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martes, 22 de abril de 2014

Con o sin Ley las demandas seguirán.

ARGENTINA



(AW) Varios diputados nacionales del Frente Para la Victoria presentaron un proyecto de ley denominado Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas, para regular la protesta y definir cuál movilización es legítima y cuál no. Además plantea que hay que avisar a la Policía 48 Hs antes de la protesta y entregar los datos de un delegado y los motivos de la movilización. 
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 Por los derechos básicos y fundamentales de nuestro pueblo, como el derecho a la vivienda, la salud y la educación: los sectores populares tenemos pleno derecho a manifestarnos y lo seguiremos haciendo
Desde el Frente Popular Darío Santillán rechazamos absolutamente esta iniciativa y consideramos que es un inconfundible gesto antipopular y represivo enmarcado en una política de estigmatización a quienes venimos manifestando en la calle el descontento popular ante la situación económica actual.Sostenemos a su vez el pleno derecho de los sectores populares a manifestarse como derecho fundamental de toda la población.
Además, calificamos de vergonzoso un proyecto que nos obligaría a pedir “permiso” a las fuerzas de seguridad que encabezan los delitos de trata, de complicidad con el narcotráfico y el gatillo fácil. En Rosario, por ejemplo, nos obligaría a pedirle “permiso” a la policía de Santa Fe para realizar las movilizaciones que venimos haciendo hace 27 meses frente a Tribunales, exigiendo justicia por nuestros compañeros Jere, Mono y Patom, precisamente en una causa que tiene procesados a tres policías por el encubrimiento de los asesinatos a manos de una banda narco.
El oficialismo se equivoca. Por tomar la agenda electoral, que está corrida a la derecha, presenta un proyecto que confunde la “legitimidad” y la “legalidad”, a un punto tan peligroso como querer fusionarlos. Que quede claro, el gobierno no puede determinar qué movilización es legítima y cuál no y tampoco puede avanzar sobre un derecho constitucional tan básico como el derecho a manifestarse y peticionar ante las autoridades.
Manifestarse por los reclamos y reivindicaciones es un derecho fundamental de toda la población que bajo ningún punto de vista el Estado puede regular, cuando además generalmente apunta a denunciar su propia ausencia o su accionar en contra de los intereses del pueblo.
Este proyecto es un paso en la intención de contener las movilizaciones y el descontento que se expresa ante la agudización de una política económica en contra del bolsillo de los laburantes. Después de la devaluación, el pueblo trabajador busca cómo llegar a fin de mes con el nivel de inflación existente, en un escenario donde la precarización laboral sigue siendo la moneda corriente así como el trabajo informal y la desocupación de importantes capas de la población.
Sin solución a problemas estructurales de vivienda, salud y educación, con un aumento feroz en los costos de vida, la única respuesta que aparece del gobierno es la regulación de la protesta para reclamar por esta situación. Es una receta que se demostró que no funciona. Ante la toma del Indoamericano, la decisión del gobierno nacional fue conformar el Ministerio de Seguridad. Como si más fuerzas de seguridad le pudieran solucionar el problema de vivienda a miles de familias. Hoy, con la nueva toma en Lugano, vemos que el problema de vivienda no se solucionó sino que se profundizó.
De cara a 2015, vemos con preocupación que esta medida tenga el consenso de lo más reaccionario de la política, que va de los Macri a los Massa, pasando por Scioli y busca contener la protesta frente a medidas cada vez más alejadas de los intereses del pueblo.
Desde el FPDS condenamos que la respuesta hoy sea la de criminalizar las luchas, como se ve conprocesados de las Heras, el procesamiento de Diosnel Perez y el Tano Narduli o la condena a los militantes del MPR Quebracho entre otros.
Falta mucho para vivir en un estado de pleno derecho en donde el trabajo digno, la salud, la educación y el acceso a la tierra sean pilares fundamentales de la política en un País, por eso las demandas seguirán. Desde las barriadas populares, los sectores de trabajo, desde las escuelas y las universidades, y desde el campo y la ciudad seguiremos luchando por el cambio social, por el protagonismo del pueblo para crear su futuro de transformación. Lo haremos manifestando nuestro descontento y nuestro anhelo de otro país en la calle, junto al pueblo, sus demandas y su vocación de cambio.
Repudiamos el proyecto K para regular las movilizaciones públicas.
Es impopular, busca criminalizar la protesta y legalizar la represión. 
No pediremos permiso para ejercer nuestro derecho a manifestarnos a las fuerzas de seguridad que asesinan a nuestros compañeros ni a la narcopolicía.
Contactos:
Lucas Morello (vocero FPDS) 156 197 7171
Pedro Salinas (FPDS Rosario) (0341) 156-879840
Javier Lombardo (FPDS Rio Negro.Neuquén) 2994561338
Hugo Heredia (FPDS Tucumán)0381-156107876
Federico Palacios (FPDS Chaco)362 424-3276 
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Ante el proyecto de ley para limitar la protesta social
“Se preparan para reprimir a los que reclamemos contra el ajuste”
Según Daniel Menéndez: “El kirchnerismo coincide cada vez más seguido con el PRO: políticas de ajuste ortodoxo en lo económico, endurecimiento de las leyes y represión a la protestas social”.
En sintonía con el discurso presidencial de la apertura de sesiones del Congreso de este año, un grupo de diputados del Frente Para la Victoria presentó un proyecto de ley para limitar manifestaciones públicas y habilitar el uso de la fuerza para disolver la protesta social.
“Queda claro que el Gobierno Nacional está decidido a profundizar losmétodos represivos con tal de poder aplicar las medidas de ajuste”, explicó el Coordinador Nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez.
El proyecto de ley fue presentado por el Diputado Nacional Carlos Kunkel, y es impulsado por el Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y apoyado por un conjunto de legisladores oficialistas. También el Jefe de Gobierno Porteño, Mauricio Macri, había afirmado que de llegar a la Presidencia detendría a los manifestantes que cortan el tránsito.
Según Barrios de Pie, el kirchnerismo coincide cada vez más seguido con el PRO: políticas de ajuste ortodoxo en lo económico, endurecimiento de las leyes y represión a la protestas social.
“El conflicto social irá en aumento si en vez de respuestas concretas, los trabajadores son reprimidos e intimidados. Desde Barrios de Pie no haremos caso a las amenazas. Si la Presidenta pretende realizar un ajuste a costa del bolsillo de los que menos tienen, puede estar segura de que seguiremos movilizándonos para defender a los más humildes”, concluyó Menéndez.
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PRENSA BARRIOS DE PIE
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Pretenden reglamentar el derecho a la protesta social

