ARGENTINA
Buenos Aires, 9 oct (PL) Altos funcionarios del gobierno argentino pusieron hoy al desnudo aquí lo que calificaron de desquicio administrativo absoluto en la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional, dos cuerpos de seguridad cuyas cúpulas fueron relevadas hace una semana.
Hay un gran descalabro en la liquidación de los sueldos como resultado de la existencia de un sistema de "judicialización" de haberes y de una acusada distorsión salarial, coincidieron en señalar el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Hemos constatado, y eso ha dado lugar a acciones judiciales, modalidades de pago que presentaban gigantescas y enormes deficiencias que se hacían anárquicas, indicó Abal Medina, quien subrayó que la situación es peor de lo imaginada.
En ese sentido denunció la presunta existencia de un grupo de jueces que en connivencia con un reducido número de estudios judiciales y algunos mandos de las fuerzas habían montado para beneficio propio lo que llamó una industria del juicio.
La totalidad de las cúpulas, tanto en Prefectura como en Gendarmería estaban "judicializadas", así como el 97 por ciento de los comandantes mayores y el 94 por ciento de los prefectos mayores, indicó por su parte Lorenzino.
El titular de Economía insistió en que gran parte de la masa salarial de ambas fuerzas se explica fundamentalmente por medidas cautelares, que sólo en agosto pasado significaron para el erario una erogación de unos mil 500 millones de pesos (alrededor de 320 millones de dólares).
En la conferencia de prensa conjunta, los altos funcionarios se refirieron a los beneficios que para ambos cuerpos supondrá la correcta aplicación del decreto presidencial 1307, lo cual redundará -aseguraron- en un aumento sustancial de los sueldos.
Hace una semana, efectivos de la Prefectura Naval iniciaron una protesta a la cual se sumaron luego los gendarmes para denunciar recortes de entre 30 y 60 por ciento en sus haberes, presuntamente como resultado de la puesta en práctica del referido resolutivo.
En la ocasión, el propio Abal Medina atribuyó los desajustes a la "desastrosa" aplicación del decreto y reconoció que existían "serias sospechas de que se está usando a los (efectivos) de más abajo como carne de una maniobra por los que quieren mantener sus privilegios.
Prefectos levantan la protesta y pocos gendarmes sostienen el reclamo
Se diluye la manifestación que comenzó el martes de la semana pasada por recortes salariales. Esta mañana renunció Raúl Garré, hermano de Nilda Garré, a su cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad.
miércoles, 10 de octubre de 2012
La protesta de los suboficiales de la Prefectura Naval en el edificio "Guardacostas", del barrio porteño de Puerto Madero, fue levantada esta mañana, mientras que en el "Centinela", sede de la Gendarmería en Puerto Madero, apenas quedaba una decena de agentes liderados por Raúl Maza.
"Hay una batalla perdida, pero eso no significa que hayamos perdido la guerra", dijo a radio Mitre el gendarme, quien de todos modos remarcó que ellos seguían con el reclamo.
La protesta comenzó el martes de la semana pasada en repudio al recorte de salarios por la aplicación del decreto 1307, aunque luego el Gobierno anunció la restitución de los adicionales y la renuncia del funcionario del Ministerio de Seguridad Raúl Garré, hermano de la titular de la cartera, Nilda Garré.
"No damos el brazo a torcer todavía", sostuvo Maza, uno de los ocho agentes de la fuerza que fueron pasados a disponibilidad por encabezar el reclamo.
En tanto, los suboficiales que sostienen la protesta de la Gendarmería minimizaron hoy la renuncia de Raúl Garré, presunto ideólogo del decreto que derivó en las protestas de los agentes y sus pares de la Prefectura Naval, al tiempo que confirmaron que reducirán al 50 por ciento la presencia en sus puestos de servicio ante la escasez de mejoras laborales.
"(Raúl Garré) era sólo uno de los que venían trabajando mal: la presidenta está mal asesorada. ¿Es un sueldo digno 2.697 pesos?", se preguntó el suboficial Raúl Maza al referirse a la cifra que anunció ayer el Gobierno que "blanqueará" en los recibos, para luego confirmar que, "si en los puestos había diez gendarmes, ahora, habrá cinco".
