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lunes, 19 de septiembre de 2016

Nueva ley de semillas

La Sociedad Rural Argentina (SRA) presentó una nota al titular de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), Reinaldo Lavignolle, en la que expuso sus propuestas para la modificación de la ley 20.247.


En su misiva señalan "Como venimos sosteniendo públicamente desde hace mucho tiempo, creemos que tanto la innovación tecnológica como el mejoramiento genético de las semillas deben tener una justa retribución. Además, sabemos que es fundamental la presencia del Estado para generar el marco necesario para la competencia y así evitar los oligopolios y para que existan distintos oferentes que sostengan la diversidad genética. Desde la SRA resaltamos también la importancia que la nueva ley sea de orden público y de continuar adheridos a UPOV 78 (Convenio Internacional para la Protección de la Obtención de la Semilla)".

"Otro punto que creemos debe ser el eje central del sistema, es el uso de semilla propia o comprada debidamente registrada y fiscalizada. Sostenemos además, que se deben reforzar y adecuar los controles en todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización de semillas, y para ello es fundamental fortalecer los organismos de control, con la única supervisión del Estado, representado en el INASE. Con este propósito, es necesario dotar a los organismos de los recursos necesarios para un control efectivo del mercado de semillas".

Más adelante expresan desde la Sociedad Rural: "Con relación al precio, éste deberá incluir todo el valor de los componentes contenidos en las mismas, como variedad y modificaciones genéticas, entre otros. En el momento de la compra se salda con el vendedor todo ese valor que incluye los derechos de propiedad intelectual, y en ese momento también se agotan los mismos sobre los granos o producción, que tienen como destino la elaboración de productos de cualquier naturaleza. Además, el uso propio gratuito debe mantenerse, y estar limitado a la cantidad de hectáreas por las que el agricultor (definido como el dueño de las sementeras), pagó en un principio por la semilla fiscalizada. Asimismo, la reserva de semilla que exceda el límite previsto para el uso propio gratuito estará permitida mediante el pago de un monto único por kilo de semilla reservada. El agricultor realizará los pagos correspondientes en el mismo lugar en el que compró la semilla y figure en la primera factura para que así se mantenga la relación contractual iniciada en la compra de la semilla fiscalizada".

Y finalizan expresando: "Como dijimos en múltiples ocasiones, creemos que la solución al reconocimiento de la propiedad intelectual de la biotecnología debe venir del fortalecimiento de los sistemas de control del comercio de semillas. Por eso, desde la SRA, presentamos nuestra opinión con los lineamientos básicos para la modificación de la ley de semillas, apostando siempre al diálogo entre los productores, las empresas semilleras y el Estado".

viernes, 1 de abril de 2016

Reforma Política en la Legislatura.

La Comisión Especial de Reforma Política de la Legislatura celebró este martes su reunión constitutiva y comenzó a funcionar oficialmente tras haber sido creada en la sesión del pasado 10 de marzo. Así, legisladores del PRO, el FPV, la Coalición Cívica y Suma+ estudiarán en profundidad la organización, el funcionamiento y el financiamiento de los procesos y las estructuras políticas de la Ciudad con el fin de generar propuestas consensuadas que sirvan para fortalecer y modernizar las instituciones y el sistema democrático.

Con ese objetivo, la Comisión realizará reuniones quincenales donde los diputados y sus asesores trabajarán en la redacción de proyectos de ley y otras iniciativas para que sean posteriormente discutidas por el cuerpo en su totalidad. Además organizarán charlas, conferencias y otros espacios de intercambio de experiencias sobre gobierno abierto, acceso a la información pública, aplicación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la política y la gestión pública y todos aquellos temas que permitan trabajar los dos ejes de la Comisión: la reforma política y electoral y la transparencia.

La Comisión de Reforma Política estará presidida por la diputada Natalia Fidel (Suma+ ECO) [foto], en tanto que el diputado Alejandro García (PRO) será el Vicepresidente y el abogado Guillermo Chas ocupará el cargo de director. Los vocales de la comisión serán los diputados Carlos Tomada (FPV), Paula Oliveto Lago(CC), Francisco Quintana, Claudio Niño y José Luis Acevedo (PRO).

