ARGENTINA
23 abril, 2014
Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) manifestamos profunda preocupación por el proyecto de ley que pretende limitar el derecho a la protesta y expone a los sectores populares a la criminalización y represión por parte de las fuerzas policiales.
Tanto el texto de la ley como el contexto en el que se propone pareciera ser un obsequio que allana el camino a los sectores antipopulares que planifican la destrucción de las conquistas sociales y las aspiraciones de avanzar en la restitución de derechos para conquistar crecientes niveles de justicia social.
Esta normativa afecta a todo el campo popular, muy especialmente a nuestro sector ya que al estar excluidos del empleo registrado y la sindicalización, del derecho a huelga y la conciliación laboral, nuestra única forma de hacer oír nuestra voz y luchar por nuestros derechos son las manifestaciones en el espacio público.
Los argumentos para impulsar esta ley no tienen sustento alguno en la realidad. Durante los últimos diez años, en miles de piquetes y manifestaciones, los casos de violencia han sido mínimos y en su mayor parte ocasionados por las corruptas fuerzas de seguridad. Las organizaciones populares nunca tiramos a un discapacitado de un puente; la utilización de este lamentable episodio para estigmatizarnos es un acto vil y repudiable, máxime cuando existe un enorme andamiaje jurídico para castigar a quienes cometieron semejante atrocidad.
Según el proyecto de ley ?Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas?, para ser considerada ?legítima?. El proyecto sostiene que toda manifestación ?ilegítima?, y que afecta ?derechos de terceros?, puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad.
El margen de arbitrariedad y el ridículo plazo impuesto son verdaderas limitaciones antidemocráticas al más elemental de los derechos: la protesta. La protesta popular es madre de los derechos sociales: los engendra, los cría y los protege. ¡Que nadie se atreva a tocarla!
Nuevamente repudiamos este golpe artero a los derechos del pueblo pobre y trabajador en tiempos donde el poder económico concentrado pretende avanzar sobre nuestras conquistas y exigimos a los diputados que la impulsan y a todos los partidos políticos desistan de semejante proyecto, seguros de que es un enorme retroceso en los niveles de tolerancia que habíamos logrado..
Sería mucho más útil para afianzar la paz en nuestra Patria la creación de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos sociales para que los poderes del Estado, en vez de determinar la legitimidad de una protesta o reprimirla, atiendan las causas de las mismas, escuche los reclamos populares y garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, laborales, económicos y culturales que enuncia nuestra constitución y cuyo incumplimiento sistemático es en última instancia el motivo de las protestas del pueblo pobre y trabajador.
¡No hay paz sin justicia! ¡Sin poder popular no hay justicia social! ¡Sin derecho a la expresión popular no hay democracia!
23 abril, 2014
Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) manifestamos profunda preocupación por el proyecto de ley que pretende limitar el derecho a la protesta y expone a los sectores populares a la criminalización y represión por parte de las fuerzas policiales.
Tanto el texto de la ley como el contexto en el que se propone pareciera ser un obsequio que allana el camino a los sectores antipopulares que planifican la destrucción de las conquistas sociales y las aspiraciones de avanzar en la restitución de derechos para conquistar crecientes niveles de justicia social.
Esta normativa afecta a todo el campo popular, muy especialmente a nuestro sector ya que al estar excluidos del empleo registrado y la sindicalización, del derecho a huelga y la conciliación laboral, nuestra única forma de hacer oír nuestra voz y luchar por nuestros derechos son las manifestaciones en el espacio público.
Los argumentos para impulsar esta ley no tienen sustento alguno en la realidad. Durante los últimos diez años, en miles de piquetes y manifestaciones, los casos de violencia han sido mínimos y en su mayor parte ocasionados por las corruptas fuerzas de seguridad. Las organizaciones populares nunca tiramos a un discapacitado de un puente; la utilización de este lamentable episodio para estigmatizarnos es un acto vil y repudiable, máxime cuando existe un enorme andamiaje jurídico para castigar a quienes cometieron semejante atrocidad.
Según el proyecto de ley ?Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas?, para ser considerada ?legítima?. El proyecto sostiene que toda manifestación ?ilegítima?, y que afecta ?derechos de terceros?, puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad.
El margen de arbitrariedad y el ridículo plazo impuesto son verdaderas limitaciones antidemocráticas al más elemental de los derechos: la protesta. La protesta popular es madre de los derechos sociales: los engendra, los cría y los protege. ¡Que nadie se atreva a tocarla!
Nuevamente repudiamos este golpe artero a los derechos del pueblo pobre y trabajador en tiempos donde el poder económico concentrado pretende avanzar sobre nuestras conquistas y exigimos a los diputados que la impulsan y a todos los partidos políticos desistan de semejante proyecto, seguros de que es un enorme retroceso en los niveles de tolerancia que habíamos logrado..
Sería mucho más útil para afianzar la paz en nuestra Patria la creación de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos sociales para que los poderes del Estado, en vez de determinar la legitimidad de una protesta o reprimirla, atiendan las causas de las mismas, escuche los reclamos populares y garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, laborales, económicos y culturales que enuncia nuestra constitución y cuyo incumplimiento sistemático es en última instancia el motivo de las protestas del pueblo pobre y trabajador.
¡No hay paz sin justicia! ¡Sin poder popular no hay justicia social! ¡Sin derecho a la expresión popular no hay democracia!
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