Negocio inmobiliario dejaría sin vivienda a 500 familias.

VÍCTIMAS DE DIAGONAL SUR DENUNCIA

(AW) Víctimas de Diagonal Sur, un un grupo de vecinos que se opone a la expropiación de 4 manzanas para extender la Diagonal Sur, denuncia un escándaloso negocio inmobiliario que se propone la destrucción de parte del Casco Histórico Fundacional de la ciudad, incluidos una plaza, el patio de una escuela de doble jornada y edificios protegidos y dejará además a mas de 500 familias sin hogar. Buenos Aires, 21 de febrero de 2014.- Víctimas de Diagonal Sur somos un grupo de vecinos que decidimos defender la identidad barrial e histórica de nuestra ciudad. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pretende expropiar 4 manzanas para extender la Diagonal Sur reflotando un proyecto de 1907, ¡con más de un siglo de atraso! Cuando la ciudad, hoy, no tiene las mismas prioridades que cuando fue planteado. Dicha expropiación implica la demolición de casas y edificios completos con el fin de concretar un ambicioso negocio inmobiliario que dejará a mas de 500 familias sin hogar. Para este escandaloso negocio se propone la destrucción de parte del Casco Histórico Fundacional de la ciudad, incluidos una plaza, el patio de una escuela de doble jornada y edificios protegidos, depredando a los vecinos que estamos sumidos en un absoluto estado de indefensión y desamparo. Hoy los vecinos que decidimos no callar este atropello, pedimos que se apruebe un proyecto de ley que dejará sin efecto la extensión de la Diagonal Sur. Este proyecto se encuentra en la legislatura porteña bajo el Nro Expediente: 666-D-2013. Pedimos que sumes tu firma no sólo para salvar nuestra casas, sino para proteger 4 manzanas donde transcurrió parte importante de la historia de la Argentina.

La agencia de recaudación bonaerense denunciará ante la Justicia a los profesionales que viven en la provincia y falsean datos catastrales para evadir el pago de impuestos, se anunció oficialmente.

El 60 por ciento de las declaraciones juradas de profesionales que se desempeñan en los rubros de la construcción o refacción de inmuebles registra algún tipo de irregularidad, precisó ARBA en un comunicado de prensa.

Como complemento de la labor de fiscalización y las mejoras de administración tributaria que permitieron incrementar los recursos genuinos de la Provincia en Ingresos Brutos, la Agencia puso en marcha nuevos controles catastrales que buscan avanzar contra el incumplimiento en el Inmobiliario Urbano.

El director de Arba, Martín Di Bella, explicó que “del mismo modo en que se ha logrado buenos resultados en la lucha contra la evasión en Ingresos Brutos, ahora se intensifican las acciones en el Impuesto Inmobiliario para desbaratar las maniobras irregulares que realizan algunos contribuyentes, con la complicidad de ciertos profesionales, para pagar menos tributos por sus propiedades”.

Según las estimaciones de la Agencia, el 60 por ciento de las declaraciones juradas referidas a las características de construcción o refacción de inmuebles posee errores u omisiones, que buscan esconder la verdadera fecha de edificación, o bien el valor real de esas propiedades.

Respecto de estas irregularidades, Di Bella precisó que el cuerpo legal de Arba denunciará penalmente a los profesionales que falseen las declaraciones juradas en las que se formaliza el estado parcelario de las propiedades.

“Acudiremos a la Justicia ante la presunción de los delitos de defraudación al fisco, falsedad ideológica de instrumento público y uso de instrumento público falsificado”, dijo el funcionario bonaerense.

Campomar:"Interrumpir las labores ante el eventual hallazgo de restos óseos".

