La delincuente etnosubversiva Mariela Tulián, procesada.

NEGOCIO INMOBILIARIO EN CÓRDOBA

Autoridad Indígena Del Pueblo Comechingon Imputada Por Usurpación De Su Propio Territorio El pasado miércoles 5 de febrero, Mariela Tulián, autoridad tradicional de la Comunidad Indígena Tulián del Pueblo Nación Comechingón de San Marcos Sierras, fue imputada por usurpadora de su territorio ancestral en una causa iniciada por la fiscalía nº 2 del Juzgado de 7º circunscripción de Cruz del Eje. Esta situación es producto de la complicada realidad territorial de la localidad de San Marcos Sierras, ya que en los últimos años se ha vivido una escalada constante de usurpaciones legalizadas a través de los trámites de posesión y la venta fraudulenta de lotes que forman parte del territorio ancestral de esta Comunidad. Córdoba, 9 de febrero de 2014 Autoridad Indígena Del Pueblo Comechingon Imputada Por Usurpación De Su Propio Territorio Especulación Inmobiliaria en Córdoba Autoridad Indígena Del Pueblo Comechingon Imputada Por Usurpación De Su Propio Territorio  El pasado miércoles 5 de febrero, Mariela Tulián, autoridad tradicional de la Comunidad Indígena Tulián del Pueblo Nación Comechingón de San Marcos Sierras, fue imputada por usurpadora de su territorio ancestral en una causa iniciada por la fiscalía nº 2 del Juzgado de 7º circunscripción de Cruz del Eje. En una confusa situación judicial se encuentra la autoridad máxima de la Comunidad Indígena Tulián del Pueblo Comechingón de San Marcos Sierras. Mariela Tulián, Casqui Curaca de la Comunidad, fue imputada por la fiscalía nº 2 del Juzgado de 7º circunscripción de la ciudad de Cruz del Eje en una causa donde se la acusa de usurpación de un lote de terreno en el que vive. Esta situación es producto de la complicada realidad territorial de la localidad de San Marcos Sierras, ya que en los últimos años se ha vivido una escalada constante de usurpaciones legalizadas a través de los trámites de posesión y la venta fraudulenta de lotes que forman parte del territorio ancestral de esta Comunidad. “Es necesario que la justicia se entere de que nuestro territorio está protegido por la ley nacional nº 26.160 y sus prórrogas, la aplicación de esta ley en el territorio de nuestra comunidad fue iniciada en el año 2.009 y en el año 2.011 el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) nos informó que de acuerdo a la documentación presentada por la Comunidad, estábamos en condiciones de continuar con la aplicación de la ley para la devolución que el Estado se plantea realizar en todos los territorios indígenas del país”, dijo la Curaca Tulián al ser consultada sobre su situación. La ley 26.160 declara la “Emergencia en materia de propiedad y posesión de los territorios que tradicionalmente ocupan las Comunidades Indígenas del país”. El artículo 2 aclara: ”Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras…” “Nada de esto se cumple en este territorio comunitario, vemos con mucho dolor que cada día nuestro territorio es víctima de una nueva agresión”. Cabe destacar que el pasado 10 de enero un grupo de miembros de la Comunidad recibió amenazas de muerte por intentar frenar el avance de una máquina que realizaba trabajos de desmonte en la “Reserva Forestal Natural Sierras de Cuniputo”, parte del territorio comunitario indígena, Mariela se encontraba entre las personas que recibieron estas amenazas. La reserva se encuentra en la zona roja de bosque nativo, de protección máxima contra el desmonte, pero donde se realiza un importante emprendimiento inmobiliario de loteos ilegales. -“No es la primera ni va a ser la última vez que nos amenacen de muerte, pero el miedo ya no es suficiente para detener el reclamo de nuestra gente”, aseguró Mariela con la firmeza de su estirpe. Por otro lado es importante dar a conocer a la opinión pública que Lautaro, de 7 años de edad, el hijo menor de la Curaca, en el día de la fecha cumple 3 años y medio de encontrarse en estado de coma por haber sufrido un grave de proceso de enfermedad que lo llevó a necesitar de un tratamiento de rehabilitación que desde el año 2010 están tramitando. La familia proyectaba en marzo poder viajar hasta Cuba con el niño para realizarle este tan esperado tratamiento, pero esta imputación, al día de la fecha imposibilitaría a la Curaca a salir del país. -“Están utilizando la desesperación de la familia para obligarnos a ceder ante una injusticia. Parece haber una justicia para los pobres y otra para los poderosos, hace varios años iniciamos un juicio para llevar mi hijo a Cuba, y recién el 24 de febrero se va a realizar la primera audiencia de este juicio, y estas personas de la noche a la mañana nos imputan por el capricho de un niño rico. No nos cabe ninguna duda de que esta acusación es producto de una persecución por la lucha que venimos haciendo desde hace tantos años. Creen que me atacaron en mi punto débil que es mi hijo, pero en realidad mi hijo es mi fortaleza, nadie me va a impedir llevar a Lautaro a recibir su tratamiento en Cuba”, agregó Mariela Tulián.”

