LA US NAVY DESAFIO DURANTE EL 2015 LOS LIMITES MARITIMOS ARGENTINOS

A US NAVY DESAFIO DURANTE EL 2015 LOS LIMITES MARITIMOS ARGENTINOS

FORO CAMISAS AZULES · Defensa y Seguridad Nacional

La US Navy desafió durante 2015 los limites marítimos de Argentina En un informe publicado el lunes 25 de abril , el Pentágono indicó que su programa de Libertad de Navegación (FON) se llevó a cabo de forma activa contra todos los estados que para los Estados Unidos realizan “excesivos reclamos marítimos”. Las operaciones se realizaron por diversas naciones de varias regiones regiones del mundo, en apoyo del interés global del Departamento de Defensa sobre movilidad y el acceso marítimo.El programa FON abarca todos los derechos, las libertades y los usos legítimos del mar y el espacio aéreo a disposición de todas las naciones bajo el derecho internacional. El informe proporciona un resumen de los “excesivos reclamos marítimos” impugnados por las fuerzas estadounidenses en el año fiscal 2015, desde 1 de octubre del 2014 al 20 de septiembre 2015.Ocho de los 13 países donde se aplico el FON fueron Argentina, Indonesia, India, Irán, Libia, Maldivas, Nicaragua y Omán.Los otros cinco tienen demandas sobre partes del Mar del Sur de China, incluyendo el Mar del Oeste de Filipinas. Los considerados excesivos reclamos marítimos de China fueron catalogados como aquellas líneas de base rectas excesivas, la jurisdicción sobre el espacio aéreo por encima de la zona económica exclusiva (ZEE), la restricción de las aeronaves extranjeras que vuelan a través de una zona de identificación de defensa aérea (ADIZ) sin la intención de entrar en su espacio aéreo nacional, la legislación nacional que penaliza la actividad economica de entidades extranjeras en la ZEE; y que requieren autorización previa para el paso inocente de buques militares extranjeros a través del mar territorial. Nota de redacción:En el caso argentino, el FON establece el desafío a la notificación requerida por el pais antes de que buques de guerra extranjeros hagan tránsito por el Estrecho de Magallanes o tránsito de paso inocente por nuestro mar territorial.Asimismo, Estados unidos no es signatario del United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) lo que establece que sus operaciones navales sean un mecanismo de impugnación de los derechos o reclamos marítimos de diversas naciones

LOS PROYECTOS DE DIANA CONTI.

NOTIVIDA, Año XVI, Nº 1003, 15 de marzo de 2016

A poco de comenzado el nuevo período legislativo, la kirchnerista Diana Conti volvió a presentar aborto y filicidio, dos proyectos de su autoría que habían perdido estado parlamentario. Ambos responden a la misma ideología “el derecho a decidir sobre la vida del hijo”. Son “crímenes nefandos” (EV 58).

Aborto

Despenaliza el aborto “durante las primeras doce semanas del proceso gestacional" y en cualquier etapa si hay “peligro para la vida o la salud de la mujer”, si el embarazo proviene de una violación o si “se ha diagnosticado médicamente la inviabilidad de vida extrauterina del feto”.

Al proyecto de Conti sobre aborto (151/2016) lo cofirmaron Ana Carolina Gaillard (FpV, E.Ríos) y Araceli Ferreyra(FpV, Ctes).

Filicidio

El Código Penal prevé prisión perpetua para una madre que da muerte a su hijo, a menos que haya circunstancias extraordinarias de atenuación (8 a 25 años). El proyecto de Conti intenta reducir a su mínima expresión la pena cuando el homicidio se produce durante el nacimiento o los primeros meses de vida del hijo, dice: "Se impondrá prisión de uno (1) a cuatro (4) años, a la madre que matare a su hijo durante el nacimiento o bajo la influencia del estado puerperal".

La igualdad ante la ley exige que todas las vidas se tutelen con la misma intensidad. De prosperar este proyecto, si una mujer mata al hijo bajo la influencia del estado puerperal (expresión por demás difusa) recibiría de 1 a 4 años de prisión; pero, si bajo la influencia de ese mismo “estado puerperal”, mata a su vecina recibe de 8 a 25 años y si mata a una persona con la que “ha mantenido una relación de pareja”, perpetua. De esta escala penal se inferiría que la vida del neonato -como la del niño en gestación en el caso de aborto- es de poca monta.

El expediente sobre filicidio (150/2016) además de la firma de Conti lleva la de sus compañeros de bloque: Ana Carolina Gaillard (E.Ríos), Araceli Ferreyra (Ctes), María Emilia Soria (Río Negro), Carlos Castagneto (BsAs) y Silvina Frana (Sta.Fe). 

_________________________________________

NOTIVIDA, Año XVI, Nº 1003, 15 de marzo de 2016

Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja

INICIO DE CICLO LECTIVO, NO PARA TODOS.

Convocatoria Reunión Comisión Educación Especial

Informamos que la próxima reunión abierta de la comisión de Educación Especial se realizará el jueves 3 de marzo a las 18 hs en la sede de nuestro sindicato (Solís 823, CABA). Invitamos a los docentes del área a participar de la misma.

--------------------------

VACANTES: INICIO DE CICLO LECTIVO, NO PARA TODOS

Como venimos denunciando desde hace años, nuevamente las sedes de los Distritos Escolares de la zona sur de la Ciudad y la sede de la Dirección del Área Primaria, se llenaron de familias en busca de una vacante para sus hijos.

El Gobierno nuevamente desatiende la situación de muchos niños y niñas que hoy no tienen garantizado el derecho a la educación y somete a sus familias a la humillación de pasar horas en la calle por una vacante que probablemente nunca obtengan.

En la sede del Área Primaria les conceden vacantes pero al llegar a las escuelas se enteran de que las mismas son inexistentes.

Por otra parte hay familias que denuncian que los micros que trasladan a los niños a escuelas de otros barrios no estuvieron ayer en los puntos habituales como el caso del transporte que traslada a los alumnos desde Soldati hasta la escuela 4 DE 12.

