La presidente del bloque de legisladores de la CC-ARI, Paula Oliveto Lago junto a su compañera de interbloque Inés Gorbea, presentaron un pedido para que se informe sobre el llamado a licitación pública realizado por el PEN (Lotería Nacional SE) para concesionar las cinco salas de bingo instaladas en la Ciudad de Buenos Aires, en un claro atropello al derecho y la competencia local, que surge de la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y de distintas leyes sancionadas.
"Queremos conocer cuáles han sido las acciones desarrolladas por el Instituto de Juego y Apuestas de la CABA, (autoridad de aplicación de la ley 538 que regula el juego en la Ciudad) ya que entre sus funciones se encuentran la organización, administración, reglamentación, explotación, recaudación y control de todos los juegos de apuestas y de azar" resaltó la diputada Oliveto Lago, y continuó diciendo que "la falta de accionar por parte del Gobierno de la Ciudad a la hora de luchar por su autonomía menoscaba los derechos de los ciudadanos que tiene a su cargo proteger"
"La deuda que tiene la Ciudad en materia de control del juego data de hace tiempo", sostuvo Oliveto Lago. En 2003 se celebró el primer convenio entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de la Ciudad, donde se llegó a un acuerdo sobre la participación de cada una de las jurisdicciones en cuanto al contralor de la actividad y la distribución, el cual significó un grave perjuicio para la Ciudad dado que la distribución de ingresos estipulada fue injusta. Este convenio ha sido prorrogado por los distintos gobiernos cada cuatro años.
En el 2008, mediante una propuesta del Bloque de Diputados de la Coalición Cívica, se aprobó una alícuota del 8% de impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades vinculadas con el juego en la Ciudad. La misma fue apelada por algunos empresarios "a fin de evitar el pago de los ingresos brutos invocando cuestiones jurisdiccionales e interponiendo medidas cautelares que no permitieron a la Ciudad ejercer su potestad tributaria" resaltó la diputada Inés Gorbea. En 2013 el Poder Ejecutivo de la ciudad envía a la Legislatura un nuevo convenio, aprobado mediante trámite exprés, en el cual renuncia al cobro del impuesto por Ingresos Brutos al juego tanto en el presente como para el futuro, y condona las deudas existentes en dicho concepto. "Este convenio nunca fue denunciado por el Gobierno de la Ciudad", destacó Gorbea.
Por su parte, Oliveto Lago hizo énfasis en que "indudablemente este convenio genera un injusto privilegio a favor de un particular, desdeñando la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" y finalizó diciendo que "es necesario una gestión exitosa de los funcionarios de la Ciudad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y no para favorecer a unos pocos amigos como demuestra claramente el manejo del juego".
