Se trata de una iniciativa del Diputado Nacional Alejandro Grandinetti, del Frente Renovador UNA, que promueve modificar la Ley de impuesto al valor agregado para la venta de gas, energía eléctrica y agua, llevando la alícuota a un tope del 10,5 %. Busca paliar el fuerte impacto que produce la suba de las tarifas, y que el Gobierno Nacional reduzca sus márgenes de recaudación impositiva para acompañar el esfuerzo de la gente.
El también Vice Presidente del Bloque del Massismo en la Cámara baja explicó que “dado el fuerte incremento que sufrieron las tarifas de los servicios públicos, la idea es que el Estado también haga un esfuerzo y retrotraiga la alícuota del IVA a la mitad en todos los casos, para atenuar parte del impacto que padecen los argentinos”. En ese sentido, el Legislador por la Provincia de Santa Fe detalló que “en el caso de las pymes, casi 3 de cada $10 pesos que se pagan por cada factura son en concepto del Impuesto al Valor Agregado y quedan para el fisco nacional” y agregó que “si las tarifas van a subir hasta un 400 % no es lógico que la recaudación del Estado también crezca en esos niveles”.
La iniciativa busca que “no sólo sean los trabajadores, los comerciantes o los empresarios quienes tengan que afrontar el sinceramiento de las tarifas de los servicios públicos, sino que el Gobierno Nacional también reduzca sus ingresos por recaudación para sumarse al esfuerzo que le pide al pueblo”, aseguró Grandinetti. La tasa aplicable del IVA sufrió muchas variaciones a lo largo de toda la historia argentina: con la reforma introducida en el año 1986 se unificó la alícuota general en el 18%, pero en 1990 descendió hasta el 13% para volver a subir hasta el 18% en 1992. A partir de abril de 1995 se incrementó la tasa hasta el 21% vigente hasta hoy.
En tanto, en 1997 se concretó una modificación en el 2º párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado que elevó la alícuota al 27 % para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas “cuando la venta o prestación se efectúe para un usuario que este categorizado en este impuesto como responsable inscripto o como monotributista”. Sin embargo, en la actualidad ya existen distintas actividades a las que se le aplica el 10,5 %, como ser Intereses y Comisiones de préstamos para Responsables Inscriptos, Venta e importación de obras de arte, los Servicios de Transporte de pasajeros terrestres, aéreos y acuáticos realizados en el país cuyo recorrido en viaje exceda los 100 km, etc. Tomando esos ejemplos y siendo que el impacto del IVA es muy importante en la composición de las tarifas de los servicios públicos a partir de sus aumentos, Grandinetti consideró que la reducción es imperiosa.
Por su parte, el Diputado afirmó que esa retracción “no le quitaría recursos a las empresas ni alteraría sus proyectos de sostener una tarifa acorde a las inversiones necesarias para cumplir con el nivel de capitalización e inversiones requeridas para continuar con la concesión del servicio público prestado”. Según detalla el escrito del proyecto, dicha iniciativa “se constituye en un paliativo a todos los usuarios de los servicios públicos, considerando lo importante que resulta en este contexto de alta inflación, con lo recientes ajustes tarifarios, perjudicando directamente el bolsillo de los asalariados, y de igual forma al sector productivo de todas las micro, pequeñas y medianas empresas que ven casi inviables sus actividades debido a este brusco ajuste de costos”.
Finalmente, el Diputado Alejandro Grandinetti solicitó a sus pares el urgente tratamiento de la iniciativa porque consideró que “es necesario, además de retractar los criterios de aplicación de las nuevas tarifas, ayudar en este proceso con cambios impositivos, en beneficio de la gente”.
