CONVOCAN A CORTES DE RUTA EN BUENOS AIRES.

Contra el ajuste

(AW) Diversas organizaciones gremiales de la provincia (ATE_CTA entre otras) convocan a cortar el Puente Pueyrredón, la Autopista Buenos Aires La Plata y Mar del Plata, los principales reclamos son contra el ajuste y la criminalización de la protesta. COMUNICADO DE PRENSA ¡BASTA DE AJUSTE EN LA PROVINCIA! VIERNES 06/06 – 11.30 HS JORNADA DE CORTES: Puente Pueyrredón, Autopista Bs As La Plata y Mar del Plata Nos vemos obligado/das a profundizar la lucha ante la respuesta negativa del Gobierno Provincial a nuestros reclamos, ratificando así su creciente política de ajuste presupuestario. El pasado martes 27 de mayo, las organizaciones sociales, de trabajadores/as cooperativistas, desocupados/as y precarizados/as, que agrupamos a miles de familias bonaerenses que habitan las barriadas populares, protagonizamos una multitudinaria movilización a la Casa de Gobierno en La Plata. Allí reclamando la restitución inmediata de la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios y la instrumentación de verdaderos programas de empleo, con aumento de los mismos en monto y cantidad. Como así también, la instrumentación de programas específicos para la juventud, orientados a la contención y capacitación para futuras salidas laborales. Nuestra pelea contra el ajuste es parte de una lucha en común con organizaciones de trabajadore/as estatales y docentes, con lo/as que reclamamos también por el cese de vaciamiento a los comedores escolares, la liquidación de los programas del Ministerio de Desarrollo Social, los salarios, la mejora de las condiciones de trabajo y el cese de la represión y criminalización de la protesta social. Scioli sigue haciendo oídos sordos a la gravísima situación que vive la provincia pero gasta miles de pesos en su campaña presidencial. Por esta razón, continuamos luchando contra el ajuste, desocupación, precarización, despidos y suspensiones y falta de alimentos para los comedores populares y escolares. ESTE VIERNES 06 DE JUNIO, DESDE LAS 11.30HS, ESTAREMOS REALIZANDO UNA JORNADA DE CORTES EXIGIENDO QUE EL GOBERNADOR DEJE DE IGNORARNOS. SEGUIMOS RECLAMANDO: 1- Restitución de la asistencia alimentaria a los comedores comunitarios. 2- Actualización del presupuesto de los comedores escolares sobe la base de las verdaderas necesidades nutricionales. 3- Instrumentación de verdaderos programas de empleo, y aumento de los mismos en monto y cantidad. 4- No al vaciamiento del conjunto de los programas socialesy a los recortes presupuestarios del ministerio de desarrollo social y de la secretaría de niñez y adolescencia. Instrumentación de programas específicos para la juventud(entre 14 y 18 años), orientados a la contención y capacitación para futuras salidas laborales 5- Nombramientos y pase a planta de todas las modalidades de contratación precaria en todos los organismos estatales de la provincia. 6- No al vaciamiento de la educación y la salud pública. Inmediata inversión en infraestructura escolar y sanitaria. 7- No a la criminalización, y represión de la protesta y la pobreza. Repudiamos la militarización del ministerio de Desarrollo Social y demás ministerios de la provincia, como también las recientes represiones realizadas sobre organizaciones sociales. CONVOCAN: ATE-CTA Pcia. de Bs As / SUTEBA Secc. La Matanza / SUTEBA Seccional La Plata / SUTEBA Seccional Ensenada / ATE Seccional Gran Bs As Sur Lomas de Zamora / ATE Seccional Alte. Brown - Pte Perón / ATE Junta Interna Educación / ATE Junta Interna Min de Desarrollo Social Pcia Bs As / Corriente Clasista y Combativa / Polo Obrero / AGTCAP (Asoc Gremial Trabajadorxs Cooperativxs Autogestionadxs y Precarizadxs: Frente de Organizaciones en Lucha - Frente Popular Darío Santillán - MTD Aníbal Verón - MTR por la Democracia Directa - O.P. Fogoneros - A.B. Víctor Choque - Mov 8 de Abril) / Federación de Organizaciones de Base / CUBa MTR - MIDO / MP La Dignidad / MTR / CTD Aníbal Verón / Frente Popular Darío Santillán Corriente Nacional / MST Teresa Vive / Frente de Resistencia Territorial (Movimiento Brazo Libertario - Trabajadores Ocupados y Desocupados Unidos - Agrup. Martín Fierro - Resistencia Popular - Mov Ana María Villarreal - Agrup. M. Claudia Falcone) / FOC (MAR - Mov 29 de Mayo - OCR - Fubadeyo) / MUP en lucha / FTC / TORRE / CPS 29 de Mayo / Lucha y Fuerza / ASITRACOP / Agrupación Juventud Esperanza / MTL-provincia de Buenos Aires / Movimiento Teresa Rodríguez/ Frente Nacional Pueblo Unido (Justicia y libertad - Movimiento Popular La Dignidad - MTR 12 de Abril).

