La última declaración de Carta Abierta convoca a la movilización popular bajo un título que alude a la gravedad de la situación: La patria en peligro. La amenaza que denuncia consiste en “una gran restauración del viejo país oligárquico” que “está pronta a mostrar sus dientes de hierro, lo que serían sus herramientas de ajuste”. Identifica al núcleo oligopólico de las corporaciones cerealeras, a partir del control que detenta en la tenencia de divisas, y le imputa la formidable presión desestabilizante que llevó al gobierno a devaluar el peso, a pesar de las promesas en sentido contrario.
La declaración asigna a los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández la decisión de haberse guiado por políticas opuestas a la lógica antipopular de las fuerzas político-sociales que hoy lo amenazan. En uno de sus párrafos más significativos sostiene, refiriéndose al capital monopólico: “Viejos y nuevos grupos, siempre pocos, ahora de mayor espesor y concentración de su economía y específica relación con las políticas vinculadas a potencias mundiales de esta etapa histórica de la modernidad, asedian al gobierno popular encabezado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que tomó medidas de gran significación para democratizar la sociedad avanzando en la inclusión, la ampliación de derechos y la redistribución de la renta nacional a favor de las mayorías nacionales, tanto de las clases medias como de los sectores más carenciados”.
El texto tiene la virtud de sacar a la luz la visión que tiene la intelectualidad de clase media afín al kirchnerismo, acerca del carácter de la presente crisis y de la naturaleza del gobierno que llama a defender. Para sus autores la progresividad y el carácter popular de los gobiernos que se sucedieron en los últimos diez años, reside en una serie de avances democratizantes en el terreno social, afirmados a través de la inclusión, la ampliación de derechos y la redistribución de la renta nacional. Esto de por sí ya les es suficiente para calificar a este tipo de gobierno como “progresista”. Esta interpretación, que refleja la idea que tiene la pequeña burguesía respecto del concepto de progresividad histórica, consiste en subrayar la trascendencia de un régimen de reformas parciales, que en realidad no ponen en cuestión el balance general del poder de clase, ni el orden social establecido.
Pero ni el relato épico del oficialismo ni la retórica exuberante de Carta Abierta, pueden disimular un hecho sustancial: tras una década de gobierno, el kirchnerismo no ha afectado los vínculos de la dependencia semicolonial y, en el presente, tiende a reforzarlos espoleado por la crisis. Sin embargo, la decisión de no remover los factores estructurales de la reconversión neoliberal iniciada por la contrarrevolución de marzo de 1976 y consolidada bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa, tiene un costo que se presenta a esta altura como una pesada hipoteca. ¿Cuánto queda en pie de la proclamada “redistribución de la renta nacional a favor de las mayorías nacionales” tras el ciclo inflacionario de los últimos meses y la devaluación del peso, factores que depreciaron los salarios, las jubilaciones y los planes sociales? Por otra parte, ¿cómo se concilia esa redistribución progresiva de la renta con un proceso de concentración y extranjerización del capital, que se siguió intensificando durante la “década ganada”?
Los integrantes de Carta Abierta conocen la responsabilidad que tiene el gobierno en el giro de los acontecimientos que derivaron en la presente crisis. En términos alusivos señalan que el asedio que debió soportar, fue posible porque “están pendientes de cerrar los amplios márgenes de maniobra que aún conservan estos grupos monopólicos”. No sólo están pendientes de cerrar esos amplios márgenes de maniobra a través de medidas de corte estructural, como la estatización del comercio exterior, sino que ni siquiera iniciativas de elemental carácter nacional-democrático, como una verdadera reforma impositiva que grave los movimientos especulativos del capital en el negocio financiero, o la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión de la época menemista o la desvinculación del CIADI, tribunal montado por el Banco Mundial según el interés del capital imperialista, han figurado jamás en ese programa de gobierno al que Carta Abierta le asigna “clara vocación de autonomía y soberanía nacional y social, y asimismo de justicia emancipatoria”. Por el contrario, el gobierno de Cristina Fernández se ha encaminado a reconocer las sentencias del CIADI y a negociar el pago de las indemnizaciones establecidas, incluyendo en la lista de beneficiarios a los saqueadores de Repsol; asimismo está dispuesto a llegar a un entendimiento con los fondos buitres y saldar la deuda con el Club de París, con la ilusión de que se abran los “mercados” financieros para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento, tras haberse investido con el orgulloso título de “pagador serial”, y de haber dejado en el olvido la política de “desendeudamiento”.
