PACTO PRO-K
(AW) El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el Gobierno Nacional siguen dando muestras que cuando de enajenar tierra pública y de fomentar los negocios y la especulación inmobiliaria se trata están listos para aunar fuerzas. La Legislatura, las fuerzas policiales y el poder judicial son terrenos donde el PRO y el Kirchnerismo están librando juntos la batalla para profundizar el modelo extractivista que comparten, caracterizado por la acumulación por despojo.
En las últimas semanas dos claros ejemplos ponen nuevamente de manifiesto este Pacto PRO-K que venimos denunciando desde fines del año 2012, cuando en la legislatura los dos oficialismos sellaron juntos un primer paquete de leyes que permitieron la entrega de la Ciudad a las corporaciones y a los negocios privados. Dos caras de una misma moneda. Por un lado, el cruento desalojo del Barrio “Papa Francisco” que sólo pudo ser llevado adelante por la Policía Metropolitana con apoyo activo de la Gendarmería; y por el otro la presentación del opulento proyecto urbanístico del Polo Audiovisual de la Isla Demarchi que vienen gestando Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner hace dos años.
Setecientas (700) familias del Barrio Papa Francisco vieron como pasaron las topadoras por sobre sus casas, haciéndoles perder todo cuanto han tenido hasta hoy. Las topadoras recordaron los días negros de la última dictadura cívico-militar Argentina y nos alertaron del recrudecimiento de esa violencia tan propia de los procesos de desposesión que son constitutivos e intrínsecos a la lógica de la acumulación del capital. Para lograrlo fue necesario que la Metropolitana y la Gendarmería cerraran filas en acuerdo para reprimir y dejar en situación de calle a más de 2500 personas que hoy siguen luchando por una respuesta del gobierno que transgredió todos sus derechos. La tierra donde estaban asentados, se dispuso por Ley hace 9 años que fuera descontaminada y utilizada para la urbanización de la Villa 20. Casi una década después la ley sigue incumplida y la emergencia habitacional creciendo desmesuradamente.
Al otro lado de esta misma historia, Cristina Fernández de Kirchner anunció la selección del proyecto del Polo Audiovisual que ocupará 162 mil m2 de la Isla Demarchi. El proyecto ganador fue el de la empresa Riva S.A. que, en sociedad con el Estado, realizará una inversión para construir una torre de 335 metros de altura (seré la más alta de Latinoamérica), que tendrá un hotel, departamentos , estudios de TV y se harán un estadio para 15.000 personas, parques y restaurantes. Todo para los negocios privados de los grandes especuladores inmobiliarios que siempre se han visto favorecidos por los dos gobiernos. De esta manera, se produce el desmantelamiento de la industria naviera de la Isla Demarchi en favor de emprendimientos inmobiliarios y comerciales, no teniendo en cuenta la participación de los trabajadores de la Dirección de Vías Navegables, que actualmente desempeñan sus tareas en ese predio.
Cabe señalar también que RIVA SA es uno de los mayores beneficiarios de obra pública en Argentina siendo denunciado en el Juicio Ético y Popular a las Corporaciones en una audiencia pública y abierta realizada en el Parque Lezama el pasado noviembre de 2013.
Consideramos que este proyecto en particular como otros que estuvieron en discusión en la Legislatura, como el Plan Maestro de la Comuna 8 y la rezonificación de la ex ciudad deportiva de la boca, comparten las siguientes características:
* Apuntan a elevar aún más el valor de la tierra: los proyectos tributan a la concepción que sostiene que la ciudad debe ser sólo para quienes puedan pagarla. Estos proyectos buscan revalorizar la tierra en diversas zonas de la ciudad y así convertirla en una ciudad más inaccesible.
* Generan procesos de expulsión de habitantes: el aumento del valor de la tierra redunda en un aumento del valor de los alquileres, desplazando a los actuales pobladores de la zona. También redunda en la gradual adquisición de los inmuebles de la zona por población de ingresos más altos, dado que la población de ingresos bajos prefiere vender. En general aumentan los impuestos y el costo de vida en la zona. Todo apunta a desplazar población de ingresos bajos por otra de mayores recursos, proceso que se conoce como “gentrificación”.
* Favorecen a grandes corporaciones: Todos los proyectos tienden a favorecer a grandes corporaciones inmobiliarias y de la construcción indiscriminada. La concepción subyacente es que sólo el mercado puede resolver las situaciones de abandono y degradación de ciertas zonas de la ciudad. En consecuencia, se busca facilitar desde el Estado situaciones que permitan la mayor rentabilidad posible para grandes empresas como IRSA o RIVA en este caso, seduciendo la posibilidad de que sean quienes inviertan en las zonas en cuestión. Se omite el rol del Estado como posible impulsor de la mejora de determinados barrios
* Profundizan las desigualdades zonales: los proyectos prevén venta de tierras en zonas de alto valor de la tierra (Palermo, Caballito y Liniers), destinada a desarrollos inmobiliarios para gente de alto poder adquisitivo. A la par, las viviendas sociales pretenden construirse en el sur de la ciudad. Ello profundiza la tendencia a la existencia de zonas de la ciudad para ricos y zonas para pobres.
* Profundizan el déficit habitacional: una ciudad cada vez más cara es una ciudad con cada vez menos gente que puede resolver su situación habitacional. Si cada vez se construye más, y la población es la misma, quiere decir que se está construyendo para la mera especulación.
* Suponen la entrega de las tierras públicas al servicio de la especulación privada: la tierra es el gran recurso escaso con que cuentan las ciudades. Así como los minerales son el recurso de la cordillera, o la explotación agrícola es el recurso de la pampa húmeda, la tierra urbana es el elemento estratégico de una ciudad. Por eso este "remate" de las tierras públicas es equivalente al saqueo de la megaminería, y a la explotación salvaje del monocultivo en el campo. Estamos frente a lo que hemos denominado como extractivismo urbano.
* La ciudad planificada por la especulación inmobiliaria: Estos proyectos suponen un renunciamiento a la potestad de planificación urbanística por parte del Estado, delegando ese rol en los grandes desarrolladores inmobiliarios. Quien en verdad planifica la ciudad, no es su Poder Legislativo ni Ejecutivo, sino las grandes empresas y corporaciones.
* Falso enfrentamiento mediático PRO-FPV: Detrás de las disputas mediáticas en los grandes temas que aparecen ante la opinión pública, el acuerdo en estos proyectos desnuda que la concepción de ciudad del macrismo y el kirchnerismo tiene grandes similitudes. Sobre todo cuando se trata de favorecer negociados.
* Despojo de las periferias para el desarrollo del centro: Las zonas periféricas son los espacios donde la desposesión adquiere su imagen más cruel y se conoce que el avance de la acumulación por despojo en las periferias posibilita la reproducción en los territorios del centro. En este caso, el despojo de las villas de la Ciudad es condición de posibilidad para la concentración de la propiedad de la tierra, el desarrollo creciente de la especulación inmobiliaria que se gesta en las zonas más ricas de la Ciudad de Buenos Aires y el extractivismo urbano en toda su dimensión.
Tierra para negocios y no para vivienda, es el lema que sella este pacto por medio del cual se administra para ricos y se excluye a los pobres.
Contactos:
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Jimena Navatta 15-3574-2087
Colectivo por la Igualdad
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