Tampoco los funcionarios han sido capaces de garantizar sillas y bancos en las distintas escuelas: es decir los alumnos no tienen siquiera las mínimas condiciones para realizar sus actividades cotidianas.

Ante la evidente necesidad de construir más escuelas y jardines para garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, la única solución que pensó el gobierno es seguir superpoblando las aulas de las escuelas de la zona sur. Ya hay primeros grados con 33 y 34 niños y niñas. Sin embargo, son cientos y miles los que no obtendrán vacante porque estas no existen en la medida necesaria para absorber la demanda de las distintas comunidades. En el año 2014 Ademys presentó una investigación que revelaba la necesidad de 33 escuelas y jardines en la zona sur. Realizamos una campaña para impulsar su construcción, cuando la única respuesta del gobierno fue el intento de instalar aulas conteiner y modulares y ceder a instituciones privadas terrenos públicos que podrían ser usados para construir escuelas, como ocurrió en Barracas. Además, familias y docentes se organizaron para recuperar espacios escolares que habían sido abandonados por el Gobierno de la Ciudad como ocurriera con la Escuela Recuperada Carlos Fuentealba, cuyas obras hoy están paradas pese a las promesas oficiales.

Seguimos exigiendo que el gobierno garantice las vacantes necesarias y disponga de manera urgente las partidas presupuestarias para la construcción de nuevas escuelas fundamentalmente en los distritos del sur de la Ciudad.

Por el derecho a la educación de todos los niños y niñas

Vacantes y Escuelas para todos/as!

El estado es responsable

   
​

​Familias esperando una vacante para sus hijos en sede Distrito Escolar 21 y Distrito Escolar 19

RED FEDERAL DE FAMILIAS: DECLARACIÓN DE SANTIAGO DEL ESTERO.

NOTIVIDA, Año XV, Nº 970, 25 de mayo de 2015

Con motivo de su Quinto Congreso Nacional celebrado en la ciudad de Santiago del Estero,  los días 23 y 24 de mayo de 2015, la Red Federal de Familias reiteró el compromiso –expresado públicamente en Mendoza en abril de 2011, al cierre de su Primer Congreso y reafirmado en los congresos subsiguientes (Salta 2012, Córdoba 2013 y Corrientes 2014).

Con renovado empeño la entidad se ha propuesto reconocer, difundir y promover la vigencia, en el orden social, de los siguientes principios no negociables y constitutivos de su Ideario y finalidad: a) el respeto y la protección de la vida humana en todas las etapas de su desarrollo, desde la concepción y hasta la muerte natural; b) la estructura natural de la familia fundada en el matrimonio de un varón y una mujer, abierto a la transmisión de la vida; c) el derecho y deber originarios de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas; y d) la procura y promoción del Bien Común como deber de gobernantes y gobernados.

A continuación el texto completo de la declaración difundida al cierre del Congreso: 

TERCER CONGRESO NACIONAL DE LA RED FEDERAL DE FAMILIAS

DECLARACIÓN DE SANTIAGO

Advertimos, con respecto a los años anteriores, que la vigencia de esos principios ha sido prácticamente desterrada de nuestro sistema legal e institucional, por la ya denunciada acción de los diversas instituciones y órganos políticos, con el apoyo cada vez más comprometido y cómplice de los medios de comunicación masiva y de opinión, de muchos de los cuales el Estado es propietario, por sí o por conocidos personeros suyos. Todo ello bajo la servil sumisión a la presión de los organismos, asociaciones e intereses internacionales, con despreciable abandono del ejercicio de nuestra Soberanía Nacional.

En consecuencia, declaramos:

Que la situación, en nuestros días, no sólo no se ha modificado favorablemente sino que ha sufrido un profundo agravamiento. Nos permitimos remitir a las anteriores declaraciones por razón de brevedad.

Que, ante esta situación acuciante, es imperioso movilizar a todas las personas y asociaciones vinculadas a esta Red o comprometidas con los principios enunciados más arriba en la búsqueda urgente de soluciones que permitan revertir el estado actual  de las cosas y rescatar las instituciones políticas y sociales de la Patria y las fuerzas morales de la población ya devastadas.

Que, en ese sentido, reiteramos nuevamente nuestro repudio a todas las leyes, resoluciones y sentencias ya dictadas, y a sus reglamentos o protocolos, que de una manera u otra han contribuido a disminuir el valor intangible y la dignidad de la vida humana desde el instante mismo de la concepción y hasta la muerte natural; y de todas aquéllas que han debilitado seriamente el orden natural de la familia, tanto en el campo de la unión conyugal, cuya máxima aberración es el mal llamado ”matrimonio igualitario”, cuanto en los ámbitos del control de la natalidad, del ejercicio de la patria potestad y de la educación de los hijos.

Que reiteramos nuestra condena a la ideología de género, que infecta todo el sistema educativo nacional, perturba las conciencias, pervierte las costumbres de la población en general y, particularmente, la salud física, psíquica, moral y espiritual de los niños y de los jóvenes; y trastorna la identidad misma de las personas, como expresamente lo hace la llamada ley de identidad de género, de cuya vigencia se cumplen hoy tres años, ley que, volvemos a decir, es otro de los hitos en el camino de la destrucción del orden social, prácticamente ya consumado.

Una muestra de ello es la primera triple filiación del mundo, declarada en la Provincia de Buenos Aires hace un mes, en aberrante violación a los más elementales principios biológicos y morales de la generación humana.

Que, especialmente destacamos que la ya sancionada reforma y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, que entrará en vigencia en agosto, se encuentra en la misma línea subversiva, pese a los retoques cosméticos y aparentes que se efectuaron.