Ante el desenvolvimiento de la crisis, los intelectuales kirchneristas anuncian estar a “las puertas de una nueva movilización”, destinada a lograr “medidas y cambios institucionales trascendentes y necesarios desde hace tiempo para avanzar en mecanismos que establezcan el manejo estatal del comercio exterior”. En esa dirección señalan la necesidad de “reforzar o establecer el control estatal y social” sobre los puertos privados, e imponer “mayores regulaciones al capital especulativo y al sistema financiero, especialmente a la banca de propiedad extranjera”.
Dejando de lado el hecho de que el único manejo estatal consistente del comercio exterior es su estatización, medida que debe incluir a los puertos privados, y que la mayor regulación del sistema financiero no puede ser otra cosa que la nacionalización de la banca, ¿está dispuesto el gobierno de Cristina Fernández a seguir los consejos de Carta Abierta? La respuesta la dio inmediatamente, con total precisión, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, en una de sus habituales conferencias de prensa. “No hay ningún proyecto para una Junta Nacional de Granos”, declaró el funcionario confiado en que las cerealeras comenzarán la liquidar las divisas de la cosecha. No ya la estatización, ni siquiera la imposición de mecanismos de control sobre el monopolio que controla el flujo de las divisas, está dispuesto a establecer el gobierno de la pequeña burguesía progresista.
Los límites del kirchnerismo
¿Qué determina esta negativa a tomar medidas de verdadero sentido nacional-popular y persistir en un rumbo que alimenta la crisis? Simplemente, el hecho de que nunca figuró en el horizonte político-ideológico del kirchnerismo la decisión de romper con el orden establecido, e ir más allá de la correlación de fuerzas que se estableció a la salida de la crisis de diciembre de 2001. Esa correlación fue el resultado de dos acontecimientos determinantes: el estallido de la convertibilidad, vale decir del programa neoliberal impuesto sobre el fin de los 80’ y el comienzo de los 90’, y la movilización insurgente de los trabajadores, las capas empobrecidas de clase media y los excluidos del orden social.
El hundimiento del programa de la ortodoxia neoliberal significó el desplazamiento del puesto de mando de los círculos dominantes del capital financiero y de las corporaciones extranjeras propietarias de las grandes empresas estatales privatizadas, y colocó en su lugar a la gran burguesía industrial, los agronegocios, las grandes corporaciones de la construcción y el capitalismo de la megaminería y la explotación hidrocarburífera. A su vez, la movilización de las masas explotadas estableció una línea de resistencia que el capital no habría de traspasar, a menos que lograse imponer una derrota terminante a los trabajadores y al movimiento popular.
