martes, 4 de septiembre de 2012

El Gobierno nacional oficializó el control sobre la actividad de los hidrocarburos a través de la aprobación de la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.



Esta comisión dependerá de un representante de las secretarías de Política Económica y Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía, hoy a cargo del viceministro de esa cartera, Axel Kicillof.
En tanto, el secretario de Energía, Daniel Cameron , y el de Comercio Interior, Guillermo Moreno, quedan como “miembros”.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial bajo la resolución número 1/2012.
De este modo, Kicillof tendrá la facultad de exigirles a las petroleras planes de inversiones, como así también controlar sus ganancias y regular sus stocks, su producción y hasta sus dividendos.

CENSURA Y PERSECUSIÓN EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.


NOTIVIDAAño XII, Nº 848, 3 de septiembre de 2012
Ciudad de Buenos Aires

Perseguirían a los que defienden el orden natural en los medios de comunicación. El macrismo le daría una mano a Cristina para controlar desde la Ciudad de Buenos Aires a los medios.
Por Mónica del Río
Un medio de comunicación podría ser sancionado por el sólo hecho de mencionar a “el” travesti en vez de a “la” travesti, por hablar de “crimen pasional” en lugar de “femicidio” o por referirse a la familia conforme a su estructura natural.
La Legislatura porteña dio dictamen la semana pasada al proyecto de ley (expte. 1910/2011) que crea el “Observatorio de Medios para la Igualdad” (art.1º) que “tiene por finalidad mejorar el tratamiento que los medios de comunicación de la ciudad hacen de las  distintas identidades de género y fomentar un debate social acerca de los estereotipos de género que los medios reproducen, para colaborar a eliminar toda forma de discriminación por cuestiones de género” (art.2º).
El Observatorio “revisará el contenido y la oferta de los medios de comunicación” de la Ciudad de Buenos Aires o con “ingerencia” en ella, “desde la publicidad hasta los contenidos de entretenimiento o informativos, en los diversos soportes y formatos”,  haciendo foco en: “contenidos sexistas”, “incitación a la violencia de género, “discriminación hacia mujeres” y “estereotipos de género” (art.3º a). La defensa irrestricta de la vida humana en sus primeros estadios podría interpretarse como “incitación” a la “violencia contra la libertad reproductiva” una de las formas de “violencia de género”.
El organismo elaborará “recomendaciones a los medios de comunicación para que modifiquen los contenidos sexistas y que atenten contra las diversidades sexuales” y cuando “correspondan sanciones” lo remitirá “a las autoridades nacionales establecidas en la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y a otras autoridades pertinentes -como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) y el Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) en el caso de la prensa escrita” (art.3º d). Recordemos que para el INADI es discriminatorio  negar un aborto o referirse a las personas trans de un modo distinto al que se “autoperciben.
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Recibirán denuncias de los consumidores de medios (art.3º f). Capacitarán “a los y las profesionales del periodismo, la publicidad y la producción de medios, en el ejercicio con enfoque de género, de respeto de los derechos de las mujeres y en contra de todo tipo de discriminación” (art.3º h). El Gobierno de la Ciudad podría retirar, por ejemplo, una publicidad que muestre a una mujer realizando labores domésticas porque fomentaría un “estereotipo” de mujer. La Ley Nacional de Violencia contra la Mujer, en la que el proyecto se funda, incluyó, entre otras cosas, la “violencia mediática” (difusión de imágenes estereotipadas) y la “violencia simbólica” (la que a través de patrones estereotipados “naturaliza la subordinación de la mujer en la sociedad”).
La iniciativa de las militantes feministas María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular) y María José Lubertino(FpV), obtuvo dictamen en la comisión de Mujer con las firmas de María Elena Naddeo, Virginia González Gass (Proyecto Sur) y los macristas Raquel HerreroFrancisco Quintana y Carmen Polledo. Quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.
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NOTIVIDAAño XII, Nº 848, 3 de septiembre de 2012
Editores: Lic. Mónica del Río y Pbro. Dr. Juan C. Sanahuja

domingo, 2 de septiembre de 2012

Reclamos por el plan Argentina Trabaja.

