EL ESTADO Y LOS DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA E IMPARCIALIDAD.

El Colectivo de las Personas Privadas de Libertad y de Acceso a la Justicia, solicita la urgente intervención de la Presidenta del Senado, el Defensor del Pueblo de la Nación, el Representante Especial para Derechos Humanos en el ámbito internacional de la cancillería argentina y de varios diputados de la nación, con el objetivo de  El Colectivo de las Personas Privadas de Libertad y de Acceso a la Justicia, solicita la urgente intervención de la Presidenta del Senado, el Defensor del Pueblo de la Nación, el Representante Especial para Derechos Humanos en el ámbito internacional de la cancillería argentina y de varios diputados de la nación, con el objetivo de garantizar y proteger los derechos humanos de dos mil quinientos hombres y mujeres, acusados ilegalmente de supuestos delitos cometidos en los años setenta.

Nuestro Colectivo recuerda que la plena vigencia de los principios constitucionales, de las convenciones, tratados, acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina y el respeto de las Obligaciones Positivas del Estado integran la esencia misma del Estado de Derecho. En la actualidad, podemos afirmar que esos derechos fundamentales no les son respetados a las personas acusadas ilegalmente de graves delitos, que se encuentran en prisión, enfermos, en detención domiciliaria, con prisiones preventivas indeterminadas, mayores de 70 años.

Es de conocimiento público la violación de los Derechos Humanos de numerosos ciudadanos en Argentina y del incumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia y la Agenda 2030 de la ONU con una población en estado vulnerabilidad. La Presidencia de la Nación al declarar que: “En diciembre de 2015, las nuevas autoridades encontraron un Ministerio de Justicia organizado y orientado funcionalmente a sostener políticamente a la gestión anterior. Fue un ministerio cuyos funcionarios buscaban influir en el funcionamiento de la Justicia e involucrarse en los procesos y en la dinámica propia del Poder Judicial. Esto se veía claramente en los nombramientos de los jueces que actualmente se desempeñan en la justicia. El 70% de los jueces que se encontraban en actividad en diciembre de 2015 habían asumido después de 2003”, no hace más que confirmar los innumerables informes, documentos, jurisprudencias, que describen esa cartografía,

Por ello, el CPPLyAJ, solicita a:

• Los diputados Diego Matías MAESTRE y Anabella Ruth HERS CABRAL, presidente y vicepresidente de la Comisión de Justicia.
• Las diputadas Victoria Analia DONDA PEREZ, Soledad MARTINEZ y Claudia Mónica RUCCI, presidenta, vicepresidenta y vocal de la Comisión Derechos Humanos y Garantías.
• Los diputados Pablo Gabriel TONELLI y Jorge Marcelo D’AGOSTINO, presidente y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
• La Lic. Marta Gabriela Michetti, Presidente del Honorable Senado de la Nación. Vice-Presidenta de la Republica:
• Leandro Despouy, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Representante Especial para Derechos Humanos en el ámbito internacional de la Cancillería argentina:
• El Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo del Dr. Juan José BÖCKEL,

- una entrevista a fin de conocer la opinión relacionada con los aspectos jurídicos, y la protección de los derechos humanos de los hombres y mujeres que representamos por parte de las comisiones parlamentarias, el HSN, el Defensor del Pueblo, la Cancillería.

- participar en una audiencia convocada por las comisiones, el senado, el Defensor del Pueblo, la Cancillería,

- conocer elementos jurídicos-políticos para responder a una demanda de la CIDH.

Pero también, planteamos colaborar activamente en la protección de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos privados de libertad, de acceso a la justicia o de las víctimas de actos terroristas. Por eso, proponemos a nuestros destinarios algunos temas específicos de reflexión en vista a una materialización en la garantía de los Derechos Humanos, por ejemplo:

• Un proyecto de ley para aquellas personas fallecidas o asesinadas en ataques o atentados terroristas desde los años 70, de inscribir en las actas de defunción respectivas como muertos por actos terroristas o actos de terrorismo. Es un reconocimiento digno de la Nación hacia esas víctimas que son olvidadas por la justicia, la sociedad y la historia. Las víctimas de los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, tienen toda su plaza en esta demanda.

- Para las personas accidentadas, minusválidas o con enfermedades productos de esos hechos, el reconocimiento como accidentados, enfermos o minusválidos por actos terroristas o actos de terrorismo.