CETEP: La Protesta es la Madre de los Derechos Sociales.

ARGENTINA

23 abril, 2014
Desde la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) manifestamos profunda preocupación por el proyecto de ley que pretende limitar el derecho a la protesta y expone a los sectores populares a la criminalización y represión por parte de las fuerzas policiales.

Tanto el texto de la ley como el contexto en el que se propone pareciera ser un obsequio que allana el camino a los sectores antipopulares que planifican la destrucción de las conquistas sociales y las aspiraciones de avanzar en la restitución de derechos para conquistar crecientes niveles de justicia social.

Esta normativa afecta a todo el campo popular, muy especialmente a nuestro sector ya que al estar excluidos del empleo registrado y la sindicalización, del derecho a huelga y la conciliación laboral, nuestra única forma de hacer oír nuestra voz y luchar por nuestros derechos son las manifestaciones en el espacio público.

Los argumentos para impulsar esta ley no tienen sustento alguno en la realidad. Durante los últimos diez años, en miles de piquetes y manifestaciones, los casos de violencia han sido mínimos y en su mayor parte ocasionados por las corruptas fuerzas de seguridad. Las organizaciones populares nunca tiramos a un discapacitado de un puente; la utilización de este lamentable episodio para estigmatizarnos es un acto vil y repudiable, máxime cuando existe un enorme andamiaje jurídico para castigar a quienes cometieron semejante atrocidad.

Según el proyecto de ley ?Toda manifestación pública debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas?, para ser considerada ?legítima?. El proyecto sostiene que toda manifestación ?ilegítima?, y que afecta ?derechos de terceros?, puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad.

El margen de arbitrariedad y el ridículo plazo impuesto son verdaderas limitaciones antidemocráticas al más elemental de los derechos: la protesta. La protesta popular es madre de los derechos sociales: los engendra, los cría y los protege. ¡Que nadie se atreva a tocarla!

Nuevamente repudiamos este golpe artero a los derechos del pueblo pobre y trabajador en tiempos donde el poder económico concentrado pretende avanzar sobre nuestras conquistas y exigimos a los diputados que la impulsan y a todos los partidos políticos desistan de semejante proyecto, seguros de que es un enorme retroceso en los niveles de tolerancia que habíamos logrado..

Sería mucho más útil para afianzar la paz en nuestra Patria la creación de mecanismos pacíficos de resolución de conflictos sociales para que los poderes del Estado, en vez de determinar la legitimidad de una protesta o reprimirla, atiendan las causas de las mismas, escuche los reclamos populares y garanticen el cumplimiento efectivo de los derechos sociales, laborales, económicos y culturales que enuncia nuestra constitución y cuyo incumplimiento sistemático es en última instancia el motivo de las protestas del pueblo pobre y trabajador.

¡No hay paz sin justicia! ¡Sin poder popular no hay justicia social! ¡Sin derecho a la expresión popular no hay democracia!

La banda de delincuentes subversivos "Quebracho", se queja de persecuciones en Salta.

Movilización a sede de la justicia provincial, Tartagal, Salta

Basta de persecución a los compañeros de Tartagal!!!

Contacto en Tartagal

0221-15-5656-6868

011-15-5945-2314

011-15-5936-4301

En Tartagal, provincia de Salta, nuestros compañeros están enfrentando una nueva arremetida de persecución y criminalización.

