Uno de ellos es el final de la concesión para la empresa Metrovías. Con el traspaso aprobado en la Legislatura, el contrato cae y la compañía tiene 90 días para renegociarlo.
“Con nosotros Metrovías no va a continuar el contrato que actualmente tiene. Vamos a iniciar un proceso de conversación en los primeros 90 días”, confirmó el legislador macrista Martín Ocampo, en declaraciones radiales.
En caso de que no se llegue a un acuerdo, Macri deberá contratar a otro operador o llevar adelante el funcionamiento del subte mediante una sociedad anónima.
Además, la nueva gestión prevé límites para los metrodelegados, cuya representación ha conseguido grandes beneficios laborales para los empleados del subte, como la reducción de la jornada laboral y los aumentos salariales.
“La gente de Metrovías que trabaja en una oficina en el centro de la Ciudad trabaja seis horas. Eso es sumamente injusto, porque la diferencia de dinero se paga en la tarifa”, alegó Ocampo. Por eso una comisión de expertos determinará cuáles son las tareas perjudiciales para la salud y cuáles no.
Por otro lado, el Gobierno porteño quiere limitar la cantidad de huelgas y que en lo días de paro haya una frecuencia mínima del 90% en horas pico y 60% en horario normal. El servicio público será declarado como esencial y ello determinará que este porcentaje sea cumplido.
El macrismo seguirá reclamando los 1.200 millones de pesos de deuda, en concepto de infraestructura, al gobierno nacional. Sin embargo, de no lograr el pago, se creará un fondo para cubrir las obras pendientes, con el incremento del 6% en las naftas, 10% en los peajes de 25 de Mayo y la autopista Illia y 10% en las patentes de los autos con un valor mayor a $150.000.
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