Jorge Rafael Videla dixit.

No es mi intención, en este momento, polemizar con dichas opiniones, emitidas en uso del derecho a la libre expresión que protege nuestro sistema democrático de vida. Mi conducta al respecto, ha sido la de mantener un prudente silencio, como contribución a la concordia entre mis conciudadanos.

Pero, en esta oportunidad -más que como imputado, como protagonista y testigo- siento el deber inexcusable de hacer llegar ante ustedes y a través de ustedes a la sociedad argentina toda, en particular a sus jóvenes manipulados por la desinformación y la propaganda artera, mi visión personal sobre aquellos hechos, que constituyen el marco de referencia que encuadra lo que es materia de este y otros juicios en los que me encuentro procesado.

A modo de anécdota puedo expresar que, dentro de esa orgía de violencia, en mi condición de Comandante en Jefe del Ejército, fui objeto de seis atentados contra mi vida, los cuales llegaron a materializarse sin que, gracias a Dios, cumplieran sus designios. El primero de ellos, ocurrido el 16 de marzo de 1976: preveía la voladura del automóvil que me conducía a la sede de mi comando, con cargas explosivas accionadas por control remoto, colocadas en un automóvil aparcado en la playa de estacionamiento aledaña al edificio; y fue comandado por Verbitsky, quien resultó posteriormente enjuiciado por la dirigencia de la organización Montoneros, en razón de haber abandonado el lugar de los hechos sin antes comprobar los efectos producidos por la operación, así como asegurado el repliegue del personal a su cargo, según lo determinaban los manuales respectivos.

La Legítima Defensa

En el mes de enero de 1975, la señora de Perón, a cargo de la Presidencia de la Nación, dictó un Decreto por medio del cual ordenaba el empleo de las Fuerzas Armadas para combatir al terrorismo hasta su aniquilamiento, pero geográficamente limitado a una zona de operaciones en la Provincia de Tucumán, acción que dio en llamarse Operación Independencia.

Esta limitación geográfica no dejaba de ser una ventaja para el oponente, ya que les permitía a los terroristas que actuaban dentro de la zona de operaciones, recibir reemplazos de personal, así como refuerzos de armamento y equipo provenientes de otras zonas del país, lo que dilataba la posibilidad de lograr su aniquilamiento en corto plazo.

Para entonces, el país vivía un clima agobiante, signado por la angustia que soportaba la sociedad, ante la dimensión que adquiría día a día la agresión terrorista.

Ante ese desasosiego y la radicalización que adquiría el enfrentamiento iniciado por los grupos terroristas, en los primeros días del mes de octubre de 1975, el Doctor Luder, provisionalmente a cargo de la Presidencia de la Nación (la señora de Perón se hallaba en Ascochinga, en uso de licencia por razones de salud) convocó a una reunión de gabinete para determinar qué hacer frente a la dimensión que había cobrado el accionar subversivo. A dicha reunión fuimos invitados los Comandantes Generales, quienes debíamos exponer nuestros puntos de vista sobre el particular.

Por ser un problema típicamente terrestre, correspondía al Ejército la responsabilidad primaria y, en esa condición, con el acuerdo de mis camaradas de las otras dos Fuerzas debí exponer. En extrema síntesis, dije entonces que, habiéndose agotado la instancia de represión a cargo de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, sin lograr restablecer el orden alterado; y ante la inoperancia de la Justicia (por temor no había dictado ninguna condena desde el 25 de mayo de 1973 hasta la fecha, a pesar de la magnitud de los hechos producidos por los elementos terroristas); parecía llegado el momento de apelar, como último recurso, al empleo de las Fuerzas Armadas a fin de combatir al terrorismo subversivo.

Agregué que la decisión de emplear a las Fuerzas Armadas para cumplir con ese cometido implicaba, de hecho, reconocer un estado de guerra interna con sus consiguientes secuelas, ya que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para reprimir (no disponían de balines de goma, ni escudos, ni bastones, y, fundamentalmente, carecían de entrenamiento para cumplir esa función) ya que estaban organizadas, equipadas e instruidas para combatir; es decir para hacer la guerra, donde se muere o se mata.

