ARGENTINA
David contra Goliat
Por Franco Mizrahi
12.09.2012
La intendencia de la ciudad presentó un proyecto de ley para expropiar las acciones que tiene una cooperativa en la proveedora de gas local. Los cooperativistas denuncian que la intención es concretar un negocio con privados.
Lejos de la tranquilidad que imponen sus sierras, la ciudad de Villa Carlos Paz vive un complejo conflicto político que enfrenta al intendente electo, Esteban Avilés, y a la Cooperativa Integral (Coopi), que tiene más de 50 años de existencia en esa localidad cordobesa y provee diversos servicios públicos. ¿Cuál es la razón de la disputa? Avilés, de extracción radical, llegó al gobierno de la ciudad en diciembre de 2011 y el 1 de agosto pasado anunció su deseo de apartar a la cooperativa de la empresa que provee el gas de la zona y presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para concretarlo. Según los miembros de Coopi, los ?persiguen política e ideológicamente por defender el ideario cooperativo y entenderlo como ?herramienta al servicio del cambio político social??.
Desde hace ocho años, Coopi es propietaria del 50 por ciento de las acciones de Carlos Paz Gas S.A., pero el nuevo Ejecutivo local ?que posee el restante accionario? está empecinado en terminar con la asociación. Según los referentes de la cooperativa, han sufrido un recrudecimiento de los ataques de la intendencia desde que en las últimas elecciones municipales Alejandro Eguiguren, gerente de Coopi, se presentó como candidato a concejal por el Frente para la Victoria y quedó muy relegado de los candidatos que ingresaron al Concejo Deliberante.
?El actual intendente es acérrimo enemigo de la cooperativa ?afirmó a Veintitrés Rodolfo Frizza, subgerente general de esa organización?. Quiere expropiarnos el 48,5 de las acciones para vendérselas a un socio privado. El dato no es menor: cuando se formó la sociedad con el Estado, Coopi puso como exigencia que las ganancias no fueran retiradas por los integrantes sino que se reinviertan en cañerías de gas hasta que el 100 por ciento de la ciudad tenga el servicio?.
Según los números que esgrimen desde la cooperativa, en ocho años invirtieron cerca de 8 millones de pesos en obras y cubrieron zonas periféricas que habían sido relegadas por las gestiones anteriores. ?Construimos gasoductos para que la ciudad pueda estar totalmente gasificada. Ahora el intendente nos acusa de no haberlo logrado. Nos acusa de estar quebrados, lo que es falso. Creemos que la parte que nos quiere expropiar se la quiere entregar a otro socio por negocios?.
Intendente Avilés: arremete contra la Cooperativa de Gas COOPI
Oscar Di Vico, secretario de Gobierno de Carlos Paz, defiende la gestión de Avilés: ?El Estado no puede tomar en la empresa las determinaciones que desea porque el socio se opone. Por eso pedimos la transferencia de acciones, que ya habíamos planteado en la campaña. El Estado estuvo ausente y deseamos fortalecerlo. Esto no va en detrimento de la cooperativa?.
?La ordenanza que se envió al Concejo es taxativa ?continúa De Vico?: del 48,5 por ciento de las acciones que se expropia, el 17 va a quedar siempre en manos del Ejecutivo. Así, el municipio tendrá el 67 por ciento de las acciones. El resto puede ser de esta cooperativa, de otra o de alguna empresa?.
?¿Esa preeminencia del Estado, en el marco actual de la distribución de acciones, no se ve mermada con la posibilidad de que ingrese una empresa privada? ?le preguntó Veintitrés.
?A mí también me hace ruido el ingreso de un privado ?se sinceró el funcionario local y ex presidente de la empresa de gas? pero como Carlos Paz Gas está con un déficit importante, hay que recapitalizarla. La cooperativa es la principal acreedora de esta empresa. En los últimos seis meses nos dejó una deuda de dos millones de pesos.
Jorge Boido, jefe de comunicaciones de Coopi, aclaró ante esta revista: ?La deuda es financiera, es normal para cualquier empresa que factura y deja de ganancia lo que rinde Carlos Paz Gas. Están planteando, como táctica, que la empresa no funciona cuando todos los números, contables, administrativos, financieros y de obras demuestran lo contrario. Hay una intencionalidad política del intendente. Además, no hay otra cooperativa a la que le puedan ceder la prestación de este servicio. El tercero privado necesitará un operador, porque la municipalidad no tiene la estructura para brindar el servicio. Nosotros usamos la que tenemos para los servicios de agua, cloacas y otros, lo que nos permite ser rentables. La municipalidad está abriendo un gran negocio?.
A pesar de las quejas de los cooperativistas, el proyecto de expropiación ingresó al Concejo Deliberante dos semanas atrás. El debate legislativo ahora pasa por si la iniciativa puede aprobarse con mayoría simple. De ser así, los seis concejales que responden a la alianza gobernante ?de los once totales? podrán aprobar la expropiación.
?Si prospera el proyecto tenemos una estrategia jurídica para frenarlo ?aseveró Frizza?. Son tan groseros que presentaron un proyecto donde escribieron que cualquier concesionario de servicios públicos que haga un reclamo sobre el tema, perderá su condición. Es absolutamente anticonstitucional y demuestra la intención de atacar a Coopi?. Boido agregó que ?todo se encamina hacia una lucha legal, donde marcaremos la inconstitucionalidad de la iniciativa. A lo que sumaremos la lucha social?.
Carlos Heller, presidente del Banco Credicoop y referente del cooperativismo a nivel nacional, sentó posición: ?La Coopi viene haciendo un excelente trabajo. Tiene una trayectoria objetiva de acción cooperativa de prestación de servicios básicos, empezando con el agua y ampliándose a distintas cosas como el gas o Internet. El Ejecutivo local tiene la mayoría de la empresa de gas y decidió expropiar a Coopi sin mayores fundamentos, cuando ha contribuido a desarrollar el servicio de forma eficaz. Por eso no alcanzo a entender la actitud del intendente, salvo que haya un tema ideológico de por medio o un prejuicio anticooperativo. Lo peor es que puede ser un ataque más amplio contra la Coopi?.
En el año internacional del cooperativismo, la decisión de Avilés despertó alarma en el mundo cooperativo, que teme un atropello mayor detrás de la avanzada contra Carlos Paz Gas: la destrucción de la Cooperativa Integral. Todo indica que el final de esta historia lo escribirá la Justicia.
fuente> Revista veintitres
