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jueves, 19 de diciembre de 2013

El gobierno insiste con el ascenso de Milani y paga alto costo.

ARGENTINA

Emilio Marín (LA ARENA) 

16 de diciembre de 2013 

La presidenta está tropezando dos veces con la misma piedra. En julio quiso ascender al general Milani y debió postergar el ascenso. Ahora insiste en el Senado y quizás lo logre. Está pagando un alto costo político. Milani no debería ser jefe del Ejército.

El general César Milani es el jefe del Ejército y el gobierno nacional está empeñado en ascenderlo a teniente general, el máximo podio del escalafón. El pliego requiere acuerdo del Senado, donde se armó flor de discusión en julio pasado.

Varios organismos de Derechos Humanos y fundamentalmente el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) lo objetaron, aportando elementos concretos. Según éstos, el militar tiene denuncias judiciales en Tucumán y La Rioja, por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar-cívica. Después se sumó un tercer caso, que ya se comentará, pero ya las conocidas eran contundentes.

La primera, como subteniente del Ejército, Milani había labrado y firmado el acta de supuesta deserción del soldado riojano Alberto Agapito Ledo, en julio de 1976 en Tucumán, en plena represión militar. Ledo, estudiante universitario y militante vinculado con el PRT-ERP, había sido secuestrado y desaparecido en la madrugada del 17 de junio de ese año por los militares donde estaba haciendo el servicio militar. Es uno de los 129 conscriptos asesinados por la dictadura, según publicó el capitán democrático José D'Andrea Mohr en su libro "El escuadrón perdido". De este contingente de víctimas, 43 lo fueron bajo el montaje de la "deserción". Ni siquiera al momento de asesinar a su propia tropa los militares cejaban en su perversión, pues la acusaban de una de las peores cosas en un militar: desertar.

La segunda imputación fue que de regreso a La Rioja Milani había participado de la detención de Olivera, torturado en el Batallón de Ingenieros 141, lo mismo que su hijo, Ramón Olivera, al que habría presionado para que admitiera su militancia en el PRT-ERP sin receptarle denuncias de torturas.

El primer cargo había dado lugar a una causa judicial en Tucumán, que durmió el sueño de los justos hasta que este año el juez Daniel Bejas lo despertó. En agosto fue procesado y detenido con prisión domiciliaria el jefe de Milani, el coronel retirado Esteban Sanguinetti.

El segundo asunto fue denunciado por Olivera ante la Comisión de Derechos Humanos de La Rioja en 1984 sin que al momento de detonar la polémica, este año, hubiera originado un expediente.



Paso atrás

Esos dos elementos acusatorios fueron plasmados en nota firmada por Horacio Verbitsky a la Comisión de Acuerdos del Senado, el pasado 19 de julio. Fue como una bomba que afectó al bloque del Frente para la Victoria. El CELS había logrado en 1987 bloquear el ascenso del capitán Alfredo Astiz y en 1993 había hecho lo propio con los capitanes de fragata Antonio Pernías y Juan Carlos Rolón (los tres de actuación represiva en la ESMA). Con posterioridad impulsó y logró el retiro del general Roberto Bendini y del almirante Jorge Godoy y otros oficiales de la Armada, con fundadas denuncias.

Por eso a los senadores oficialistas se les hacía muy cuesta arriba aprobar el ascenso en cuestión. El 22 de julio Cristina Fernández de Kirchner llamó a reunión al jefe del bloque, Miguel Pichetto y al flamante ministro de Defensa, Agustín Rossi, y los instruyó para que postergaran el debate. El pliego de Milani, el de los jefes de la Armada y la Aeronáutica, y del jefe del Estado Mayor Conjunto, así como los de un centenar de oficiales de las tres armas, pasarían para diciembre. Esa postergación masiva quería disimular que el problema era uno: el de Milani.

El cálculo electoral también influía en esa dilación. Se iniciaba la campaña para las primarias PASO (agosto) y luego venían las legislativas de octubre. Mejor dejar este espinoso asunto para fin de año.

Y llegó diciembre. El kirchnerismo volvió a la carga y el 11 de diciembre obtuvo una victoria apretada de 9 contra 8, auspiciando el polémico ascenso, en la Comisión de Acuerdos presidida por el chubutense Marcelo Guinle. A todas luces, una victoria pírrica, que habrá que ver si el miércoles 18 la pueden plasmar en el plenario.

Segundo informe adverso

En la víspera de tratar el espinoso asunto en la Comisión, esta semana, el senador Guinle requirió nuevamente documentación al CELS y la entidad la aportó, ahora con la firma de Gastón Chillier.

