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lunes, 19 de septiembre de 2016

“Ganancias debe ser tratado e incluido en el Presupuesto 2017"

El diputado nacional del Frente Renovador Facundo Moyano aseguró hoy que el “Impuesto a las Ganancias debe ser tratado e incluido en el debate del Presupuesto 2017". En ese sentido señaló en declaraciones periodísticas que “esto va a estar subordinado en mi caso a que vote el presupuesto, que es la demanda que tenía el PRO al kirchnerismo cuando era oposición”.


“Teníamos alguna esperanza de que se pueda discutir una actualización automática, en mi caso he presentado innumerables proyectos de ley”, expresó Moyano al tiempo que sostuvo sobre el borrador del proyecto de ley que adelantaron desde el gobierno que prevé aumentos del 40% en las escalas más altas que “es bueno que aumente la progresividad” aunque “queda desactualizado” por “los aumentos nominales que hubo en los salarios”.

“No solamente hay pérdida de poder adquisitivo por perder la carrera contra la inflación sino que también se van a afectar un montón de trabajadores por el Impuesto a las Ganancias”, advirtió Facundo Moyano. Y detalló: “Habrá 2.300.000 de trabajadores tributando Ganancias y es más que cualquier período del kirchnerismo donde nunca tributaron más que 1.800.000 trabajadores”.

En ese sentido el diputado del interbloque UNA que lidera Sergio Massa explicó que “la necesidad fiscal que tiene el gobierno se podría cubrir afectando la rentabilidad de otros sectores, de hecho en 2012 Prat Gay presentó un proyecto donde planteaba gravar la renta especulativa y excluir a los jubilados”.

Nueva ley de semillas

La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó una nota al titular de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), Reinaldo Lavignolle, en la que expuso sus propuestas para la modificación de la ley 20.247.


En su misiva señalan "Como venimos sosteniendo públicamente desde hace mucho tiempo, creemos que tanto la innovación tecnológica como el mejoramiento genético de las semillas deben tener una justa retribución. Además, sabemos que es fundamental la presencia del Estado para generar el marco necesario para la competencia y así evitar los oligopolios y para que existan distintos oferentes que sostengan la diversidad genética. Desde la SRA resaltamos también la importancia que la nueva ley sea de orden público y de continuar adheridos a UPOV 78 (Convenio Internacional para la Protección de la Obtención de la Semilla)".

"Otro punto que creemos debe ser el eje central del sistema, es el uso de semilla propia o comprada debidamente registrada y fiscalizada. Sostenemos además, que se deben reforzar y adecuar los controles en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización de semillas, y para ello es fundamental fortalecer los organismos de control, con la única supervisión del Estado, representado en el INASE. Con este propósito, es necesario dotar a los organismos de los recursos necesarios para un control efectivo del mercado de semillas".

Más adelante expresan desde la Sociedad Rural: "Con relación al precio, éste deberá incluir todo el valor de los componentes contenidos en las mismas, como variedad y modificaciones genéticas, entre otros. En el momento de la compra se salda con el vendedor todo ese valor que incluye los derechos de propiedad intelectual, y en ese momento también se agotan los mismos sobre los granos o producción, que tienen como destino la elaboración de productos de cualquier naturaleza. Además, el uso propio gratuito debe mantenerse, y estar limitado a la cantidad de hectáreas por las que el agricultor (definido como el dueño de las sementeras), pagó en un principio por la semilla fiscalizada. Asimismo, la reserva de semilla que exceda el límite previsto para el uso propio gratuito estará permitida mediante el pago de un monto único por kilo de semilla reservada. El agricultor realizará los pagos correspondientes en el mismo lugar en el que compró la semilla y figure en la primera factura para que así se mantenga la relación contractual iniciada en la compra de la semilla fiscalizada".

Y finalizan expresando: "Como dijimos en múltiples ocasiones, creemos que la solución al reconocimiento de la propiedad intelectual de la biotecnología debe venir del fortalecimiento de los sistemas de control del comercio de semillas. Por eso, desde la SRA, presentamos nuestra opinión con los lineamientos básicos para la modificación de la ley de semillas, apostando siempre al diálogo entre los productores, las empresas semilleras y el Estado".

