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domingo, 4 de enero de 2015

Proyecto de Ley que reforma al Código Procesal Penal .

El Proyecto de Ley fue presentado ante la presencia de una importante cantidad de público, con la presencia de Intendentes, legisladores provinciales y nacionales, asociaciones de familiares de víctimas de la inseguridad, instituciones y público en general.

El Frente Renovador que lidera Sergio Massa presentó el Proyecto de Ley del espacio que reforma al Código Procesal Penal y que busca ser una alternativa a la polémica iniciativa del Gobierno.

De la presentación participó el Senador Provincial por la séptima sección, Héctor Vitale que destacó “la reforma permitirá suspender a funcionarios sospechados por corrupción, si el fiscal de la causa antes de que un juez dicte el procedimiento, consigue demostrar una preconfiguración del delito”. El Proyecto del Código Procesal Penal del Frente Renovador presentado apunta a frenar la implementación del que impulsa el Gobierno, al que le atribuye el intento de buscar la impunidad para sus funcionarios sospechados de corrupción.

En ese sentido, el Senador Vitale indicó que “Sergio Massa y otros diputados del espacio político durante la presentación sostuvieron, que uno de los puntos centrales del texto consistirá en darle a los fiscales la posibilidad de pedir la suspensión del funcionario acusado mientras se sustancia el proceso, si logra fundamentar las sospechas”.

También Vitale resaltó que “otra de las diferencias del Proyecto es limitar los poderes discrecionales que el oficialismo le otorgó en su texto, a la Procuración General. Y en que se establecen parámetros más drásticos para el juzgamiento de los acusados: tendrán prisión preventiva automática aquellos sospechados de delitos con penas máximas superiores a los 6 años y se le otorgará a las víctimas la posibilidad de intervenir en todos los tramos del proceso, a través de abogados propios o aportados gratuitamente por el Estado”.

Por último, se señaló que el Proyecto del Frente Renovador de Reforma del Nuevo Código Procesal busca pasar de un sistema inquisitivo (centralizado en los jueces) a uno acusatorio, en el que los fiscales tomen las facultades de investigación.

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