ARGENTINA
Entre Barrick-Osisko, y Famatina-Andalgalá, hay que apoyar a éstas
En 2012 está fuertemente instalada la polémica sobre conveniencia o no de la megaminería. El gobierno nacional y los gobernadores la apañan. Los pueblos afectados la resisten, con mucha razón.
EMILIO MARÍN
Hay que tratar de ser precisos en esta compleja realidad de la minería en Argentina. Comenzando por individualizar justamente el país de que se trata, porque si se analizara una hipotética nación subsahariana, paupérrima, sin recursos agrarios ni desarrollo industrial, envuelto en la indigencia y con sólo un recurso a mano, la megaminería, allí habría que ser abiertamente prominero. Sería en ese caso la única forma de matar el hambre de esos ciudadanos africanos desprovistos por la naturaleza y el colonialismo extremo de todos los demás recursos.
Ese no es claramente la categoría argentina, con 60 millones de cabezas de ganado vacuno, más de 100 millones de toneladas de granos que según el Plan Estratégico Agroindustrial pronto serán 150 millones y con un desarrollo industrial medio que sería la envidia del citado territorio africano de fantasía.
Entonces aquí hay que demostrar muy bien la necesidad de la megaminería; no es una cuestión de vida o muerte abordarla y permitirla. Más bien puede ser de muerte, según cómo se la lleve adelante, con quiénes y de qué manera.
Otra aclaración. Se discute la megaminería, no la minería en general, que puede ser a pequeña escala. Es obvio que una cosa son proyectos de aquella vasta escala, que usan toneladas de explosivos y 100 millones de litros de agua por día. Y otra, casi inocente, es la tarea de una calera o un salar o la extracción de áridos para la construcción.
Las grandes firmas mineras tratan de emboscarse junto a las Pymes, para victimizarse y decir que los ambientalistas están queriendo impedir a todas ellas llevar adelante su trabajo.
En esa tarea confusionista ex profeso envuelven también a algunos trabajadores mineros. Buscan presentar un frente único, desde la Barrick Gold hasta los afiliados de AOMA, aunque sólo logran una participación activa de los burócratas sindicales de ese gremio, como el tal Armando Domínguez que la presidenta Cristina Fernández presentó como ?Antonio?, un supuesto minero de la base en Olavarría. La currícula de Domínguez tenía muchos cargos en el PJ local y en AOMA de la ciudad y en el orden nacional, e incluso como interventor en la seccional de San Juan, donde habría cultivado una excelente relación con los capangas de la Barrick.
Se ha nombrado aquí dos veces a la empresa canadiense, todo un ícono del negocio a nivel mundial. Este es el meollo de la cuestión, generalmente gambeteado por el gobierno de CFK, que tejió acuerdos muy tupidos con la compañía del mandamás Peter Munk. Los gobernadores son subordinados a Munk y/o a los ejecutivos de la Osisko canadiense, Xstrata suiza, etc. Este es el quid de la cuestión. Todo debate que no ponga el acento aquí es una fuga por la tangente o peor aún, un subterfugio a favor de las multinacionales.
Línea divisoria
El que vea por televisión o lea en los diarios declaraciones del gobernador riojano Beder Herrera o de sus colegas de Catamarca, Lucía Corpacci Saadi y de San Juan, José Luis Gioja, tendrá la sensación de que está ante un jerárquico de las mineras trasnacionales.
El gobernador riojano, responsable del contrato con la Osisko en Famatina, asegura que allí habrá ?cero contaminación?. Corpacci Saadi dice que ella es médica y que el aire de Catamarca seguirá siendo puro pese a la Xstrata de Bajo la Alumbrera en Andalgalá y su nuevo proyecto de Agua Rica, a 17 kilómetros de esa localidad.
El más fundamentalista es el mandatario sanjuanino. Defendiendo el proyecto Veladero, de la Barrick, y otro aún mayor de la misma firma canadiense, Pascua Lama, en un corredor que conecta con Chile, Gioja ha hablado maravillas de la minería a cielo abierto. Asegura que no se emplea allí cianuro, en la misma sintonía negativista de Corpacci Saadi, y hace la apología de los 60.000 empleos directos e indirectos de la minería en su distrito, equivalente al 30 por ciento de la población económicamente activa.