Como consecuencia de una brutal represión policial ante el pedido de nuestros compañeros por puestos de trabajo en una petrolera local, y la resistencia ante esa represión, la llamada “justicia” de la provincia de Salta presiona para incriminar a nuestros compañeros.

Los compañeros exigían que Pluspetrol contrate trabajadores de la zona y no traiga trabajadores de otras zonas. Los compañeros denuncian que se trata de una práctica habitual de las grandes empresas en la zona, donde el Ministerio de Trabajo no tiene presencia ni regula la situación.

Siguió la persecución a nuestros compañeros. La jueza Vázquez quien estaba a cargo de la causa, no se expidió todavía. Pero por las presiones, la jueza de menores Sánchez, de otro juzgado, pasó a tomar parte de la causa de forma irregular y emitió un pedido de captura para Ramón Alfaro, Alejandro Quiroz y Marcial Cuenca, reconocidos dirigentes populares de Salta.

Hasta el momento se realizaron más de 10 allanamientos ilegales, irrumpiendo en casa de nuestros compañeros y sus familias. Ingresaron a distintas casas sin orden judicial, golpeando a los presentes, destruyendo los lugares e incluso deteniendo menores de edad.

Detuvieron a varios compañeros y los trasladaron a Pocitos, a 200 km de Tartagal. Allí los liberaron. Porque no se trataba de ver qué responsabilidad podían tener vaya a saber uno en qué causa. Sólo se trataba de amedrentar. Todavía se encuntra detenido Melanio Luna.

Este martes realizaremos una movilización a la sede de la justicia provincial de Salta en Tartagal para exigir la libertad de Melanio Luna y el cese de la persecución de nuestros compañeros.

De la movilización participarán los dirigentes de la CTD Aníbal Verón y de la Dirección Nacional del MPR Quebracho Nicolás Lista, Carlos Bértola y Germán Lovari quienes viajaron a la provincia de Salta y estaremos acompañados del Partido Obrero y de la UTD de Mosconi y "Pepino" Fernández.

Los muertos los sigue poniendo el pueblo, dicen los delincuentes subversivos, y se quejan por la aplicación de la Ley.

No dijimos “Nunca Más” 

(AW) Informe elaborado por organizaciones de derechos humanos sobre la criminalización de la protesta y los compañeros asesinados por luchar desde el año 2001 hasta la fecha. 
Imagen- Pueblo en lucha-



INFORME SOBRE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA
Marzo 2012
Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI
Liberpueblo