Que, nuevamente y con especial énfasis, queremos expresar nuestro frontal rechazo al menosprecio, la banalización, la burla y los ataques al recto orden natural, a la familia, al amor a la Patria, a la Religión, al concepto de autoridad y a la dignidad de las investiduras, así como a la creciente destrucción de la moral y a las buenas costumbres de nuestro pueblo, acometida por los medios de comunicación masiva oficiales y privados, en adocenada connivencia, y con la escandalosa complicidad de los candidatos o precandidatos a los más importantes cargos públicos, en cuya consumación no cabe distinguir entre oficialismo y oposición.

Que, como un avance más en ese proceso de la perturbación del orden natural, se encuentra en proyecto una nueva ley nacional antidiscriminatoria cuyo objetivo principal es silenciar cualquier voz que pretenda cuestionar, denunciar o modificar la situación existente y rescatar el recto orden de la sociedad.

Que, por último, no queremos omitir la denuncia de la pública y escandalosa corrupción de diversos estamentos del Estado y el desvergonzado apartamiento de funcionarios y candidatos de la procura del Bien Común como objetivo de sus gestiones o ambiciones.

La realización de este Quinto Congreso de la Red Federal de Familias y la misma existencia, pese a todo, de nuestra Red y de las asociaciones que la integran y las personas comprometidas, nos permiten conservar la expectativa de la restauración de los valores conculcados y de un renacimiento moral, social y espiritual de nuestra Patria

En el día de Pentecostés y en las vísperas de una de las fechas más importantes de nuestra historia nacional, ponemos nuestra esperanza en el auxilio de la Divina Providencia y en las reservas morales de nuestro pueblo.

La Red Federal de Familias, a la vez que renueva su compromiso en ese sentido, se permite convocar una vez más y con mayor urgencia a todas las personas, familias y asociaciones intermedias de nuestra Patria a movilizarse en la defensa o restauración de los valores sagrados que la constituyen, aun a costa de los mayores sacrificios y peligros.

Santiago del Estero, 24 de mayo de 2015.

_________________________________________

NOTIVIDA, Año XV, Nº 970, 25 de mayo de 2015

Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja

Consesión de licencias para bingos.

La presidente del bloque de legisladores de la CC-ARI, Paula Oliveto Lago junto a su compañera de interbloque Inés Gorbea, presentaron un pedido para que se informe sobre el llamado a licitación pública realizado por el PEN (Lotería Nacional SE) para concesionar las cinco salas de bingo instaladas en la Ciudad de Buenos Aires, en un claro atropello al derecho y la competencia local, que surge de la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y de distintas leyes sancionadas.

"Queremos conocer cuáles han sido las acciones desarrolladas por el Instituto de Juego y Apuestas de la CABA, (autoridad de aplicación de la ley 538 que regula el juego en la Ciudad) ya que entre sus funciones se encuentran la organización, administración, reglamentación, explotación, recaudación y control de todos los juegos de apuestas y de azar" resaltó la diputada Oliveto Lago, y continuó diciendo que "la falta de accionar por parte del Gobierno de la Ciudad a la hora de luchar por su autonomía menoscaba los derechos de los ciudadanos que tiene a su cargo proteger"

"La deuda que tiene la Ciudad en materia de control del juego data de hace tiempo", sostuvo Oliveto Lago. En 2003 se celebró el primer convenio entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de la Ciudad, donde se llegó a un acuerdo sobre la participación de cada una de las jurisdicciones en cuanto al contralor de la actividad y la distribución, el cual significó un grave perjuicio para la Ciudad dado que la distribución de ingresos estipulada fue injusta. Este convenio ha sido prorrogado por los distintos gobiernos cada cuatro años.

En el 2008, mediante una propuesta del Bloque de Diputados de la Coalición Cívica, se aprobó una alícuota del 8% de impuesto a los Ingresos Brutos a las actividades vinculadas con el juego en la Ciudad. La misma fue apelada por algunos empresarios "a fin de evitar el pago de los ingresos brutos invocando cuestiones jurisdiccionales e interponiendo medidas cautelares que no permitieron a la Ciudad ejercer su potestad tributaria" resaltó la diputada Inés Gorbea. En 2013 el Poder Ejecutivo de la ciudad envía a la Legislatura un nuevo convenio, aprobado mediante trámite exprés, en el cual renuncia al cobro del impuesto por Ingresos Brutos al juego tanto en el presente como para el futuro, y condona las deudas existentes en dicho concepto. "Este convenio nunca fue denunciado por el Gobierno de la Ciudad", destacó Gorbea.

Por su parte, Oliveto Lago hizo énfasis en que "indudablemente este convenio genera un injusto privilegio a favor de un particular, desdeñando la defensa de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires" y finalizó diciendo que "es necesario una gestión exitosa de los funcionarios de la Ciudad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y no para favorecer a unos pocos amigos como demuestra claramente el manejo del juego".

Frente Renovador CABA.

política

El Viernes 29 de agosto en la sede del Frente Renovador CABA, ubicada en Juan B Justo 5097, se celebró un encuentro de trabajo, análisis y debate sobre el estado de situación y la problemática institucional y política actual de las 15 Comunas porteñas, encabezado por Gonzalo Forastiero y que contó con los aportes técnicos institucionales desde la óptica del derecho público del abogado y profesor de derecho administrativo de la UBA, Isaac Augusto Damsky.

En el encuentro se analizó y trabajó sobre el marco constitucional y legal de las Comunas y se discutió los alcances y perspectivas de los recientes pronunciamientos judiciales de la Justicia de la Ciudad. Se coincidió en que las Comunas constituyen una institución central de mejoramiento de la calidad institucional, ya que cuentan con un diseño constitucional y legal adecuado que posibilitan una real inserción de los vecinos tanto en las políticas públicas. Así, se destacó la importancia que supuso la Constitución porteña de 1996 como instrumento que permitió una evolución concreta y significativa: la evolución que supone el paso de la anterior forma de democracia representativa –en la cual el ciudadano no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes- hacia la concepción constitucional de democracia deliberativa y participativa, según especifica y desarrolla la Constitución de los porteños.