El agente, uno de los ocho integrantes de la fuerza pasado a disponibilidad a raíz del reclamo, recordó que los manifestantes reclaman un sueldo básico de bolsillo de siete mil pesos y una comisión negociadora con el Ministerio de Seguridad en la que haya representantes de Gendarmería y Prefectura Naval para solucionar el conflicto.
La renuncia de Garré
Raúl Garré renunció a su cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad.
La medida fue concretada hoy mediante la publicación del decreto 1891 en el Boletín Oficial, que lleva la firma la presidenta Cristina Fernández; de su hermana, la titular de la cartera, Nilda Garré, y del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
FUENTE: DYN
Ratifican el recorte y los efectivos marcharon a Plaza de Mayo
El Gobierno confirmó el decreto y negó la posibilidad de otorgar a los gendarmes un piso de 7 mil pesos. La protesta continúa.
miércoles, 10 de octubre de 2012
Tras la negativa del gobierno, los gendarmes sortearon un vallado policial y se dirigieron anoche a Plaza de Mayo. (DyN)
El Gobierno rechazó el pedido de las fuerzas de seguridad que reclaman un piso salarial de $ 7.000 y no incrementará el haber mínimo. Ante esa situación, anoche los uniformados decidieron marchar sobre Plaza de Mayo en una clara muestra de que el conflicto está lejos de una solución.
Al grito de ?el sueldo no se toca?, anunciaron anoche que hoy definirán la continuidad de la protesta. ?No hay ningún área (en el sector público) que tenga un mínimo de $ 7.000?, aseguró ayer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El funcionario denunció que existe una industria del juicio que genera un ?desquicio administrativo? y enormes brechas salariales incluso entre el personal que realiza las mismas tareas.
El jueves, prefecturianos y gendarmes presentaron al secretario de Seguridad, Sergio Berni, un petitorio que tenía como reclamo central elevar el salario mínimo de ambas fuerzas a la cifra ahora rechazada. El funcionario se comprometió a responder ayer, pero los encargados de hacer pública la postura del gobierno fueron Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Fue durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en la cual el jefe de Gabinete dijo que es ?imposible hablar de un mínimo de siete mil pesos? por el impacto que tendría ese aumento en las cuentas públicas.
Durante el mismo encuentro, los funcionarios ratificaron la aplicación del decreto 1.307 que derivó en los descuentos salariales que en algunos casos implicaron recortes del 60%. El jefe de Gabinete dijo que esa ?desastrosa? liquidación no se dio por errores de gestión sino que estuvo vinculada a que la normativa afecta a los sectores de Prefectura y Gendarmería que recibieron fallos judiciales favorables y tienen los sueldos más elevados. ?Garantizamos que en la próxima liquidación casi todos estos problemas estarán solucionados, sin ningún tipo de disminución salarial?, afirmó.
Tanto Abal Medina como Lorenzino intentaron dar un matiz ?progresista? al decreto 1.307 porque -dicen- impacta negativamente sólo en los bolsillos de los sectores que más ganan, mientras que a los más vulnerables les ?blanquea? una porción del sueldo.
Con esta normativa, hoy el sueldo neto de la mayoría de los empleados de las fuerzas de seguridad sería el mismo, pero el básico sería mayor dado que aumenta la porción ?en blanco?.
Así, un cabo de Marina antes percibía un básico de $ 626 y ahora será de $ 2.696, mientras que el de un cabo primero pasará de los $ 701 a los $ 2.853. ?El 2,3 ó 4 por ciento de efectivos que cobraba sumas exorbitantes va a ver disminuido su salario?, afirmó Abal Medina. También resaltó que hay personal de las fuerzas de seguridad que ?gana hasta tres veces más? que un ministro o incluso que la misma Presidenta.
Según los ejemplos que brindó Lorenzino, un general tiene un sueldo bruto mensual promedio de $ 30.000, mientras que uno con los mismos años de antigüedad, pero con una sentencia a su favor, gana $ 93.000.
