Tras el pedido de la presidente Cristina Kirchner, los bloques oficialistas del Congreso activaron iniciativas para controlar los precios de los productos básicos en los supermercados.

El oficialismo busca modificar la Ley de Defensa del Consumidor

 La medida se complementaría con el programa “Precios Cuidados”.

En el día de ayer, el senador kirchnerista Aníbal Fernández presentó un proyecto de ley para modificar la Ley de Defensa del Consumidor, buscando recrudecer las multas y las sanciones para los comercios que incumplan con las normativas del mercado.

Actualmente, las sanciones no deben ser abonadas si el comercio apela ante la Justicia. Es decir, el supermercado tiene la obligación de pagar la multa si la Justicia la ratifica. Con el nuevo proyecto, se busca que las empresas paguen, independientemente de si luego apelan la medida o no. En caso de que la Justicia se torne en favor del particular o la sociedad, el Estado les devolverá el dinero.

“La Ley de Defensa al Consumidor otorga al Estado las herramientas para sancionar a los especuladores” dijo el senador, y agregó “con este proyecto presentado, buscamos evitar que el infractor goce de una herramienta procesal que le permita dilatar los plazos de cumplimiento de las sanciones”.

Consecuentemente al programa Precios Cuidados y al nuevo proyecto de Ley, el kirchnerismo planea en los próximos meses organizar el reparto de comisiones del Congreso de forma estratégica. Una de las que estará en disputa será la de Defensa al Consumidor, del Usuario y la Competencia.

Ese cuerpo estuvo a cargo de Mario Barbieri, perteneciente al radicalismo, y cuyo mandato terminó en diciembre. El oficialismo busca poner a jugar una de sus cartas al frente para ajustar los tornillos sobre los precios.

Efectivos de la Policía de Córdoba mantenían este martes un acuartelamiento en distintas localidades de la provincia en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo, lo que derivó por la tarde en saqueos de supermercados.

“El 75% de la Policía ya está acuartelada. En el interior es casi total. En Río Tercero, los jefes amenazan con sanciones”, sostuvo un policía en declaraciones a la radio cordobesa Cadena 3.

Ante la medida de fuerza de los policías, hubo saqueos en  supermercados  y  diferentes comercios en los barrios SEP e Ituzaingó, en el sur de la capital provincial.

En el primero, medio centenar de personas irrumpió, mediante amenazas a empleados, al local comercial y arrasaron con todo lo que hallaron en su camino, indicó Cadena 3.

La protesta había comenzado este lunes, cuando las mujeres de los efectivos se concentraron en la puerta de la Jefatura de Policía y de la Guardia de Infantería, impidiendo la salida de los móviles de la fuerza cordobesa.

Sin embargo, el malestar de los miembros de la Policía de Córdoba comenzó hace algunas semanas, cuando difundieron videos en YouTube en los que denunciaban malas condiciones de trabajo.

Los acuartelados entregaron este martes por la tarde un petitorio a las autoridades provinciales en la que detallaron los reclamos, entre los que se encuentran un sueldo básico de 13.000 pesos, comida digna, créditos para viviendas y el control de las sanciones aplicadas, entre otros.

Durante esta tarde, las mujeres y el abogado que auspicia a los miembros de la fuerza provincial, Miguel Ortiz Pellegrini, mantuvieron una reunión con el jefe de la Policía de Córdoba, César Almada, quien aseguró que “van a seguir las tratativas para descomprimir la situación” y que elevará los planteos al jefe de Gabinete, Oscar González, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

“De este modo el Gobierno de la Provincia de Córdoba busca, a través del diálogo, una solución que permita superar el diferendo, garantizando el bien común”, informó la Gobernación a través de un comunicado.

Almada y Monteoliva asumieron sus cargos en septiembre de este año, ya que, como consecuencia del escándalo que involucraba a altos mandos de la Policía con narcotraficantes, presentaron su renuncia Ramón Frías y Alejo Paredes.

A pesar de que lograron el aumento del 52 por ciento en los adicionales y que no se apliquen sanciones a los involucrados, los efectivos informaron que continuarán con la medida de fuerza hasta no avanzar en los otros reclamos que elevaron.

“Nos vamos muy contentos porque hemos tenido respuestas. Igualmente, seguimos de asamblea”, explicó la esposa de un policía.

“Veremos qué nos dicen ahora. Mientras tanto, la medida continúa”, afirmó Ortiz Pellegrini luego de la reunión con el jefe de Policía.

Almada, por su parte, se mostró confiada en arribar a una resolución y dijo: “Pido que estén todos tranquilos que vamos a salir de esta situación”.

Fuentes de la Gobernación dijeron a Noticias Argentinas que el reclamo de los acuartelados fue inicialmente de un básico que pase de 6.500 a 10 mil pesos mensuales y que automáticamente pasaron a pedir 13 mil pesos.

Aclararon que el acuartelamiento alcanzaba a solo un pequeño sector de las fuerzas policiales.

En tanto, el gobernador, José Manuel de la Sota, tenía previsto retornar a la provincia por la noche para abocarse al conflicto, por lo que se estima que el grueso de los reclamos será tratado este miércoles.

El mandatario cordobés, quien ya lidió con una protesta policial en 2005, se encontraba en Panamá, donde había hecho escala en su viaje rumbo a Colombia para participar de una reunión de gobernadores de la región, pero decidió pegar la vuelta anticipadamente.