Todos coincidieron en que ese nuevo modelo constitucional participativo permitió desarrollar el actual diseño legal de las Comunas como una institución –si bien aún virgen y en estado embrionario- central de enorme utilidad a futuro porque constituye una herramienta eficaz de empoderamiento de los vecinos para sumar aportes efectivos que posibiliten una real inserción de todos en la gestión pública para mejorar la detección y resolución de las necesidades colectivas concretas desde la unidad territorial de la Comuna y permitir su control de gestión en tiempo real. Se ponderaron los avances e iniciativas institucionales llevadas a cabo en los últimos años y se coincidió en continuar trabajando en el desarrollo de ejes concretos de abordaje según materias y territorios para avanzar en la formulación de una propuesta del Frente Renovador CABA de acción de gobierno comunal para la Ciudad.

Ley de Evaluación Integral de la Educación.

política

Los legisladores porteños del Frente Amplio UNEN presentaron un proyecto de ley de Evaluación Integral de la Educación que tiene como objetivo garantizar el derecho social a la educación y la mejora continua de su calidad y del sistema educativo y crea una unidad de evaluación (UEIE), dependiente del Ministerio de Educación, conformada por un director general elegido por concurso y tres directores propuestos por la Legislatura, por un período de cinco años.

El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, María Eugenia Estenssoro , Virginia González Gass, Hernán Rossi, Hernán Arce, Javier Gentilini, Juan Nosiglia, Paula Oliveto e Inés Gorbea.

Según expresaron los diputados firmantes "la evaluación tiene que ser entendida y llevada como un proceso y resultado. Es imprescindible evaluar el sistema educativo pero también las políticas y programas que se imparten desde el Ministerio de Educación. No creemos en la evaluación para la calificación individual de los alumnos o el ranking de escuelas".

"El proyecto crea un sistema de indicadores educativos como instrumento indispensable para describir y conocer la realidad educativa y para hacer posible la definición de objetivos educativos y la adopción de políticas adecuadas" sostuvieron los legisladores del Frente Amplio UNEN y agregaron que "la finalidad es contribuir al conocimiento del sistema educativo, evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del mismo y orientar la toma de decisiones de las diferentes instancias".

"Entendemos a la evaluación como un proceso continuo, formativo e integrador de obtener información que retroalimenta los procesos educativos y contribuye a la toma de decisiones. A su vez, cumple una función pedagógica y didáctica de carácter integrador. En otras palabras, es un proceso de diálogo, comprensión y mejora", sostuvieron.

Sumado al objetivo de mejorar los procesos de evaluación de la educación y del sistema educativo en su conjunto, el proyecto propone la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Educación (UEIE) que dependerá del Ministerio de Educación y tendrá como finalidad contribuir a la evaluación de la calidad de la educación y del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas.

El proyecto propone además la creación del Consejo Consultivo Académicointegrado por siete miembros "designados entre personas que por antecedentes personales académicos profesionales y conocimiento en la materia aseguren independencia de criterio...", dos de los cuales serán propuestos por los sindicatos decentes con mayor representación, también con mandato por cinco años y con carácter ad honorem.

"Estamos aportando una herramienta que permita construir con todas las fuerzas una ley de evaluación que tenga el mayor de los consensos. No queremos ni pretendemos una ley a lo pirro" concluyeron los legisladores.

Centros clandestinos de detención.

política

En la sesión del día de ayer la Legislatura porteña disolvió el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y ratificó el convenio firmado con el Gobierno Nacional, donde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorga el derecho de uso real por 30 años de todos los inmuebles en los que funcionaron centros clandestinos de detención y exterminio durante el período de terrorismo de Estado implementado por la última dictadura cívico-militar. También fue sancionada una norma que disuelve el Instituto Espacio para la Memoria como ente autárquico del Estado porteño, aunque conservará su sede en la ex ESMA.

La cláusula sexta del convenio ratificado establece que el IEM “tendrá su sede” en el Edificio “Pabellón Central (4 Columnas)” de la ex ESMA y que el Poder Ejecutivo Nacional asume y toma a su cargo la realización del "Museo del Terrorismo de Estado" así como la "Propuesta Museográfica para el Sitio de Memoria".

El convenio fue suscripto el 22 de enero involucrando los edificios de la ex ESMA en la avenida Del Libertador (Casino de oficiales, Pabellón Central, Imprenta, Taller Mecánico, Pabellón Coy y Enfermería) y los centros clandestinos de detención: Automotores Orletti -Venancio Flores 3519/21-, Club Atlético -avenida Paseo Colón 1200-, Olimpo - Ramón Falcón 4250-, Virrey Cevallos -Virrey Cevallos 628/630- a fin de optimizar su preservación y puesta en valor. El PEN toma a su cargo los gastos ordinarios y extraordinarios y deberá abonar todos los impuestos, tasas y contribuciones sobre estos bienes.

La disolución del IEM, según fundamentó el Jefe de Gobierno "no obsta la continuación de las políticas de difusión, capacitación, cumplimiento y promoción de los derechos humanos, y el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural".

Y de acuerdo a la aclaración del diputado Helio Rebot (PRO) en el recinto "garantiza mediante la creación de un consejo asesor como área descentralizada de la Subsecretaría en el que participan la totalidad de los organismos que actualmente trabajan en el IEM, la estabilidad y remuneración de efectivos y contratados". En tanto, su par de bancada Daniel Lipovetzky, recordó las acciones del GCABA en materia de derechos humanos.

Por su parte, desde el Frente para la Victoria, Gabriela Alegre afirmó que "esos sitios son emblemas nacionales, por lo que ratificamos y defendemos el pase a la órbita del gobierno nacional; además estamos creando un consejo asesor similar al IEM". La derogada Ley N° 961 había creado el IEM como ente autárquico en el ámbito del GCABA, norma impulsada por la legisladora que fue aprobada en el año 2002 por unanimidad.