Durante el transcurso de la reunión la diputada Fidel remarcó que: "a 20 años de la sanción de la Constitución de la Ciudad, es una buena noticia tanto que la Legislatura haya decidido discutir la necesidad de una reforma política para fortalecer las instituciones porteñas como así también que se abra un espacio para impulsar políticas de transparencia, lo cual nos permite pensar en medidas concretas para mejorar la Ley 104 de Acceso a la Información Pública y para llevar a la práctica muchos de los principios contenidos en la Declaración de Transparencia Legislativa a la cual adhirió la Legislatura Porteña en 2013".
                        

lunes, 13 de abril de 2015

Candidato a la Corte Suprema, Roberto Carlés.

El 31 de marzo pasado se llevó a cabo la audiencia pública en la Comisión de Acuerdos del Senado por la cual se trató el pliego del candidato a la Corte Suprema, Roberto Carlés.

En ese contexto y durante casi seis horas, el candidato respondió más de cien preguntas formuladas por la sociedad civil y por el Senado. Las mismas versaron sobre diversos temas como derechos humanos, derecho constitucional, derecho civil, derecho penal, cuestiones institucionales, cuestiones relacionas con sus antecedentes académicos y profesionales, entre otras.

La ADC (Asociación por los Derechos Civiles) considera que es necesario poner de manifiesto la falta de solidez de las respuestas brindadas por el candidato. El resultado de la audiencia pública puso de relieve la inexperiencia de Roberto Carlés para acceder al cargo de juez de la Corte Suprema. A continuación se brindan algunos ejemplos de los puntos débiles de sus respuestas.

Al ser consultado sobre el derecho a la información pública de empresas en las que el Estado Nacional tiene mayoría accionaria o realiza aportes del Tesoro, el candidato manifestó no recordar los detalles de la jurisprudencia de la Corte Suprema. De este modo, desconoce el fallo ADC c. PAMI, por el cual el máximo tribunal reconoció por primera vez el derecho de toda la ciudadanía a acceder a la información pública y consideró como sujetos obligados no solo a los órganos públicos estatales, sino también empresas del Estado e instituciones privadas que actúan con capacidad estatal. Asimismo, no brindó respuestas claras respecto a la necesidad de reglamentación del acceso a la información pública en el ámbito de la Corte Suprema.

En relación a la regulación del aborto, Roberto Carles señaló que “nuestro derecho positivo establece que la vida comienza en el momento de la concepción y que es obligación del Estado proteger a la persona por nacer desde ese momento; desde el momento en que el derecho positivo le brinda protección”. Sin embargo, ninguno de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado argentino establece un momento específico para el inicio de la protección del derecho a la vida. Sólo el artículo 4.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) protege la vida “en general, desde el momento de la concepción”. Al interpretar esta disposición en el caso “Artavia Murillo”, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejó en claro que “no es procedente otorgar el estatus de persona al embrión” y que “la protección del derecho a la vida con arreglo [al artículo 4.1 de la CADH] no es absoluta, sino es gradual e incremental”. En el mismo sentido, la Comisión Interamericana en el conocido caso “BabyBoy” señaló que la frase “en general” dejaba abierta la posibilidad de que los Estados incluyeran en su legislación nacional “los casos más diversos de aborto”.

Asimismo, el candidato consideró que: “El delito de aborto forma parte de la política criminal del Estado argentino…La Corte no tiene nada que decir respecto de la constitucionalidad de la política criminal a no ser que esta política criminal…sea violatoria del bloque de constitucionalidad” . Más adelante, reconoció la importancia del fallo de “F., A. L.” de la Corte Suprema sobre aborto no punible y sostuvo que “lo que quede por hacer al respecto está en manos de los otros dos poderes públicos” . Es preciso recordar que existen varios compromisos del derecho internacional de los derechos humanos que sugieren que no se debe usar el derecho penal para criminalizar decisiones sobre los propios cuerpos. Entonces, el desconocimiento de estos compromisos genera responsabilidad internacional por parte de los tres poderes del Estado, incluida la propia Corte Suprema.

viernes, 13 de febrero de 2015

El pacto con Irán.

