El engaño a los consumidores.

El secretario de Comercio, Augusto Costa explicó que con el nuevo sistema de fiscalización de rótulos y etiquetas "buscamos frenar el engaño a los consumidores, al brindar detalles sobre la resolución que "garantiza el cumplimiento de los derechos de los consumidores", afirmó.

Con el objetivo de evitar prácticas habituales de las grandes empresas productoras que inducen a engaño o confusión en los consumidores a la hora de realizar sus compras, la Secretaría de Comercio implementó un nuevo sistema de Fiscalización de Rótulos y Etiquetas de los envases de productos masivos.

A través de la Resolución 420, la Secretaría de Comercio estableció que los rótulos y las etiquetas de productos de los rubros de alimentos, bebidas, alimentos bebibles, perfumería, aseo, cuidado personal y limpieza doméstica deberán someterse de forma obligatoria a un procedimiento de fiscalización ante la Dirección de Lealtad Comercial, previo al lanzamiento del nuevo artículo. “Esta medida apunta a regular las transformaciones de los productos que suceden cuando se lanzan al mercado productos supuestamente nuevos muy similares a los que ya existen pero a un precio muy superior”, dijo Costa y agregó: “Estas estrategias inducen a que los consumidores cuenten con información errónea, engañosa o confusa a la hora de comprar y terminan optando por el producto más caro”. En ese sentido, Costa vinculó estas prácticas a una tendencia mundial de las grandes empresas productoras siguiendo una estrategia de marketing para aumentar los precios y ganar aún más participación en el mercado de la que ya concentran.

En el mercado local, la metodología opera bajo dos modalidades: cambian el contenido neto (gramaje) de los productos, lo que implica “una forma encubierta de subir el precio por unidad”, explicó el Secretario. O bien, introducen pequeños cambios en el diseño del packaging, imperceptibles para los consumidores, con supuestos nuevos ingredientes o beneficios que luego, en la práctica, no se verifican pues se trata del mismo producto.

El funcionario explicó que “muchas veces se incluyen mensajes con expresiones ambiguas, desconocidas o con una pluralidad de significados que dan lugar a error, engaño o confusión y llevan a los consumidores a una decisión de consumo equivocada”.

El diputado nacional y vicepresidente del bloque radical, Miguel Bazze (UCR Buenos Aires) aseguró que “ahora el gobierno provincial plantea que no cuenta con la cantidad de policía necesaria y el ministro Granados afirma que tiene 40 mil efectivos en la calle, prácticamente la misma cantidad que tenía hace 10 años, pero lo que no dice es que en ese tiempo la planta de personal provincial aumentó más del 50 por ciento”.

política

“Está claro que si no tenemos cantidad suficiente de policías y de personal para hospitales -entre otros servicios básicos- es porque el gobierno utiliza los nombramientos para dar respuesta a sus propias conveniencias políticas en lugar de preocuparse por las necesidades y demandas de la población”, explicó el diputado miembro de la Comisión de Seguridad de la HCDN, quien agregó que “esta es una de las razones por las que el gasto oficial es tan poco eficiente, porque el oficialismo prioriza sus necesidades políticas por sobre los intereses de la sociedad”.

Para Bazze “lamentablemente la falta de responsabilidad en la administración de los recursos que caracteriza al gobierno provincial hace que los presupuestos sean cada año más difíciles de sostener y los problemas se agraven en lugar de resolverse”. “El gobierno provincial también tiene que asumir su responsabilidad, al igual que la Nación, ya que no puede seguir hablando y comentando los problemas como si no tuviera nada que ver, tiene que dejar de hacerse el distraído y ponerse a trabajar en serio”, finalizó.

Pérdidas fabulosas por los saqueos.

Según un relevamientos realizados por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y las cámaras de comercio regionales en 14 provincias afectadas.

Desde la entidad afirman que “a ese costo debe agregarse el perjuicio por los días o semanas que deberán permanecer cerrados muchos locales, hasta tanto puedan reacondicionarlos y reabastecerlos de mercadería”.

A esa cifra hay que agregarle el efecto de horas extras caídas por el personal del comercio, en particular en un mes en el que las operaciones se acrecientan por la proximidad del cobro del medio aguinaldo y los regalos de fin de año.

El comunicado de CAME sostiene que:

“La mayoría de las pérdidas deberán asumirlas completamente los comercios: el 95% de ellos no tiene seguros contra actos de vandalismo y tumultos, en general por el elevado costo de esas pólizas, por lo cual las compañías no cubrirán esos siniestros”.

Policías bonaerenses en reclamo activo.

Protesta de la Policía Bonaerense en Olavarría

No cumplen con los servicios adicionales en reclamo por la aprehensión del efectivo Juan Coria, acusado de "Homicidio doblemente agravado", por la muerte de José Ortega. La protesta derivó en pedidos de mayor cantidad de recursos para el personal. Denuncian desprotección legal. No hay custodia en instituciones públicas y privadas. Los bancos están cerrados. Esta tarde, los efectivos mantendrán una asamblea para definir los pasos a seguir. Los familiares de Ortega dicen que la muerte es un caso de "Gatillo Fácil".

La Policía Bonaerense mantiene desde este miércoles y al menos hasta esta noche, una medida de fuerza con el recorte de las horas adicionales. La decisión de los efectivos se tomó luego de la detención de Juan Coria, acusado de "Homicidio doblemente agravado".

El cambio de carátula, que inicialmente era sólo de "Homicidio", fue lo que desató el enojo de los integrantes de la fuerza, que decidieron actuar para pedir la liberación del policía. Coria está acusado de disparar contra José Ortega, un hombre que amenazaba con suicidarse. Según la versión de los policías, los disparos contra él se produjeron en respuesta a una amenaza del propio Ortega de disparar contra los efectivos. Sin embargo, la familia del fallecido habla de un caso de "Gatillo fácil",reclamo que incluso acompaña la Comisión Provincial por la Memoria.

Este miércoles, unos 50 efectivos de la fuerza se acercaron a la Fiscalía en el momento en que estaba prevista la indagatoria a Coria, finalmente postergada para este viernes. Además, presentaron un Hábeas Corpus para pedir la liberación del policía, algo que la Justicia podría resolver esta tarde, contaron a LaNoticia1.com periodistas de El Popular local.

Los efectivos de Olavarría pusieron el acento además en la desprotección legal de los efectivos, así como también en la necesidad de contar con personal más capacitado. Así, aducen, Coria no contaba, como la mayoría de los efectivos, con las herramientas como para dar respuesta a un supuesto suicida.

Actualmente, en la ciudad sólo se cumple con el patrullaje de rutina, además de la custodia en el Hospital y el Poder Judicial.

La muerte desató la polémica en la ciudad, donde incluso los vecinos marcharon para pedir ponerle fin a la violencia policial. La Comisión Provincial por la Memoria, junto a otros organismos de Derechos Humanos, acompañaron el reclamo de la familia de Ortega. Todos ellos coinciden en señalar que en ningún momento el fallecido apuntó a los efectivos ni los amenazó verbalmente. Sostienen que el disparo fue efectuado por la espalda de la víctima.