Amén de ratificar la información anterior referida al conscripto Ledo y de las detenciones y torturas sufridas por Olivera y su padre, el organismo agregó otro caso. Es el del periodista Plutarco Schaller (Chacho), que en aquellos años setenta era en La Rioja un periodista fundador del diario cooperativista El Independiente, cercano al obispo Enrique Angelelli. Chacho fue detenido durante la dictadura, mantenido en varios campos clandestinos de detención y posteriormente legalizado, hasta salir del país. El cronista tiene el gusto de haberlo conocido, ya en Cuba.

Schaller entregó a la Agencia Paco Urondo documentación donde relata: "Un día Moliné me dijo que era probable que me tengan que internar porque lo mío era un 'problema mental'. A los pocos días y producto de aquellas torturas me enviaron al Hospital Plaza por unos 25 o 30 días, con permanente vigilancia policíaca ya que tenía el cuerpo cubierto de moretones de distintos colores (verdosos, azulados, morados, amarillentos), principalmente en brazos, piernas y costillas". A continuación relata el ingreso de Milani al lugar donde se encontraba: "Ahí mismo, unos oficiales del ejército argentino una noche simularon o inventaron un supuesto rescate que se me quería hacer para sacarme a mí del hospital y fugarme. No fue más que unos tiros al aire en las afueras del pabellón, algunos gritos de mando y la brusca entrada a destaparme en la cama para constatar mi permanencia, diciendo: 'El hijo de puta este está acá'. (...) En la guardia siguiente le pregunté quién había sido el que me había corrido las sábanas para ver si estaba y me respondió: 'Es el tenientito Milani'. Como colofón de ese operativo aquella noche fueron a mi casa y detuvieron a mi hijo Oscar Plutarco Schaller, de 18 años de edad, llevándolo detenido al Batallón de Ingenieros 141 que seguía funcionando como centro clandestino de detención, sospechado responsable del supuesto intento de rescatarme del Hospital".

Este testimonio forma parte de la querella presentada por la familia Schaller en la causa 1828/2000 contra el general Luciano B. Menéndez. En julio no se la tuvo en cuenta. Ahora, en diciembre, sí, y el CELS lo incluyó en su documento al senador Guinle. Visto en superficie habría sido inútil, porque la Comisión votó lo mismo el ascenso. Habrá que ver qué ocurre el 18 en el recinto.

Como la mujer del César

La defensa del general ha sido ubicarse como un joven oficial en aquellos años, sin poder de mando y jurar que nunca torturó ni mató a nadie, como le aseguró a Hebe de Bonafini en un reportaje publicado el 6 de diciembre en la revista de Madres de Plaza de Mayo ("La madre y el general"). Algunos jóvenes oficiales sí cometieron delitos en el terrorismo de Estado. Astiz debía tener la edad de Milani...

Al pegarse a Bonafini, con un discurso de que propicia un ejército nacional y sensible a lo social, a las obras públicas y el desarrollo, Milani quiere congraciarse con el gobierno y sectores progresistas, para ganar su galardón.

Sería bueno en ese sentido que esos sectores recordaran el caso del general Bendini, que tuvo su momento de gloria nak&pop cuando bajó los cuadros de Videla y Bignone, del Colegio Militar, cumpliendo la orden den Néstor Kirchner. De todas maneras perdió el cargo por un procesamiento por irregularidades en manejo de fondos en su brigada de Santa Cruz.

En cambio los defensores oficialistas de Milani, caso del jefe de Gabinete Capitanich, el ministro Rossi y el senador Aníbal Fernández, han empleado argumentos legalistas, del tipo de "se presume inocente", "se debe esperar la resolución judicial", etcétera.

Está bien presumir la inocencia de alguien que arrostra el riesgo de ir preso por años, en cuyo caso hay que esperar efectivamente el fallo de la justicia. La situación del militar no tiene nada que ver con eso: pasa por saber si se le debe premiar con el máximo escalafón del Ejército a alguien con tres serias denuncias judiciales en su contra por violaciones a los derechos humanos.

Para que Milani vaya en algún momento preso sí sería imprescindible el fallo judicial con derecho a la defensa. Para que no sea teniente general alcanza y sobra con aquellas denuncias. No irá preso por eso, ahora. Sólo no recibirá un gran premio extra. Incluso el gobierno podría adoptar un temperamento centrista, de no ascenderlo pero mantenerlo en la jefatura del Ejército, que sería incorrecto pero una solución intermedia. Lo otro, ascenderlo, es de una gran irresponsabilidad pues el número uno del Ejército, además de ser honesto debe parecerlo.

Otra cosa. Milani no parece ser un gran jefe de inteligencia. El 25 de julio pasado se le fugaron dos genocidas del Hospital Militar Central que venían de San Juan, presos, con antecedentes de varios intentos de fuga en el caso de Jorge Olivera. Como escribió el cronista en LA ARENA: a Milani se le escapó la tortuga.

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