El tratamiento parlamentario de esta cuestión generó críticas de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos y del propio premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel quien en carta a los legisladores instó a que voten el rechazo del proyecto sosteniendo que "este intento tiene fuertes connotaciones políticas que conjugan el erróneo deseo de una de las partes, de apropiación de esos espacios de memoria, con la de la otra que nunca tuvo interés en los mismos y siempre incumplió la efectivización de las partidas presupuestarias votadas por ustedes destinadas a su preservación", según el texto leído por la diputada Virginia González Gass (PSA).

Votaron en contra los diputados y diputadas: Pablo Bergel (VA); Marcelo Ramal (FIT);María Inés Gorbea, Juan Nosiglia y Hernán Rossi (SUMA+); Paula Oliveto yMaximiliano Ferraro (CC); Alejandro Bodart (MST); Gabriela Ocaña y Cristina García (CP); Virginia González Gass (PSA); Hernán Arce (PS); Gabriela Cerruti(NE); Pablo Ferreyra (IP); y Javier Gentilini (PSur).

Tras dos horas de debate los resultados de las votaciones en general fueron de 41 voluntades por la positiva y 15 por la negativa ante la presencia en los palcos de representantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre ellas Nora Cortiñas, que estaban en contra del proyecto.

Villa El Bordo ganó una disputa contra el desarrollo inmobiliario.

 ACCESO A LA VIVIENDA

El Bordo, Córdoba: un barrio con cimientos resistentes.

Ubicado en la capital cordobesa, el barrio aloja a casi 100 familias. Después de una larga lucha, lograron que los reconozcan como propietarios de las tierras.

Por Florencia Gordillo (desde Córdoba)

Villa El Bordo ganó una disputa contra el desarrollo inmobiliario -sinónimo de "progreso"- haciendo visible a los actores sociales que pretenden avasallarlo. Tiempos donde la organización barrial y la voluntad popular son armas para defender el derecho a la tierra.

Martín Heredia vive en Villa El Bordo, junto a otras 82 familias según el último relevamiento. Recuerda que las primeras familias llegaron hace aproximadamente 60 años. Entre ellos estaba su abuela, quién les contaba que se “instalaron en la punta de una loma y la Colón se veía como si estuviera a 20 metros abajo”. Era parte del pueblito La Toma. Se cuenta que mucha de la tierra que utilizaron para rellenar la sacaron del cementerio San Jerónimo.

Algunas familias sí adquirieron las tierras de quién era el titular, otras no, pero nunca tuvieron papeles. Algunas familias simplemente fueron llegando y ocupando las tierras.

Los terrenos en los que ahora construyen GAMA y GNI eran de familias de El Bordo que en el 87 fueron desalojadas y reubicadas. Un grupo de empresarios hizo un juicio y luego les vendieron esos terrenos a dichos grupos inmobiliarios.

En el 2006 se instaló por Félix Paz la empresa textil BANDO, lo que implicó correr a diez familias que estaban viviendo allí. Les ofrecían plata que no representaba el valor de su terreno pero como no había organización, nadie se opuso.

Unidos y organizados

“Ellos mismos se sentían usurpadores, nadie se creía dueño de las tierras, porque sabían que no tenían papeles de sus casas” cuenta Martín. Allí comenzó la tarea de concientización de la Asamblea de El Bordo. Por un lado, los vecinos fueron sintiendo la pertenencia de sus tierras y por otro trabajaron para que la gente de los alrededores entendiera que a sus comercios no iban a ir a comprar quienes vivieran en los edificios de GNI; sí se iba El Bordo, perdían sus clientes.

El estallido se generó con una nota que sacó La Voz del Interior (vocera de GNI Propietarian) afirmando que detrás de las nuevas construcciones de GNI había casas precarias (de Villa El Bordo) que iban a ser reubicadas.

Tras la consolidación de la Asamblea se formó una mesa de negociación con la Provincia, fiel predicadora de voluntad política que no se reflejaba en los hechos, ya que hubo varios intentos de desalojo en los que intervino la Policía provincial. En 7 meses (durante el 2013) hubo 3 intentos de desalojo y uno se hizo efectivo en noviembre. A la familia que desalojaron, Pablo Messori, quien está a cargo de la Dirección de Hábitat, le prometió que en 15 días iba a tener una casa. Recién el lunes anterior a la expropiación le dieron las llaves.

Desde la asamblea articularon con Defendamos Alberdi (organización barrial) para afrontar la lucha contra el avance del desarrollismo, contra la destrucción del patrimonio cultural y las casas históricas. Carolina Córdoba y Sofía López de Las Huellas de Alberdi comenzaron yendo al barrio para dar apoyo escolar y terminaron convirtiéndose en participantes activas de la Asamblea. Ambas coinciden en que la única solución colectiva era reconocer, por parte del Estado, los derechos de los vecinos.

El trabajo que antecedió la expropiación consistió en realizar un estudio de títulos para determinar quiénes eran los titulares registrados, ya que es a ellos a quienes el gobierno expropia. Después la Cooperativa de viviendas de El Bordo eleva una lista de socios para que se le adjudique un lote a cada familia. Elaboraron el proyecto de ley en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, los abogados que los asesoraron, los delegados de la Asamblea de El Bordo y los integrantes de Las Huellas de Alberdi.

En la sesión de la Legislatura previo a tratar la expropiación, se estaban tratando pedidos de informe por parte del Frente Cívico sobre la situación del Complejo Esperanza. Por moción de orden y considerando que estaban los vecinos de El Bordo allí presentes, lo pasaron para después. “Fue una jugada sucia, porque los pibes perjudicados son los mismos” asegura Carolina, convencida de que también perjudica a los jóvenes de su barrio ya que algunos están allí.

Esperaron que se aprobara el proyecto de expropiación y construcción de viviendas con una lucha incesante. Ahora pueden iniciar los trámites para escriturar y exigir servicios ya que no tienen ni gas ni cloacas ni alumbrado público.

