Rebelión en un barrio de Corrientes ante intimaciones de desalojo por parte de la Municipalidad. Vecinos y comerciantes informales del populoso barrio "Mil Viviendas" de esta ciudad están en pie de lucha ante un inminente desalojo de los terrenos que ocupan con construcciones, desde hace muchos años.
Texto: Camilo Kawerín (Profesor en Historia, colaborador de la Red Corrientes de Derechos Humanos) Fotos: Jeremías Exequiel Giordano Leguiza (Periodista de Nueva Mirada Corrientes y estudiante de Comunicación Social)
Se trata de espacios públicos que circundan a las manzanas de casas y monobloques construidos por el Instituto de Vivienda de la provincia a fines de la década del 70. Hace pocos días el Municipio entregó las intimaciones y anunció que las construcciones "ilegales" serán demolidas como parte de un plan de "reordenamiento urbano".
La rutina de los habitantes de "las Mil" –como habitualmente se conoce a uno de los barrios más extensos de Corrientes– se rompió la semana pasada, cuando la Municipalidad intimó a desalojar los espacios públicos ocupados por locales y otras construcciones. La primera "caída" en la avanzada municipal fue una histórica hamburguesería que se encontraba en el extremo de la plaza "República del Perú", sobre una de las arterias que delimitan al barrio.
Ante la pérdida inminente de sus fuentes de trabajo y la incertidumbre respecto de los alcances de la medida, los vecinos realizaron una asamblea el pasado fin de semana y resolvieron iniciar medidas de fuerza para reclamar que funcionarios del Municipio se avengan a dialogar y encontrar una salida consensuada.
Como parte del plan de lucha, desde el lunes vienen realizando piquetes con quema de gomas en la intersección de las avenidas El Maestro y Cosquín[1]. La elección del lugar no es casual: en esas cuatro esquinas se encuentran el Centro comercial y los negocios más concurridos, la cancha del Club Polideportivo y el conjunto de monobloques que, por la cantidad de viviendas concentradas en pocas manzanas, le da identidad y nombre al barrio. Además de los piquetes, los vecinos aprovecharon las paredes recién construidas del "Poli" para estampar con aerosol sus reclamos y denuncias, en las que indilgan al intendente justicialista Fabián Ríos –quién asumió en diciembre del año pasado– haberlos "traicionado" e incumplido las promesas hechas en la campaña electoral.
En paralelo, una abogada que los representa intenta frenar los desalojos por la vía de un amparo judicial. La historia de "las Mil" se remonta a fines de la década del 70, cuando la ejecución de grandes planes habitacionales[2]por parte del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) expandió el área urbanizada de la ciudad más allá de la avenida Teniente Ibáñez, la cual había sido el límite sur del área poblada hasta mediados del siglo pasado.
La extensa disponibilidad de tierras en el predio que había pertenecido al Aero Club Corrientes permitió que el trazado del barrio incluyera amplias veredas, peatonales y espacios verdes en el interior de cada manzana. Estos espacios de uso común son los que, con el correr de los años, fueron ocupados por vecinos y conmerciantes que construyeron locales o extensiones de sus viviendas –garages en el caso de los monobloques– allí.
Esta ocupación de los terrenos, consentida por sucesivas gestiones municipales a lo largo de décadas, es la que el Municipio quiere terminar ahora intimando el desalojo. La medida, según informan los medios locales[3], forma parte de un "plan de recuperación de espacios públicos usurpados". En ese sentido, el secretario de Planeamiento Urbano Daniel Bedrán, afirmó que "estamos trabajando de manera de darle señales a la sociedad de que no se puede construir en cualquier sitio, y menos aún sin autorización municipal".
Sin embargo, para la gente del barrio el plan de la Municipalidad implicaría, en muchos casos, la pérdida de fuentes de empleo y, para la mayoría, de la inversión realizada al construir. De hecho, por si hacía falta mayor advertencia, junto a la intimación escrita los vecinos pudieron ser testigos de la demolición –literalmente hasta los cimientos– del local donde funcionaba la hamburguesería "Sentirse bien" desde hace más de dos décadas.