La transferencia de tecnología nuclear argentina, a través de Venezuela, le habría permitido a Irán sortear el bloqueo al que lo han tenido sometido las potencias

Muchos creen --y el extinto fiscal Aberto Nisman lo refrendó en su acusación contra la Presidenta y el canciller-- que la "comisión de la verdad", convenida en 2013 por la Argentina e Irán, escondía un acuerdo para intercambiar petróleo por cereales. No es lógico. Para que un país venda lo que tiene y compre lo que necesita, no hace falta un "memorandum de entendimiento" como el que se firmó. Además, ni nosotros estábamos desesperados por petróleo ni Irán por cereales.

A la Argentina no le hacía falta, para completar su producción, grandes cantidades crudo; y las que necesitaba podía comprárselas a cualquiera. Por otra parte, el Ministro de Producción, Julio de Vido, ha explicado que "la Argentina nunca importó petróleo iraní porque tiene 1,3 por ciento de azufre, lo cual impide su refinación aquí, donde no son tolerables niveles superiores a 0,2 por ciento".

Irán, a su vez, sabía (como todo el mundo) que la Argentina ya no era hoy ni la sombra del "granero del mundo". Hay doce países que producen más trigo que nosotros, y seis que exportan más. Ucrania produce el doble. Pakistán también. Peor aun: hasta el propio Irán produce más trigo que la Argentina. Y para comprar un suplemento tiene un supermercado global. Puede comprar hasta trigo norteamericano, y de hecho lo hace, porque las sanciones no comprenden, por razones "humanitarias" la provisión de alimentos.

El gobierno de la señora de Kirchner, sin necesidad de memorandum alguno, había triplicado las exportaciones por todo concepto a Irán, pasando de 319 millones de dólares en 2007 a 1.080 millones en 2011. Y eso mientras el gobierno argentino culpaba a funcionarios iraníes por el atentado contra la AMIA y exigía su extradición a la Argentina, como lo hicieron ante la asamblea de las Naciones Unidas el Presidente Néstor Kirchner en 2007 y su esposa en 2008, 2009 y 2010.

El memorandum argentino-iraní de 2013 sólo puede obedecer a dos razones: 1. El gobierno argentino creyó, genuinamente, que una "comisión de la verdad" ayudaría a esclarecer el crimen de la AMIA. 2. Hubo un interés oculto que nada tenía que ver con el petróleo ni con los cereales.

¿Qué pudo querer Irán?

Las potencias estaba empeñadas en frenar el desarrollo atómico iraní, y hacían lo imposible para que Irán no recibiera material nuclear o know how. La Argentina, ha hecho un avance notable en materia nuclear: tiene tres centrales atómicas: Atucha (1974), Embalse (1983) y Atucha 2 (2011), diseñó su propio reactor de potencia y ha exportado (a Australia, Argelia, Egipto y Perú) reactores para la fabricación de radioisótopos.

La presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes norteamericana, Ileana Ros-Lehtinen, dijo en julio de 2011 que el presidente venezolano Hugo Chávez "habría intercedido ante la Argentina a favor de Irán para la obtención por medio de Venezuela de tecnología nuclear argentina".

La denuncia no fue avalada Departamento de Estado, para el cual no había "evidencias" de que se hubiese formado un triángulo Irán-Venezuela- Argentina para ayudar a Irán en el desarrollo de su programa nuclear.

Sin embargo, el 27 de ese mes, el instituto Gatestone "un organismo especializado en política internacional" afirmó: "Hay razones para creer que, con la ayuda de Venezuela, la Argentina está cooperando con Irán en asuntos nucleares, como parte de un acuerdo que incluye la disposición de la Argentina a retirar las acusaciones por los atentados de 1994 en Buenos Aires, a cambio de negocios". Esa fue la primera vez que se habló de un acuerdo argentino-iraní que incluyera el caso AMIA.

