El proyecto, impulsado desde el oficialismo, contó con la adhesión de la mayor parte de los bloques.
En este sentido, la iniciativa busca “garantizar el acceso integral a los procedimientos y técnicas médico-asistenciales de Reproducción Médicamente Asistida”. La misma fue aprobada con 169 votos a favor, sin votos en contra, y con sólo 7 abstenciones de diputados del PRO.
La titular de la Comisión de Salud, la oficialista María Elena Chieno aseguró que “la sanción de esta ley repara una deuda social” y que “se encuadra en un país que aseguró el acceso a derechos sociales progresistas”.
La norma también establece que están obligados a prestar cobertura todos los servicios de salud del sector público, las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, cualquiera sea su figura jurídica.
Y agrega que no habrá “requisitos ni limitaciones debido a la orientación sexual o estado civil” de los beneficiarios.
“Quedan comprendidos en el PMO los servicios de guarda de gametos o tejidos reproductivos (…) para las personas -incluso menores de 18 años- que por problemas de salud o por tratamientos médicos o intervenciones quirúrgicas puedan ver comprometida su capacidad de procrear en el futuro”, según dice el artículo 8 de la norma.
La ley incluye procedimientos de fertilización tales como la inducción de ovulación, la estimulación ovárica controlada, el desencadenamiento de la ovulación, las Técnicas de Reproducción Asistida y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal con gametos del cónyuge, pareja conviviente o no de un donante.
A partir de la sanción de esta norma, esas técnicas quedarán incluidas en el PMO, así como los de diagnóstico, medicamentos, terapias de apoyo con los criterios y modalidades del la autoridad de Aplicación.
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