Ahora, ante el anuncio de que igual suerte correrán otros locales, los comerciantes advierten que resistirán el avance de las topadoras cuando éstas se presenten. Es que para muchos de ellos, el comercios informal, sea mediante la venta de comidas al paso –hamburguesas, pizzas, choripanes–, sea en la forma de kioscos o librerías, es el único medio de supervivencia en una provincia que tiene uno de los índices más altos de desempleo y pobreza. Justamente, uno de los carteles que enarbolaban en las protestas sentenciaba:
"Queremos el trabajo digno. No a los planes".
Los comerciantes son conscientes, de todos modos, de que la situación se debe regularizar y por eso insistieron ante todos los medios que cubrieron las protestas que estaban dispuestos a pagar los impuestos correspondientes por el uso del espacio. "Nosotros si tenemos que pagar un impuesto por nuestro negocio lo vamos a pagar pero que no venga a querer demoler lo que construimos con tanto sacrificio", dijo Martín, propietario de una gomería, al portal Nueva Mirada Corrientes[4]. "Es la primera vez que sucede esto, anteriormente se nos prometió un acuerdo, cada uno pagaría sus impuestos, pero nadie mencionó un desalojo", sostuvo.
Más elocuente, Mari, la quiosquera de la esquina de Rafaela y El Maestro, afirmó: “mi negocio es de lo que vivo hace 20 años... Vivir es una forma de decir, esto es supervivencia. En vez de darle respuestas al pueblo recibimos opresiones”. Con ese objetivo reclaman a la Municipalidad que se acerque al barrio a dialogar con los vecinos. “No tenemos ningún color político, queremos encontrar una respuesta o que se acerquen a dialogar con nosotros, no solo atacan a nuestros comerciantes, sino que además nos quitaron la canchita de fútbol donde los niños podían escapar de la droga”, expresó Alejandro Arriola, vecino del barrio, a una radio local[5]. *
* * Responsabilidad mutua "La ocupación masiva y desmedida e ilegal del espacio publico en las Mil y todos nuestros barrios para negocios y ampliaciones domiciliarias es una realidad.
No podemos negar el problema ni seguir de este modo", señaló a esta agencia la diputada provincial Sonia López (Partido Comunista). "Pero la solución no es la topadora y la policía, porque estamos hablando de muchos años de tierra de nadie donde el Estado ha consentido y generado derechos adquiridos de toda la gente que hizo inversiones", afirmó. "Entonces, hay que dialogar y trabajar con los vecinos y comerciantes –y trabajadores que dependen de estos espacios de economía social– para construir otro perfil urbano de responsabilidad mutua.
Se llenan la boca hablando de 'Economía Social' pero cuando la tienen enfrente de la narices reaccionan de manera autoritaria", concluyó. * * * Consenso entre todas las partes "Utilización privada de espacios públicos –incluso no con fines habitacionales– lo tienen los grandes clubes: el Regatas en el parque Mitre y el Boca Unidos en la Costanera Sur son claros ejemplos.
Peró alli no hay topadoras", señaló Hilda Presman, de la Red Corrientes de Derechos Humanos. "Las topadoras no debieran ni siquiera pensarse como posibilidad de respuesta cuando se trata de personas que buscan subsistir desde la precariedad del trabajo informal, pero digno", estimó. "Habría que pensar en búsqueda de consensos entre los vecinos, tanto los trabajadores precarizados, como los damnificados por la pérdida de espacio público",
propuso. "Que intervengan los concejales, el defensor de los vecinos, las comisiones vecinales, las asambleas ciudadanas. Que se busquen variantes de uso, comodatos o lo que surja de la intervencion ciudadana", finalizó.
* * *Novedades de las últimas horas Diputados instan a Municipalidad a dialogar con vecinos de las Mil Viviendas
Mil Viviendas: vecinos frenaron las protestas y aguardan gestiones de legisladores y funcionarios
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