En atención a ello, se propusieron cuatro cursos de acción, en grado creciente de libertad de acción. El primero, muy pautado, garantizaba que no se cometieran errores o excesos, pero hacía suponer una prolongación sine die del conflicto. Entendíamos por excesos, delitos comunes que pudiera cometer personal militar al amparo de la guerra a desarrollar. Vale recordar que al término del Proceso de Reorganización Nacional, se hallaban cumpliendo condena más de doscientos cincuenta uniformados, acusados por haber cometido delitos de esa naturaleza.

Los cursos de acción segundo y tercero, eran un gradiente mayor de libertad de acción. El curso de acción cuarto (que resultó seleccionado) preveía el despliegue de las Fuerzas Armadas, así como de las Policiales y las de Seguridad -estas dos bajo el control operacional de las primeras- en la totalidad del territorio nacional; y, a partir de ese despliegue disperso, nada fácil de controlar, actuar simultáneamente en la búsqueda del enemigo para combatirlo donde fuera hallado. Cabe destacar que el agresor actuaba en la clandestinidad, dentro de una organización celular difícil de penetrar, que imponía una paciente tarea de inteligencia para localizarlo.

Debo rendir homenaje al coraje cívico demostrado por el Doctor Luder en esa ocasión quien, sin hesitar, seleccionó este curso de acción que era el más riesgoso en cuanto a la posibilidad de que ocurrieran errores o excesos, pero que garantizaba la derrota del terrorismo en no más de un año y medio de lucha. Es más, ante un pedido de intervención por parte de uno de los ministros asistentes, el Doctor Luder manifestó tener decidida su resolución y con ello cerró el debate.

Esta firmeza del Doctor Luder no fue la misma cuando, al deponer como testigo en el juicio a las Juntas, se limitó a hacer una interpretación semántica del término aniquilar, sin reparar que los reglamentos vigentes a la fecha, definían con precisión, el alcance de dicho término. Más grave aún, olvidó, fuera de todo tecnicismo doctrinario, que la acción de aniquilar constituía la interpretación más acabada de lo que expresara el General Perón, en la carta dirigida a la Guarnición Militar de Azul, luego del intento de copamiento del que fuera objeto. De dicha carta rescato la siguiente frase, referida a los terroristas atacantes: que el reducido número de psicópatas que va quedando sea exterminado uno a uno para el bien de la República.

Reflejo también de ese estado de ánimo, proclive a llevar adelante una guerra sin cuartel contra los grupos terroristas, son las palabras pronunciadas por el Diputado Stecco, durante el homenaje que la Cámara de Diputados rindió a José Rucci, con motivo del atentado que le costó su vida. Dijo entonces el Diputado Stecco: Por eso esta Cámara de Diputados, que dicta las leyes del país, debe dar amplios poderes a nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad, sin que con ello se quiebre la libertad, para perseguirlos hasta sus guaridas y matarlos como a ratas, porque no merecen vivir en este suelo.

Ningún partido político, ninguna fuerza sindical, ninguna organización no gubernamental, tampoco los medios de prensa, objetaron las duras palabras del Diputado Stecco.

De similar tenor fueron las palabras del Ministro de Defensa, Doctor Vottero, pronunciadas en el acto de cierre de los cursos de la Escuela de Defensa Nacional, en diciembre de 1975, oportunidad en la que expresó: ...ante la lucha total, sofisticada y compleja, despiadada, diabólica y criminal, promovida por la subversión armada, queda una sola alternativa: el exterminio total del enemigo...

Por su parte el ex-Presidente Frondizi, decía al respecto lo siguiente: La subversión fue organizada desde el exterior para tratar de conquistar el poder e imponer ideas marxistas, destruyendo los valores que conforman nuestra identidad nacional. Pero fue vencida por las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cumpliendo las órdenes del gobierno constitucional que dispuso aniquilarla. Esta palabra `aniquilarla´, no la inventaron los militares; está en el decreto dictado por un gobierno constitucional.

Como complemento de los decretos firmados por el Doctor Luder, el Ministerio de Defensa impartió la Directiva N°1 y, a partir de ella, impartí la Directiva N° 404, Lucha Contra la Subversión, mediante la cual se puso en ejecución, por parte del Ejército, el planeamiento correspondiente a la Hipótesis de Conflicto Marco Interno.

A los fines de esa guerra, cada una de las Fuerzas Armadas tenía asignadas zonas territoriales, donde ejercían sus responsabilidades operacionales los respectivos Comandantes Generales.

