre hechos concretos"
Al jefe del Ejército, teniente general César Gerardo Milani, no le constaba que durante la dictadura militar se hubieran cometido violaciones a los derechos humanos . Así se desprende de las respuestas enviadas al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió rechazar su ascenso al grado militar más alto.
Milani explicó allí que sólo tomó conocimiento de los hechos investigados y probados luego por la Justicia una vez recuperada la democracia. "Jamás he recibido una orden o instrucción mediante la cual debía aplicar tormentos, realizar privaciones ilegales de la libertad, secuestrar, desaparecer o matar personas", dijo.
"No realicé denuncias sobre violaciones de derechos humanos cuando se recuperó la democracia, sencillamente porque, como lo dije antes, no tuve conocimiento sobre hechos concretos", declaró, al responder el cuestionario que le envió el CELS para que presentara su descargo a las impugnaciones a su ascenso.
El Senado aprobó hace cuatro días el ascenso del jefe militar, pese a las causas abiertas para determinar su responsabilidad en la desaparición y detenciones de personas en La Rioja y en Tucumán, entre 1976 y 1977. No atendió, así, las objeciones del CELS y las críticas de la oposición.
Ante la segunda impugnación que el CELS había planteado al Senado, Milani pidió el lunes 9 de este mes formular un descargo, por lo que el organismo le envió un cuestionario al día siguiente, que Milani respondió el viernes 13, dos días después de que su pliego avanzara en la Comisión de Acuerdos del Senado.
"Muchos argentinos sabíamos muy poco sobre lo que ocurría en aquella época, en relación con la represión ilegal", se justificó el jefe del Ejército. Y añadió: "Cuando se me requirió información sobre los traslados [de personas] que efectuaba, ratifiqué que en alguna oportunidad los había efectuado a sede judicial, no considerando en esa oportunidad que los mismos constituyan una violación a los derechos humanos".
Según informó el propio CELS, Milani alegó en sus respuestas "desconocimiento sobre hechos probados por la Justicia en fallos firmes, como la existencia de un centro clandestino de detención en la unidad en la que prestaba servicios: el Batallón de Ingenieros en Construcciones de Combate N° 141 de Comunicaciones de La Rioja, con 30 oficiales, 200 suboficiales y 600 soldados. En relación con la afirmación de que en el Batallón 141 funcionaba un centro clandestino de detención, quiero reiterar que si bien había muchos edificios en la unidad jamás vi detenidos en dicho lugar", respondió.
Mientras Milani relativizaba lo que pasaba puertas adentro del Batallón 141, el CELS cita la sentencia del caso Estrella, que declara que esa unidad fue "el epicentro desde donde se comandaron las acciones represivas en La Rioja".
En su defensa, Milani señaló que esa provincia "conservaba una cierta pasividad [...] los procedimientos militares no eran frecuentes y los oficiales de menor graduación no teníamos acceso a la información que manejaban los oficiales de mayor graduación de la unidad".
Para el CELS, el principio de inocencia que rige en un juicio penal no es aplicable cuando se lo extrapola "a un debate institucional y político sobre las condiciones que deben reunir los jefes de las Fuerzas Armadas". Milani explicó que al realizar el traslado de detenidos, desde la cárcel de La Rioja hasta el juzgado federal, sólo se le instruía que "debía acompañar a la policía en el patrullero". Para el CELS, el Ejército dirigía la represión en la zona y no la policía.
El militar dijo que nunca trasladó a una persona "con signos de haber sufrido tormentos o torturas" y que "no presenció jamás una declaración indagatoria", al contrario de las denuncias del ex preso político Ramón Olivera, quien lo acusó de haberlo hostigado.
Milani puso en duda las circunstancias de la desaparición de Ledo y las acusaciones de que fraguó los registros. Citó estadísticas del Ministerio de Defensa, según las cuales 2442 soldados desertaron entre 1976 y 1983. "De esos casos, sólo 27 soldados se encuentran hoy desaparecidos", dijo el jefe del Ejército, en un intento por demostrar que las deserciones eran habituales. "Lo que no señala Milani es que, de aquellos 27 soldados, en todos los casos se labró un acta de deserción [...] lo que confirma la práctica de encubrir o clasificar una desaparición como una deserción", concluyó el CELS.
Los desmemoriados
Estos son los senadores que votaron el ascenso de Milani:
Aguilar, Aguirre, Barrionuevo, Bermejo, Bertone, Blas, Cabral, Magni, De la Rosa, Fellner, Fernández, Fiore Viñuales, Fuentes, García Larraburu, Giménez, Godoy, González, Guastavino, Guinle, Higonet, Irrazábal, Cappellini, Kunath, Labado, Latorre, Leguizamón, Luna, Mansilla, Mayans, Meabe, Montenegro, Pérsico, Pichetto, Pilatti Vergara, Riofrío, Rojkes de Alperovich, Roldán, Urtubey y Zamora.