Construcción de la Paz, el Consenso y la Participación.

La Subsecretaria de Comunicación Institucional de la Legislatura de la Ciudad a cargo de Adriana Montes, junto con la Dirección Nacional de Mediación, dirigida por Raquel Munt organizaron en el Salón San Martín una conferencia en donde participó el académico e investigador Edy Kaufman quien habló sobre las "Herramientas para la construcción de paz: facilitación y generación de Consensos".

Adriana Montes destacó, “estas conferencias son de suma importancia en esta casa política y democrática donde todos los días se busca en consenso entre los legisladores de diferentes partidos. Estoy muy agradecida que el profesor Edy Kaufman haya venido a dar una charla tan importante, que nos ayuda a todos a la construcción de la paz no solo en Argentina sino que en todo el mundo”.

Por otra parte, la Vicepresidenta Primera de la Legislatura de la Ciudad, Carmen Polledo destacó en sus palabras de apertura, el gran valor que tiene la mediación y la participación en todos los ámbitos políticos, sociales y de la vida cotidiana. Asimismo, la Directora de Mediación, Raquel Munt sostuvo, que con estas charlas se logra promover un espacio de reflexión y análisis sobre el abordaje constructivo para prevenir y canalizar de modo positivo la dinámica conflictiva. Por último la legisladora de la ciudad, Cecilia de la Torredijo que la mejor forma de resolver conflictos de manera pacífica, es a través del diálogo entre las partes, donde el mediador como tercero encuentra las soluciones más beneficiosas.

"Rafecas debe rendirle cuentas a la sociedad por su desempeño en la justicia"

La Diputada Nacional, Carla Carrizo (UCR-Cambiemos), le respondió al Juez Rafecas al señalar que "debe rendirle cuentas a la sociedad por su desempeño en la justicia".

"Si la denuncia fuera infundada, el Consejo no le hubiera dado lugar y la habría rechazado. Rafecas debe rendirle cuentas a la sociedad por su desempeño en la justicia, expreso la Diputada".

Además, se refirió a la calificación de "temeraria" que hizo el Juez sobre la denuncia presentada por Carrizo y dijo "Temeraria es, en todo caso, la reacción de un juez que se defiende victimizándose ante la opinión pública y cuestionando el único mecanismo que tenemos los ciudadanos para controlar su desempeño que es la solicitud de juicio político ante el Consejo de la Magistratura", añadió.

"La cantidad de hojas de un expediente no dicen nada respecto a la voluntad de investigar. Más bien al contrario, suele ocurrir en estos casos, que se instruyen medidas inconducentes que desvían y demoran la investigación, simulando así un proceso probo y eficaz", dijo Carrizo.

"Debería saber que el juicio político no está dirigido a castigar a la persona sino a proteger a la sociedad. Por lo tanto, lo que se evalúa no son los procedimientos legales que implementó sino su idoneidad. Es decir, si su actuación genera confianza en la sociedad para seguir en el cargo. Eso es lo que está en juego" finalizó.
                      

Taxi BA.

La Legislatura porteña sancionó una ley que habilita una aplicación oficial denominada TAXI BA, que podrá ser utilizada para solicitar  de taxis mediante el uso de teléfonos móviles inteligentes (smartphones) y que permite el pago de las tarifas con tarjetas de crédito o débito.


La iniciativa fue un proyecto de la Jefatura de  de la Ciudad, que obtuvo despacho de la Comisión de Tránsito y Transporte, que preside el legislador Claudio Palmeyro (SP). Fue aprobada hoy por 51 votos y 4 abstenciones de los legisladores.

Los diputados del espacio de Lousteau acompañaron la aprobación del proyecto de creación de la aplicación Taxi BA , la propuesta del Gobierno porteño para competir contra Uber y Cabify, aunque marcaron fuertes críticas al respecto. "Taxi BA no es una solución, es un parche. Una ciudad moderna debe regular servicios como Uber y obligar a todos los taxis a aceptar pago con tarjetas".