Corolario

Bien podemos decir entonces, que la Nación Argentina hubo de afrontar -de hecho y de derecho- un conflicto bélico interno, irregular en su forma, de carácter revolucionario, con profunda raíz ideológica, alentado desde el exterior.

Así lo reconoció tiempo después la Cámara Federal (a la cual desconocí por no tener competencia para juzgarme, toda vez que no era mi juez natural, sino una comisión especial fulminada por el Art.18 de la Constitución Nacional) cuando dicho Tribunal, al dictar sentencia en la causa 13/84, llamada de los Comandantes, sin mencionar la figura de genocidio, así como tampoco la existencia de delitos de lesa humanidad, entre otros conceptos expresó:

- Que En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso y a las características que asumió el terrorismo en la República Argentina, cabe concluir que, dentro de los criterios de clasificación expuestos, el fenómeno se correspondió con el concepto de `guerra revolucionaria´.

- Que algunos de los hechos de esa guerra habrían justificado la aplicación de la pena de muerte contemplada en el Código de Justicia Militar

- Que como consecuencia de lo hasta aquí expresado, debemos admitir que en nuestro país hubo una guerra interna, iniciada por las organizaciones terroristas contra las instituciones de su propio Estado.

Mal puede hablarse entonces -como lo hizo el Presidente Alfonsín en el Decreto 158/83, mediante el cual ordenó el juicio a las Juntas- de la existencia de homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, secuestros o lugares clandestinos de detención, introduciendo figuras delictivas del Código Penal, dentro del juzgamiento de actividades de combate, ocurridas en el marco de una guerra interna.

Por el contrario, si aceptamos la existencia de una guerra, como lo expresara la Cámara Federal, debemos hablar de prisioneros capturados e internados en lugares de reunión, generalmente secretos por razones de seguridad; de heridos, mutilados, muertos o desaparecidos; saldo inevitable de cualquier conflicto bélico; máxime en éste por su peculiar naturaleza.

Menos aún podemos aceptar la figura de asociación ilícita, como forma de relación entre el que manda y el que obedece, que no puede ser otra más que la subordinación. Subordinación no es obediencia ciega al capricho del que manda. Subordinación es obediencia consciente a la voluntad del superior, en función de un objetivo que está por encima del que manda y del que obedece -en este caso la defensa de la Nación agredida- y en razón del cual el mando deja de ser arbitrario y la obediencia se ennoblece.

Algunos han calificado a esta guerra, como una guerra sucia. Yo me niego a aceptar ese calificativo, pues significaría reconocer la existencia de guerras limpias y sucias. Santo Tomás de Aquino reconoce la existencia de guerras justas o injustas; y agrega que las guerras defensivas -como la librada en nuestra Patria- en general son guerras justas.

La guerra es un fenómeno en sí misma, y hay que aceptarla como tal, sin aditamentos de ninguna especie. Acepto sí, que cada guerra tiene sus peculiaridades o características propias, que la hacen distinta de las otras, y esta guerra tuvo, por cierto, sus características distintivas.

Ante todo, no fue una guerra clásica. Fue, en cambio, una guerra irregular, y dentro de esa irregularidad yo, personalmente, opino que su signo distintivo fue la imprecisión.

Fue imprecisa en su comienzo, a tal punto que me pregunto: ¿quién, a ciencia cierta, puede decir cuándo comenzó esta guerra? más allá de los decretos que le dieron forma jurídica.

Pero, si fue imprecisa en su comienzo, no lo fue menos en su término. Y me vuelvo a preguntar sin tener respuesta ¿cuándo realmente terminó esta guerra? Si bien es cierto, las operaciones militares hicieron crisis entre los años 1975 y 1976, y comenzaron a declinar en 1977, hasta casi desaparecer a fines de ese año, yo no me atrevería a afirmar si fue entonces que esta guerra terminó. Es más, me pregunto si aún hoy podemos asegurar que, más allá de las operaciones militares, esta guerra, usando medios no violentos, haya realmente terminado.

Al respecto, me atrevo afirmar que en el escenario de la guerra revolucionaria, no existe el postconflicto, a pesar de que se levanten banderas de paz.

