Tal sistema obliga a quienes deseen ingresar bienes a la Argentina a presentar un Declaración Jurada Anticipada de Importación. Esa información será luego analizada por diferentes organismos estatales. Luego, si es corroborada la operación será validara, en un plazo que irá de los tres a los diez días.
El argumento que esbozo el Gobierno es que debido al contexto de crisis global, la prioridad es mantener un superávit comercial superior a los 10 millones de dólares mediante el seguimiento intensivo a la producción y las importaciones.
Sin embargo, las polémicas no se hicieron esperar. Dirigentes industriales de Brasil, Paraguay y Uruguay hicieron sentir sus voces. Por ejemplo, el titular de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, viajo a Buenos Aires para reunirse con autoridades y analizar el impacto que podría tener eso en las exportaciones brasileñas hacia nuestro país.
La Fiesp argumenta que la obligación de presentar una declaración jurada de importación alcanzará al 74% del los productos que Brasil exporta hacia la Argentina.
En respuesta, el Gobierno de Cristina Kirchner insiste en que es necesario equilibrar el saldo deficitario que mantiene con su principal socio comercial, Brasil.
Según datos del Ministerio de Industria, en el 2011 el saldo deficitario fue de 5800 millones de dólares, con un crecimiento de las compras a Brasil del 23%.