Tras la sesión, la diputada por el frente que lidera Martín Lousteau, Natalia Fidel, indicó que "desde ECO acompañamos la implementación de Taxi BA, aun cuando tenemos muy poco entusiasmo con los resultados que puede dar, por la sola razón de que no podemos oponernos a una aplicación que podría contribuir a que el deficiente servicio público de taxis sea algo mejor de lo que es actualmente."

Fidel Presentó un proyecto para regular aplicaciones como Uber y obligar a que todos los taxis de la Ciudad acepten pagos con tarjetas de débito y crédito. En ese sentido opinó que "para modernizar el servicio de taxis no alcanza con una aplicación que van a usar de manera opcional los taxistas, ya que el taxi es un servicio público y, como tal, el Estado debe garantizar la calidad del servicio."Y cuestionó, "¿Acaso a las líneas de colectivo se les dio la opción de elegir si cobrar los viajes con SUBE o con dinero en efectivo? El Estado tiene que impulsar una modernización de verdad y eso no se logra solo crear una aplicación de uso optativo. Es poco serio."

La diputada, que además es especialista en innovación y aplicación de tecnologías a políticas públicas, cargó contra el proyecto de PRO al considerar que "para nosotros, esta iniciativa no es una respuesta a la altura de lo que debería hacer esta Legislatura frente al problema que tiene el servicio público de taxis de nuestra ciudad."

"Taxi BA no fue pensada con la finalidad de mejorar el servicio público de taxis sino, como otra de las desacertadas respuestas que se han venido improvisando desde que Uber y Cabify patearon el tablero y pusieron de manifiesto que nuestro servicio público de taxis es anticuado y deficiente” sentenció la Diputada de ECO. "Tenemos que exigir más y aportar nuevas ideas para mejorar el servicio público de taxis, que tiene muchas deficiencias que no se arreglan creando aplicaciones, ni prohibiendo otras sino, poniendo al ciudadano en el centro de la escena y pensando soluciones a largo plazo", remató.

domingo, 4 de septiembre de 2016

Ley para combatir la corrupción en la obra pública.

La diputada nacional Claudia Rucci presentó un proyecto de ley en el que propone un “Manual de Buenas Prácticas en la Contratación Pública”


Según sus fundamentos, la norma está planteada en el convencimiento de que “una de las formas más eficaces de combatir la corrupción es prevenirla y crear los mecanismos necesarios para evitarla”. Con ese propósito, el proyecto (4587-D-2016) establece un protocolo que indica cómo en el ámbito de la administración pública se deberá contratar, controlar y pagar a través del establecimiento de criterios uniformes y sistemáticos.

La norma establece una serie de principios “como la transparencia de la gestión pública, la igualdad de oportunidades de los oferentes y la eficiencia de la administración del país” en la adquisición de bienes, obras y servicios por parte del Estado Nacional, uno de los principales contratistas del país. Además, facilita los controles “de los organismos especialmente establecidos por ley para ello”, como la Auditoría General de la Nación, y establece un sistema de doble control en la celebración de contratos, con la creación de las figuras de inspectores y supervisores.

En su proyecto, la presidenta del bloque Unidos por una Nueva Argentina afirma que uno de los motivos que la impulsó a proponer una actualización de su proyecto de 2013 “es la crisis generada por los múltiples casos de corrupción en la obra pública realizada con aportes nacionales” que hace “necesario no sólo su investigación en sede judicial sino además pensar hacia el futuro un sistema eficaz en evitarla”, ya que “sólo modificando las causas que provoca un hecho delictual o cuanto menos inmoral, podrá existir un cambio duradero que nos evite sorpresas y estupores futuros”.

Buenos Aires busca su Autonomía plena.

La Ciudad de Buenos Aires hace 20 años que declaró su Autonomía. Constitución y división de poderes transformaron la vida de los porteños.

