Inundaciones: una irresponsabilidad anunciada. El Parlamentario.
Situación que algunos hemos venido señalando insistentemente, sin éxito por cierto.
Ante estos hechos, nadie debiera estar sorprendido: son consecuencia lógica de la desinversión pública en infraestructura básica, irresponsablemente acumulada por los sucesivos gobiernos –particularmente durante la última década-, pese a las elevadísimas tasas de un crecimiento económico que ha sido desaprovechado.
Lo ocurrido en estos días en áreas urbanas no difiere demasiado en sus causas de lo que sucedió hace seis meses en vastas áreas rurales de nuestro país, cuando casi 13 millones de hectáreas sólo en la provincia de Buenos Aires resultaron afectadas por importantes inundaciones. Las pérdidas económicas de ese desastre fueron estimadas por entidades del sector en 11.000 millones de pesos aproximadamente, entre afectación de cosecha fina, siembra gruesa, pasturas, tambos y mortandad de ganado.
Lamentablemente, estas tragedias seguirán ocurriendo en tanto no produzcamos un verdadero giro copernicano en materia de inversión pública, sobre la base de una planificación estratégica integral y de profundo carácter federal, con la necesaria articulación de todas las jurisdicciones y no digitada desde un distante poder central.
Nuevamente voy a insistir en lo que he planteado en numerosos proyectos y artículos anteriores: el dinero está a disposición y los estudios y consultorías fueron realizados.
Sólo el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, donde se destina lo recaudado por un impuesto sobre la venta de naftas y GNC, con alícuotas del 5% y 9% respectivamente, generó durante los últimos años recursos por más de 8.500 millones de pesos, que en un principio fueron de afectación específica a obras, mantenimiento y servicios de infraestructura hídrica para la recuperación de tierras productivas y el control de inundaciones. Sin embargo, a partir de 2006, mediante una ley que dispuso quitar dicha especificidad, los fondos fueron paulatinamente desaprovechados y destinados a otros fines. A esto se le suman miles de millones para financiamiento de importantes proyectos de infraestructura hídrica a través de organismos multilaterales de crédito (BID, BIRF, CAF), recursos mayormente mal gestionados a causa del desinterés de los funcionarios de turno.
También están realizados los estudios y las consultorías pertinentes. Tal es el caso del Plan Maestro Integral de la Cuenca del Río Salado, formulado hacia fines de los noventa, con obras prácticamente paralizadas desde 2009; o bien los numerosos estudios y planes formulados por la Universidad Nacional de La Plata, sugiriendo las obras necesarias para evitar que esa ciudad siguiera padeciendo graves inundaciones, que en la última ocasión produjeron pérdidas materiales no menores a 4.000 millones de pesos.
¿Qué falta entonces? Evidentemente y ante todo, decisión política y compromiso sostenido en el tiempo, lo cual atañe inexcusablemente a toda la dirigencia política. La inversión pública que necesita nuestro país, particularmente en infraestructura básica, no puede quedar sujeta a tiempos y objetivos sometidos a fines electoralistas, como ocurre actualmente.
Los resultados están a la vista: en sólo seis meses se sufrieron en zonas rurales y urbanas daños por un valor mayor a los 15.000 millones de pesos, que superan en casi el doble a lo recaudado en diez años por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica para realizar las obras proyectadas y poder así evitar dichos perjuicios. Sin considerar, claro está, la irreparable pérdida de vidas humanas.
Se requiere, por tanto, un profundo compromiso y responsabilidad de todos. Debemos dejar de correr detrás de los acontecimientos, dejar de mitigar consecuencias, y trabajar definitivamente sobre las causas.
Evitemos una próxima tragedia.
Dr. Carlos R. Brown es diputado nacional de la provincia de Buenos Aires
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