• Realizar una audiencia con el Secretario de Estado de DDHH, el Ministro de Justicia, la Procuradora de la Nación, para conocer si presentaron ante la CSJN u otra jurisdicción un recurso u otro procedimiento por el incumplimiento por parte del Estado de las Obligaciones Positivas, las Observaciones Generales de la ONU, con las personas que representamos y con las otras personas privadas de libertad y de acceso de justicia. Los motivos por los cuales no se realizaron esas presentaciones, teniendo en cuenta que el Estado de Derecho está en juego. Buenos Aires, 15 junio 2016. CPPLyAJ.

garantizar y proteger los derechos humanos de dos mil quinientos hombres y mujeres, acusados ilegalmente de supuestos delitos cometidos en los años setenta.

Nuestro Colectivo recuerda que la plena vigencia de los principios constitucionales, de las convenciones, tratados, acuerdos internacionales suscriptos por la Argentina y el respeto de las Obligaciones Positivas del Estado integran la esencia misma del Estado de Derecho. En la actualidad, podemos afirmar que esos derechos fundamentales no les son respetados a las personas acusadas ilegalmente de graves delitos, que se encuentran en prisión, enfermos, en detención domiciliaria, con prisiones preventivas indeterminadas, mayores de 70 años.

Es de conocimiento público la violación de los Derechos Humanos de numerosos ciudadanos en Argentina y del incumplimiento de las 100 Reglas de Brasilia y la Agenda 2030 de la ONU con una población en estado vulnerabilidad. La Presidencia de la Nación al declarar que: “En diciembre de 2015, las nuevas autoridades encontraron un Ministerio de Justicia organizado y orientado funcionalmente a sostener políticamente a la gestión anterior. Fue un ministerio cuyos funcionarios buscaban influir en el funcionamiento de la Justicia e involucrarse en los procesos y en la dinámica propia del Poder Judicial. Esto se veía claramente en los nombramientos de los jueces que actualmente se desempeñan en la justicia. El 70% de los jueces que se encontraban en actividad en diciembre de 2015 habían asumido después de 2003”, no hace más que confirmar los innumerables informes, documentos, jurisprudencias, que describen esa cartografía,

Por ello, el CPPLyAJ, solicita a:

• Los diputados Diego Matías MAESTRE y Anabella Ruth HERS CABRAL, presidente y vicepresidente de la Comisión de Justicia.
• Las diputadas Victoria Analia DONDA PEREZ, Soledad MARTINEZ y Claudia Mónica RUCCI, presidenta, vicepresidenta y vocal de la Comisión Derechos Humanos y Garantías.
• Los diputados Pablo Gabriel TONELLI y Jorge Marcelo D’AGOSTINO, presidente y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
• La Lic. Marta Gabriela Michetti, Presidente del Honorable Senado de la Nación. Vice-Presidenta de la Republica:
• Leandro Despouy, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario. Representante Especial para Derechos Humanos en el ámbito internacional de la Cancillería argentina:
• El Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo del Dr. Juan José BÖCKEL,

- una entrevista a fin de conocer la opinión relacionada con los aspectos jurídicos, y la protección de los derechos humanos de los hombres y mujeres que representamos por parte de las comisiones parlamentarias, el HSN, el Defensor del Pueblo, la Cancillería.

- participar en una audiencia convocada por las comisiones, el senado, el Defensor del Pueblo, la Cancillería,

- conocer elementos jurídicos-políticos para responder a una demanda de la CIDH.

Pero también, planteamos colaborar activamente en la protección de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos privados de libertad, de acceso a la justicia o de las víctimas de actos terroristas. Por eso, proponemos a nuestros destinarios algunos temas específicos de reflexión en vista a una materialización en la garantía de los Derechos Humanos, por ejemplo:

• Un proyecto de ley para aquellas personas fallecidas o asesinadas en ataques o atentados terroristas desde los años 70, de inscribir en las actas de defunción respectivas como muertos por actos terroristas o actos de terrorismo. Es un reconocimiento digno de la Nación hacia esas víctimas que son olvidadas por la justicia, la sociedad y la historia. Las víctimas de los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel, tienen toda su plaza en esta demanda.

- Para las personas accidentadas, minusválidas o con enfermedades productos de esos hechos, el reconocimiento como accidentados, enfermos o minusválidos por actos terroristas o actos de terrorismo.

• Realizar una audiencia con el Secretario de Estado de DDHH, el Ministro de Justicia, la Procuradora de la Nación, para conocer si presentaron ante la CSJN u otra jurisdicción un recurso u otro procedimiento por el incumplimiento por parte del Estado de las Obligaciones Positivas, las Observaciones Generales de la ONU, con las personas que representamos y con las otras personas privadas de libertad y de acceso de justicia. Los motivos por los cuales no se realizaron esas presentaciones, teniendo en cuenta que el Estado de Derecho está en juego. Buenos Aires, 15 junio 2016. CPPLyAJ.