FÁBRICA CAMPOMAR: CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN

(AW) Integrantes de la "Comisión de Vecinos de Lanús por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar" denunciaron durante una conferencia de prensa que en la fábrica textil Campomar de Valentín Alsina funcionó un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar. Con el aval de la Justicia, hoy las instalaciones están siendo demolidas por Electroingeniería para llevar adelante un emprendimiento inmobiliario: proyecto "Nuevo Valentín Alsina", inaugurado por la presidenta de la Nación Cristina de Kirchner y el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, a mediados de este año. La "Comisión de Vecinos de Lanús por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar" se conformó a mediados de año y dio su tercera conferencia de prensa este lunes en el Hotel Bauen. Esta vez la convocatoria fue para denunciar que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, "sin investigar y, a pesar de los testimonios, levantó la medida de no innovar y autorizó a Electroingeniería para que avance con las obras de demolición de la exfábrica textil Campomar", donde la empresa construirá un complejo urbanístico de torres. Los vecinos se manifestaron indignados porque existen denuncias que en la textil funcionó un Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE), por lo que la medida "es una burla para todos los familiares que aún buscan a sus seres queridos". Exigen "una decisión política del gobierno nacional" para que la Justicia investigue "de verdad", a la vez que la Cámara "vuelva a dictar la medida de no innovar y que se inicie de inmediato una investigación con georadar, fósforo y todos los adelantos científicos existentes" en el predio a fin de establecer si hay enterramientos humanos. El licenciado en Ciencias Antropológicas, Diego Aguirre, mencionó distintos métodos de investigación antropológica que podrían realizarse en el lugar, pero el Equipo Argentino de Antropología Forense aún no los efectuó. La Comisión asegura que la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata "nunca investigó" y "sólo realizó una visita ocular en el baldío del predio, sin ingresar a los dos edificios centrales que aún quedan en pie". Por ello reclama una nueva investigación y "que se tome declaración a los testigos que ya fueron citados y que se difundan públicamente los pasos de la investigación". Los testigos Los testigos denunciaron que durante la última dictadura militar en la exfábrica textil Campomar, ubicada en la avenida Remedios de Escalada al 3300, Valentín Alsina, partido de Lanús, funcionó un CCDTyE. Al lugar ingresaban vehículos con personas armadas y bajaban helicópteros. Se escuchaban tiros y gritos provenientes del edificio. Una profesora de Biología de la Escuela Media Nº 9, lindante con la exfábrica textil, mencionó que en 1979, mientras hacía una excursión de campo con sus alumnos, en el predio de Campomar encontró un cráneo humano con un agujero y manchado con sangre. Lo recogió y se lo llevó a la directora de la escuela, quien le ordenó que hiciera un informe y lo llevara a la Comisaría Tercera de Valentín Alsina. Allí le recibieron el cráneo y el informe. Quien fue jefa de preceptores de la escuela mencionada, contó que en 1983 vio un cráneo semienterrado con un agujero en la región frontal. Hoy, tras haber estudiado y recibirse de perito balística, puede afirmar que se trataba de una calavera de tamaño chico, por lo que supone que se trataría de una mujer y que el orificio era producto de una bala. Junto con la vicedirectora de la escuela, la jefa de preceptores también hizo la denuncia a la Comisaría Tercera pero no les quisieron dar una copia del documento. La Cámara Federal de La Plata no solicitó esas pruebas a la institución policial. La Comisaría Tercera está ubicada a tres cuadras de la textil y se probó que formó parte del "Circuito Camps". Los sobrevivientes Sin embargo, los mencionados testimonios eran insuficientes para que prosperara una investigación judicial. Era necesaria la declaración de sobrevivientes. Fue así que la Comisión de Vecinos dio con dos víctimas del terrorismo de Estado que fueron torturadas en la exfábrica Campomar. Uno de ellos sólo habló con los vecinos pero se niega a testimoniar en la causa pues "está muy atemorizado". La segunda víctima es un obrero (se preserva su nombre para protegerlo) que relató su secuestro el 20 de diciembre de 1978 y su posterior traslado a la fábrica Campomar. Allí fue interrogado, torturado y sometido a simulacros de fusilamiento. El obrero tiene certeza del lugar pues trabajaba al lado de Campomar, enfrente de una fábrica de clavos y conocía los ruidos de las mismas. También pudo ver el sitio cuando se corrió su capucha. Luego pasó por otros centros clandestinos, entre ellos la Comisaría Tercera. En 1980, recuperó la libertad tras la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El trabajador aportó su testimonio en "El Juicio de la Verdad", en 2011, y el 23 de octubre de este año lo ratificó y amplió en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Paralelo a la "Comisión de Vecinos de Lanús por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar", trabaja en esta causa la "Comisión Provincial por la Memoria". El 4 de septiembre de este año, esta última solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que se dicte una medida de no innovar a fin de impedir la demolición de la mencionada exfábrica Campomar. También presentó un recurso de "amicus curiae" (Amigos del Tribunal). Recurso de "amicus curiae" El recurso de "amicus curiae" presentado por la Comisión Provincial por la Memoria en el marco de la Causa Nº 2692/SU, sostiene que "en atención a las pruebas e indicios recabados hasta el momento, el predio de la exfábrica Campomar podría haber sido utilizado como CCDTyE en la última Dictadura Militar, hechos que constituyen -sin lugar a dudas- un asunto de interés público en la investigación de los hechos allí ocurridos y la averiguación de la verdad". La presentación establece su interés en la resolución del caso, dada "la honda preocupación de que se permita que la empresa Electro Ingeniería S.A. prosiga con las obras de demolición de la ex fábrica Campomar, con el fin de construir un complejo urbanístico de torres, obstaculizando así el derecho que le asiste a todos familiares de las víctimas de los abusos del Estado ocurridos en la última dictadura cívico-militar, como así también a la sociedad en su conjunto, de conocer cuáles fueron las circunstancias relacionadas con la desaparición y/o detención ilegal ocurridas en dicho predio". En atención a los argumentos expuestos, y "ante la posibilidad de que puedan hallarse prueba o indicios de que existió un centro clandestino de detención, fusilamiento y enterramiento de personas desaparecidas en dicho predio", la Comisión Provincial por la Memoria solicitó a la Cámara Federal de La Plata "que se amplíe el plazo de la medida de no innovar -por el tiempo que sea necesario- y se arbitren los mecanismos y medidas pertinentes a fin de determinar si la exfábrica Campomar fue un CCDTyE en la última Dictadura Militar". Suspensión de la obra. Una inspección ocular externa El 18 de octubre, la Cámara Federal resolvió hacer lugar a la solicitud de no innovar, suspendió la demolición por el plazo de 30 días y dio intervención al Equipo Argentino de Antropología Forense para que evalúe el terreno, los antecedentes probatorios recabados y en su caso establezca la necesidad de llevar adelante tareas de investigación de campo. El 12 de octubre, el juez Leopoldo Schiffrin de la Cámara de La Plata hizo una inspección ocular en el predio de la fábrica. Miembros de la Comisión de Vecinos acercaron tres testigos al lugar, que manifestaron haber encontrado un esqueleto, dos cráneos, una picana y precintos para esposar las manos. Los vecinos solicitaron al juez que también hiciera una inspección ocular en el interior de la fábrica, pero el magistrado se negó. "Interrumpir las labores ante el eventual hallazgo de restos óseos" El 22 de noviembre, la Cámara revocó la medida de no innovar y autorizó a Electroingeniería para que avance con las obras de demolición de la fábrica, pero "antes de su iniciación deberá prestar declaración jurada ante esta Cámara de interrumpir las labores ante el eventual hallazgo de cualquier elemento sospechoso, que se pueda relacionar con restos óseos u objetos relacionados con el proceso de represión (de carácter policial o militar)". Además, "deberán dar noticias al Tribunal" de tales hallazgos. Los integrantes de la Comisión de Vecinos de Lanús entienden que si se demuelen los dos edificios centrales, van a desaparecer pruebas y ello sería el fin de la investigación. Emprendimiento inmobiliario "Nuevo Valentín Alsina" El destino de la exfábrica textil Campomar es el proyecto "Nuevo Valentín Alsina", promovido por el Gobierno nacional y el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez. El emprendimiento inmobiliario fue otorgado a la empresa constructora Deisar del Grupo Electroingeniería, ligado a Carlos Zannini, secretario legal y técnico de la Nación. El convenio para la construcción del complejo urbanístico fue firmado el 31 de mayo de este año. En la firma estuvieron presentes el intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, por parte de Electroingeniería el ingeniero Osvaldo Acosta (presidente), el ingeniero Gerardo Ferreyra (vicepresidente) y Eduardo Barbera por DEISAR. También participó el arquitecto Roberto Converti, de "Oficina Urbana", estudio que diseñó el proyecto. A principio de julio pasado, en videoconferencia, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró oficialmente las obras, conjuntamente con Darío Díaz Pérez, Osvaldo Acosta, Gerardo Ferreyra y Eduardo Barbera, entre otros. La exfábrica está ubicada en un predio de 5,8 hectáreas, donde se levantarán 2500 departamentos de uno, dos y tres ambientes, en edificios de trece pisos con espacios verdes y calles internas abiertas al tránsito vehicular. El emprendimiento se divide en tres áreas: residencial, comercial y espacio libre y comunitario, que proveerá a esta zona de más lugares al aire libre, recreativos y educativos. En un predio de casi tres hectáreas, el Club Atlético Lanús levantará un complejo deportivo: una piscina olímpica climatizada, canchas de fútbol y básquet, además de gimnasios para diversas actividades. Liliana Giambelluca Buenos Aires, 6 de diciembre de 2012

