Al cumplirse 38 años del último golpe de Estado en la Argentina, Amnistía Internacional pondera los logros obtenidos en los últimos años por la sociedad argentina, en los juicios por las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar.

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 El proceso de memoria, justicia y reparación que la Argentina retomó luego de la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida ha experimentado significativos avances y es el reflejo de que el país ha derrotado la impunidad.

En noviembre de 1976, debido al gran número de detenciones y secuestros denunciados desde el derrocamiento del gobierno constitucional, Amnistía Internacional decidió enviar a la Argentina una misión para investigar la situación de los derechos humanos.

La delegación de Amnistía Internacional estuvo en Buenos Aires y Córdoba entre el 6 y el 15 de noviembre de 1976. La integraron una investigadora del secretariado internacional, Patricia Feeney; un parlamentario de la Cámara de los Lores del Reino Unido, Lord Avebury; y un miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y sacerdote católico, el padre Robert Drinan. Los tres se entrevistaron con familiares de víctimas de la represión ilegal, con miembros de organizaciones, con periodistas y también con funcionarios de los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Justicia, en medio de un fuerte hostigamiento de al menos 20 policías de civil que, con la excusa de protegerlos, los siguieron constantemente e intimidaron y hasta detuvieron a varias personas que tomaron contacto con ellos.

El informe fue presentado en conferencia de prensa en Londres el 24 de marzo de 1977, al cumplirse el primer aniversario del golpe militar, y significó una durísima denuncia para la dictadura, que entonces estaba seriamente preocupada por su imagen internacional. En la Argentina, “en vista de los procedimientos de las fuerzas de seguridad, nadie está a salvo de secuestro y tortura”, se escribió en las Conclusiones. En el documento se incluyó una lista de 365 personas desaparecidas desde el golpe militar hasta enero de 1977. Se trataba de los casos que habían sido denunciados por los familiares a Amnistía Internacional y que la organización había conseguido corroborar. La lista incluía fecha de secuestro, edad y ocupación de los desaparecidos. Fue una de las primeras listas de desaparecidos que se conoció.

Se detalló, también el penoso recorrido de quienes buscaban a sus seres queridos: “Al intentar averiguar el paradero de personas desaparecidas, los amigos y parientes pueden realizar gestiones sistemáticamente ante las autoridades militares, del gobierno y eclesiásticas, aunque rara vez producirán resultado alguno. A menudo, la policía rehúsa investigar o incluso se niega a registrar un secuestro y se ha desalentado la publicidad de tales casos en los diarios. Algunas autoridades más sensibles pueden incluso advertirles a estos amigos y parientes que no es conveniente llevar demasiado lejos sus investigaciones”. La organización contestó en ese informe el argumento utilizado por la Junta militar en todos los foros internacionales: que la represión era necesaria para defender a la población de los ataques cometidos por la guerrilla.

“A Amnistía Internacional —se lee en el documento— no le parece que la violencia terrorista pueda emplearse como justificación de las medidas extremas y amplias tomadas por el gobierno, a partir del golpe de Estado. En primer lugar, resulta dudoso que estas medidas sean, en realidad, enteramente defensivas, sin ir más allá de lo necesario como para contener la violencia guerrillera. Los mismos militares reconocen que esa violencia se ha reducido grandemente; en cambio el número de secuestros, torturas y ejecuciones —perpetradas aparentemente por las fuerzas de seguridad— continúa sin disminuir. 

En 1976, se alegó que los extremistas eran responsables de unas 400-500 muertes y las fuerzas de seguridad y grupos parapoliciales de más de 1000. En segundo lugar, y aun en el caso de que estas medidas fueran justificables como respuesta a provocaciones de extremistas, subsistiría el hecho innegable de que también afectan a ciudadanos inocentes. Dada la actual legislación, nadie puede confiar en contar con protección legal y —en vista de los procedimientos de las fuerzas de seguridad— nadie está a salvo de secuestro y tortura. Amnistía Internacional cree que hay pruebas abrumadoras de que muchos ciudadanos inocentes han sido encarcelados sin juicio, han sido torturados y han sido muertos. Las acciones llevadas a cabo contra los subversivos han resultado, por lo tanto, contraproducentes: a fin de restaurar la seguridad, se ha creado una atmósfera de terror; a fin de contrarrestar la violencia ilegal, se han dejado sin efecto las garantías legales y consentido violentas ilegalidades”.