Hubo luego indicios de un acercamiento entre ambos países. El 2 de octubre de 2012, FARS News Agency, la agencia de noticias iraní, informó que, en la Conferencia Ministerial de Seguridad Nuclear, el canciller Héctor Timerman había "defendido el programa nuclear de Irán, uniéndose a Venezuela en una muestra de apoyo al gobierno de Irán". Era la interpretación exagerada de un párrafo que, de todos modos, resultaba sugestivo: Timerman había enfatizado que la Argentina apoyaba y participaba "activamente" en la "lucha contra el terrorismo nuclear", a lo cual añadió que esa lucha no debía convertirse en "un medio indirecto de limitar los derechos a la autonomía tecnológica y el uso pacífico de la energía nuclear". Irán ha sostenido siempre que sólo quiere radiosótopos para desarrollar la medicina nuclear, no para fabricar bombas atómicas.

El memorandum de 2013 produjo sorpresa e irritación en la Argentina. En 2010 la Presidenta había anunciado en Naciones Unidas su decisión de proponer a Irán que el caso AMIA fuera dirimido en "un tercer país", con la participación de "delegados de las Naciones Unidas" y "observadores internacionales". El memorandum estableció, en cambio, que el caso sería analizado en Teherán, por una comisión que al término de sus deliberaciones haría simple "recomendaciones" a cada país. Para interrogar a los iraníes acusados, los jueces argentinos debían trasladarse a Irán.

En una de las cláusulas se establecía que el memorándum debía ser remitido por ambos cancilleres a Interpol. Timerman sostiene "y un ex jefe de Interpol ha confirmado" que la Argentina no pidió el levantamiento de las "alertas rojas" que pesaban sobre los sospechosos. En realidad, no hace falta: la "alerta roja" no es más que una comunicación a todo el mundo de que ciertas personas son buscadas por determinado país. Los países donde se los encuentre no tienen obligación de detenerlos. Mucho menos si el que busca y los buscados han entrado en negociaciones. Timerman jura que "el único compromiso" del gobierno argentino era "con los familiares de las víctimas", en busca de "hallar en la verdad y obtener de la justicia la reparación debida". Los familiares de las víctimas, no creyeron que la verdad fuera a surgir de la comisión argentino-iraní. Nunca se analizó seriamente la hipótesis sobre un acuerdo nuclear subrepticio.

Sin embargo, en 2013 la propia Presidenta subrayó ante la Asamblea de Naciones Unidas, a propósito de nada: "Por lo demás, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, negociarán a partir del 26 de febrero un Acuerdo Nuclear con la República de Irán". Se refería al inicio de las negociaciones, aún en marcha, para resolver el conflicto. Ese mismo año Irán concedió una pequeña reducción de su plan nuclear a cambio de un relajamiento de las sanciones. No es seguro, ni tampoco improbable, que la perspectiva de un acuerdo con las potencia hubiera debilitado el interés de Irán en hacer burlarse de la sanciones impuestas por esas potencias.

Eso, y la fuerte reacción de la sociedad argentina --que de hecho bloqueó la constitución de la "comisión de la verdad"-- explicaría que Irán haya desistido del acuerdo, negándose a ratificarlo.

Lo que nunca quedó claro fue qué ventajas habría logrado de la Argentina si el pacto hubiese prosperado. Para Irán, obtener tecnología nuclear, pasar a ser la sede del debate sobre el caso AMIA (sin obligación de acatar los resultados), y tener a sus acusados deambulando libremente por el mundo, eran todos beneficios tan desproporcionados que, sin duda, debió haber ofrecido a cambio algo difícil de imaginar.

Es muy poco verosímil que se fuera a pasar, como no faltó quien sospechara, dinero por debajo de la mesa. No al menos el precio de todo cuanto habría concedido la Argentina: una cantidad de dinero tan desorbitante que no habría pasado debajo de ninguna mesa. Pero es también inverosímil que el gobierno creyera, realmente, que el caso AMIA iba a esclarecerse en Teherán.

La Argentina no habría sido favorecida en el caso de implementarse el acuerdo. Tampoco lo ha sido tras el fracaso.

El país y el propio gobierno lo están comprobando. La desaparición del fiscal Nisman "por suicidio o por homicidio" fue un sismo que estremeció las instituciones y tendrá secuelas.

