“TAMBIÉN HAY BUITRES INGLESES QUE SE QUEDAN CON NUESTRO PETRÓLEO Y GAS” sostuvo el Dr. Fernando Blanco Muiño, Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, en relación al proceso judicial que esa entidad lleva adelante por la cual se busca la nulidad o anulabilidad del contrato de concesión del yacimiento de “Cerro Dragón” en la Pcia. De Chubut, en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5, Secretaría Nº 9.
“La Presidente de la República habló ayer de buitres y caranchos financieros pero también hay buitres económicos por lo cual iniciamos una acción judicial, en la cual quedó radicada la competencia en el fuero y abierta la instancia luego de las pertinentes vistas de la fiscalía, porque la concesión del mayor yacimiento de petróleo y gas que tiene en plena explotación nuestro país está viciada de nulidad. El accionista mayoritario de la concesionaria, que es la British Petroleum (BP) se ha autodenunciado ante la SEC (Bolsa de Valores de New York) reconociendo que ha pagado coimas durante los años 2007 y 2008 con motivo de ese contrato de concesión. Entonces, a confesión de parte relevo de prueba, y pedimos a la justicia que revise el contrato de manera que se garantice que los consumidores argentinos no paguemos sobrecostos de corrupción en cada litro de nafta que compramos y que, por la incidencia del combustible en todas las cadenas de valor, termina incidiendo en la suba de los precios de todos los productos”, explicó Blanco Muiño.
“Está claro que BP, que nos está robando nuestro petróleo de las Islas Malvinas y que produjo el mayor desastre ecológico en el continente en el Golfo de México, quiere cuidar su reputación internacional y su cotización en los grandes centros financieros mundiales pero no aplica la misma prolijidad en la Argentina, donde da lugar a la corrupción que después la propia empresa reconoce. Así como hay buitres financieros, también hay buitres empresarios que lucran sobre los recursos y los bolsillos de la gente. No permitiremos que se mantenga en estas condiciones una concesión prevista hasta el año 2047 y que representa el 18% del total del petróleo y el 16% del gas que se produce actualmente en nuestro país”, explicó Blanco Muiño.
“La República Argentina necesita de un flujo de inversión interna y externa asentada sobre la confianza y la seguridad y no sobre un manto de sospecha de corrupción de uno de los mayores actores económicos del mundo. La autodenuncia de BP y la sospecha de corrupción –que se amplía a la compra de Gas Natural Licuado (GNL) que YPF le ha hecho a BP, en ningún caso deben ser un costo para los 40 millones de consumidores argentinos, ni para sus gobiernos, tanto nacional como provinciales, ni para los buenos empresarios argentinos con vocación por invertir en nuestro país. De ahí, entonces, lo imperioso que resulta que la justicia logre transparentar el contrato de concesión de Cerro Dragón que, a estas alturas, tiene más sombras que luces. Por eso, también, nos presentaremos como querellantes en la denuncia penal que investiga la ilicitud de los actos que dieron origen al contrato nulo”, agregó Blanco Muiño.
“Tal como lo establece la Constitución Nacional, los recursos naturales son de las provincias, es decir, de cada argentino y seguiremos defendiendo este principio fundamental como bandera permanente de verdadera soberanía nacional ante las políticas depredadoras de los buitres económicos, con auténtica convicción por el respeto al federalismo sobre el cual se asienta nuestro sistema democrático”, finalizó Blanco Muiño.