17 Apr 2014

Por:Rosa D’Alesio para La Verdad Obrera

Diputados del Frente para la Victoria acaban de presentar un proyecto de ley contra el derecho a manifestarse, sin previa autorización. El proyecto, que tiene 34 artículos, firmado por ultrakirchneristas como Carlos Kunkel, Diana Conti y el ex duhaldista José María Díaz Bancalari, se propone sancionar una "ley de convivencia en manifestaciones públicas" limitando el derecho de peticionar en el espacio público.
La presidenta Cristina Kirchner, en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso el 1º de marzo cuestionó severamente los cortes de calles para manifestarse y como ejemplo mencionó a los diputados del FIT y al PTS, que un día antes, 27 de febrero, veníamos de protagonizar en todo el país, junto a otras organizaciones, una gran jornada de lucha por la absolución de los petroleros de Las Heras. No sólo cuestionó los cortes de calles al plantear "todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, sino que además defendió el fallo escandaloso contra los trabajadores de Las Heras condenados injustamente por un crimen que no cometieron. Palabras que fueron aplaudidas de pié por los diputados del PRO como lo hace cualquier ultrakirchnerista. Retratando otro de los giros a la derecha del gobierno “nacional y popular”.
Los defensores del proyecto “justifican” la necesidad de tener "reglas precisas de convivencia" para evitar que otros propongan medidas más duras, y subrayan que "contra otras soluciones que pretenden restringir derechos, recurriendo al Código Penal para agravar las penas de tipos ya existentes o tipificando nuevas acciones como delito, nosotros proponemos garantizar y afianzar derechos". Pero en realidad esta propuesta se suma a la que ya presentó el Frente Renovador: Massa tomó la iniciativa contra el método de los piquetes para regular el “derecho a la petición social” a partir de la instrumentación de “espacios públicos determinados, tanto a nivel federal como provincial y municipal”, pues “las protestas no pueden realizarse en cualquier lugar y a cualquier hora del día”. Para que “el derecho a peticionar se ejerza en plenitud no debe impedir el ejercicio del derecho a transitar”, anticipa su proyecto de ley que dispone multas equivalentes a tres salarios mínimos y penas de trabajo comunitario (La Nación, 25/3). El intendente massista Humberto Zuccaro ya militarizó los accesos al Parque Industrial de Pilar con un cuerpo de policía permanente que impide el derecho a la protesta.
No es un dato menor que sea el propio Carlos Kunkel uno de los impulsores del actual proyecto. Él fue uno de los ocho representantes de la JP que el 22 de enero de 1974 se opuso al proyecto reaccionario de reforma del Código Penal que impulsaba el general Perón bajo la excusa del atentado contra el cuartel de Azul. Cuatro décadas más tarde el ex legislador de “la Tendencia” terminó asimilando el curso represivo del general, que afectará sin dudas a sectores amplios de la sociedad.
El proyecto plantea que habrá protestas “legítimas” e “ilegítimas”, quedando a criterio de los funcionarios de Seguridad definirlas de una u otra manera, según la incidencia y las afectaciones que determinada protesta genere. Ejemplos de protestas que a priori podemos asegurar que serían consideradas “ilegítimas” hay muchos. Pero vayamos a uno bien conocido. Durante el último verano cientos de barrios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se vieron afectados por los cortes de electricidad. Los vecinos, sin agua y sin luz, se vieron obligados a salir a las calles para reclamar contra la desidia de los empresarios y los funcionarios, que en su avaricia y sed de ganancias no han invertido en la infraestructura esencial del tenido de red eléctrica. Con esta nueva ley, muy posiblemente no tendrían el mínimo derecho de reclamar para tener estos servicios fundamentales.