Por Rodolfo Terragno

domingo, 25 de enero de 2015

Macro Securities y Banco Macro, suspendidos.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso la suspensión preventiva de los agentes Macro Securities y Banco Macro, por falta de control de lavado de dinero y no podrá operar ni en bonos ni en acciones, confirmó hoy el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

El Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) suspendió preventivamente como agentes al Banco Macro y a Macro Securities, por falta de control de lavado de dinero y no podrá operar ni en bonos ni en acciones.

A través de dos comunicaciones la CNV informó, en primer lugar, que “por resolución N° 17.586 ha resuelto suspender preventivamente a Banco Macro S.A. como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral, en orden a lo dispuesto por el artículo 51 de la ley N° 26.831”.

Consigna que “Banco Macro S.A. rechaza y niega los incumplimientos que fundan dicha suspensión y hace saber que solicitará el inmediato levantamiento de la medida por las vías que correspondan”. En la segunda nota informa que mediante la resolución N° 17.585 “ha resuelto suspender preventivamente a Macro Securities S.A. como Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación – Integral, en orden a lo dispuesto por el artículo 51 de la ley N° 26.831”.

Agrega que “Macro Securities S.A. rechaza y niega los incumplimientos que fundan dicha suspensión y hace saber que solicitará el inmediato levantamiento de la medida por las vías que correspondan”.

domingo, 27 de julio de 2014

Interpelación a Gils Carbó.

política

El Bloque Unión Pro presentó un proyecto con el objetivo de conformar la Comisión Bicameral del Ministerio Público, y solicitó a su vez la inmediata concurrencia al Congreso de la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó.

Los Diputados Nacionales que presentaron dicho proyecto son Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Pablo Tonelli, Eduardo Cáceres, Sergio Bergman, Laura Alonso, Cornelia Schmidt Liermann, y Guillermo Durand Cornejo, todos integrantes del Bloque Unión Pro.

El presente pedido tiene como objeto cumplir con una obligación que el Congreso ha asumido en la Ley 24.946 sancionada hace ya más de 16 años; sin embargo al día de la fecha el Congreso no ha cumplido con una obligación legal que se autoimpuso.

Esta obligación legal no es otra más que la Constitución dela Comisión Bicameral Permanente del Ministerio Público, órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República y el cual fue creado por el artículo 120 de la Constitución Nacional, Ley Suprema de la Nación.

Él proyecto presentado tiene como finalidad cumplir con el cometido al que este Congreso se obligó con la sanción de la Ley 24.946, proponiendo una composición de esta comisión bicameral pendiente de la forma mas representativa y democrática posible, con miembros de los cuatro bloques principales de cada una de las cámaras.

El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera vital en el desarrollo de las instituciones democráticas de nuestra Nación.

El funcionamiento de dicho Ministerio en estos últimos tiempos ha demostrado que el control que le corresponde al Congreso de la Nación sobre el mismo es absolutamente imprescindible y no puede sufrir más postergaciones; es una de las facultades indelegables del Poder Legislativo la función de contralor de las demás instituciones de la República. Es por eso que en este proyecto se recepta a su vez la posibilidad de que la Comisión Bicameral pueda recepcionar denuncias o reclamos de los funcionarios del Ministerio Público que pudiesen sufrir persecución, hostigamiento por sus investigaciones, resoluciones o por el desarrollo de su labor; a fin de evitar abusos de poder de funcionarios con inmunidades funcionales prescriptas por Ley.

La Diputada Nacional y titular de la Comisión de Legislación Penal, Patricia Bullrich justificando la presentación del proyecto declaró que: “Para que el Ministerio Público sea controlado, solicitamos la urgente conformación de la Comisión Bicameral, y la inminente concurrencia de la Procuradora General de la Nación Dra. Alejandra Gils Carbó, para que informe acerca de sus persecuciones”.

martes, 18 de marzo de 2014

El diputado nacional y vicepresidente del bloque radical, Miguel Bazze (UCR Buenos Aires) aseguró que “ahora el gobierno provincial plantea que no cuenta con la cantidad de policía necesaria y el ministro Granados afirma que tiene 40 mil efectivos en la calle, prácticamente la misma cantidad que tenía hace 10 años, pero lo que no dice es que en ese tiempo la planta de personal provincial aumentó más del 50 por ciento”.

política

“Está claro que si no tenemos cantidad suficiente de policías y de personal para hospitales -entre otros servicios básicos- es porque el gobierno utiliza los nombramientos para dar respuesta a sus propias conveniencias políticas en lugar de preocuparse por las necesidades y demandas de la población”, explicó el diputado miembro de la Comisión de Seguridad de la HCDN, quien agregó que “esta es una de las razones por las que el gasto oficial es tan poco eficiente, porque el oficialismo prioriza sus necesidades políticas por sobre los intereses de la sociedad”.

