Domingo Cavallo |
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Basta observar el ritmo de crecimiento del gasto público y de la emisión monetaria. Si uno quiere entrar en más detalles vale la pena observar la evolución del déficit fiscal, bien medido, y de los salarios nominales pactados en las negociaciones colectivas de trabajo. Otra evidencia incontrastable la ofrece la evolución del precio del Dólar en el mercado paralelo y la tasa de interés aplicada a los préstamos para el consumo cuando no existen controles impuestos por el Gobierno.
Pero, al mismo tiempo, el Gobierno trata de contener el aumento de los precios con congelamientos y controles impuestos por decisiones administrativas. Por supuesto, esta combinación de políticas contradictorias hace que además de inflación abierta (a la que pretenden medir, tanto los índices oficiales como los índices privados, con grandes diferencias a causa de la estrategia deliberadamente mentirosa del INDEC) se vayan acumulando dosis cada vez mayores de inflación reprimida.
Este fenómeno no es nuevo. En realidad comenzó a existir en 2002 cuando la fuerte política inflacionista que se inauguró con la pesificación de los depósitos y de las deudas y la fuerte devaluación nominal de la Moneda fue acompañada por el congelamiento delas tarifas de los servicios públicos (agua, gas, electricidad y transportes), la implantación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, las restricciones cuantitativas a las exportaciones de alimentos y los controles de precios sobre productos como el pan, la carne y la leche. Como no podía ser de otra manera, esta inflación reprimida oficial terminó provocando una aceleración de la inflación abierta, sobre todo cuando, a partir de 2005 comenzó a observarse restricciones de oferta de carne y leche y sus precios ya no pudieron seguir controlados. También debieron liberarse, aunque sea en forma parcial y marginal, los precios del gas y de la electricidad pagados por las industrias y los comercios.
En el mismo momento en el que se comenzaba a transformar esta inflación reprimida oficial en inflación abierta, la política monetaria dejó de ser estabilizadora, como lo había sido desde fines de 2002 hasta fines de 2004, cuando el Banco Central dejó que el Peso se apreciara de la misma forma como se estaba apreciando el Real en Brasil. Como consecuencia la inflación abierta no dejó de crecer desde 2005 hasta bien entrado el 2008, cuando la crisis global y la caída de los precios internacionales trajeron un cierto respiro en materia de inflación.
La interrupción del proceso estabilizador reflejado en la apreciación del Peso y la continuidad del congelamiento de precios para los servicios públicos brindados a las familias, inauguró un nuevo período de inflación reprimida el que además fue alimentado por aumentos de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y crecientes restricciones cuantitativas a las exportaciones de alimentos.
A partir de que la fuerte expansión monetaria dejó de originarse en la compra de dólares por parte del Banco Central destinada a evitar la apreciación de Pesos y comenzó a originarse en el financiamiento monetario de un déficit fiscal creciente, comenzó a observarse, como era de esperar, un proceso de fuga de capitales. La respuesta del Gobierno no fue esta vez dejar que se ajustara el tipo de cambio nominal sino imponer restricciones a las importaciones y a la compra de divisas, con lo cual pasó a controlar el tipo de cambio, pero sólo en el mercado oficial de acceso restringido. Por supuesto, como ocurre con cualquier control de precios acompañado por restricciones cuantitativas, no tardó en aparecer la brecha con el mercado paralelo de divisas, un indicador claro de que la inflación era también reprimida en el mercado del Dólar.
Al final del primer trimestre de 2013, cuando la expectativa de inflación ya se ubicaba por arriba del 30 % para todo el año y el Gobierno tendrá que enfrentar elecciones parlamentarias en Octubre en las que espera obtener un triunfo que habilite la reforma constitucional para permitir re-elección Presidencial indefinida, la decisión del Gobierno ha sido acentuar, una vez más, los controles de precios, disponiendo el congelamiento de los precios en los supermercados y, a partir de hoy, para los combustibles. Como consecuencia la inflación reprimida será cada vez de una magnitud mayor.
El gobierno espera que este aumento de la inflación reprimida signifique una reducción en la inflación abierta, aunque más no sea hasta el momento de la elección, pero claramente no está dispuesto a implementar una política fiscal y monetaria estabilizadora. Todo lo contrario, anuncia que va a acentuar la expansión monetaria y fiscal para conseguir que la economía, estancada desde principios de 2012, se reactive. Esta estrategia es sumamente peligrosa. Aumenta de manera geométrica la probabilidad de que luego de la elección se produzca una explosión inflacionaria tipo Rodrigazo de 1975.
Si uno presta atención a las declaraciones de los funcionarios más sinceros, debe concluir que el Gobierno piensa hacer responsable de esa explosión a la gente que no lo haya votado y, con esa actitud, haya provocado una mengua enorme en el poder político de Cristina al cerrarle el paso a su re-elección. Pero lo que el Gobierno no parece advertir es que el riesgo de la explosión existirá de todos modos, aun cuando los resultados electorales fueran favorables al Gobierno. ¿Qué hará en ese caso para llegar a la elección presidencial sin que se haya producido un descalabro económico fenomenal?
Yo creo que el Gobierno ni siquiera lo ha pensado, pero observando la experiencia de Venezuela, me atrevo a predecir que vendrán más estatizaciones de empresas que signifiquen fuentes de ingresos para el gobierno en los próximos dos años, aún cuando resienta las inversiones de largo plazo. El Gobernador Gioja, puntilloso defensor de la minería privada, tendrá que comenzar a poner las barbas en remojo. Puede llegar a pasarle lo que a los Eskenazy con YPF. Y no sólo la minería va a estar en el ojo de los estrategas políticos de un Gobierno de Cristina triunfante en las elecciones de Octubre. Bancos, Comercio Exterior y grandes empresas también estarán en la mira.
La represión, cuando comienza, nunca se sabe donde termina.
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