FUENTE: LOS ANDES
Buenos Aires, 9 oct (PL) Altos funcionarios del gobierno argentino pusieron hoy al desnudo aquí lo que calificaron de desquicio administrativo absoluto en la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional, dos cuerpos de seguridad cuyas cúpulas fueron relevadas hace una semana.
Hay un gran descalabro en la liquidación de los sueldos como resultado de la existencia de un sistema de "judicialización" de haberes y de una acusada distorsión salarial, coincidieron en señalar el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Hemos constatado, y eso ha dado lugar a acciones judiciales, modalidades de pago que presentaban gigantescas y enormes deficiencias que se hacían anárquicas, indicó Abal Medina, quien subrayó que la situación es peor de lo imaginada.
En ese sentido denunció la presunta existencia de un grupo de jueces que en connivencia con un reducido número de estudios judiciales y algunos mandos de las fuerzas habían montado para beneficio propio lo que llamó una industria del juicio.
La totalidad de las cúpulas, tanto en Prefectura como en Gendarmería estaban "judicializadas", así como el 97 por ciento de los comandantes mayores y el 94 por ciento de los prefectos mayores, indicó por su parte Lorenzino.
El titular de Economía insistió en que gran parte de la masa salarial de ambas fuerzas se explica fundamentalmente por medidas cautelares, que sólo en agosto pasado significaron para el erario una erogación de unos mil 500 millones de pesos (alrededor de 320 millones de dólares).
En la conferencia de prensa conjunta, los altos funcionarios se refirieron a los beneficios que para ambos cuerpos supondrá la correcta aplicación del decreto presidencial 1307, lo cual redundará -aseguraron- en un aumento sustancial de los sueldos.
Hace una semana, efectivos de la Prefectura Naval iniciaron una protesta a la cual se sumaron luego los gendarmes para denunciar recortes de entre 30 y 60 por ciento en sus haberes, presuntamente como resultado de la puesta en práctica del referido resolutivo.
En la ocasión, el propio Abal Medina atribuyó los desajustes a la "desastrosa" aplicación del decreto y reconoció que existían "serias sospechas de que se está usando a los (efectivos) de más abajo como carne de una maniobra por los que quieren mantener sus privilegios.
Prefectos levantan la protesta y pocos gendarmes sostienen el reclamo
Se diluye la manifestación que comenzó el martes de la semana pasada por recortes salariales. Esta mañana renunció Raúl Garré, hermano de Nilda Garré, a su cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad.
miércoles, 10 de octubre de 2012
La protesta de los suboficiales de la Prefectura Naval en el edificio "Guardacostas", del barrio porteño de Puerto Madero, fue levantada esta mañana, mientras que en el "Centinela", sede de la Gendarmería en Puerto Madero, apenas quedaba una decena de agentes liderados por Raúl Maza.
"Hay una batalla perdida, pero eso no significa que hayamos perdido la guerra", dijo a radio Mitre el gendarme, quien de todos modos remarcó que ellos seguían con el reclamo.
La protesta comenzó el martes de la semana pasada en repudio al recorte de salarios por la aplicación del decreto 1307, aunque luego el Gobierno anunció la restitución de los adicionales y la renuncia del funcionario del Ministerio de Seguridad Raúl Garré, hermano de la titular de la cartera, Nilda Garré.
"No damos el brazo a torcer todavía", sostuvo Maza, uno de los ocho agentes de la fuerza que fueron pasados a disponibilidad por encabezar el reclamo.
En tanto, los suboficiales que sostienen la protesta de la Gendarmería minimizaron hoy la renuncia de Raúl Garré, presunto ideólogo del decreto que derivó en las protestas de los agentes y sus pares de la Prefectura Naval, al tiempo que confirmaron que reducirán al 50 por ciento la presencia en sus puestos de servicio ante la escasez de mejoras laborales.
"(Raúl Garré) era sólo uno de los que venían trabajando mal: la presidenta está mal asesorada. ¿Es un sueldo digno 2.697 pesos?", se preguntó el suboficial Raúl Maza al referirse a la cifra que anunció ayer el Gobierno que "blanqueará" en los recibos, para luego confirmar que, "si en los puestos había diez gendarmes, ahora, habrá cinco".