Por si esto fuera poco el proyecto tiene el agravante que comienza a establecer, en forma de ley nacional, que los cortes de calles y rutas no deben impedir servicios como la educación, la seguridad o la salud pública, llamándolos “servicios esenciales” cuando en realidad no todos tienen esa categoría. Esto no puede ser leído más que como la antesala de lo que ya anunciaron durante la última huelga docente: reglamentar el derecho a huelga. Lo mismo discuten, por ejemplo, empresarios y gobierno en cada medida de fuerza que toman los trabajadores del subte.
Los redactores del proyecto de ley plantean que quien vaya a manifestarse deberá avisarle a la policía con dos días de anticipación. Encima del giro reaccionario, pretenden que los protagonistas de la protesta social le “faciliten” las cosas al aparato represivo del Estado para que los palos, las balas de goma y los gases lacrimógenos sean preparados con tiempo… Una verdadera provocación para los más de 5.000 luchadores obreros y populares que hoy están procesados por haber exigido sus derechos saliendo a la calle a protestar.
Proyectos como éste muestran que la clase dominante no tiene reparos a la hora de imponer leyes según su conveniencia. En el paro nacional del 10 de abril, los piquetes con cortes de calles resultaron fundamentales para mostrar la fuerza de la clase trabajadora. Esa fuerza es la que quieren mutilar proponiendo una reaccionaria “convivencia ciudadana”. Establecen que hay manifestaciones que podrían ser legítimas, mientras tenga la previa autorización de funcionarios. Se arrogan el derecho a definir que es legítimo y que no, cuando ellos mismos son los gerentes de un sistema asentado en el más ilegitimo de los regímenes, el capitalismo. Es la clase dominante la que ha entregado, ilegítimamente los recursos naturales de la Nación, como recientemente el gobierno nacional que ha pagado cifras siderales a la Repsol que vació nuestros recursos. Esto es lo ilegítimo, no protestar contra el saqueo, la explotación y la opresión.
Estamos frente a un gran ataque a las libertades democráticas más elementales, superador de cuanta legislación previa existe para regimentar la protesta y las luchas sociales, como las leyes antiterroristas votadas por el mismo kirchnerismo a pedido de la embajada yanqui. Por eso es necesario poner en pie en una gran campaña nacional para evitar que la idea de Kunkel y compañía se convierta en una nefasta ley. Todas las organizaciones obreras, estudiantiles, de derechos humanos, culturales, ambientalistas, de pueblos originarios y sociales en general -futuras víctimas primarias de la aplicación de este proyecto- tienen en sus manos la posibilidad de derrotar esta intentona, más allá de sus respectivas filiaciones políticas. Más que nunca se torna imprescindible un amplio frente único democrático para ponerle freno a este giro reaccionario del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
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Antimanifestación: “Un proyecto por cuenta y orden del FMI”

Publicado el 17 de Abril del 2014
Néstor Pitrola, Diputado Nacional del Frente de Izquierda, declaró: “El gobierno, destinatario de las manifestaciones populares, sería el encargado, a partir del proyecto kirchnerista, de legitimar o ilegitimar, 48 horas antes, las manifestaciones en su contra”.
“Imaginemos que el 15 de octubre de 1945 hubiera que haberle pedido permiso a Edelmiro Farrell para hacer la manifestación por la libertad de Perón que acababa de ser encarcelado, o que hubiéramos tenido que pedir permiso con dos días de anticipación para el cacerolazo que cambió la historia nacional el 19 de diciembre de 2001, contra el gobierno de De la Rúa y Cavallo”.
Pitrola finalizó: “Este proyecto de ley expresa el divorcio definitivo del kichnerismo y de todos los partidos que lo apoyan –Giustozzi y Mestre anunciaron iniciativas similares-, con el movimiento popular.” “Viene a tratar de garantizar el ajuste con represión, es un proyecto por cuenta y orden del FMI”.

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