Se suspendieron todos los medios de locomoción, por lo menos durante esta noche.  Los saqueos continuan durante esta noche principalmente en comercios de electrodomésticos, los vándalos van en moto rompiendo vidrieras y robando los locales como Claro.

De persistir  la falta de policías, quienes rechazaron la última oferta del gobierno provincial, los bancos anunciaron que no abrirán sus puertas. Las escuelas municipales suspendieron las clases. Los comercios mantendrán cerradas las puertas al público. Habrá asueto administrativo.

Según  el jefe de gabinete  Oscar González :  desde el Gobierno nacional no atienden sus llamados para solicitarles el envio de la gendarmería.

Siendo las 0:45 de este miércoles el Gobernador está arribando a la provincia.

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, calificó como “salvaje y sorpresivo” el paro de los maquinistas ferroviarios y dijo que mañana se presentará “una denuncia penal contra La Fraternidad y su titular, Omar Maturano”.

La denuncia será por la violación al articulo 194 del Código Penal que dispone sanciones para quien impida, entre otras cosas, el buen funcionamiento de los servicos de transporte terrestre.

El ministro remarcó una vez más que el paro se originó por la negativa de los maquinistas a que se coloquen cámaras en las cabinas de conducción de las formaciones, y rechazó la versión que difundieron desde La Fraternidad que indicaba que el paro era por demandas salariales.

“Repudiamos todos lo sucedido hoy en el servicio ferroviario”, sostuvo el funcionario quien manifestó -como ya había hecho al mediodía y a la tarde- que el paro sorpresivo de los maquinistas “se originó a propósito de la decisión que tomamos de colocar cámaras en las cabinas de los motorman”.

En ese sentido, explicó que la medida de fuerza no tiene que ver con el cobro del medio aguinaldo ya que “en los últimos 8 años han cobrado el cuarto día hábil del mes” y “hoy a las cero horas tendrán disponible medio aguinaldo, su salario, con su incremento con retroactivo a marzo y los viáticos”.

Además, contó que La Fraternidad ya había amenazado con convocar a un paro general cuando el gobierno impulsó la idea de poner cámaras en las cabinas de los maquinistas como una de las medidas para reforzar la seguridad de los pasajeros que viajan en tren.

“En el día de ayer, cuando la formación 11 del Sarmiento estaba a punto de salir a servicio, con la cámara instalada en la cabina, en el taller de Castelar no la dejaron salir y amenazaron con un paro”, informó Randazzo.

“Hoy cumplieron con esa medida en un paro salvaje, sorpresivo sin ningún tipo de motivos. Sólo el de impedir que sigamos avanzando en mejorar la seguridad de los pasajeros y también de los trabajadores”, señaló.

Sobre los destrozos ocurridos esta tarde en Constitución, Randazzo afirmó: “Hemos visto cómo grupos organizados, delincuentes, provocaron destrozos e impidieron que miles de argentinos molestos por la situación pudieran volver tranquilos a su casa”.

“Nadie que quiera volver tranquilo a su casa lo hace con bidones de nafta. Los incidentes fueron intencionales. No cabe ninguna duda”, agregó e informó que por los destrozos hubo “18 detenidos de los cuales 15 son mayores de edad”.

En la misma línea bramó: “Responsabilizamos por lo ocurrido al gremio de La Fraternidad y a su titular, Omar Maturano”.

Y concluyó: “No nos vamos a dejar extorsionar por nadie, sobre todo cuando está en juego la seguridad de muchísima gente que viaja en este servicio público”.

Telam

El suboficial de Gendarmería Raúl Maza, declaró para algunos medios que recibió, tanto él, como otros dos compañeros, en el edificio ‘Centinela’ un telegrama donde los pasaban a disponibilidad.

Maza fue uno de los principales voceros de esa fuerza que protestaron por  reclamo de mejoras salariales.

Anoche, los nuevos jefes de la Gendarmería y de la Prefectura, Enrique Zach y Luis Heiler, ‘intimaron a los agentes, mediante radiogramas, a reincorporarse a las unidades, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias’.

Ayer, se conoció el caso ocurrido en Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, en la que un estudiante había repudiado la muestra de Eva Perón y se analizaba sancionarlo.

El alumno que manifestó “asco” por una muestra itinerante de Evita no será sancionado por no haber firmado su comentario. 

 Según las autoridades de la escuela IPEM 168 “Diego de Rojas”, era porque no había firmado y parecía que representaba la opinión de sus pares.

El inspector zonal de Educación, Edgardo Carandino, se mantuvo una reunión entre las autoridades y la familia del alumno y anunció que se decidió no emitir sanciones.

“En ningún momento el alumno tuvo la intención de herir a ningún personaje histórico ni a la institución”, argumentó el funcionario en un comunicado.

“Las autoridades y los padres [se comprometieron] a mejorar sus expresiones”, dijo, y agregó: “las autoridades se comprometen a no sancionar al alumno, entendiendo que fue un error haber tachado la expresión del mismo en el libro de visitas de la muestra”.

“No fue intención del centro educativo generar sobre esta situación ningún hecho de censura, simplemente se quiso cuidar la imagen de la escuela ante la comunidad”, finalizó.