¿Barrio de usurpadores?

“Lo que hizo el Gobierno no es más que reconocer lo que correspondía pero fue tapar un bache. La problemática de tierra está en crisis tanto en la ciudad como en el campo. Son cada vez más las tomas de tierra. La gente no toma tierra porque quiere sino porque están faltando políticas habitacionales. La política del Estado no tiene que ser solamente salir a dar un pedacito de tierras en El Bordo porque la gente se puso de pie, necesitamos políticas pro-positivas que den soluciones más estructurales” afirma Carolina.

Si bien los medios cubrieron la noticia, cada uno la mostró desde una óptica distinta. Martín se sorprendía cuando entrevistaban a legisladores y no a la gente del barrio: los verdaderos protagonistas. “Es un barrio de usurpadores, de negros villeros, no vende que un barrio así gané una tierra. Vende más decir que esos negros que roban, que usurpan y afectan a la ciudad, como dice Mario Pereyra, los sacaron. Hay que cambiar la mentalidad de la gente, para que se deje de pensar que todos los que vivimos ahí, somos negros, somos villeros” reclama Martín.

Si bien concretaron el sueño de un barrio, manifiestan la intención colectiva de continuar con el funcionamiento y la dinámica de la asamblea: aspiran a abrir el espacio a zonas aledañas y ampliar los espacios de recreación/contención para jóvenes y niños, actores convencidos de que esa tierra les pertenece. Sofía manifiesta su preocupación ante los altos porcentajes de trabajo informal que hay en el barrio, problemática a la que también esperan darle una salida, profundizando también los espacios de encuentro de mujeres para tratar problemáticas de género.

Actualmente articulan y participan en la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular) para luchar por los derechos de los trabajadores informales.

Villa El Bordo se convirtió en el primer barrio que reclamando el derecho a sus tierras consigue una expropiación donde los beneficiarios son los mismos residentes. Hoy son referentes de lucha y transmiten su espíritu combativo en el deseo de continuar trabajando en/para los barrios.

Con o sin Ley las demandas seguirán.