ARGENTINA

Choque entre cooperativistas y la Gendarmería en una protesta

La fuerza de seguridad desalojó a los manifestantes por un corte en la Panamericana

Tras una orden judicial, la Gendarmería despejó la protesta en el kilómetro 30 de la Panamericana. Foto: Archivo / Imagen de TV

Más de cien beneficiarios del plan Argentina Trabaja que denunciaban el reparto discrecional de fondos se enfrentaron ayer con efectivos de la Gendarmería cuando se resistieron al desalojo de un corte en el kilómetro 30 de la autopista Panamericana.

El momento de mayor tensión fue cuando la protesta fue desactivada a partir de un coordinado despliegue de las fuerzas de seguridad, entre forcejeos, golpes y palazos. Hubo 60 personas detenidas, que fueron trasladadas a Campo de Mayo.

El operativo para desalojar la autopista fue coordinado por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, que actuó después de "una orden de la Justicia".

"No lo vamos a permitir. La Panamericana no se corta", señaló Berni. Y agregó: "No hay dudas. Detrás de este tipo de reclamos hay una intencionalidad política".

Berni apuntó así al intendente de Malvinas Argentinas, el duhaldista Jesús Cariglino, ya que, según el funcionario, la mayoría de los manifestantes reside en esa zona. Sin embargo, los promotores del corte no lucían pancartas ni banderas partidarias. Es más: se los había vinculado con las agrupaciones sociales Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie y Justicia y Libertad y sectores de la izquierda.


El secretario de Seguridad, Sergio Berni, comandó personalmente el operativo de Gendarmería
Todas estas organizaciones más los diferentes frentes de izquierda denunciaron en varias oportunidades el reparto discrecional y poco transparente de los fondos del plan Argentina Trabaja, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, que dirige Alicia Kirchner.

Los cooperativistas que cortaron ayer la Panamericana reclamaron que el aumento de 550 pesos no fue para todos los beneficiarios. Pedían que se efectivice cuanto antes "para poder llegar a la canasta básica", según expresó un manifestante.

"Los aumentos del plan no llega a todos por la interna del PJ. El Gobierno los utiliza para alinear a los intendentes. Los beneficiarios de los municipios de La Plata, Luján, Hurlingham, San Fernando, Esteban Echeverría y Malvinas Argentinas cobran 1200 pesos por mes, mientras que en otros cobran 1750", dijo a LA NACION Néstor Pitrola, referente del Partido Obrero (PO). Pitrola negó que hayan participado dirigentes del PO en el corte de ayer.

El coordinador nacional de la agrupación Barrios de Pie, Daniel Menéndez, denunció el "accionar represivo" del personal de la Gendarmería y exigió "la inmediata libertad de los trabajadores" detenidos.

A través de un comunicado, Menéndez dijo que "resultó un agravio el traslado de los compañeros a Campo de Mayo, símbolo de la represión durante la última dictadura militar".

Pitrola también reprochó el traslado de los detenidos a Campo de Mayo. "Es la continuidad del Proyecto X", opinó, en referencia a la iniciativa de presunto espionaje que había activado la Gendarmería en diferentes movilizaciones de trabajadores.

Desde otro sector de la izquierda también se levantaron críticas. "Los que deberían estar presos son los mentores del Proyecto X y no trabajadores de los planes Argentina Trabaja que exigen un aumento a sus miserables haberes", consideró Myriam Bregman, del PTS.

Cariglino ayer se reunió con Hugo Moyano y envió un comunicado para rechazar una posible re-reelección de Cristina Kirchner. Por otra parte, sus allegados expresaron a LA NACION que el intendente de Malvinas Argentinas "no tiene nada que ver con los manifestantes de la Panamericana porque -adujeron- la comuna no administra los planes Argentina Trabaja".

Acto repudio en contra de la instalación de la empresa de aguas israelí Mekorot en la Provincia de Buenos Aires.