Los negocios inmobiliarios avanzan sobre los derechos conquistados.

CORDOBA

(AW) Un par de semanas atras el gobierno de De la Sota anunció la venta de la Unidad de Contención al Aprehendido (UCA) como parte de un negocio inmobiliario. Mientras sólo se habla de la cuestion patrimonial, ¿qué pasa con los compañeros detenidos?. Hace aproximadamente dos semanas el Gobierno de la Provincia de Córdoba concretó un negocio planeado desde hace tiempo: la venta de la Unidad de Contención al Aprehendido (más conocida como la UCA, o Cárcel de Encausados) ubicada en barrio Guemes, a un sector empresarial privado de inversiones inmobiliarias. Si bien la noticia generó ciertos reparos por parte de la opinión pública cordobesa, todas giraban en torno a la privatización del patrimonio público de la ciudad (proceso que excede al hecho puntual de la UCA) y no a la situación que provoca dentro del sistema penitenciario de la provincia, invisibilizando a las personas privadas de su libertad que están en esta unidad. Lo cierto es que el cierre del recinto de barrio Guemes implica un traslado de los detenidos que alli residen al establecimiento E.P nº 9-Ex-Crom (ubicado detrás del Hospital Misericordia) en el cual actualmente viven 70 compañeros que, a su vez, serán llevados al establecimiento penitenciario N° 4 Colonia Abierta Monte Cristo a 25 km de la ciudad de Córdoba, en no más de 30 días. Cabe aclarar que, particularmente los compañeros que se encuentran en el Ex-crom, están en una situación de semi-libertad, por la cual tienen salidas transitorias a sus hogares, y a establecimientos de trabajo o educativos en el caso de aquellos compañeros que estudian. Por esta razón, el hecho de ser trasladados fuera de la Ciudad de Córdoba afecta sensiblemente a los compañeros en situación de semi-libertad. Pensemos en la distancia y las horas de traslado que demanda para aquellos que trabajan en la Ciudad o estudian en la Universidad y el distanciamiento de sus núcleos familiares. Por medio de este negociado, dejaría de existir una de las instituciones de semi-libertad en que los internos transcurren su periodo "a prueba", con lo que no solo afectaría a quienes actualmente residen el el E.P nº 9, si no también a quienes, residiendo en otros establecimientos penitenciarios, verían demorado su acceso a la semi-libertad, sujeta ya no a su propia conducta, si no a la disponibilidad de lugares en el E.P nº 4 de Monte Cristo. Además de los efectos psicológicos y simbólicos del traslado, para compañeros que vienen de atravesar sucesivas etapas hasta conquistar el derecho a la semi-libertad en un establecimiento penitenciario y en la Ciudad de Córdoba, esta medida es expresión del despótico poder que ejerce el Sistema Penitenciario de Córdoba (SPC) sobre la vida de estos compañeros, en esta ocasión movilizado, nada más y nada menos, que por un negociado inmobiliario. Un decreto del Ejecutivo Provincial del año 2008 (DECRETO Nº 342/08), en su segundo articulo dispone "la construcción en el Establecimiento Penitenciario Nº 1 "Rdo. Padre Luchesse" de la localidad de Bower, de cuatro (4) módulos nuevos con una capacidad de al menos quinientas (500) plazas cada uno de ellos y una Alcaidía para alojamiento de infractores al Código de Faltas de la Provincia con una capacidad de doscientas cincuenta (250) plazas, que sustituirán al Establecimiento Penitenciario Nº 2 y a la Unidad de Contención del Aprehendido (U.C.A.),ambos de la ciudad de Córdoba; como así también un complejo carcelario nuevo en la ciudad de Río Cuarto, con una capacidad para quinientos (500) internos, el cual sustituirá al actual Establecimiento Penitenciario Nº 6 localizado en