Yo, por el contrario, sostengo que un salto devaluatorio desembocaría en un “Rodrigazo”, es decir en una explosión inflacionaria sin alterar de manera significativa la pérdida de competitividad que se ha venido acumulando durante los últimos años.
El sistema monetario vigente es sumamente perverso y transformaría al salto devaluatorio en el detonante de una explosión inflacionaria. El costo social para los argentinos sería cruelmente elevado. Y, además, nada aseguraría que después de esta explosión sea elegido un mejor gobierno. La confusión puede llegar a ser de tal magnitud, que emerjan ideas económicas tan disparatadas como las que viene pregonando la extrema izquierda, que hacen del aislacionismo internacional y el estatismo sus principales banderas.
Voy a utilizar este post para explicar porqué tengo una opinión tan diferente de la que predomina entre varios de los economistas que militan en partidos de la oposición.
El sistema monetario vigente en la Argentina obliga a que todas las transacciones se hagan exclusivamente en pesos. No permite que se utilicen como monedas de curso legal ni el Dólar, ni el Euro ni el Real, que serían buenas alternativas, especialmente para las transacciones financieras que persiguen proteger el ahorro y financiar la inversión. Tampoco permite que con los pesos se puedan comprar libremente monedas extranjeras ni que las monedas extranjeras que existen en el país o que ingresan del exterior puedan convertirse en pesos a un tipo de cambio libre en forma legal. El Banco Central o, por caso, el Gobierno, establece el tipo de cambio al que pueden comprar divisas los autorizados para hacerlo y deben vender sus divisas los exportadores. Por supuesto, hay fuertes restricciones tanto a las importaciones como a cualquier pago financiero al exterior.
Desde 2002 en adelante el gobierno ha intervenido fuertemente en el sistema de determinación de los precios de la economía. Lo ha hecho a través de congelamientos de precios y tarifas de los servicios públicos, controles de precios de los alimentos y otros productos básicos, retenciones a las exportaciones y restricciones cuantitativas a las importaciones y exportaciones. Esto ha determinado que muchos precios claves de la economía se ubiquen muy por debajo del nivel de equilibrio entre la oferta y la demanda, aún medidos con la vara del tipo de cambio oficial.
Lamentablemente, quienes hablan de retraso cambiario nunca advierten que existen muchos precios claves de la economía que están retrasados con respecto al precio del dólar en el mercado oficial y que es, precisamente ese retraso el que ha permitido que el resto de los precios libres de la economía se hayan adelantado tanto como el precio del dólar en el mercado paralelo. Dada una cierta cantidad de dinero en la economía, cuando se obliga a que una porción significativa de los precios se ubiquen por debajo del equilibrio de mercado, el ingreso nominal de los demandantes, que está estrechamente vinculado a la cantidad de dinero en circulación, termina gastándose en la porción de bienes y servicios con precios libres y estos aumentan mucho más que lo que hubieran podido aumentar de no existir el retraso forzoso de los demás.
Cuando los congelamientos y controles llevan a que los precios ni siquiera cubran los costos variables de producción, el Gobierno se ve obligado a pagar subsidios, como está ocurriendo con la energía y los transportes, o a cubrir pérdidas o financiar inversiones de empresas estatales, como Aerolíneas Argentina, AYSA, ENARSA , ARSAT e YPF. Por supuesto, los congelamientos y controles llevan a que sólo el Estado invierta en los sectores afectados y la inversión estatal resulta, las más de las veces, más ineficiente y más cara que la que hubiera hecho el sector privado. Además, las inversiones decididas por el estado son el vehículo más utilizado para las prácticas corruptas.
Un salto devaluatorio acentuaría la mayor parte de los desequilibrios que hoy crean inflación reprimida, obligan al pago de fuertes subsidios estatales y aumentan la emisión monetaria. Crearía más inflación reprimida porque las tarifas y precios de los servicios públicos y los precios controlados por el Estado quedarían más retrasados que lo que ya están, obligarían al pago de fuertes subsidios adicionales para mantener en operación a las empresas afectadas por los controles y aumentaría la emisión para financiarel déficit fiscal.
Para los que no advierten que la devaluación provocaría un fuerte aumento del déficit fiscal, les presento un pequeño ejercicio aritmético: hay una relación aproximada de 1 a 5 entre el déficit comercial externo del sector energético y el monto de los subsidios a la energía y los transportes. El primero asciende a aproximadamente 15 mil millones de dólares y el monto de los subsidios a alrededor de 75 mil millones de pesos. No es casualidad que el cociente entre las dos magnitudes sea 5 pesos. Se trata del tipo de cambio oficial. Si el tipo de cambio oficial saltara a 10 pesos, el monto de los subsidios pasaría de 75 mil millones a 150 mil millones. Es decir, el déficit fiscal podría llegar a duplicarse.
Por supuesto, este aumento del déficit fiscal originado en el monto de subsidios, lo mismo que el aumento de la inflación reprimida, podría evitarse. Pero para ello el gobierno debería duplicar los precios y las tarifas de los servicios públicos. Salto devaluatorio y tarifazo difícilmente no sean acompañados por reclamos de aumentos salariales de la misma magnitud. Estos tres golpes juntos no son otra cosa que la re-edición del “Rodrigazo” de 1975. La inflación se espiralizaría de inmediato porque el Banco Central se vería presionado a producir un fuerte aumento de la emisión y, si no lo hiciera, el aumento de la velocidad de circulación de la enorme masa monetaria que se ha venido acumulando en los últimos años, financiaría la propagación del efecto inflacionario inicial.
Pero, ¿Es posible darle una salida diferente a la situación económica que ha resultado de 10 años de desmanejos económicos? Sí, es posible. Pero solamente lo puede hacer con alta probabilidad de éxito, un gobierno que tenga un diagnóstico claro y goce de la credibilidad necesaria para avanzar rápidamente hacia la estabilización de la moneda y los precios. Lo que, en mi opinión, un gobierno de ese tipo debería hacer, está detallado en el post del 3 de mayo. El éxito de un plan semejante depende en forma crucial del cambio del sistema monetario en la dirección de una completa libertad para comprar y vender las monedas que hagan sentir a los argentinos que sus transacciones y ahorros están protegidas de la desvalorización monetaria y la inflación.
Pero, mientras tanto, ¿no hay nada que el gobierno actual pueda hacer? Sí: si este gobierno quisiera mejorar las chances de una salida no traumática, tendría que abocarse a eliminar lo más rápido posible la inflación reprimida, eliminar los subsidios a la energía, los transportes y a las empresas estatales, eliminar los impuestos distorsivos y las trabas a importaciones y exportaciones, aumentar el ritmo diario de ajuste en el tipo de cambio oficial y permitir que las tasas de interés pagadas a los depositantes de pesos aumenten a un nivel algo superior al ritmo de devaluación en el mercado oficial. La unificación y liberación del mercado cambiario sólo podrá ser hecha sin riesgo de “Rodrigazo” por el próximo gobierno, si es que llega bien preparado y goza de credibilidad.
