Aumentos de aranceles en Universidades Privadas.

Una iniciativa presentada por la Diputada Natalia Fidel (ECO) [foto], en coautoría con Graciela Ocaña (Confianza Pública), Carlos Tomada (FPV) y Paula Oliveto (Coalición Cívica), busca que las universidades e institutos terciarios privados deban notificar los aumentos en los aranceles con al menos 60 días de anticipación.

El proyecto establece que el aviso deberá hacerse con una antelación de 60 días, a través de medios fehacientes tales como carta o correo electrónico, además de carteles colocados en las instalaciones de tránsito habitual de los estudiantes. De este modo, se busca garantizar el derecho que asiste a los consumidores para acceder a información detallada, clara y oportuna sobre el servicio contratado.

La Diputada Fidel explicó que "es una práctica frecuente de este tipo de instituciones aumentar los aranceles, matrículas o cargos por derechos de examen sin avisarlo con una anticipación razonable a los alumnos, generándoles graves perjuicios". Además agregó que "actualmente los aumentos de las universidades no son de 100 o 200 pesos, sino que equivalen a sumas que pueden oscilar entre los 1.000 y 2.000 pesos, y si no son avisados con una anticipación razonable, se vuelve muy difícil que los alumnos y sus familias puedan acomodar sus economías personales para hacer frente a los aumentos y, si no logran pagar en tiempo y forma, el estudiante sufre graves consecuencias tales como la pérdida de regularidad, que puede resultar en que no pueda rendir exámenes o incluso en que no pueda seguir cursando temporalmente".

Sin ignorar que los aumentos que aplican los establecimientos educativos responden a las obligaciones económicas que estos deben afrontar, la Diputada manifestó que "es inaceptable que el consumidor, en este caso el alumno, se encuentre sorpresivamente frente a un aumento de varios puntos porcentuales en la tarifa de un servicio del que no puede prescindir fácilmente, ya que eso implicaría perder mucho dinero, tiempo y esfuerzo ya invertidos". 

La legisladora del espacio liderado por Martín Lousteau explicó que "una situación similar ocurre con las prestadoras de medicina prepaga, las cuales ya se encuentran obligadas a notificar los aumentos con antelación por tratarse de otro servicio del cual es difícil prescindir sin sufrir graves consecuencias".