Además acusaron y pidieron la renuncia del director del Servicio Penitenciario Federal, Víctor Hortel, por “discriminar a otras ONG y a un sector de la población carcelaria y de utilizar fondos públicos para un proyecto personal y partidario”.
En el informe denunciaron que “el Vatayón Militante no cumplía, al momento de las salidas, con los requisitos que exige el decreto 1136/97 para las ONG. Esto es, certificado de sus estatutos, tener personería jurídica y un balance del último ejercicio, entre otras cosas”.
La diputada Bullrich comentó: “Es posible que ahora hayan hecho los trámites ante la IGJ (organismo controlado por un militante de La Cámpora)”.
Los diputados tuvieron entrevistas con presos, familiares, abogados, jueces, y ex autoridades del Servicio Penitenciario Federal, y llegaron a la conclusión: “el sistema de salidas implementado por el Servicio Penitenciario Federal no contempla pautas de evaluación conocidas, es discriminatorio en la relación entre presos, no está legislado y no contempla progresividad en su aplicación”.
Las salidas no están reguladas en la ley 24.660, si se mencionan traslados por: fallecimiento de familiares o allegados, y por enfermedad grave.
Y afirmaron que: “Las salidas culturales no existen. La mayoría de los jueces concedían los permisos casi de manera automática. Apelamos a que ahora apliquen la ley de manera adecuada”.
