El Precandidato a Jefe de Gobierno, Martín Lousteau (ECO), hizo hoy una convocatoria pública para que todos los candidatos a Gobernar la Ciudad de Buenos Aires se comprometan a no utilizar fondos públicos en la difusión de su imagen personal.

"Todos debemos comprometernos a que, en caso de ser electos, durante nuestra gestión nunca se utilizará la imagen personal del Jefe de Gobierno, el Vicejefe o cualquier funcionario para incluirla dentro de la publicidad institucional que se realice", sostuvo Lousteau.

Lousteau también convocó a "que a partir del próximo mandato no se utilice los mismos colores, tipografías e idéntica estética para la comunicación institucional y la partidaria porque eso genera confusión en los ciudadanos y, sobre todo, es una grave inconducta ética porque se termina usando fondos públicos para la difusión de una propuesta política partidaria".

Al mismo tiempo, propuso "que nos comprometamos a transparentar los gastos en inversión publicitaria y a darle control ciudadano a través de las organaciones del tercer sector y de la Legislatura de la Ciudad".

"Lo que estoy proponiendo es para mirar hacia el futuro porque en los últimos ocho años todos los candidatos del PRO utilizaron los fondos de todos los porteños para sus propias campañas", concluyó Lousteau.

La agencia estatal Télam tiene una sección “Vip” para acelerar los pagos de la publicidad oficial a 16 medios alineados con el Gobierno, que concentraron el 57% de los $771 millones que se pagó en pauta oficial en 2011 -pleno año electoral-, según los últimos datos de la Jefatura de Gabinete, pese a que muchos de ellos tienen pocos lectores y una escasa audiencia.

La sección “Vip” de Télam funciona dentro de la oficina que se encarga de los pagos de la publicidad oficial y reporta directamente al gerente de Administración y Finanzas, Fernando Piovano. Es que Télam funciona como agencia de noticias y además es la que paga la pauta oficial. En el listado al que accedió Clarín figuran los medios a los que “hay que agilizarle los pagos y sacarlos rápido”, según explicó una alta fuente de la agencia. 
Cuando este cronista fue ayer a la sede de Télam en México 441 y le preguntó a la funcionaria que está a cargo de esa oficina, Verónica Sanchez, sobre los “Vip” de la pauta oficial, la funcionaria dijo: “No tengo información para dar. Estoy momentáneamente a cargo de la oficina”. Y pidió que se pidiera esa información al gerente Piovano. La funcionaria Sanchez no quiso contrastar los códigos de proveedores con la planilla de los “Vip”, a la que accedió Clarín . “Tengo muchas tareas que hacer, estoy apurada”, afirmó , y se fue raudamente. 
Tampoco su jefe atendió ayer a este cronista. Piovano es uno de los funcionarios que hace más años está en la agencia y todavía resiste el avance de los integrantes de La Cámpora, que desde la llegada de Santiago “Patucho” Alvarez -en febrero del año pasado- lograron el control de casi todas las gerencias, incluida la Periodística, a cargo de Fabián “Conu” Rodríguez.
Los “Vip” son los grupos Vila-Manzano , Cristóbal López, Szpolski-Garfunkel, Página 12 , Moneta, Pierri, Ulloa, Olmos,Radiodifusora del Plata (Electroingeniería), Telearte (Canal 9), Telefónica (Telefe), Ambito Financiero , Impreba (Diario Popular), Cetrá (Radio Rivadavia y Diario La U), Editorial Comentarios (Debate) y Publiexpress (Pronto y otras). Todos figuran en la planilla con el “código de proveedor” de Télam , “razón social”, Cuit, “Nombre de fantasía” y “Grupo” al que pertenecen.
En 2012, el Gobierno habría gastado $754 millones en avisos, pero no se sabe cuánto pagó a cada medio. El Grupo Veintitrés , de Sergio Szpolski y Matías Garfunkel, el que más pauta recibió en 2011, figura en la planilla de los “Vip” con nueve sociedades anónimas: Desup (Radio América), Soluciones Logísticas (CN23) y Balkbrug (diario El Argentino), entre otras. 
En esa planilla de los “Vip” están los medios que eran de Daniel Hadad, todavía en trámite de transferencia hacia Cristóbal López -que igual ya los maneja-. Allí figuran Telepiu (C5N), Votionis (Radio 10 y La Mega), Imagen Radial (FM TKM), DH Com (FM Pop) y Radio Productora 2000 (FM Vale).
En el Grupo La Página , la planilla incluye al diario Página 12 con los medios de la Fundación Octubre , de Víctor Santa María (Radio AM750, revista Caras y Caretas y el semanario Diaro Zeta).
Otro dato novedoso de esa planilla de Télam-de octubre 2012- son las sociedades anónimas que maneja Raúl Moneta: Radio Libertad , Radiodifusora Metro , Radiodifusora Buenos Aires (AM 990 y FM Rock & Pop), Productora Media ,Infomedia Producciones y Editorial Apache (Revista El Guardián). 
También están las cuatro empresas de Rudy Ulloa: Estación del Carmen, Sky Productions, Cielo S.A. y El Periódico .
El que tiene más presencia es el grupo de Daniel Vila y José Luis Manzano, con 35 sociedades: Red Celeste y Blanca (Radio La Red), América TV , Supercanal , Jorge Stornell (canal 8 de San Juan y Canal 7 de Mendoza), Uno Gráfica y Diario La Capital , entre otras. 
En Télam muchos recuerdan cuando el socio del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, dejó el 2 de mayo de 2008 un sobre con $15.000 “como reconocimiento para acelerar el pago” de $2.239.887, que se le debían por publicidad oficial aAction Media , según denunció en la comisaría 2a el entonces subgerente general de Télam , Carlos Fernández. La empresa era de Boudou y Núñez Carmona. Pero el entonces titular de Télam , Martín Granovsky, igual respaldó la denuncia, aunque luego un juez cerró el caso y sobreseyó al socio de Boudou.
Para evitar atrasos y acelerar los pagos a los medios alineados con el Gobierno, Télam creó un “Vip” para solo 16 grupos exclusivos. Otra herramienta del “relato” oficial.