Repasando esos argumentos, se nota que no rebaten uno de los más usados por los pueblos afectados y ambientalistas: el derroche de agua dulce, escaso en muchas de esas geografías. 80 o 100 millones de litros de agua dulce por día no son valores insignificantes. Y tampoco están trucados porque los contratos de concesión especifican esas cantidades. En este punto a la megaminería le gritaron ?touché?.
La defensa de los gobernadores sobre limpios procedimientos que no emplean cianuro tiene varias respuestas documentadas que afirman lo contrario. Que ya usan cianuro o que lo van a emplear cuando los proyectos lo demanden. Por ejemplo, en el libro ?El Mal? de Miguel Bonasso, referido a Pascua Lama, se lee que ?los camiones con cianuro recorrerán los mil doscientos kilómetros que separan a las montañas sanjuaninas del puerto de San Lorenzo, en la costa del río Paraná? (pág. 58).
Un dato patagónico: el finado gobernador Carlos Soria envió un proyecto de ley autorizando el uso de cianuro, antes prohibido, en las explotaciones mineras.
Ante tantas evidencias y dudas, corresponde el principio precautorio. Las multinacionales deben demostrar, invirtiendo el cargo de la prueba, que su accionar no es contaminante. Pero en vez de ello invierten más dinero en las cajas de gobernaciones amigas y mantienen patotas promineras en las rutas.
Ecologismo tonto
Esas patotas a sueldo de Bajo La Alumbrera y otras empresas no han tenido pruritos de cortar rutas en Catamarca y secundar a la policía para perseguir a activistas contrarios. De las requisas y negativas a ingresar a Andalgalá no se salvó ni siquiera la camioneta del Servicio de Paz y Justicia. Por su parte la policía catamarqueña reprimió duro en Belén y Tinogasta.
Los argumentos de esos matones suelen ser que tales activistas son ?foráneos?. En el fondo es la misma lógica represiva de tiempos de la dictadura, que oponía al ?ser nacional? con los ?delincuentes terroristas al servicio del comunismo internacional?. No se crea que esa comparación es exagerada, al menos en lo dialéctico: varias patotas dijeron que los ecologistas son ?delincuentes terroristas?. Y su peyorativa segregación de los ?foráneos? se aplica a periodistas o ambientalistas de Córdoba o Buenos Aires, que son compatriotas, y no con los empresarios canadienses o suizos. Raro, ¿no?
La argumentación de que las mineras dan trabajo no es para despreciar. Es un elemento válido, pero no absoluto. Hay que contrapesarlo con los inconvenientes y daños medioambientales que puede dejar en sus diques de cola, en las explosiones, en la posible contaminación del agua, en la alteración del ambiente, etc.
Todo eso debe ser pesado y contrapesado, en un debate público y democrático que hasta aquí no se ha producido. Y este es otro punto a favor de la resistencia de Andalgalá y Famatina: si hubo un principio de discusión se debió a esas asambleas y cortes, no a la iniciativa democrática de la presidenta, la liga de diez gobernadores promineros que formaron la Ofemi (Organización Federal de Estados Mineros) y menos aún a Peter Munk y sus delegados.
En vez de aprovechar la situación política abierta con aquellas resistencias provinciales, Gioja y demás gobernadores armaron esa entidad al sólo efecto de negociar con las multis una mayor regalía e impuestos. Nunca pensaron en una empresa estatal de minería que se hiciera cargo de esos proyectos viejos y nuevos, para redimensionarlos con menor uso de explosivos, menor empleo de agua y reemplazo del cianuro por otras tecnologías. Y sobre todo, con dividendos para el pueblo argentino y no para una empresa surgida de la CIA, como bien documenta el libro de Bonasso.
Es preciso avanzar hacia una minería no sólo responsable y sostenible sino también nacional, popular y estatal, algo que lamentablemente no figura en la agenda del gobierno. Tampoco está en el proyecto de Greenpeace, TN y Clarín, unidos con el solo propósito de abrir heridas en el gobierno cristinista.
En esta discusión hay mucho ecologismo tonto, que no reconoce la necesidad de explotar los recursos mineros para apuntalar el desarrollo nacional, el empleo y la producción industrial, cuidando la salud y el medio ambiente, sin ser sirvientes de la Barrick y el imperialismo.
El cronista llama ecologismo tonto a esa oposición total a todo tipo de minería. Le dice tonto, aunque siempre se acuerda de Roberto Fontanarrosa en el Congreso de la Lengua de Rosario. Hablando de las malas palabras, el creador de Inodoro Pereyra las elogió: ?no es lo mismo decir tonto que pelotudo?.
