La Presidente de la Nación expuso recientemente su “Manual de instrucciones políticas para saqueos, violencia y desestabilización de gobiernos”.

Sobre el manual de destituyentes  Edgardo Moreno

De regreso a la Argentina, a poco más de un año de explayar en Cannes, Francia, ante el Grupo de los 20 países más poderosos del planeta, su tesis acerca de las disfunciones sociales del anarco-capitalismo, la Presidente de la Nación expuso recientemente su “Manual de instrucciones políticas para saqueos, violencia y desestabilización de gobiernos”. La cita es textual.

En una pieza oratoria extensa, que intentó seguramente subsidiar el silencio que mantuvo para las Navidades, los párrafos destinados a los trágicos saqueos ocurridos hace días en 40 ciudades del país pasarán a integrar un registro histórico de interés singular. No sólo porque una jefatura de Estado los ha propuesto, con el corazón en la mano según sus dichos, para una revisión de los hechos del pasado reciente; sino porque, además, provienen de una filiación política involucrada en ellos, por lo que pueden interpretarse como confesión de parte.

En continuidad con su propensión a denunciar cualquier laya ferrosa que conjure contra la estabilidad de las instituciones democráticas, la Presidente ha vuelto la mirada a su propio partido para responsabilizarlo de violencias conspirativas contra dos gobiernos elegidos por el voto, que no pudieron concluir su mandato. Desestabilizaciones exitosas que no fueron consecuentemente advertidas por la convicción democrática de la señora Kirchner, sino después de mediar décadas y de haberse beneficiado en silencio con los procesos políticos que subvinieron a esos hechos.

Sucesos sorpresivamente revelados ahora en las páginas de un Manual desconocido para los argentinos pero de inveterada circulación litúrgica en catacumbas de la política que la presidencia de la Nación admite conocer a pleno. Al parecer, ese plan de operaciones reservadas era –hasta estos últimos saqueos– un simple compendio de picardías. Porque los derrocados eran otros. Si el expresidente Fernando de la Rúa no hubiese obtenido en los mismos días su sobreseimiento por los hechos ocurridos al final de su gobierno, su defensa en juicio podría haber requerido la ampliación de la lista de testigos.

En el vértigo de las postrimerías del año, la contradicción evidente entre el discurso democrático de la Presidente y esta inesperada confesión muy probablemente pasará inadvertida. Los revisionistas históricos –ya se sabe– son cazadores de zoológico.

Sin embargo, hay otro desafío que la revelación del Manual vino a proponerle al oficialismo. En el mito fundacional del kirchnerismo, el estallido social contra el gobierno de la Alianza fue el momento del origen. Según ese relato, de aquel infierno en el que ardieron los fracasos del consenso oligárquico, desde el final de Héctor Cámpora hasta el nuevo siglo, emergió la redención del actual proyecto político. Entonces, los saqueos no eran vandálicos, sino la expresión cristalina de la cuestión social. Aunque trágicos y dolorosos, eran fragua de la historia, tantas veces aclamada por sus funciones obstétricas. De modo que los nuevos saqueos han puesto en cuestión, en el núcleo de la narrativa oficialista, nada menos que la cosmogonía.

Pudo observarse en estas horas: los profesores de Carta Abierta apresuraron sus vacaciones. Ninguna iluminación provino de los becarios del poder para explicar la conspiración de los plasmas, el nuevo emprendimiento destituyente.

Ante el vacío y la soledad, el Gobierno, naturalmente más próximo a la obra filosófica de Sergio Berni, atribuyó lo ocurrido a la enigmática y oscura marginalidad. Toda una innovación para quienes, además de patentar el Manual, inventaron el Vatayón Militante.

Sin embargo, era el expediente más cercano, en medio de otras urgencias: hasta Eugenio Zaffaroni les negó el per saltum. Mientras, se preparan las reservas para pagar a los fondos buitre. Los caranchos de cabotaje deberán seguir participando.

Después de todo, cualquier distracción es preferible para este funcionariado –que incluye saqueadores de alto vuelo como advirtió, abandonada, Felisa Miceli– antes que ponerse a trabajar para controlar la inflación.

Edgardo Moreno