Autonomía porteña incompleta, porque restan incorporar atribuciones que el estado nacional incomprensiblemente no transfirió a la Ciudad. Áreas del ámbito de la Justicia, el manejo del Puerto y el juego entre lo que falta y el traspaso de la Policía Federal entre lo último que se está recibiendo de la Nación, lo que trae aparejado un complejo entramado entre las fuerzas de la Policías Metropolitana y la Federal.

En el marco de esta importante fecha, se realizaron distintas actividades: la Defensoría del Pueblo llamó a un concurso fotográfico llamado "Nuevos espacios con valor patrimonial de la Ciudad a 20 años de su autonomía", el Consejo de la Magistratura local organizó las jornadas “En Conmemoración de los 20 Años de la Sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” y la Legislatura porteña a través de la Dirección de General centro Documental de Información y Archivo Legislativo más conocida como CEDOM realizó una publicación digital. 

Cristian Martinez, director general del Cedom [foto] señala el por qué de la iniciativa: “Este hito en la historia institucional de la Ciudad, el CEDOM no podía no estar. Y lo hicimos con una publicación digital que contiene por un lado, una mirada del proceso histórico que va desde las bases fijadas en el Pacto de Olivos, la Reforma de la Constitución Nacional de 1994, las leyes nacionales 24.588 (Ley Cafiero) y la 24.620 (Ley Snopek); la elección a Jefe de Gobierno, el funcionamiento de la Convención Constituyentes y finalmente la aprobación de la Constitución de la Ciudad. Por otro lado la mirada de los que fueron y son representantes de los porteños en el Poder Legislativo, en cuanto al cumplimiento de la Constitución de la Ciudad en estos 20 años de autonomía. En síntesis un aporte dirigido a los ciudadanos de a pie para que se interpelen como sujetos de derechos en sus desarrollo en una comunidad organizada”

Para Martinez los temas de la Ciudad y su Autonomía pasan por: "por los que aún falta, y algunas cuestiones son una efectiva descentralización del poder ejecutivo en las comunas como también una Ley de Educación y otra de Financiamiento Educativo”.

Por último Cristian nos contó que Raúl Zaffaroni, Carmen Polledo, Francisco Quintana, Victoria Inés Roldan Méndez, Carlos Tomada, María Rosa Muiños, Roy Cortina, y Claudio Heredia participan en dicha publicación y también destacó el compromiso desempeñado por los trabajadores de esta Dirección en su labor diaria.
                          

#MujeresALaPolítica

En el contexto del debate por la reforma electoral, Amnistía Internacional Argentina y ELA lanzaron la campaña #MujeresALaPolítica para acompañar el reclamo de un grupo de diputadas y diputados de todo el arco político que exigen que el proyecto de ley incluya la paridad de género


Las organizaciones y personas que lanzan la convocatoria consideran que el pleno cumplimiento del derecho a la igualdad y no discriminación de las mujeres, reconocido en la Constitucional Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, exige que se den pasos decisivos para garantizar la paridad de género en el acceso a cargos públicos. El debate sobre la Reforma Electoral que se está llevando adelante en el Congreso Nacional constituye una oportunidad para avanzar en ese camino.

La integración mayoritariamente masculina de los organismos gubernamentales y la histórica exclusión de la mujeres de los espacios de decisión en los tres poderes del Estado, son una expresión de los patrones de desigualdad en los que está estructurada la sociedad, perpetuando de diversas maneras la dominación de uno de los géneros con el resultado de excluir del debate público valiosas voces y perspectivas. Es la diversidad de experiencias, trayectorias y procedencias la que contribuye a enriquecer el intercambio de ideas en los lugares de decisión, mejorando la calidad de la democracia.

El principio de igualdad y no discriminación obliga al Estado a promover la paridad en la conformación de espacios de poder político.

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, firmada en 1952 y ratificada por nuestro país en 1960, fue el primer instrumento internacional que reconoce el derecho de todas las mujeres a la participación política, contribuyendo a que el derecho de las mujeres al voto fuera universalizado.