Para Bazze “lamentablemente la falta de responsabilidad en la administración de los recursos que caracteriza al gobierno provincial hace que los presupuestos sean cada año más difíciles de sostener y los problemas se agraven en lugar de resolverse”. “El gobierno provincial también tiene que asumir su responsabilidad, al igual que la Nación, ya que no puede seguir hablando y comentando los problemas como si no tuviera nada que ver, tiene que dejar de hacerse el distraído y ponerse a trabajar en serio”, finalizó.

viernes, 3 de mayo de 2013

No estoy proponiendo un proyecto agroexportador tradicional.


Por Arturo Navarro (*)
La semana pasada ocurrió un hecho inusual y al mismo tiempo esperanzador: gran parte de los dirigentes políticos de la oposición acompañó el lanzamiento del partido FE, encabezado por el Secretario General de UATRE Gerónimo “Momo” Venegas. Estuvieron presentes, entre otros, Roberto Lavagna, Mauricio Macri, José Manuel de la Sota, Francisco de Narváez y Hugo Moyano.
Nuevamente alguien que viene del sector agropecuario toma la iniciativa. Pero no alcanza con ganar en las elecciones de octubre, hay que construir una propuesta superadora para poder gestionar los cambios que demanda el país.
Repito: hay que salir de la coyuntura electoral. Se trata de un compromiso entre todos los sectores y la dirigencia política para revertir definitivamente la actual decadencia, con un proyecto planificado de crecimiento y de desarrollo a largo plazo, en función de valores, objetivos económicos generales y objetivos sectoriales de política agropecuaria y agroindustrial a ser respetados por todos.
No estoy proponiendo un proyecto agroexportador tradicional. Estoy promoviendo que el país se convierta rápidamente en un gran exportador de alimentos a las góndolas del mundo, para abastecer una creciente demanda. La agroindustria es la industria genuina más importante y competitiva del país y es, fundamentalmente, el mejor instrumento para un desarrollo equitativo en términos geopolíticos.
Al terminar el 2012 en un trabajo realizado por CREA por encargo de la Comisión de Enlace, se demostró que el sector agropecuario –solamente- invirtió en el ciclo 2011-2012 un importe de 236.317 millones de pesos, representando un 27%, que fue el aumento de la inflación,( campaña anterior 185.715 millones). La pregunta que dejo el trabajo: ¿Cuánto más podría haber sido la inversión, producción y exportación si el gobierno acompañara al sector?
La respuesta a esta pregunta puede leerse en el trabajo “La demanda mundial de alimentos 2010-2020” de Juan José Llach, preparado para la Fundación Producir Conservando. En el estudio se sostiene –con razón- que por restricciones cuantitativas, proteccionismos discrecional y costo de oportunidad, el sector agropecuario y agroindustrial dejo de percibir en los últimos diez años más de 20.000 millones de dólares de producción y 15.000 de exportaciones, cifras que hubieran representado al país no tener que soportar el cepo cambiario.
¿El ejemplo a imitar? El de los emprendedores que motorizan diferentes cluster regionales en todo el país. Ellos logran integrar eficientemente las producciones y rompen la dinámica de la expulsión territorial de los trabajadores. Relativizan el costo del flete transformando la materia prima en origen y agregando valor a lo transportado. Éste es el ejemplo a imitar y a generalizar en el país. Se trata de poner al complejo agroindustrial, en igualdad de condiciones con los otros sectores de la economía. Y de integrarlo en un proyecto nacional basado en valores fundamentales y con objetivos, al mismo tiempo, generales y sectoriales.
Cabe destacar que los objetivos sectoriales deben ser coherentes con los valores y objetivos generales. De esta manera se consigue que el interés particular de los actores económicos sectoriales vaya en línea con los intereses generales de la Nación y que las políticas se sostengan en el largo plazo, lo que las transforma en políticas de Estado. En líneas con estas ideas fuerza esta la propuesta aprobada en el último Consejo Directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP).
Los objetivos enumerados son esenciales para integrar definitivamente y en forma permanente al sector agropecuario y las agroindustrias. Tenemos que aumentar la producción y exportar, con valor agregado, a los mercados internacionales. Como dijo Venegas: “si fuéramos fabricantes de armas nuestro mercado sería la guerra y la estaríamos esperando para vender. Nuestro mercado es más simple: producimos alimentos y la demanda mundial para comprarlos es permanente y creciente”.
No dejemos pasar esta oportunidad.
(*) ex Presidente de CRA y CARBAP. Director del Área Cadena Agroindustrial de Carta Política.