Por otra parte, a diferencia de la guerra convencional en la cual el enemigo entra en esa categoría de manera totalmente genérica y anónima, en la guerra irregular -como lo fue nuestra última guerra interna- el enemigo entraba en calidad de tal, luego de un delicado trabajo de inteligencia que permitía identificarlo con nombre y apellido para recién combatirlo, circunstancia ésta que le otorgaba al conflicto un matiz personalizado, y por ende, hacía más patético aún, al enfrentamiento que tuvo lugar entre hermanos argentinos.

Esta guerra materializaba la legítima defensa de la Nación agredida, frente al ilegítimo agresor quien, por medio del terror, pretendía cambiarle su tradicional sistema de vida; y la misma fue dispuesta por un gobierno constitucional en pleno ejercicio de sus atribuciones, único caso en la región, sin objeciones por parte de los cuerpos legislativos como de los judiciales, y contó con la adhesión mayoritaria de la ciudadanía.

De ahí que no se levantaran, entonces, voces contrarias a esa decisión; antes bien, el alivio fue la sensación imperante.

Resulta por ello falso, y cuanto menos ingenuo, pretender simplificar los hechos al extremo de afirmar que los mismos, fueron la resultante de un enfrentamiento armado entre grupos antagónicos (en este caso jóvenes idealistas, versus militares que los reprimían por pensar distinto); todo ello, frente a una sociedad pasiva y expectante.

Por el contrario, fue justamente la sociedad argentina la principal protagonista de aquel acontecimiento bélico: objeto, en primer término, de la agresión que pretendía sojuzgarla por el terror; y sujeto, luego, que ordenó a su brazo armado acudir en su legítima defensa.

Como en toda guerra y máxime en ésta que fue irregular en su forma, imprecisa en su desarrollo, librada contra un enemigo mimético que no exhibía uniforme ni bandera, se llegó a situaciones límite que ensombrecieron al país con actos rayanos en el horror; horrores que tal vez resulte difícil justificar, pero que merecen comprensión, en el marco de crueldad de un conflicto bélico interno como el descripto.

Así ganamos nuestra última guerra interna contra el terrorismo, a un alto costo de sangre difícil de amenguar, precio ineludible para seguir siendo una República como marca nuestra Constitución Nacional. La sociedad toda nos debe su veredicto.

En otro orden de ideas, el pronunciamiento militar del 24 de marzo de 1976, no quitó ni agregó nada a la guerra que se venía desarrollando, cuando funcionaba en el país un régimen constitucional; y que continuó, luego de esa fecha, sin cambiar sus objetivos, así como la modalidad de su ejecución, hasta su término apreciado a fines de 1977, principios de 1978.

Durante esos tremendos años de guerra, las Fuerzas Armadas mantuvieron la decisión de restaurar la plenitud del régimen constitucional, luego de que se afirmara el triunfo militar y se consolidara la paz. Por ello, sus integrantes tuvieron -y continúan teniendo- la convicción de haber prestado un inestimable servicio a la Nación agredida, derrotando a su enemigo, y facilitando con su acción, el restablecimiento del sistema republicano de vida que marca nuestra Constitución Nacional.

Por todo lo expuesto, reclamo para el pueblo argentino en general y para sus Fuerzas Armadas de Seguridad y Policiales en particular, el honor de la victoria en la guerra interna ya descripta.

Lamento sí, las secuelas que deja toda guerra y valoro el sufrimiento de quienes, con auténtico dolor, lloran por sus seres queridos mutilados o muertos; así como deploro a quienes especulan con el dolor ajeno, que ni siquiera tangencialmente los ha rozado, pero que no trepidan en transar pingües negocios, a la sombra de las banderas de los derechos humanos.

Reitero que asumo en plenitud mis responsabilidades castrenses, con total prescindencia de mis subordinados, que se limitaron a cumplir mis órdenes; órdenes ajustadas a la doctrina vigente, volcada en los reglamentos en vigor a la fecha y que fueron calificadas como inobjetables por el Consejo Supremo de las FF AA.

*

Habíamos ganado la guerra en el campo militar; lamentablemente, no supimos afirmar esa victoria en el campo político. Se cumplía así lo expresado en un manifiesto producido por el terrorismo subversivo en el año 1977 que expresaba: A los militares, no pudimos doblegarlos por el temor al combate; es momento de replegarse sobre las bases y esperar. (Para entonces, los cabecillas huían hacia el exilio y los militantes debían mimetizarse dentro de la sociedad). Continuaban diciendo: Cuando llegue el tiempo de la política, y sobrevenga en ellos el temor a practicarla porque no saben hacerla, será el momento de volver a la lucha para derrotarlos en ese campo.

