Nuestro país ha recibido un nuevo revés en los tribunales de los Estados Unidos. El resultado no podía ser otro. Fue el propio Estado argentino quien se ha venido sometiendo desde la dictadura a la fecha, atado de pies y manos, a las condiciones del capital trasnacional, renunciando a sus derechos soberanos, aceptando ser juzgado ante la justicia de los propios acreedores y sosteniendo que no tenía opción al “honrar” una deuda, probadamente, ilegítima e ilegal. Alternativas hay, por lo que llamamos a las autoridades argentinas – a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso Nacional, al Poder Judicial – a asumir sus responsabilidades para no seguir pagando lo que no debemos.
Esta vez, fue la Corte Suprema estadounidense la que rechazó el pedido argentino de frenar, al menos hasta diciembre, los efectos de los fallos anteriores. El costo para el pueblo argentino, en términos de salud, educación, empleo y otros derechos fundamentales, será mucho más grave que el embargo de la “Libertad” hace dos años, ordenado en esta misma causa. El Estado argentino ha sido condenado a pagar de inmediato el 100% de los bonos holdouts demandantes, unos U$S 1.330 millones, si quiere evitar una nueva suspensión de pagos a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Pero sin dudas, el fallo será además un estímulo para nuevos reclamos judiciales, lo que podría implicar, según anunció la propia Presidenta, unos U$S 15.000 millones adicionales.
Este panorama confirma que la deuda es “inmanejable”. Desde 2003 a la fecha se pagaron no menos de U$S 173.000 millones. Sin embargo, pese a ello, hoy la deuda asciende a más de U$S 240.000 millones, cuando en 2002 era de U$S 144.212 millones – y hace apenas un año, de U$S 209.000 millones.
La única realidad es que todas las re-negociaciones de deuda realizadas desde 1983 a la fecha han fracasado rotundamente. Cada una de ellas se presentó como la solución final al problema de la deuda pero la terminaron agravando. Es que mientras no se enfrente de raíz el problema, asumiendo las consecuencias de su ilegalidad e ilegitimidad y anulando las leyes, tratados y acuerdos que siguen otorgando privilegios a los capitales transnacionales, la deuda continuará poniéndonos de rodillas.
Lamentablemente, el gobierno nacional persiste en su estrategia de 'manejar' la deuda, tornándonos al pueblo argentino en pagadores seriales de una deuda imposible de saldar. Su objetivo principal es volver a los mercados internacionales para colocar allí más deuda y traer nuevas inversiones, intentando así resolver su crisis de pago provocada por la falta de liquidez que el aumento de los déficit fiscal y externo le han causado – de una manera que la historia nos ha señalado,tampoco logrará los resultados buscados.
Estos déficits se venían tapando hasta el momento mediante un creciente endeudamiento intra-Estado, o sea, pagando a terceros acreedores con bonos que se cancelan con fondos provenientes de organismos públicos (ANSES, Banco Central, Banco Nación, Lotería Nacional, etc). Pero este mecanismo de pago se encuentra agotado, por lo que urge al gobierno retomar el camino del endeudamiento externo.
Y es para lograr ese fin que el gobierno nacional viene cumpliendo con pasos previos que el capital transnacional le exige: arreglo de la deuda con el Club de París y holdouts, cumplimiento de los laudos del CIADI y pago de indemnización a REPSOL por la “nacionalización” de YPF (todo con emisión de más deuda pública, renunciando a la revisión de los reclamos, cediendo nuevamente jurisdicción y acordando cifras y condiciones infladas y secretas).
El re-endeudamiento externo implicará mayores compromisos de pago y más condicionalidades externas. Esto es, más ajuste y empobrecimiento, más liberalización, más dependencia y presión extractivista contra los bienes naturales, lo que derivará, tarde o temprano, en una nueva crisis de pago, y así sucesivamente en este círculo vicioso de la deuda.
Es necesario romper con la lógica perversa de la deuda, repudiarla por ser una estafa al pueblo argentino y un instrumento de dominación y dependencia que nos ata a un modelo productivo depredador de la naturaleza y violador de los derechos humanos. El sistema de la deuda y el modelo impuesto, dirigido fundamentalmente a producir “commodities” en beneficio de los países centrales,son los responsables de la creciente concentración de la riqueza con su contracara de pobreza, marginación y violencia. El pueblo argentino no ha sido beneficiario de una deuda contraída por quienes no representaron sus intereses, viciada de fraudes e ilegitimidad y, no puede ni debe soportar sobre sus espaldas el pago de la misma. Nuestro pueblo no sólo no es deudor sino que es acreedor de una justa y legítima deuda social que crece cada día y que debe ser pagada cuanto antes.
Como primera medida, es preciso suspender los pagos hasta tanto una Auditoria Participativa e Integral determine si hay tramos de la misma que puedan considerarse legales y legítimos. Contamos con el antecedente de Ecuador, que en 2007 dispuso una Auditoría de la Deuda Pública que permitió calificar de “ilegal, ilegítima y corrupta” a gran parte de la misma. Y en nuestro propio país, con el invalorable aporte de la causa “Olmos”, donde en la sentencia se dieron por probados centenares de ilícitos en el proceso de endeudamiento del período 1976/82 que dio origen directo a los bonos hoy en manos de los fondos especulativos llamados “buitres”.
Una Auditoria supone también denunciar la institucionalidad que subordina a la Argentina a los intereses del gran capital, tales como la cesión de jurisdicción, los tratados y acuerdos de inversión y comercio y la pertenencia al CIADI. Y asumir en la práctica que los derechos humanos tienen primacía por sobre cualquier acuerdo comercial de deuda, según señala el derecho nacional e internacional.
Además, la Justicia argentina tiene que declarar la nulidad absoluta de los actos delictuales investigados en la causa “Olmos” y proseguir con las demás demandas abiertas, incluyendo las del escandaloso Megacanje de 2001 y el Canje de 2010.
El Congreso de la Nación debe también desempolvar la causa “Olmos” y exigirle al Poder ejecutivo que pida nulidades y demande la reparación del daño a los que resultaron contraparte de la Nación en los actos ilícitos.
Porque los privilegiados deben ser los acreedores internos de la deuda social, y no los acreedores externos de una deuda ilegítima e ilegal que condiciona a la miseria y al atraso al pueblo argentino.
FIRMAS INICIALES:
Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Servicio Paz y Justicia SERPAJ
ATTAC Argentina
Programa de Deuda Ilegítima y Justicia Ecológica de la Federación Mundial Luterana
Juan Yahdjián, Movimiento Social Misionero
Cátedra de Derecho y Deuda Externa Pública, Facultad de Derecho, UBA