PRESENTACIÓN DEL INFORME 
Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares.
Este primer informe que aquí presentamos es el resultado de la sistematización de la situación de causas abiertas en todo el país entre el 2001 y el 2012 contra los sectores populares movilizados: contra organizaciones sindicales, de derechos humanos, partidarias, contra movimientos de trabajadores desocupados, territoriales, estudiantiles, contra comunidades indígenas y grupos ambientalistas, entre otros. Actualmente existen en nuestro país más de 4000 personas criminalizadas y judicializadas, y el número de víctimas asesinadas por luchar desde el año 2001 asciende a más de 70.
En la coyuntura actual entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo.
¿Qué entendemos por criminalización de la protesta?
La criminalización de la protesta es una estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes.
La protesta por lograr conquistas favorables a diferentes sectores populares, es un derecho que no requiere permiso ni acepta censura. A lo largo de nuestra historia, nuestro pueblo se ha manifestado en las calles, se ha organizado de diversas maneras para hacer escuchar su voz y defender sus reclamos.
La criminalización de las luchas es una de las formas que asume la represión para inmovilizar a las organizaciones populares y amedrentar a todos aquellos que se hacen cargo del legítimo derecho de organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. En algunos casos es utilizada como paso previo a la represión abierta, directa, y en otros, articuladamente con ésta. Son diferentes mecanismos con el mismo fin de dominación y control social.
Como exponemos en este informe la criminalización de las luchas es un instrumento que ha sido utilizado con diferentes intensidades por todos los gobiernos de turno y que hoy aplica el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para intentar disciplinar y amedrentar a todos aquellos que cuestionan la miseria y la opresión, y para frenar la organización y las luchas desplegadas por los trabajadores y por los diferentes movimientos populares.
Hoy se pretende sancionar a las organizaciones populares a través de la persecución penal de sus integrantes y dirigentes, y el encarcelamiento es utilizado como "castigo ejemplificador".
¿Qué se busca con la criminalización de la protesta?
Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un "delito", una "amenaza para el orden legal", una "violación a la ley", deslegitimando la lucha. Esa operación mediática y política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta.
Las metodologías para criminalizar la protesta varían pero los objetivos se mantienen. A partir del repudio popular a los asesinatos de Darío y Maxi en junio de 2002, y de las condiciones políticas heredadas del 2001, el gobierno de Néstor Kirchner se vio obligado a apelar a un abanico de metodologías: desde la cooptación hasta la judicialización, y desde la vía libre al accionar de las patotas hasta la represión estatal directa, para quebrar las redes y lazos de solidaridad que se habían desarrollado entre las organizaciones movilizadas. Se acentuó la criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado.
Innumerables manifestaciones de la protesta popular se han desarrollado durante estos años: puebladas; movilizaciones; cortes de ruta; huelgas; escraches a genocidas; acampes; piquetes; ocupaciones de fábricas, de tierras y de edificios públicos, han sido distintas expresiones de la protesta de nuestro pueblo. En las fábricas y empresas avanza un proceso de organización independiente del Estado y las patronales, que pone en pie las asambleas y cuerpos de delegados en oposición a las burocracias de los sindicatos. Por su parte el Ministerio de Trabajo es una correa de transmisión de esta política a través de conciliaciones obligatorias, declaración de ilegalidad de las huelgas, desconocimiento de los cuerpos de delegados y de los nuevos sindicatos a favor de la burocracia sin! dical y los intereses empresariales.
A casi nueve años de la asunción de Kirchner y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genoci! das procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.
En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando derechos como el derecho a la huelga y a la movilización popular. El Gobierno Nacional impulsa esta política de criminalización como lo demuestran las declaraciones de sus funcionarios: Aníbal Fernández con su amenaza "a los que saquen los pies del plato los perseguiremos con el código penal en la mano", la ministra Garré acusando de "desestabilizadores" a los desocupados que se
oponen al clientelismo, y la misma presidenta calificando de extorsivos los reclamos y las huelgas de los trabajadores.
Ha quedado al descubierto en la causa Kraft el espionaje de este gobierno sobre las organizaciones populares a través del Proyecto X de Gendarmería y de otros organismos de Inteligencia con el reconocimiento de la Ministra de Seguridad, y ha quedado demostrado que se utiliza ese espionaje para armar las causas judiciales con las que son perseguidos numerosos trabajadores y luchadores.
Desde diciembre de 2011, la ampliación de la Ley Antiterrorista que había sido sancionada en 2007, representa un peligro que merece el más enérgico repudio y torna urgente la exigencia de su derogación. La mayoría oficialista que ha votado en tiempo record los tratados internacionales contra el terrorismo y dos leyes antiterroristas, se ha negado sistemáticamente en los últimos nueve años a tratar los diferentes proyectos de ley contra la criminalización de la protesta.
La profundización de la represión intenta frenar el proceso de organización de los sectores populares en un año que se presenta con topes salariales, aumento de tarifas y ajuste. Este informe pretende ser un aporte a la plena vigencia del derecho a luchar, a la conquista de todas las reivindicaciones populares y al juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo.
Por todo ello decimos:
CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS MAS DE 4000 LUCHADORES POPULARES PROCESADOS
DEROGACIÓN DE LA LEY ANTITERRORISTA
CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINADOS POR LUCHAR
BASTA DE ESPIONAJE A LOS LUCHADORES OBREROS Y POPULARES.

Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos - AEDD 
Asociación de Profesionales en Lucha - APEL
Centro de Abogados por los Derechos Humanos -CADHU
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos - CEPRODH
Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo - CADEP
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional - CORREPI
Liberpueblo


Para comunicarse: 
Claudia Ferrero 1556045905

Contacto Prensa: Mariela 1531651297 // Maura 1540555424 // Teté 1564670066 // Cecilia 1540553294 // Andrés 1558178322 // Olga 1560058303 //