A partir de la aprobación de esta Convención puede identificarse el comienzo de un sostenido compromiso por el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres en cuanto a su participación en la vida política “en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna” (artículo 3 de la Convención sobre Derechos Políticos de la Mujer).

Algunos años más tarde, con la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) ratificada por nuestro país en 1985 y con jerarquía constitucional desde 1994, los Estados se comprometieron expresamente a adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra las mujeres en todas las esferas, incluida la vida política y pública, y a garantizar en igualdad de condiciones el derecho a “participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.

A pesar de los importantes avances en las normas internacionales, regionales y nacionales, la situación de las mujeres en la política argentina nos muestra una realidad atravesada por la desigualdad.

En ámbito del Poder Legislativo, en 1991 la Ley 24.012 dispuso un cupo del 30% para la integración de las listas a cargos electivos nacionales, convirtiéndose en una medida pionera para mejorar el acceso de las mujeres a puestos de representación. Normas similares fueron adoptadas luego en las jurisdicciones provinciales, y fueron promovidas también en países de la región.

Sin embargo, a 25 años de su sanción, esta norma no sólo ha operado como un techo para la participación de las mujeres, sino que además aún es vulnerada por diferentes partidos políticos, alianzas y frentes electorales sin que la Justicia Electoral cumpla de un modo cabal y efectivo con la función que le corresponde para garantizar su observancia. En 2015, un 10% de las listas a nivel nacional no cumplieron con el cupo. Pero además, lo que hace un cuarto de siglo fue un avance hoy es considerada una meta obsoleta cuando países como España y Francia y muchos de la región (Costa Rica, México, Bolivia, Nicaragua y Honduras) han avanzado hacia la paridad.

En estas semanas, el Congreso Nacional está debatiendo el Proyecto de Ley de reforma de los procesos electorales que, a pesar de apelar a un principio de equidad, carece de toda referencia a la participación política de las mujeres con mecanismos que amplíen o garanticen su representación plena. Considerar la participación de más mujeres es un imperativo ineludible en una democracia madura que hoy requiere que los intereses de las mujeres y su participación se vean reflejados en el texto de la norma y en el propio debate parlamentario.

La igualdad entre la mujer y el varón no puede plantearse en términos performativos: una vez reconocida en el sistema legal exige para ser efectiva del diseño, implementación y monitoreo de mecanismos que garanticen que las voces de las mujeres sean parte de la toma de decisiones en los asuntos públicos.

Por eso, la plena garantía del principio de igualdad entre varones y mujeres requiere de medidas de acción positivas para promover la participación igualitaria de mujeres en roles de decisión. Las mujeres tienen derecho a participar en condiciones equitativas en todos los espacios de la vida política, ya no a partir del establecimiento de cupos sino en condiciones de plena paridad.

La paridad constituye una herramienta para asegurar el cumplimiento de los derechos políticos de las mujeres haciendo efectivo el principio de la igualdad, potenciando la autonomía en la toma de decisiones y colaborando en la desarticulación de estereotipos de género que han vulnerado históricamente los derechos de las mujeres.

La paridad no se plantea como una medida transitoria como era el caso de las cuotas sino como un principio rector de la democracia, que va más allá de la representación formal de varones y mujeres, y que aspira a una democratización de las relaciones entre los géneros. En definitiva, la implementación del principio de paridad contribuye a garantizar el principio de igualdad, promueve un debate más plural y diverso avanzando en la inclusión de la perspectiva de género en los asuntos públicos y garantiza la legitimidad democrática de los espacios de decisión. Por todo ello, exhortamos al Congreso Nacional a avanzar en la calidad de nuestras instituciones democráticas incorporando el principio de paridad en la Ley de Reforma Electoral, como un paso fundamental hacia la promoción efectiva de la paridad en el acceso a todos los cargos públicos.

#MujeresALaPolítica es una iniciativa de Amnistía Internacional Argentina y ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género).