La Comunidad Potae Napocná Navogoh (La Primavera) se define por la independencia económica de los poderes políticos y religiosos para financiar sus gastos cuando deben permanecer en Buenos Aires.

FORMOSA

Cinco siglos igual o parecido (AW)  Por eso aceptaron la sugerencia de abrir una cuenta bancaria para que voluntariamente se les realice una entrega de dinero. En otro orden dejan en este comunicado un detallado informe sobre el relevamiento territorial en la comunidad que echará luz y tal vez una solución provechosa y justa luego de tantos siglos de espera. Dado que no aceptamos que ningún partido político ni religión nos financien, pues queremos tener independencia, no contamos con dinero. Los viajes, las llamadas, el permanecer en Bs As para nosotros es muy costoso y dependemos de la buena voluntad de los amigos. Ellos nos sugirieron que abriéramos una cuenta en un banco para que los que quisieran depositaran en ella. La cuenta de ahorro está en el Banco Nación de la ciudad de Buenos Aires y su número es 0009/6970173456. Está a nombre de Félix Díaz y el CBU es 0110697430069701734565. ¡Muchas gracias! Relevamiento territorial en la comunidad Por resolución de la Corte Suprema de la Nación en nuestra comunidad se está realizando el relevamiento territorial. Para nosotros es un momento muy importante. Al comienzo fue duro pues no estuvimos de acuerdo que los funcionarios celebraran reuniones separadas con Cristino Sanabria y con nuestro Qarashe Félix. No queremos que nos dividan, hay que hablar de frente y ante toda la comunidad. Por suerte en la segunda etapa hemos trabajado todos juntos como corresponde. Hemos hecho el croquis, las narrativas (si bien consideramos no se han registrado todas las narraciones de los ancianos mientras construían el croquis), el informe Histórico Antropológico y la encuesta. Se han marcado con GPS los puntos por dentro del título salvo el triángulo el cual el Parque Nacional lo está ocupando. Hemos llegado a un acuerdo con todas las autoridades del INAI, ICA y Parques que en el próximo viaje iremos a marcar todos los puntos que figuran en el croquis, la mayoría dentro de lo que hoy ocupa el Parque Nacional Río Pilcomayo. Esperamos con mucha expectativa que podamos terminar correctamente todo el relevamiento tal y como lo estipulan el Convenio Específico, el Manual de Procedimientos y el Plan de Abordaje reconocidos por la Corte Suprema. En todo momento las autoridades hablan de "la superposición de mensuras" entre la provincia y el Parque Nacional (Nación), reconociendo que todas nuestras denuncias son verdaderas. Un claro ejemplo es el sector del triángulo al cual Parque nos prohíbe ingresar. Ese sector fue incorporado a nuestro título comunitario por la provincia supuestamente para "compensar" las tierras que les dejaron ocupar a la familia Celia el gobierno militar de la provincia. El problema es que el triángulo que nos entregaron estaba bajo jurisdicción del Parque Nacional. Por eso perdimos ambos sectores. Lo mismo ocurre con la Laguna Blanca la cual figura en el decreto nacional que nos entregaron en 1940 pero muchos años después en 1951 la ley que creó el Parque lo incorporó dentro del Parque. De modo que este último problema fue creado por distintas disposiciones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. En todo caso la solución le corresponde a la Nación.ÂÂÂÂÂÂÂ Finalmente reclamamos la devolución de los lugares que seguimos ocupando por años que ahora ocupa el Parque Nacional. Tanto dolor se hubiera evitado si ambos estados hubiesen tenido la voluntad de sentarse a solucionar este problema que tienen hace décadas y que sólo lo han venido ocultando. Sólo queremos que se solucione este gran problema territorial y poder estar en paz, como siempre hemos estado.

