Agostina Hernández Bologna, abogada e integrante del Programa de Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) explicó que la gravedad de la creación de estos centros de detención reside en que “en estos lugares lo que pasa es que no se respetan las garantías correspondientes y tiene un fuerte impacto en lo que significa la criminalización de la migración”.
El pasado 19 de agosto se dio a conocer un comunicado oficial que anunciaba el acuerdo entre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación; Fernando Ocampo, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (MJS); y Horacio García, director Nacional de Migraciones (DNM).
En el mismo se informó la entrega en comodato a la DNM de un inmueble ubicado en Pasaje Colmo N° 3860, destinado “de manera exclusiva al alojamiento de las personas infractoras a la Ley 25.871 [Ley de Migraciones] y su normativa complementaria vigente, en calidad de retenidos”. Además se señaló que de esta forma se buscan “optimizar” las condiciones para “combatir la irregularidad migratoria”.
Según lo anunciado, el documento firmado por las tres partes entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre.
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