Aprueban licencia por violencia de género en el estatuto docente

Se aprobó por unanimidad en la Comisión de Educación de la Legislatura porteña el proyecto de ley que propone incorporar al Estatuto del docente de la Ciudad en el Artículo 70 la licencia por violencia de género.


El titular de la Comisión de Educación, diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI), dijo al respecto: “Cumplimos con el objetivo y misión con respecto a este tema, que hoy logremos firmar este despacho por unanimidad las diferentes representaciones políticas no es un hecho menor sino muy importante, porque es una ley que venimos debatiendo hace más de un año y medio. Rescato esto y asumo el compromiso de trabajar con el resto de los legisladores y con el Ministerio de Educación para ver cómo seguir ayudando y mejorar el estatuto de los docentes”.

En ese sentido, uno de los autores, el Diputado, Juan Francisco Nosiglia (ECO), calificó la sanción de la ley como "un derecho fundamental para los docentes".

Por 57 votos a favor y ninguno en contra, se modifica el artículo 70 de Estatuto Docente, y se incorpora el inciso “Y”, con el objetivo de otorgar, a las víctimas de violencia de género, una licencia especial para todo el personal docente, titular, interino o suplente, de manera de proteger y defender la integridad de las personas.

La licencia deberá contar con la debida justificación emitida por los servicios de atención y asistencia a las víctimas. Y en un plazo de 72 hs, se deberá presentar la denuncia judicial correspondiente o la certificación emitida por los organismos estatales competentes.

"Se trata de un paso más para instrumentar políticas públicas que contribuyan a la ampliación de derechos. Y la licencia por violencia de género garantiza un derecho fundamental para nuestros docentes", señaló el Legislador.

"Sin embargo, persiste el desafío de crear un sistema de protección más amplio para las víctimas de violencia de género. Consideramos necesario incorporar la figura de reubicación transitoria que le garantice al personal titular, interino y suplente que pueda ser reubicado a su solicitud y consentimiento en carácter transitorio en otro espacio institucional para que el agente continúe con su actividad laboral", añadió el dirigente radical durante la sesión.

"Hoy reiteramos nuestro compromiso con los docentes, actores centrales de la sociedad y del sistema de educación pública de la Ciudad, y celebramos ampliar sus derechos", finalizó Nosiglia.

El legislador porteño por el Frente de Izquierda, Patricio del Corro, se refirió a la aprobación en la Comisión de Educación del proyecto, Del Corro afirmó: “Es un avance importante producto de la lucha de las y los docentes, de la campaña en las escuelas y en los sindicatos, de los padres, de las familias, de quienes sostienen la educación pública todos los días”. Y agregó que “es progresivo haber conquistado que no haga falta una denuncia policial o la intervención del poder judicial para tramitar la licencia, como pretendía el PRO. Sabemos cómo son tratadas las mujeres cuando son víctimas de violencia. El reciente caso de la joven tucumana Belén, demuestra que estuvo presa más de dos años por una denuncia policial y la actuación del poder judicial.”

El diputado del Frente de Izquierda añadió: “A su vez, no podemos dejar de señalar algunos límites del proyecto como la necesidad de reubicación de la docente en cualquier otro lugar o jurisdicción del país, sin perder la continuidad laboral. Vemos casos en los que quien ejerce la violencia contra la mujer va a buscarla al lugar de trabajo o a la casa, que llega en los casos más extremos al femicidio. Por eso desde el Frente de Izquierda hemos sometido este punto a debate y nos parece que hay que revisarlo, para que la trabajadora tenga derecho a reubicarse donde crea que esté segura”.

Para finalizar, Del Corro afirmó: “El proyecto tampoco incluye a las docentes con modalidad de contratación precaria, como las trabajadoras del Plan FINES. Venimos peleando por unPlan Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres con el proyecto que hemos presentado desde el Frente de Izquierda en la Legislatura. Se acaba de votar un paso adelante con el proyecto de ley de licencia, pero este derecho tendría que ser para todas las trabajadoras, tanto de la Ciudad como de la Nación así como del ámbito privado. Empezamos a marcar un camino, hay que llevar la campaña a otros sectores.”