dicha ciudad, debiendo el Ministerio de Obras y Servicios Públicos instrumentar los mecanismos necesarios a tal fin." Esto implica que, en todo caso, el traslado de las personas que residen en la UCA no debe ser a la Unidad Penitenciaria Nº 9, sino a la Unidad Penitenciaria Nº 1 en Bower, luego de realizarse las inversiones necesarias en infraestructura. Estos proyectos nunca ejecutados (ni por la gobernación de Juan Schiaretti, ni por la actual de De La Sota) pone al descubierto que la venta de la UCA y el inminente traslado tiene consecuencias también a nivel material, debido a la falta de infraestructura necesaria para albergar a los compañeros, en condiciones dignas que les permitan continuar con su régimen de estudios y/o trabajo hasta su liberación. Como si se tratara de meter la basura abajo de la alfombra, como si no hubiera involucradas personas que verían afectados seriamente sus derechos. Estas medidas perjudican los vínculos familiares, el estudio y el trabajo con el que gran parte de los internos sostiene, desde el otro lado de los muros, a su familia. Es politica del Sistema Penitenciario aislar al interno, desalentarlo y desmoralizarlo, ocultando sus problemáticas, e imposibilitando siquiera la mentada "reforma y reinserción social". El Sistema Penitenciario, herramienta para el orden social que nos imponen desde arriba, se muestra tal cual es: un castigo. Es necesario difundir esta situación, y combatir con todos los esfuerzos posibles el traslado arbitrario de los compañeros privados de su libertad a disposición del Estado Provincial y del Poder Judicial de nuestra provincia. A la par de esta situación, asoma otra problemática: el aumento de detenciones por infracción del ultra-reaccionario Código de Faltas. Quienes son demorados por medio de esta herramienta son alojados actualmente en la mencionada Unidad de Contención del Aprehendido, de manera que el aumento de estas detenciones, en su enorme mayoría arbitrarias, es uno de los factores en juego a la hora del traslado. Una vez más, la única solución posible es la organización desde abajo, la movilización y la lucha. En ese marco, lxs convocamos a participar hoy a las 18 hs en la Movilización contra el Código de Faltas, desde Colón y General Paz. MOVIMIENTO ENRIQUE BARROS "Reproduzca esta información (...) El Terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad" Rodolfo Walsh

Reforma Tributaria en la Provincia de Buenos Aires.

El ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino, afirmó que el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, tiene “las herramientas” para llevar adelante la reforma tributaria resistida por los sectores terratenientes. 

“La Legislatura le dio al gobernador las facultades para disponer un revalúo general en la Provincia, es decir, para revaluar todos los campos en la provincia de Buenos Aires”, afirmó el funcionario.

En ese sentido, Lorenzino afirmó que Sicoli “dispone de herramientas para llevar adelante el revalúo inmobiliario” que fue frenado en la Cámara Baja de la Provincia por falta de quórum.

“La discusión que se está dando sobre el revalúo del impuesto inmobiliario, es una discusión que ya está saldada en el artículo 92 de la ley impositiva que sancionó este año la legislatura”, agregó.

Dicha legislación permite que el Gobernador “disponga de una nueva valuación fiscal de las propiedades rurales, sin la necesidad de pasar por la legislatura nuevamente”.

“El gobernador ya ha avanzado fuertemente en lo que tiene que ver con la valuación del impuesto inmobiliario urbano, para mejorar la recaudación. Por eso debería hacerse lo mismo con relación al campo”, afirmó el ministro.