De la Sota controla a los malvivientes.

CÓRDOBA

Un laboratorio de represión El 10 de julio, se inauguró formalmente el DOT (Departamento de Ocupación Territorial), que en los hechos ya venía funcionando desde principios de año. Es un programa aplicado por el gobernador De la Sota, que toma el modelo de la policía militar de Brasil: se trata de “patrullar” las villas, las afueras de Córdoba y los barrios con alguna suerte de conflicto, ya sea por toma de tierras o por ocupación de determinados espacios, con patrulleros y helicópteros que iluminan los patios de las casas o las calles de los barrios donde se junta gente. Una vez identificados los “focos” de conflicto, actúa la infantería en el terreno. 31 de julio de 2013 (Boletín Correpi Nº 697).- Córdoba: un laboratorio en materia represiva El 10 de julio, se inauguró formalmente el DOT (Departamento de Ocupación Territorial), que en los hechos ya venía funcionando desde principios de año. Es un programa aplicado por el gobernador De la Sota, que toma el modelo de la policía militar de Brasil: se trata de “patrullar” las villas, las afueras de Córdoba y los barrios con alguna suerte de conflicto, ya sea por toma de tierras o por ocupación de determinados espacios, con patrulleros y helicópteros que iluminan los patios de las casas o las calles de los barrios donde se junta gente. Una vez identificados los “focos” de conflicto, actúa la infantería en el terreno. El DOT, que cuenta hasta el momento con 40 móviles y 350 efectivos, actuará acompañando órdenes judiciales en desalojos y allanamientos, en el marco de un conflicto generalizado por la toma de tierras en toda la provincia, en el que, por un lado, están los sectores populares que buscan tierras para sus viviendas y, por otro, los empresarios y el gobierno, que pretenden construir countries y shoppings por doquier. Este año, sin ir más lejos, se desataron varios conflictos en tomas de tierras, tanto en Villa Icho Cruz, como en Cuesta Blanca y Piedra Blanca, a pocos kilómetros de la capital cordobesa. En las tres tomas se mantiene un cerco policial que impide el paso de agua y alimentos y la circulación de personas ajenas al asentamiento. Las organizaciones y demás sectores populares llevaron a cabo la campaña “Romper el cerco” en la toma de Cuesta Blanca, en abril de este año, que consistía en llevar en caravana provisiones desde Córdoba Capital hasta Cuesta Blanca. En el transcurso de esa caravana hubo requisas (no sólo en los caminos al asentamiento, sino en las paradas de los ómnibus de línea); amenazas y la ostentación de que los tenían a todos “fichados” a través de un previo trabajo de inteligencia. Por ejemplo, fue detenido un auto donde iban compañeros del Encuentro de Organizaciones, y los uniformados les hicieron saber claramente que los conocían. Hacia el final de la jornada, un compañero fue secuestrado por la policía, que se lo llevó a dar vueltas en el patrullero para amedrentarlo, y luego lo liberó en medio de la bronca de sus compañeros. A los dos días fue apresado, en un allanamiento, el presidente de la Cooperativa de Carreros de Icho Cruz, que estaba solidarizándose con la toma de Cuesta Blanca. Lo acusaron por incitación a la violencia, con apoyo en unas publicaciones levantadas desde su muro de Facebook. Durante la marcha de las organizaciones hacia la comisaría de Carlos Paz, donde estaba detenido, la policía reprimió y detuvo a otras 20 personas. Después de varias movilizaciones hacia la comisaría, tras cuatro días, todos los detenidos fueron liberados, excepto el presidente de la cooperativa y un vecino acusado de resistencia a la autoridad. Ambos fueron retenidos 15 días en la cárcel de máxima seguridad de Bouwer. Durante todo este conflicto, cabe aclarar que las fiscalías estuvieron especialmente cerradas, para que los compañeros no pudieran denunciar ahí las detenciones y el secuestro. Del mismo modo, en junio intentaron desalojar un grupo de viviendas que se encuentran en tierras tomadas en Piedra Blanca. Los compañeros del Encuentro de Organizaciones lograron trabar el desalojo con recursos técnicos. Días después, tres compañeros de esa organización fueron denunciados públicamente por el Ministro de Desarrollo Social, Passerini, acusados de encabezar una asociación ilícita para instigar las tomas de tierras. Todos estos conflictos, en los que el estado no sólo aplica sus fuerzas especiales para reprimirlos, sino que se sirve de su brazo judicial para perseguir a los luchadores, leyes antiterroristas en mano, y de los medios de comunicación para denunciarlos y deslegitimar su lucha, se suman al vaciamiento y desalojo de fábricas en la ciudad de Córdoba y a la apropiación por parte del gobierno de teatros y centros culturales, para vendérselos a empresarios de la noche o de cadenas de restaurantes. “La Piojera”, un teatro del barrio de Alberdi, está ahora en el medio de una disputa entre el barrio, que quiere usarlo para realizar actividades culturales, y el gobierno, que pretende cerrarlo para vender el espacio. Por todo esto es que el gobierno cordobés aplica el DOT, profundiza el trabajo de inteligencia sobre los sectores organizados, los persigue armándoles causas y sella su alianza con los empresarios mediante el negocio de las tierras y el uso de los medios para criminalizar la protesta social. Desde CORREPI, a través de nuestra militancia en el ENA con el conjunto de organizaciones antirrepresivas del país, denunciamos que la represión es una política de estado, que se aplica sistemáticamente, en este caso, sobre sectores organizados y que la aplicación del DOT es una expresión de cómo el estado profundiza la represión, frente a la invisibilización con la que colaboran activamente los medios masivos de comunicación.

