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miércoles, 20 de agosto de 2014

Legislación antiterrorista.

política

Lozano (UP): “La legislación antiterrorista debe ser derogada, no por el particular temor empresario al presente gobierno, sino por el carácter represivo que esta norma plantea para el conjunto de la sociedad. Sobran recursos legales para defender a los trabajadores frente a las maniobras especulativas de las empresas en tanto exista voluntad política de hacerlo”.

La legislación antiterrorista en sus dos versiones (la aprobada en el años 2011 y la votada por el FpV, el radicalismo y varios partidos provinciales en el 2007) deben ser derogadas, ya que las mismas pueden ser empleadas discrecionalmente como una abusiva herramienta represiva del Estado para limitar, restringir, perseguir y penalizar a personas físicas integrantes de organizaciones de la sociedad y de empresas se expresó el bloque del diputado Lozano.

Hecha esta aclaración, es absolutamente razonable que el gobierno avance con acciones legales sobre aquellas empresas que, de manera fingida y maliciosa, promuevan situaciones que pongan en riesgo la fuente de trabajo señalaron.

En el caso puntual de la imprenta Donnelley -que exhibiendo un patrimonio neto positivo, una deuda fiscal baja y condiciones de viabilidad económica, su capital accionario viola la ley argentina, (los fondos que la integran participan de las operaciones de exploración y explotación hidrocarburífera en el país)-, lo lógico es avanzar con su expropiación a efectos de poner su continuidad en manos de los trabajadores.

El bloque de Unidad Popular sostiene que sobran recursos legales para defender a los trabajadores frente a las maniobras especulativas de las empresas en tanto exista voluntad política de hacerlo.

Por ´ltimo manifiestan que "En ningún caso esto debe hacerse en base a una legislación como la antiterrorista que efectivamente debe ser derogada, no por el particular temor empresario al presente gobierno, sino por el carácter represivo que esta norma plantea para el conjunto de la sociedad. Es más, su aplicación en el presente contexto y agravamiento de la conflictividad social sienta un lamentable precedente represivo para la perspectiva futura de la Argentina".

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