Mesa Intersectorial Provincial de Género.

Con la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Santiago Canton, y la Presidenta del Consejo Provincial de las Mujeres, Daniela Reich tuvo lugar la convocatoria de la Mesa Intersectorial Provincial de Género, que se llevó a cabo en el Salón de Usos múltiples de Casa de Gobierno.

El objetivo de la convocatoria es favorecer la articulación, entre los diferentes sectores involucrados en la toma de decisiones en la Provincia, para impulsar en forma mancomunada políticas de abordaje, prevención y asistencia a las mujeres en situación de violencia de género, así como también en la promoción del enfoque de género como política de Estado .

“Este equipo -sostuvo Canton- demuestra el compromiso con que la provincia se planta ante ésta problemática”. Daniela Reich por su parte, detalló las diferentes acciones que desde la Subsecretaria de Género y Diversidad Sexual se viene llevando adelante con los diferentes organismos de la provincia, Nación y municipios.

Las directoras provinciales, Inés García, Abordaje Integral a las víctimas de la violencia de Género, y Victoria Vaccaro, Género y Diversidad Sexual, a su vez ofrecieron un panorama de las acciones que llevan adelante y dónde es necesario concentrarse para multiplicar los resultados positivos. También Diego Cao, director de Investigación y Registro Estadístico, detalló los avances en el Registro único de casos de mujeres víctimas de violencia (RUC), en tanto que Pamela Leclerc, directora para Abordaje Integral y Asistencia Técnica, enumeró las distintas líneas de acción que se están llevando adelante y el avance con las Mesas locales.

Participaron de la Mesa, referentes de los Ministerios de Salud, Seguridad, Gobierno, Justicia, Desarrollo Social, Trabajo, Coordinación y Gestión Pública, Infraestructura, Planificación, Obras y Servicios Públicos; de la Dirección General de Educación y Cultura; de la Secretaria General, de la de Medios, de Derechos Humanos. También miembros de Asesoría General de Gobierno, de Procuración, de la Corte Suprema y de la Legislatura provincial. Inclusive, participaron, en carácter de invitadas, autoridades del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
                     

Premios Nobel de la Paz.

El vicejefe de Gobierno porteño y presidente de la Legislatura, Diego Santilli, inauguró en el salón Eva Perón de la Legislatura porteña, la conferencia sobre discriminación, igualdad y oportunidades en el marco de la Cuarta Reunión Extraordinaria de la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD), que preside Argentina. Además, fueron declaradas Huésped de Honor de la Ciudad, Rigoberta Menchú Tum y Shirin Ebadi, Premios Nobel de la Paz

Del acto, participaron también, la vicepresidente primera de la Legislatura Carmen Polledo, el titular del Inadi, Javier Buján, el jefe de Gabinete del GCBA, Felipe Miguel y la subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del GCBA, Pamela Malewicz, entre otros funcionarios y legisladores de la ciudad.

“Es un honor y un orgullo recibir en Buenos Aires a estas mujeres que lograron el Nobel de la Paz y que han venido a compartir con nosotros sus experiencias y conocimiento. Congresos como éste nos ayudan a buscar la manera de vivir mejor”, destacó Santilli.

Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz en el año 1992, es una activista por los derechos humanos de Guatemala, que recorrió el mundo con su campaña pacífica, denunciando las violaciones del régimen guatemalteco a los campesinos indígenas, entre 1962 y 1996. Por su parte, Shirin Ebadi, es una abogada iraní y activista por los derechos humanos, primera mujer musulmana en recibir el Premio Nobel de la Paz, en el 2003, por su “esfuerzo por la democracia y derechos humanos, y en especial, su lucha por los derechos de las mujeres y los niños”.

“La ciudad es una sola, por eso trabajamos para incentivar la integración y la convivencia en la diversidad. Crecer a partir de ese intercambio es algo a lo que no debemos renunciar. Ejemplos como el de ellas, son el camino que debemos seguir”, enfatizó el vicejefe de Gobierno.