"No realicé denuncias sobre violaciones de derechos humanos cuando se recuperó la democracia, sencillamente porque, como lo dije antes, no tuve conocimiento sobre hechos concretos"
Al jefe del Ejército, teniente general César Gerardo Milani, no le constaba que durante la dictadura militar se hubieran cometido violaciones a los derechos humanos . Así se desprende de las respuestas enviadas al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que pidió rechazar su ascenso al grado militar más alto.
Milani explicó allí que sólo tomó conocimiento de los hechos investigados y probados luego por la Justicia una vez recuperada la democracia. "Jamás he recibido una orden o instrucción mediante la cual debía aplicar tormentos, realizar privaciones ilegales de la libertad, secuestrar, desaparecer o matar personas", dijo.
"No realicé denuncias sobre violaciones de derechos humanos cuando se recuperó la democracia, sencillamente porque, como lo dije antes, no tuve conocimiento sobre hechos concretos", declaró, al responder el cuestionario que le envió el CELS para que presentara su descargo a las impugnaciones a su ascenso.
El Senado aprobó hace cuatro días el ascenso del jefe militar, pese a las causas abiertas para determinar su responsabilidad en la desaparición y detenciones de personas en La Rioja y en Tucumán, entre 1976 y 1977. No atendió, así, las objeciones del CELS y las críticas de la oposición.
Ante la segunda impugnación que el CELS había planteado al Senado, Milani pidió el lunes 9 de este mes formular un descargo, por lo que el organismo le envió un cuestionario al día siguiente, que Milani respondió el viernes 13, dos días después de que su pliego avanzara en la Comisión de Acuerdos del Senado.
"Muchos argentinos sabíamos muy poco sobre lo que ocurría en aquella época, en relación con la represión ilegal", se justificó el jefe del Ejército. Y añadió: "Cuando se me requirió información sobre los traslados [de personas] que efectuaba, ratifiqué que en alguna oportunidad los había efectuado a sede judicial, no considerando en esa oportunidad que los mismos constituyan una violación a los derechos humanos".
Según informó el propio CELS, Milani alegó en sus respuestas "desconocimiento sobre hechos probados por la Justicia en fallos firmes, como la existencia de un centro clandestino de detención en la unidad en la que prestaba servicios: el Batallón de Ingenieros en Construcciones de Combate N° 141 de Comunicaciones de La Rioja, con 30 oficiales, 200 suboficiales y 600 soldados. En relación con la afirmación de que en el Batallón 141 funcionaba un centro clandestino de detención, quiero reiterar que si bien había muchos edificios en la unidad jamás vi detenidos en dicho lugar", respondió.
Mientras Milani relativizaba lo que pasaba puertas adentro del Batallón 141, el CELS cita la sentencia del caso Estrella, que declara que esa unidad fue "el epicentro desde donde se comandaron las acciones represivas en La Rioja".
En su defensa, Milani señaló que esa provincia "conservaba una cierta pasividad [...] los procedimientos militares no eran frecuentes y los oficiales de menor graduación no teníamos acceso a la información que manejaban los oficiales de mayor graduación de la unidad".
Para el CELS, el principio de inocencia que rige en un juicio penal no es aplicable cuando se lo extrapola "a un debate institucional y político sobre las condiciones que deben reunir los jefes de las Fuerzas Armadas". Milani explicó que al realizar el traslado de detenidos, desde la cárcel de La Rioja hasta el juzgado federal, sólo se le instruía que "debía acompañar a la policía en el patrullero". Para el CELS, el Ejército dirigía la represión en la zona y no la policía.
El militar dijo que nunca trasladó a una persona "con signos de haber sufrido tormentos o torturas" y que "no presenció jamás una declaración indagatoria", al contrario de las denuncias del ex preso político Ramón Olivera, quien lo acusó de haberlo hostigado.
Milani puso en duda las circunstancias de la desaparición de Ledo y las acusaciones de que fraguó los registros. Citó estadísticas del Ministerio de Defensa, según las cuales 2442 soldados desertaron entre 1976 y 1983. "De esos casos, sólo 27 soldados se encuentran hoy desaparecidos", dijo el jefe del Ejército, en un intento por demostrar que las deserciones eran habituales. "Lo que no señala Milani es que, de aquellos 27 soldados, en todos los casos se labró un acta de deserción [...] lo que confirma la práctica de encubrir o clasificar una desaparición como una deserción", concluyó el CELS.
Los desmemoriados
Estos son los senadores que votaron el ascenso de Milani:
Aguilar, Aguirre, Barrionuevo, Bermejo, Bertone, Blas, Cabral, Magni, De la Rosa, Fellner, Fernández, Fiore Viñuales, Fuentes, García Larraburu, Giménez, Godoy, González, Guastavino, Guinle, Higonet, Irrazábal, Cappellini, Kunath, Labado, Latorre, Leguizamón, Luna, Mansilla, Mayans, Meabe, Montenegro, Pérsico, Pichetto, Pilatti Vergara, Riofrío, Rojkes de Alperovich, Roldán, Urtubey y Zamora.
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