La reforma del organismo que selecciona y designa jueces fue impulsada especialmente por la mandataria y forma parte de un paquete de seis leyes promovido con el fin de ‘democratizar la Justicia’, de acuerdo con el lema gubernamental.
Desde la oposición aseguran que: “la norma es inconstitucional, debido a que la Constitución nacional, que está por encima de las leyes, ya establece la forma de integración del Consejo de la Magistratura, de representación por estamentos de abogados, jueces y académicos, además de los legisladores nacionales, nombrados por las cámaras del Congreso”.
La oposición realizó, la semana pasada, un encuentro al que asistieron funcionarios judiciales, académicos y abogados en el que ratificó su propuesta de presentar amparos judiciales contra esta ley “ni bien sea promulgada y en los 24 distritos del país”.
Los partidos de la oposición ya se contactaron con directivos de diversas ONG y fundaciones civiles para avanzar en conjunto con un alud de denuncias y presentaciones contra esta y las demás leyes de la reforma judicial.
Este lunes se reunirán los directivos de Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), Fundación Directorio Legislativo, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Asociación por los Derechos Civiles (ADC), organizaciones a través de las cuales la oposición pretende canalizar algunos planteos de inconstitucionalidad.
En la oposición también cuestionan un artículo del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que establece que una coalición de partidos políticos sólo podrá llevar candidatos a consejeros si conforma un frente electoral con el mismo nombre en 18 de las 24 provincias.
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