jueves, 22 de noviembre de 2012

ABORTO: NO HABRÁ AUDIENCIA PÚBLICA La presidente de la Comisión de Salud rectificó la información. La “audiencia pública” se transformó en un “papelón público”.


NOTIVIDAAño XII, Nº 872, 22 de noviembre de 2012
Cámara de Diputados de la Nación

La Comisión de Salud giró ayer “por pedido de su presidente”, la kirchnerista María Elena Chieno, una sorpresiva invitación a una “Audiencia Pública” para debatir el proyecto de aborto de la “Campaña  Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” (expte. 1218/2012). Según rezaba el mail, la “audiencia pública” era “convocada por los diputados/as firmantes del proyecto” y la organización que lo impulsa. 
Como era de esperarse, la noticia movilizó a defensores de la vida de todo el país que, en el día de la fecha, llamaron a la Cámara solicitando ser inscriptos en la “audiencia”.
Según pudo saber hoy este medio, la Comisión de Legislación Penal (comisión de cabecera del expediente) no había sido notificada y no se había cumplido con ninguno de los requisitos que reglamentariamente tiene una audiencia pública:la decisión debe ser tratada en reunión de comisión y aprobada por la mayoría de sus miembros, la decisión y el texto de la convocatoria deben ser comunicadas a la Presidencia de la Cámara, los requisitos de acreditación y modalidad de intervención de los participantes debe constar expresamente en el texto de la convocatoria, la versión taquigráfica de la audiencia estará a disposición del público y deberá ser dada a publicidad por la comisión cabecera del proyecto, la convocatoria debe ser publicada en dos de los diarios de mayor circulación en el país, las opiniones de los participantes y las conclusiones deberán ser formalmente receptadas por las comisiones e incluidas como antecedentes en el orden del día correspondiente al expediente para el cual se ha convocado la audiencia.
Con el transcurrir del día, la “audiencia pública” devino en “papelón público” y la diputada Chieno se vio obligada a rectificar la información, según  manifestó hoy: “el encuentro del día 29/11/12 sobre Interrupción voluntaria del embarazo no es una audiencia publica sino una jornada que  ha sido organizada por  la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito no por la comisión que presido de Acción Social y Salud Pública.” Las consultas fueron derivadas finalmente a la diputada Araceli Ferreyra (FpV, Ctes), teléfono: (011) 4127 7100 int. 3308, firmante del proyecto de la “Campaña"  e impulsora del evento.
En síntesis, el acto no pasa de ser una movida abortista más; lo novedoso es que la presidente de la Comisión de Salud, dejando de lado el reglamento, haya hecho propia una convocatoria falaz.  
 SOSTENGA  NOTIVIDA   
Banco HSBC - Suc.Vicente López-
Caja de ahorro Nro. 077-6-05695-1
CBU Nro. 1500031200007760569514
CUIT 20101082068 
_________________________________________
NOTIVIDAAño XII, Nº 872, 22 de noviembre de 2012
Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja 

miércoles, 17 de octubre de 2012

El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, y sus pares de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, y de Finanzas, Adrián Cosentino, están presentes en el debate en comisión que se lleva a cabo en el Senado del Presupuesto 2013.