No hay duda que los enemigos derrotados ayer, cumplieron con sus propósitos. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de la defensa de los derechos humanos que ellos -en su tiempo- no titubearon en conculcar en grado superlativo.

Escudados en la impunidad que hoy les brinda una justicia asimétrica y vaciada de derecho, no necesitan ya de la violencia para acceder al poder, porque están en el poder y, desde él, intentan la instauración de un régimen marxista a la manera de Gramsci, tomando como rehenes a las instituciones de la República y haciendo de ella, una simple expresión verbal, ajena a lo que prescribe nuestra Constitución Nacional.

Gramsci puede estar satisfecho de sus alumnos. La Constitución Nacional guarda luto por la República desaparecida.

*

Señores Jueces:

Reitero que ustedes no son mis jueces naturales; no obstante, en mi carácter de preso político, deseo manifestar lo siguiente: Las garantías constitucionales de las que gozamos quienes somos juzgados en este contexto, constituyen una farsa que, para ser interpretada, requiere de condiciones histriónicas que no poseo. Además, todo el poder político ha sido encauzado para lograr nuestra condena, a cualquier costa y por cualquier medio. Por ello, me he abstenido de alegar en una defensa que no guarda sentido.

Por otra parte, con este enjuiciamiento, desconociendo las garantías del debido proceso -entre otras la cosa juzgada y la irretroactividad de la ley penal- se pretende que, a través de la sentencia que vayan a dictar, homologuen una decisión política adoptada con sentido de revancha, por quienes, después de ser militarmente derrotados, se encuentran hoy ocupando los más diversos cargos del Estado.

Esta irregular situación, que bien podríamos calificar como terrorismo judicial, y que pudo disimularse mediante las formalidades de un debate, no bastó para que, conceptualmente, el derecho quedara afuera de la administración de justicia, produciendo su vaciamiento.

Frente a esa realidad que no está en mis manos modificar, asumiré, bajo protesta, la injusta condena que se me pueda imponer, como contribución de mi parte al logro de la concordia nacional; y la he de ofrecer a modo de un acto de servicio más, que debo prestar a Dios Nuestro Señor y a la Patria.

Con ello pretendo cumplir con mi conciencia. Cumplan ustedes con la suya.

EPILOGO

Desde los tiempos más remotos -y así lo dice la Biblia- las sociedades recurrieron a la figura del chivo expiatorio para lavar sus culpas colectivas y, de esa manera, acallar sus conciencias.

La sociedad argentina, que fue principal protagonista de uno de los momentos más cruciales de nuestra historia reciente, abrumada por una tremenda campaña de acción psicológica, no escapó a aquella regla. Y lo hizo, aunque resulte penoso reconocerlo, permitiendo que se malversara la verdad histórica, mediante la aceptación de una visión hemipléjica de la misma, acerca de acontecimientos que costaron la vida de muchos conciudadanos, civiles y militares, que cayeron por defender a la Patria, o en pos de ideales equivocados.

Con esa actitud, sólo se ha logrado sembrar la discordia y anidar el odio en muchos corazones hermanos, postergando con ello la tan ansiada unión nacional.

Pareciera, llegado el tiempo para que la sociedad toda, a través de su dirigencia, asuma su protagonismo perdido; y, dejando de lado la memoria asimétrica predicada desde los círculos oficiales; fuera de cualquier especulación sectorial o de escapismos hipócritas; promueva -mediante un diálogo superador- el exhaustivo e imparcial examen necesario sobre los terribles años de nuestra última contienda interna, de tal manera que nos permita dejar atrás, sin cargos de conciencia, un luctuoso y traumático pasado.

Entregaremos así, a quienes nos sucedan, un legado que les ayude a superar los desencuentros padecidos por nuestra generación. Sin olvido, pero también sin rencor: para no repetir los errores del pasado; con justicia, pero no con venganza: dando y quitando con equidad a quien debe dársele y quitársele; en busca sólo de la unión nacional, concebida -al decir de Ortega y Gasset- como un proyecto compartido de Nación; de manera tal que podamos mostrarnos ante el Mundo, como un País libre, pujante, abierto a la concordia, reconciliado y en paz.

Quiera Dios Nuestro Señor que así sea.-