ARGENTINA

(AW) Varios diputados nacionales del Frente Para la Victoria presentaron un proyecto de ley denominado Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas, para regular la protesta y definir cuál movilización es legítima y cuál no. Además plantea que hay que avisar a la Policía 48 Hs antes de la protesta y entregar los datos de un delegado y los motivos de la movilización.   Por los derechos básicos y fundamentales de nuestro pueblo, como el derecho a la vivienda, la salud y la educación: los sectores populares tenemos pleno derecho a manifestarnos y lo seguiremos haciendo Desde el Frente Popular Darío Santillán rechazamos absolutamente esta iniciativa y consideramos que es un inconfundible gesto antipopular y represivo enmarcado en una política de estigmatización a quienes venimos manifestando en la calle el descontento popular ante la situación económica actual.Sostenemos a su vez el pleno derecho de los sectores populares a manifestarse como derecho fundamental de toda la población. Además, calificamos de vergonzoso un proyecto que nos obligaría a pedir “permiso” a las fuerzas de seguridad que encabezan los delitos de trata, de complicidad con el narcotráfico y el gatillo fácil. En Rosario, por ejemplo, nos obligaría a pedirle “permiso” a la policía de Santa Fe para realizar las movilizaciones que venimos haciendo hace 27 meses frente a Tribunales, exigiendo justicia por nuestros compañeros Jere, Mono y Patom, precisamente en una causa que tiene procesados a tres policías por el encubrimiento de los asesinatos a manos de una banda narco. El oficialismo se equivoca. Por tomar la agenda electoral, que está corrida a la derecha, presenta un proyecto que confunde la “legitimidad” y la “legalidad”, a un punto tan peligroso como querer fusionarlos. Que quede claro, el gobierno no puede determinar qué movilización es legítima y cuál no y tampoco puede avanzar sobre un derecho constitucional tan básico como el derecho a manifestarse y peticionar ante las autoridades. Manifestarse por los reclamos y reivindicaciones es un derecho fundamental de toda la población que bajo ningún punto de vista el Estado puede regular, cuando además generalmente apunta a denunciar su propia ausencia o su accionar en contra de los intereses del pueblo. Este proyecto es un paso en la intención de contener las movilizaciones y el descontento que se expresa ante la agudización de una política económica en contra del bolsillo de los laburantes. Después de la devaluación, el pueblo trabajador busca cómo llegar a fin de mes con el nivel de inflación existente, en un escenario donde la precarización laboral sigue siendo la moneda corriente así como el trabajo informal y la desocupación de importantes capas de la población. Sin solución a problemas estructurales de vivienda, salud y educación, con un aumento feroz en los costos de vida, la única respuesta que aparece del gobierno es la regulación de la protesta para reclamar por esta situación. Es una receta que se demostró que no funciona. Ante la toma del Indoamericano, la decisión del gobierno nacional fue conformar el Ministerio de Seguridad. Como si más fuerzas de seguridad le pudieran solucionar el problema de vivienda a miles de familias. Hoy, con la nueva toma en Lugano, vemos que el problema de vivienda no se solucionó sino que se profundizó. De cara a 2015, vemos con preocupación que esta medida tenga el consenso de lo más reaccionario de la política, que va de los Macri a los Massa, pasando por Scioli y busca contener la protesta frente a medidas cada vez más alejadas de los intereses del pueblo. Desde el FPDS condenamos que la respuesta hoy sea la de criminalizar las luchas, como se ve conprocesados de las Heras, el procesamiento de Diosnel Perez y el Tano Narduli o la condena a los militantes del MPR Quebracho entre otros. Falta mucho para vivir en un estado de pleno derecho en donde el trabajo digno, la salud, la educación y el acceso a la tierra sean pilares fundamentales de la política en un País, por eso las demandas seguirán. Desde las barriadas populares, los sectores de trabajo, desde las escuelas y las universidades, y desde el campo y la ciudad seguiremos luchando por el cambio social, por el protagonismo del pueblo para crear su futuro de transformación. Lo haremos manifestando nuestro descontento y nuestro anhelo de otro país en la calle, junto al pueblo, sus demandas y su vocación de cambio. Repudiamos el proyecto K para regular las movilizaciones públicas. Es impopular, busca criminalizar la protesta y legalizar la represión.  No pediremos permiso para ejercer nuestro derecho a manifestarnos a las fuerzas de seguridad que asesinan a nuestros compañeros ni a la narcopolicía. Contactos: Lucas Morello (vocero FPDS) 156 197 7171 Pedro Salinas (FPDS Rosario) (0341) 156-879840 Javier Lombardo (FPDS Rio Negro.Neuquén) 2994561338 Hugo Heredia (FPDS Tucumán)0381-156107876 Federico Palacios (FPDS Chaco)362 424-3276  ------------------------------------------------------------------------- Ante el proyecto de ley para limitar la protesta social “Se preparan para reprimir a los que reclamemos contra el ajuste” Según Daniel Menéndez: “El kirchnerismo coincide cada vez más seguido con el PRO: políticas de ajuste ortodoxo en lo económico, endurecimiento de las leyes y represión a la protestas social”. En sintonía con el discurso presidencial de la apertura de sesiones del Congreso de este año, un grupo de diputados del Frente Para la Victoria presentó un proyecto de ley para limitar manifestaciones públicas y habilitar el uso de la fuerza para disolver la protesta social. “Queda claro que el Gobierno Nacional está decidido a profundizar losmétodos represivos con tal de poder aplicar las medidas de ajuste”, explicó el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. El proyecto de ley fue presentado por el Diputado Nacional Carlos Kunkel, y es impulsado por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y apoyado por un conjunto de legisladores oficialistas. También el Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri, había afirmado que de llegar a la Presidencia detendría a los manifestantes que cortan el tránsito. Según Barrios de Pie, el kirchnerismo coincide cada vez más seguido con el PRO: políticas de ajuste ortodoxo en lo económico, endurecimiento de las leyes y represión a la protestas social. “El conflicto social irá en aumento si en vez de respuestas concretas, los trabajadores son reprimidos e intimidados. Desde Barrios de Pie no haremos caso a las amenazas. Si la Presidenta pretende realizar un ajuste a costa del bolsillo de los que menos tienen, puede estar segura de que seguiremos movilizándonos para defender a los más humildes”, concluyó Menéndez. Daniel Menéndez 15 30541416  PRENSA BARRIOS DE PIE ---------------------------------------------------------------------------------------- Pretenden reglamentar el derecho a la protesta social 17 Apr 2014 Por:Rosa D’Alesio para La Verdad Obrera Diputados del Frente para la Victoria acaban de presentar un proyecto de ley contra el derecho a manifestarse, sin previa autorización. El proyecto, que tiene 34 artículos, firmado por ultrakirchneristas como Carlos Kunkel, Diana Conti y el ex duhaldista José María Díaz Bancalari, se propone sancionar una "ley de convivencia en manifestaciones públicas" limitando el derecho de peticionar en el espacio público. La presidenta Cristina Kirchner, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo cuestionó severamente los cortes de calles para manifestarse y como ejemplo mencionó a los diputados del FIT y al PTS, que un día antes, 27 de febrero, veníamos de protagonizar en todo el país, junto a otras organizaciones, una gran jornada de lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras. No sólo cuestionó los cortes de calles al plantear "todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, sino que además defendió el fallo escandaloso contra los trabajadores de Las Heras condenados injustamente por un crimen que no cometieron. Palabras que fueron aplaudidas de pié por los diputados del PRO como lo hace cualquier ultrakirchnerista. Retratando otro de los giros a la derecha del gobierno “nacional y popular”. Los defensores del proyecto “justifican” la necesidad de tener "reglas precisas de convivencia" para evitar que otros propongan medidas más duras, y subrayan que "contra otras soluciones que pretenden restringir derechos, recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito, nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos". Pero en realidad esta propuesta se suma a la que ya presentó el Frente Renovador: Massa tomó la iniciativa contra el método de los piquetes para regular el “derecho a la petición social” a partir de la instrumentación de “espacios públicos determinados, tanto a nivel federal como provincial y municipal”, pues “las protestas no pueden realizarse en cualquier lugar y a cualquier hora del día”. Para que “el derecho a peticionar se ejerza en plenitud no debe impedir el ejercicio del derecho a transitar”, anticipa su proyecto de ley que dispone multas equivalentes a tres salarios mínimos y penas de trabajo comunitario (La Nación, 25/3). El intendente massista Humberto Zuccaro ya militarizó los accesos al Parque Industrial de Pilar con un cuerpo de policía permanente que impide el derecho a la protesta. No es un dato menor que sea el propio Carlos Kunkel uno de los impulsores del actual proyecto. Él fue uno de los ocho representantes de la JP que el 22 de enero de 1974 se opuso al proyecto reaccionario de reforma del Código Penal que impulsaba el general Perón bajo la excusa del atentado contra el cuartel de Azul. Cuatro décadas más tarde el ex legislador de “la Tendencia” terminó asimilando el curso represivo del general, que afectará sin dudas a sectores amplios de la sociedad. El proyecto plantea que habrá protestas “legítimas” e “ilegítimas”, quedando a criterio de los funcionarios de Seguridad definirlas de una u otra manera, según la incidencia y las afectaciones que determinada protesta genere. Ejemplos de protestas que a priori podemos asegurar que serían consideradas “ilegítimas” hay muchos. Pero vayamos a uno bien conocido. Durante el último verano cientos de barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se vieron afectados por los cortes de electricidad. Los vecinos, sin agua y sin luz, se vieron obligados a salir a las calles para reclamar contra la desidia de los empresarios y los funcionarios, que en su avaricia y sed de ganancias no han invertido en la infraestructura esencial del tenido de red eléctrica. Con esta nueva ley, muy posiblemente no tendrían el mínimo derecho de reclamar para tener estos servicios fundamentales. Por si esto fuera poco el proyecto tiene el agravante que comienza a establecer, en forma de ley nacional, que los cortes de calles y rutas no deben impedir servicios como la educación, la seguridad o la salud pública, llamándolos “servicios esenciales” cuando en realidad no todos tienen esa categoría. Esto no puede ser leído más que como la antesala de lo que ya anunciaron durante la última huelga docente: reglamentar el derecho a huelga. Lo mismo discuten, por ejemplo, empresarios y gobierno en cada medida de fuerza que toman los trabajadores del subte. Los redactores del proyecto de ley plantean que quien vaya a manifestarse deberá avisarle a la policía con dos días de anticipación. Encima del giro reaccionario, pretenden que los protagonistas de la protesta social le “faciliten” las cosas al aparato represivo del Estado para que los palos, las balas de goma y los gases lacrimógenos sean preparados con tiempo… Una verdadera provocación para los más de 5.000 luchadores obreros y populares que hoy están procesados por haber exigido sus derechos saliendo a la calle a protestar. Proyectos como éste muestran que la clase dominante no tiene reparos a la hora de imponer leyes según su conveniencia. En el paro nacional del 10 de abril, los piquetes con cortes de calles resultaron fundamentales para mostrar la fuerza de la clase trabajadora. Esa fuerza es la que quieren mutilar proponiendo una reaccionaria “convivencia ciudadana”. Establecen que hay manifestaciones que podrían ser legítimas, mientras tenga la previa autorización de funcionarios. Se arrogan el derecho a definir que es legítimo y que no, cuando ellos mismos son los gerentes de un sistema asentado en el más ilegitimo de los regímenes, el capitalismo. Es la clase dominante la que ha entregado, ilegítimamente los recursos naturales de la Nación, como recientemente el gobierno nacional que ha pagado cifras siderales a la Repsol que vació nuestros recursos. Esto es lo ilegítimo, no protestar contra el saqueo, la explotación y la opresión. Estamos frente a un gran ataque a las libertades democráticas más elementales, superador de cuanta legislación previa existe para regimentar la protesta y las luchas sociales, como las leyes antiterroristas votadas por el mismo kirchnerismo a pedido de la embajada yanqui. Por eso es necesario poner en pie en una gran campaña nacional para evitar que la idea de Kunkel y compañía se convierta en una nefasta ley. Todas las organizaciones obreras, estudiantiles, de derechos humanos, culturales, ambientalistas, de pueblos originarios y sociales en general -futuras víctimas primarias de la aplicación de este proyecto- tienen en sus manos la posibilidad de derrotar esta intentona, más allá de sus respectivas filiaciones políticas. Más que nunca se torna imprescindible un amplio frente único democrático para ponerle freno a este giro reaccionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Antimanifestación: “Un proyecto por cuenta y orden del FMI” Publicado el 17 de Abril del 2014 Néstor Pitrola, Diputado Nacional del Frente de Izquierda, declaró: “El gobierno, destinatario de las manifestaciones populares, sería el encargado, a partir del proyecto kirchnerista, de legitimar o ilegitimar, 48 horas antes, las manifestaciones en su contra”. “Imaginemos que el 15 de octubre de 1945 hubiera que haberle pedido permiso a Edelmiro Farrell para hacer la manifestación por la libertad de Perón que acababa de ser encarcelado, o que hubiéramos tenido que pedir permiso con dos días de anticipación para el cacerolazo que cambió la historia nacional el 19 de diciembre de 2001, contra el gobierno de De la Rúa y Cavallo”. Pitrola finalizó: “Este proyecto de ley expresa el divorcio definitivo del kichnerismo y de todos los partidos que lo apoyan –Giustozzi y Mestre anunciaron iniciativas similares-, con el movimiento popular.” “Viene a tratar de garantizar el ajuste con represión, es un proyecto por cuenta y orden del FMI”.