El kirchnerismo llegó al gobierno un año y medio más tarde, cuando la marea popular, carente de programa, de dirección y de organización, había entrado en reflujo, y un movimiento de restauración de la vieja institucionalidad en crisis, dominaba la escena política. El nuevo gobierno se ajustó a esa relación de fuerzas estableciendo una alianza, de una parte, con la Unión Industrial y de la otra, con la CGT, sabiendo que este equilibrio, que se expresaba a través de un programa de sesgo desarrollista, se mantendría siempre y cuando no se afectasen los intereses fundamentales del gran capital, y el “modelo productivo” lo recompensase con tasas de ganancias adecuadas, que en el período ascendente resultaron excepcionalmente elevadas. La otra condición exigía una serie de concesiones a los sindicatos que, por otra parte, el nuevo patrón de acumulación que desplazó al orden que giraba en torno a la renta del negocio financiero hacía posible: restablecimiento de las paritarias, recomposición del salario, ampliación de los puestos de trabajo y de la afiliación sindical, derogación de la infame ley de contrato de trabajo de De la Rúa y remoción de ciertos resortes legales que impusieron la explotación y desprotección de los trabajadores bajo el menemismo. Vale decir, el movimiento de restauración del que surgió el kirchnerismo en modo alguno era un retorno al estado de cosas anterior a la crisis de diciembre de 2001. Dentro de este equilibrio, el Estado habría de adquirir un mayor grado de intervención, negociando entre los distintos intereses sobre los que se sostenía el programa gubernamental. Hacia adelante, la ambición declarada del kirchnerismo era la creación de una burguesía nacional, verdadera utopía en esta fase de mundialización del capital, cuyo resultado ha sido la promoción de una burguesía palaciega de lealtad más que dudosa, enriquecida a costa de los negocios que desarrolló al amparo del Estado.
El “modelo productivo”, cuyas bases fueron echadas por Remes Lenicov y especialmente Roberto Lavagna desde 2002, funcionó a pleno luego de una megadevaluación y pesificación asimétrica, que pulverizó los costos laborales y arrojó ganancias extraordinarias en la cuenta del capital. La prosperidad envolvió el período en que gobernó Néstor Kirchner, favorecido por términos de intercambio excepcionales en el balance comercial, y una recomposición de los niveles de consumo interno tras el prologado período de recesión y luego de depresión con que terminó la experiencia neoliberal. Sin embargo, la crisis que sacudió las principales metrópolis capitalistas desde 2008 y repercutió en el país a partir de 2009, resultó el anuncio que las tendencias favorables habían comenzado a revertirse, y que los desequilibrios del modelo muy pronto habrían de pasar al primer plano. Un solo dato basta para entender la naturaleza de la presente crisis. Según datos del Banco Central en la última década la fuga de capitales alcanzó a 90 mil millones de dólares, mientras que el total de esta descapitalización llega a 170.700 millones. En estos años se pagaron 178.000 mil millones de dólares en concepto de deuda pública que en muchos de sus tramos es fraudulenta y, a pesar de los canjes de 2005 y 2010, esas obligaciones siguieron aumentando y suman actualmente 209.000 millones de dólares, incluyendo 11.500 millones pendientes de acreedores que no entraron en las reestructuraciones.
El gobierno se ha negado a avanzar con medidas de corte estructural, dejando en pie la trama de intereses que confinan al país en los límites de un capitalismo semicolonial. Ahora esos intereses, bajo el mando del capital monopolista y respaldados por la rosca periodística, las grandes cámaras patronales y la vieja partidocracia de la derecha macrista y del peronismo disidente, junto con el centro de radicales y socialdemócratas, han pasado a la ofensiva con vistas a imponer un drástico ajuste que el kirchnerismo, por sus contradicciones realiza a medias. Ante esta presión el gobierno trata de negociar y retrocede. Pero ¿están dispuestos los trabajadores, las capas populares, la juventud que tomó por cierto el relato épico de la Casa Rosada, a seguirlo por ese camino? La patria está en peligro, es cierto. Y de estas fuerzas sociales depende que el retroceso del gobierno no se transforme en una derrota nacional. La crisis política y la lucha por el poder están en pleno desarrollo, también lo está la posibilidad de un realineamiento de las fuerzas populares, democráticas y antiimperialistas, dispuestas a no retroceder y a abrir un curso de lucha que reestablezca la continuidad histórica con las jornadas obreras y populares de octubre del 45’, de mayo de 1969 y de diciembre de 2001.
Socialismo Latinoamericano
Febrero 12, 2014