El agente, uno de los ocho integrantes de la fuerza pasado a disponibilidad a raíz del reclamo, recordó que los manifestantes reclaman un sueldo básico de bolsillo de siete mil pesos y una comisión negociadora con el Ministerio de Seguridad en la que haya representantes de Gendarmería y Prefectura Naval para solucionar el conflicto.
La renuncia de Garré
Raúl Garré renunció a su cargo de jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad.
La medida fue concretada hoy mediante la publicación del decreto 1891 en el Boletín Oficial, que lleva la firma la presidenta Cristina Fernández; de su hermana, la titular de la cartera, Nilda Garré, y del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.
FUENTE: DYN
Ratifican el recorte y los efectivos marcharon a Plaza de Mayo
El Gobierno confirmó el decreto y negó la posibilidad de otorgar a los gendarmes un piso de 7 mil pesos. La protesta continúa.
miércoles, 10 de octubre de 2012
Tras la negativa del gobierno, los gendarmes sortearon un vallado policial y se dirigieron anoche a Plaza de Mayo. (DyN)
El Gobierno rechazó el pedido de las fuerzas de seguridad que reclaman un piso salarial de $ 7.000 y no incrementará el haber mínimo. Ante esa situación, anoche los uniformados decidieron marchar sobre Plaza de Mayo en una clara muestra de que el conflicto está lejos de una solución.
Al grito de ?el sueldo no se toca?, anunciaron anoche que hoy definirán la continuidad de la protesta. ?No hay ningún área (en el sector público) que tenga un mínimo de $ 7.000?, aseguró ayer el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina. El funcionario denunció que existe una industria del juicio que genera un ?desquicio administrativo? y enormes brechas salariales incluso entre el personal que realiza las mismas tareas.
El jueves, prefecturianos y gendarmes presentaron al secretario de Seguridad, Sergio Berni, un petitorio que tenía como reclamo central elevar el salario mínimo de ambas fuerzas a la cifra ahora rechazada. El funcionario se comprometió a responder ayer, pero los encargados de hacer pública la postura del gobierno fueron Juan Manuel Abal Medina y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.
Fue durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, en la cual el jefe de Gabinete dijo que es ?imposible hablar de un mínimo de siete mil pesos? por el impacto que tendría ese aumento en las cuentas públicas.
Durante el mismo encuentro, los funcionarios ratificaron la aplicación del decreto 1.307 que derivó en los descuentos salariales que en algunos casos implicaron recortes del 60%. El jefe de Gabinete dijo que esa ?desastrosa? liquidación no se dio por errores de gestión sino que estuvo vinculada a que la normativa afecta a los sectores de Prefectura y Gendarmería que recibieron fallos judiciales favorables y tienen los sueldos más elevados. ?Garantizamos que en la próxima liquidación casi todos estos problemas estarán solucionados, sin ningún tipo de disminución salarial?, afirmó.
Tanto Abal Medina como Lorenzino intentaron dar un matiz ?progresista? al decreto 1.307 porque -dicen- impacta negativamente sólo en los bolsillos de los sectores que más ganan, mientras que a los más vulnerables les ?blanquea? una porción del sueldo.
Con esta normativa, hoy el sueldo neto de la mayoría de los empleados de las fuerzas de seguridad sería el mismo, pero el básico sería mayor dado que aumenta la porción ?en blanco?.
Así, un cabo de Marina antes percibía un básico de $ 626 y ahora será de $ 2.696, mientras que el de un cabo primero pasará de los $ 701 a los $ 2.853. ?El 2,3 ó 4 por ciento de efectivos que cobraba sumas exorbitantes va a ver disminuido su salario?, afirmó Abal Medina. También resaltó que hay personal de las fuerzas de seguridad que ?gana hasta tres veces más? que un ministro o incluso que la misma Presidenta.
Según los ejemplos que brindó Lorenzino, un general tiene un sueldo bruto mensual promedio de $ 30.000, mientras que uno con los mismos años de antigüedad, pero con una sentencia a su favor, gana $ 93.000.
FUENTE: LOS ANDES
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