El gobernador de Córdoba, José Manuel De la Sota, declaró asueto para todo el mes de enero para la administración pública a través del decreto N° 1292.

Según informó el gobierno provincial, la medida “no afecta los servicios públicos esenciales ni áreas críticas.

Durante el receso, a la Mesa de Entradas del Ministerio de Administración y Gestión Pública le será asignada la función de Mesa de Entradas de todo trámite o gestión administrativa”.

El receso será entre el 2 y el 31 de enero.

Según se indica en el decreto firmado por De la Sota, la medida apunta a tener un “ordenado manejo de los recursos materiales y humanos, como así también para lograr la racionalización del gasto público”.

En este sentido, quedan exceptuados del instrumento legal firmado por el mandatario cordobés las siguientes jurisdicciones: el Ministerio de Salud (los agentes comprendidos en las leyes N° 7625 y 7233, que presten servicios en centros asistenciales.); Ministerio de Seguridad (Policía y Dirección de Defensa Civil); Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Servicio Penitenciario); Ministerio de Transporte y Servicios Públicos (las áreas y el personal que a tal efecto se designe); Ministerio de Educación (escuelas de ciclo especial de verano); Dirección General de Rentas (áreas de atención al ciudadano); Ministerio de Administración y Gestión Pública (para los agentes asignados al manejo del Plan de Contingencias y Dirección de Jurisdicción de Mesa de Entradas).

En dicho mes, a la Dirección de Jurisdicción de Mesa de Entradas del Ministerio de Administración y Gestión Pública le será asignada la función de Mesa de Entradas de todo trámite o gestión administrativa, para su posterior redistribución a las áreas que correspondan.

“La experiencia indica que en este período se observa una marcada disminución de trámites y gestiones en determinadas áreas”, afirmó el gobernador.

Scioli se desmorona ante los embates del narcokirchnerismo.

El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Grabriel Mariotto, rechazó el pedido del gobernador Daniel Scioli, para adherir a la Ley de Emergencia Pública, dado que la misma fue sancionada en el 2002.

Mariotto le envió una carta al jefe de ministros Alberto Pérez, donde expuso que el proyecto no debe recibir “un nuevo tratamiento legislativo”, debido a que aún está vigente la ley 12.858.

“Dicho instrumento ya ha sido sancionado por la Honorable Legislatura (ley Nº 12.858) con fecha 28/02/2002, promulgada en idéntica fecha mediante el decreto Nº 402/02 y publicada el 06/03/2002 en el Boletín Oficial Nº 24445″, comunicó Mariotto.

Y agrega: “En tanto que la provincia cuenta ya con esta herramienta, encontrándose vigente la ley 12.858 anteriormente mencionada, deviene innecesario un nuevo tratamiento legislativo”.

Pérez había comunicado cuando el proyecto fue enviado: “La presente ley se aplicará al sector público provincial previsto en el artículo 8º de la ley Nº 13.767, quedando alcanzadas las unidades ejecutoras, los consorcios portuarios y cualquier entidad del sector público provincial de carácter productivo, comercial, financiero o de servicios públicos, aun cuando sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales requieren una inclusión expresa para su aplicación”.

Por segundo día consecutivo, los empleados públicos y docentes, llevan adelante un paro ante el desdoblamiento en el pago del aguinaldo, con marchas y cortes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Ayer, la adhesión a la huelga fue casi del 100%, según dijeron fuentes sindicalistas, afectando a 4,5 millones de alumnos y suspendiendo la actividad en hospitales, tribunales y demás instituciones de la administración pública bonaerense.

El gobernador Daniel Scioli anunció hace unas semanas que el aguinaldo se iba a pagar en cuatro cuotas desde julio hasta octubre, algo que fue enormemente repudiado.

En este marco, los docentes dijeron que si no se da marcha atrás con esta medida, las clases no continuarán después de las vacaciones de invierno, que comienzan este lunes y se extienden hasta el 27 de julio.

El secretario del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (Suteba), Roberto Baradel dijo que “el conflicto se resuelve con el pago completo del aguinaldo”.