Los funcionarios tratan el proyecto impulsado por el Gobierno nacional que contempla una proyección de crecimiento del PBI del 4,4 por ciento, una inflación del 10,8 por ciento y un valor promedio del dólar de 5,10 pesos.
La comisión que preside el senador Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) se reunió a partir de las 10 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo, donde los funcionarios brindaron precisiones sobre los lineamientos principales de la iniciativa que ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados.
El oficialismo de la Cámara alta aspira a poder convertir en ley esa iniciativa en la última semana de octubre o en la primera de noviembre.
Bajo este contexto, confía en poder emitir dictamen entre el martes 23 y el miércoles 24 de octubre, cuando se realice el segundo plenario de comisión.
De esta forma el Presupuesto 2013 podría tener sanción antes del 30 de noviembre, fecha en que finaliza el período de sesiones ordinarias del Congreso.
Para conseguir este objetivo, desde el Frente para la Victoria se respaldan en los 9 senadores propios que integran la Comisión de Presupuesto (sobre un total de 17) y en dos legisladores aliados (el peronista pampeano Carlos Verna y el riojano Carlos Menem).
En la comisión que preside Fernández, la oposición cuenta con 6 senadores: 4 de la UCR; 1 del Frente Amplio Progresista y 1 del Peronismo disidente.
Fuente: Télam

jueves, 27 de septiembre de 2012

El diputado nacional y ex viceministro de Economía, Roberto Feletti, defendió las medidas de control cambiario del Gobierno, y dijo que no se levantarán hasta que “el peso se convierta en una moneda de reserva de valor”.



Ante la pregunta sobre la fuga de capitales ocurrida entre 2007 y 2011, el titular de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados indicó que “en este período hubo dolarización de ahorros, eso refleja la existencia de un buen nivel de excedente. Nunca trabajamos con la cuenta capital, pero cuando se estrecha la cuenta corriente aparecen las regulaciones del mercado cambiario”.
“Como parte de este esquema se trabaja para desvincular al sector externo de la política monetaria, ése fue el núcleo duro de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: poder emitir moneda con independencia del nivel de reservas internacionales”, indicó.
“En esa lógica y hasta que se complete el proceso de pesificación, o sea que el peso se convierta en una moneda de reserva de valor, va a ser necesario mantener esas restricciones”, agregó Feletti.
“[Los controles] son instrumentos que están en muchos países. Hay sectores de la población que no lo entienden y, entre otras cosas, salieron a reclamar. Nosotros queremos inducir al ahorro en pesos”, concluyó.

jueves, 23 de agosto de 2012

“EL EJECUTIVO BUSCA CONSUMAR UN FENOMENAL ENCUBRIMIENTO”.


CARLOS BROWN: 
En el marco del debate en la Cámara de Diputados de la Nación por la expropiación de la ex Ciccone, el Diputado Nacional Carlos Brown afirmó que “el oficialismo se empeña en no esclarecer, invocando falsamente la necesidad de recuperar la soberanía monetaria y tergiversando los hechos, como de costumbre”. “A través de esta iniciativa, el PEN esencialmente busca consumar un fenomenal encubrimiento, del cual este Parlamento no puede bajo ningún concepto resultar cómplice”, sentenció.
Y continuó: “Como pasó con YPF, pareciera ser que aquello que este gobierno no puede explicar, primero lo interviene -vulnerando el derecho de propiedad-, y luego lo expropia, sin importar cómo, a quién ni a qué costo, aún sobre la base de un relato autoincriminatorio, denunciando el vaciamiento de la Casa de Moneda”.
Asimismo, como miembro co-informante del Bloque Frente Peronista, adelanto la oposición al proyecto aclarando que impulsarán un dictamen alternativo que rechaza el Proyecto de Ley de expropiación y el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 1338, por el cual se dispuso la intervención de la ex Ciccone, y que promueve la creación de una Comisión Investigadora en la Cámara de Diputados con el objetivo de indagar la sucesión de acontecimientos que dieron lugar a la actual situación de Compañía de Valores Sudamericana S.A.
Desde ya, muchas gracias por su difusión.