Encuentro nacional durante dos jornadas y será encabezado por Sanz y los presidente de los bloques legislativos de la UCR

Los legisladores de la UCR se reúnen en un encuentro nacional

política

Los próximos 13 y 14 de febrero, en el Hotel San Ceferino de Luján, se llevará a cabo el “Encuentro de Legisladores Nacionales de la UCR”, donde el radicalismo analizará la situación nacional y definirá la agenda parlamentaria del partido.

La Unión Cívica Radical es el principal partido político de la oposición, y cuenta con más de 50 legisladores nacionales, que se proponen una agenda ambiciosa para superar los problemas que enfrenta el país para el desarrollo y el futuro de la Argentina. El jueves 13, en primer término, se desarrollarán los paneles: “Los desafíos de la oposición: El 2015 y el Porvenir Argentino" y “La situación nacional y los desafíos de la UCR en la construcción de una coalición no populista para una alternativa en 2015”. Luego, a partir de las 17:00, el debate girará en torno a la situación económica con ejes tales como: Economía y Estado de Derecho, Sector Externo e inserción internacional, Desarrollo de factores de producción, inversión, trabajo, infraestructura y servicios para el desarrollo. En esta oportunidad, la discusión contará con la participación de Javier González Fraga y el Adrian Ramos.

Al día siguiente, viernes 14 a partir de las 9:00, se debatirá sobre temas como: La pérdida del control de la territorialidad, Defensa, delitos internacionales: aspectos económicos y de seguridad. Acuerdo con Irán; Centralismo o la reducción de la autonomía de las provincias. Aspectos federales: políticos, económicos, infraestructura; y La corrupción y su agenda. La vuelta a la perspectiva de la Constitución Nacional: Justicia.

Los dos temas con los que concluirá el encuentro giran en torno a las problemáticas sociales, que incluyen la protección social (familias, trabajo, tercera edad, mujer, infancia, poblaciones vulnerables) y bienes públicos (educación, salud y vivienda).