Proyecto para impedir el abuso de la cadena nacional.

#chaucadena

A continuación les dejo el proyecto 4913 que presentamos hoy para derogar la cadena nacional de la Ley de Medios. Seguramente la Cámara de Diputados lo publicará en las próximas horas en su sitio web.

El Senado y la Cámara de Diputados, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de

LEY

ARTÍCULO 1º.- Derógase el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

ARTÍCULO 2°.- Modifícase el anexo II del decreto 875/2011 en relación a las acciones de la Dirección Nacional de Contenidos Audiovisuales, inciso 6, que quedará redactado de la siguiente forma: “Diligenciar lo relacionado con la expedición de mensajes de interés público y publicidad política”

ARTICULO 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

Por medio de este proyecto de ley proponemos la supresión de la llamada “cadena nacional” que se encontraba prevista en la antigua ley de radiodifusión y se prevé en el artículo 75 de la actual ley que regula los servicios de comunicación audiovisual.

En el primer caso, la ley preveía su utilización para necesidades vinculadas con la seguridad nacional, mientras que el artículo 75 de la vigente ley 26.522 establece la facultad discrecional del Poder Ejecutivo Nacional para disponer la integración de la cadena de radiodifusión con carácter obligatorio para todas los licenciatarios y en caso de “situaciones graves, excepcionales o de trascendencia institucional”.

La cadena nacional es una rémora del pasado autoritario. Nos remonta a épocas del país a las que la Argentina nunca más volverá.

En la era de Internet, donde millones de personas acceden a y producen la información de manera constante y en tiempo real, la cadena nacional es un elemento de museo. Sin embargo, el uso abusivo y masivo de este instrumento por parte de la Presidenta de la Nación revela que - de mantenerse la norma sin modificaciones - éste puede ser utilizado discrecionalmente para satisfacer necesidades políticas coyunturales.

Esta situación podría agravarse en años electorales. Los actuales antecedentes alertan respecto del uso abusivo que la Presidenta podría hacer de la cadena nacional en épocas electorales, desnivelando el escenario de la competencia en favor de sus candidatos y en contra de los partidos de la oposición. Ni que hablar si la Presidenta decidiera recurrir sistemáticamente al uso de la cadena nacional todos los domingos a las 23 para evitar que la ciudadanía acceda al programa televisivo periodístico de mayor rating y que, aparentemente más incomoda al gobierno con sus investigaciones. Nadie puede impedirle que lo haga de mantenerse el artículo 75 de la Ley de Medios.

En una democracia donde la libertad de expresión para todos y todas está garantizada, no es necesario que los Presidentes cuenten con una herramienta superpoderosa como la cadena nacional que de utilizarse discrecionalmente podría limitar el derecho de otros a expresarse.

Las recientes cadenas nacionales de la Presidenta de la Nación no han difundido mensajes que reflejen gravedad, excepcionalidad o trascendencia institucional. Ello revela el uso político que la Presidenta - que no otorga reportajes ni conferencias de prensa - le ha dado y piensa darle si no se limita esta facultad drásticamente.

Hoy más que nunca, el libre acceso a Internet permite que cualquier persona - no sólo un Presidente o una Presidenta, pueda difundir sus mensajes y de quererlo, también interactuar con terceros a través del ciberespacio.

El artículo 75 de la Ley de Medios ha sido redactado adrede por el oficialismo que gobernó entonces, y gobierna hoy, con el fin de que la cadena nacional pueda ser utilizada discrecionalmente por el Presidente.

No existen indicios para concluir que ni la actual Presidenta de la Nación ni los futuros mandatarios tengan limitaciones para difundir sus mensajes y anuncios. Pueden hacerlo por televisión, radio, medios gráficos e Internet.

Todos los canales de noticias transmiten en vivo o cubren inmediatamente después los discursos presidenciales. Sería una catástrofe para la democracia que los mensajes de un Presidente no fueran difundidos por los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. No es el caso en la Argentina ni lo ha sido desde la redemocratización en diciembre de 1983.

En muchísimos países, la cadena no existe como tal, sino que sencillamente las autoridades solicitan a los medios la difusión de determinados contenidos en el caso de emergencias, y estos se los conceden en el marco de una relación normal y razonable entre el titular del espacio –que es el Estado- y sus Licenciatarios.

Asimismo, cabe destacar que la comunicación de actos del Estado y mensajes para casos de emergencias o estados de conmoción se encuentra salvaguardada a través del deber de colaboración a que los medios se encuentran obligados en los términos de la ley 26.522.

Por ello consideramos que resulta oportuno y conveniente, en aras de la normalidad republicana e institucional, suprimir la cadena nacional, que además es un resabio autoritario de la vieja ley de radiodifusión, y en la hora actual se ha convertido en un resorte arbitrario del Poder Ejecutivo cuyo uso desmedido y privado se encuentra fuera de control.

Por lo expuesto, solicito a los señores y las señoras legisladores que nos acompañen con su voto.