El Colectivo de Pres@s Politic@s Vasc@s ofrece su voto a EH Bildu y anima a romper el actual bloqueo.

EUSKAL HERRIA / PAIS VASCO

Como ya hizo en las elecciones estatales de noviembre pasado, Euskal Preso Politikoen Kolektiboa ha tomado posición ante los comicios de este domingo. En una nota anuncia que ofrece sus votos a EH Bildu y espera que el paso por las urnas depare condiciones para «nuevos retos».

GARA | DONOSTIA

El Colectivo de Presos y Presas Políticos Vascos (EPPK) ha dado a conocer en una nota remitida a GARA su posición ante los comicios del domingo, al igual que hizo en noviembre del año pasado en vísperas de las elecciones estatales, cuando expresó su respaldo a la candidatura de Amaiur. En esta ocasión, explica que «ofrecemos nuestros votos y nuestra lucha a EH Bildu», a la que se refiere como «la única opción política».

EPPK parte de la premisa de que Euskal Herria se encuentra en una coyuntura especial, porque a la crisis económica global se le suma la crisis política del modelo territorial en los estados español y francés. Ahí apunta que «es necesario convertir la crisis en oportunidad».

Constata a continuación que la nueva situación política no ha logrado «interrumpir la actitud opresora de los estados ni ponerlos todavía en la dirección de la resolución del conflicto». Sin embargo, el Colectivo considera que el contexto es apropiado para «comenzar a abrir fisuras en el bloqueo», entre otras cosas en el terreno electoral.

«El apoyo recibido en las últimas elecciones debe traer una suma de fuerzas renovada y debe crear las condiciones para nuevos retos -continúa EPPK-. Porque tenemos que aprovechar la oportunidad candente de independencia de nuevos estados en Europa». Cita además que «una vez agotada la estructura administrativa de España» es hora de situar a los parlamentos de Gasteiz e Iruñea en rumbo hacia un nuevo Estado independiente. Y es en ese punto donde afirma que «ofrecemos la lucha y el voto a la única opción política, a Euskal Herria Bildu. Es nuestro momento y está en nuestras manos».

La nota de EPPK incluye alusiones críticas «al PNV de Urkullu. Nos ha hablado de cohabitación y de pacto, sumido en una apuesta estratégica errónea. De la mano de las fuerzas españolas de izquierda y derecha, con esos que quieren hacer pudrirse el proceso político `españolizando' a la ciudadanía vasca y condenando a Euskal Herria a la debacle de España». Añade que la política de dispersión se inició «con la imprescindible colaboración del PNV» y que esa situación sigue sin que los jelkides hayan hecho nada «para aliviar su responsabilidad».

EPPK concluye animando a que las movilizaciones de los próximos meses sean «tan masivas como eficaces».