Tres de Febrero.

El candidato a intendente de Tres de Febrero por Cambiemos, Diego Valenzuela, y el concejal y ex precandidato a intendente de UNA, Diego Achilli, se reunieron en Villa Bosch para conversar sobre el futuro del municipio e hicieron eje en dos cuestiones: la fiscalización y la gobernabilidad futura en el Concejo Deliberante.

"Conozco a Achilli hace años y sé de su vocación por construir una nueva manera de gestionar que ponga al municipio en una senda de desarrollo. Tenemos coincidencias y quiero que sumemos esfuerzos para lograr un cambio positivo en Tres de Febrero. Los ejes a trabajar juntos son cuidar el voto del vecino el 25 de octubre y llegar a acuerdos de gobernabilidad para diciembre", afirmó Valenzuela, quien en las PASO del 9 de agosto quedó a tan sólo un punto del actual intendente Hugo Curto.

Por su parte, Achilli, explicó: "Este es mi segundo mandato como concejal, y siempre he trabajado para que Tres de Febrero se convierta en un municipio en el cual todos los ciudadanos vivamos con una mejor calidad de vida. Estoy convencido de que estamos más cerca de lograrlo”.

Los puntos sobre los que conversaron fueron: la importancia de cuidar la transparencia del comicio del 25 de octubre, la necesidad de una alternancia a nivel municipal y de una política más cercana al vecino, abierta a la participación y dedicada a solucionar problemas. "Vamos trabajar por un Tres de febrero mejor, en la diversidad y más allá de las pertenencias partidarias. Nos une la voluntad de hacer y la idea de cambio", concluyó Valenzuela.

El Gobierno nacional estaría optando por aplicar la Ley Antiterrorista sobre los productores agropecuarios que no quieren liquidar granos de soja.

La ley caracteriza como terrorismo la manipulación de mercado o el ataque a la gobernabilidad.

La Casa Rosada presionaría de este modo a los productores para que permitan el ingreso de dólares, en un momento en donde hay tensión en el mercado cambiario.

La discusión gira en torno a u$s5.000 millones producto de la soja que, según el Gobierno, existe en silobolsas desde la cosecha pasada, pero el sector agropecuario lo niega.

 ”No vamos a vender soja desde marzo. Que se acumulen 100 barcos en el puerto y vamos a ver cómo le va a la economía”, dijo el presidente de Federación Agraria, Eduardo Buzzi, a mediados de febrero. Ello generó una fuerte interna en la Mesa de Enlace.

Fuentes del Gobierno dijeron que esperarán hasta abril para ver con qué ritmo arranca la liquidación de la actual cosecha, que tendrá su epicentro entre ese mes y junio.

La Ley Antiterrorista sancionada en 2011, para cumplir con la normativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el G-20, solo fue aplicada una sola vez, para congelar bienes de represores, acusados de delitos de lesa humanidad.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, aseguró que aplicar la Ley Antiterrorista a los productores agropecuarios sería un acto fascista.

“Es un absurdo que se pretenda intimidad a la producción con un delito penal. Es un acto fascista el que se pretende llevar adelante”, dijo el dirigente en declaraciones radiales.

Etchevehere consideró que “el Gobierno sabe que no existen US$ 5000 millones guardados en los campos”.

En la misma línea el dirigente Alfredo De Angeli sostuvo que si el Gobierno aplica la Ley Antiterrorista “e va a desatar un conflicto entre el campo y la Casa Rosada porque esto raya la democracia”.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, negó hoy la potencial aplicación de la ley antiterrorista sobre los sojeros para alcanzar la venta de la última cosecha de soja y así generar ingreso de dólares al país.

“Esas versiones no tienen ningún fundamento”, dijo Echegaray y añadió que “en un eventual caso hay otras herramientas legales vigentes, como lo es la ley penal tributaria”.

El diario El Cronista aseguró hoy que el texto de la ley anti terrorista “comenzó a circular por la Casa Rosada como alternativa para presionar al ruralismo a vender la soja”.

Ante la noticia, el titular de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere , calificó la medida como “un acto fascista” y Alfredo De Angeli dijo que esa idea está casi por fuera de la Democracia.

Retaceo de recursos federales que legítimamente corresponden a la Provincia .

El federalismo fiscal agoniza en cada provincia.

 Por Carlos Brown

La crítica situación financiera que deben afrontar las administraciones subnacionales, algunas al borde del default salarial, nos coloca ante la necesidad de abordar una discusión de fondo sobre nuestro federalismo fiscal . Hemos experimentado particularmente durante la última década una fuerte concentración de recursos en manos del poder central , que ha desfinanciado a las provincias y sus municipios, subvirtiendo nuestro sistema federal.

Debemos replantear la relación fiscal entre las diferentes jurisdicciones. Los recursos están. El problema no es cuánto se recauda, pues de hecho se recauda como nunca, sino cómo se distribuye lo recaudado , si el recurso llega efectivamente a quienes tienen la responsabilidad primaria de gasto y deben dar respuesta inmediata a las demandas de la ciudadanía.

Un caso emblemático se da con la Provincia de Buenos Aires, la jurisdicción en proporción más relegada en el reparto de recursos federales .

En efecto, del total recaudado por la Nación durante 2011, cerca del 40% en la propia PBA, el conjunto de las provincias recibió de manera directa y automática alrededor del 25%, de lo cual la PBA recibió tan sólo el 20%. Es decir, números redondos, por cada $8 de recaudación nacional generada en la PBA, ha vuelto directamente a ella ¡sólo $1! Mas allá de las consideraciones que puedan formularse respecto de la calidad de la gestión del gobernador Scioli, resulta innegable el retaceo de recursos federales que legítimamente corresponden a la Provincia .

Necesitamos por tanto establecer urgentemente una mayor correspondencia entre quien es titular del recurso y quien tiene la responsabilidad de gasto. De esta forma se materializa el auténtico federalismo.

Caso contrario resulta un concepto abstracto, un postulado constitucional anacrónico, vacío de todo contenido .

Sin lugar a dudas lograremos así mejores condiciones de gobernabilidad para nuestras provincias, contribuyendo en definitiva a brindar más y mejores soluciones al conjunto de los argentinos.