ARGENTINA

A través de un comunicado emitido este miércoles, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, convocaron a un acto en repudio a la instalación en la Provincia de Buenos Aires de la empresa de aguas israelí MEKOROT, propiciada e impulsada por el gobernador Daniel Scioli .
Las organizaciones convocantes han venido denunciando a Mekorot por su proceder en los territorios palestinos ocupados, donde esta empresa israelí ?ejecuta un modelo de apartheid respecto del agua, puesto que asigna a los colonos ilegales judíos entre 450 y 500 litros diarios de agua, mientras que a los habitantes de Gaza y Cisjordania la asignación del vital elemento es de 40 litros al día. Debemos considerar que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cantidad mínima recomendada de consumo humano es de 100 litros diarios; es decir, los colonos disponen de una cuota 10 veces superior a la de los palestinos, quienes ni siquiera tienen la posibilidad de consumir el mínimo recomendado por la OMS.?
Además señalan que Mekorot ?vende el agua a precios altamente subsidiados a los colonos israelíes de los asentamientos ilegales de Cisjordania, mientras que el agua suministrada a los palestinos se vende a más de cuatro veces ese valor.?

Las organizaciones indicaron que ?Mekorot es cómplice de crímenes de guerra puesto que con su accionar contribuye al mantenimiento y construcción de colonias ilegales en Cisjordania y viola los derechos humanos de los palestinos al no permitirles el acceso mínimo al agua ni a la explotación de sus propios recursos naturales.
El comunicado concluye diciendo que ?Mekorot, es un verdadero símbolo de la ocupación y la opresión israelí al pueblo palestino en su propio territorio. La compañía israelí roba más del 80% del agua a la población palestina?.

Una representante del gobernador recibió el reclamo por empresa que obtuvo la concesión de planta potabilizadora


La Plata - Pasadas las 14 horas, el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino y la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, realizò un acto en repudio a la instalación en la Provincia de Buenos Aires de la empresa de aguas estatales israelí Mekorot.



"Mekorot, es un verdadero símbolo de la ocupación y la opresión israelí al pueblo palestino en su propio territorio. La compañía israelí roba más del 80% del agua a la población palestina. Nos hemos convocado en la Plaza San Martín, frente a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para hacer público este justro reclamo, que de prosperar incumple con los compromisos internacionales del Estado argentino, al contratar con una empresa que según varias organizaciones internacionales viola los derechos fundamentales del publo palestino, que sirviendose de la ocupación militar israelí quita el agua del acuífero de la montaña, para luego distribuir en forma racionalizadacomo un gran campo de concentración y a un precio impagable al propio pueblo palestino" consignó Tilda Rabi, una de las organizadoras de la concentración luegop de ser recibida por una alta funcionaria de relaciones institucionales de la gobernación, quien se habría comprometido a brindar respuestas.

"Volveremos con más presencia y otras marchas. Esto recién comienza y debe el pueblo bonaerense saber que de prosperar esta empresa estatal israelí, su gobierno es cómplice de matar de sed a Palestina y de la ocupación y violación. Mucho más cuando existe en Argentina esa tecbnología en universidades nacionales" explicó Rafael Araya Masri a los presentes, representantes de organizaciones sociales multisectoriales y de todo el arco político presentes y a la que adhirieron varios legisladores nacionales y provinciales como concejales de la región capital, que han solicitado diversos pedidos de informes al poder ejecutivo provincial, "puesto que siquiera el pliego ha sido público" explicaron.


Crece el rechazo a la entrega del agua potable en la Provincia


Organizaciones sociales y políticas se manifestaron ayer en la Gobernación denunciando las consecuencias del acuerdo con Mekorot. 


    

    

Las críticas a la inminente adjudicación de la construcción de la planta potabilizadora de Ensenada a la empresa estatal israelí Mekorot siguen creciendo ante la gravedad que puede implicar la pérdida de calidad del agua y la entrega de los recursos hídricos.

Ayer, distintas organizaciones sociales y políticas, junto a la Federación de Entidades Argentino Palestinas (FEAP), se manifestaron frente a la Gobernación y entregaron una carta dirigida a Daniel Scioli en vistas de alertar sobre las consecuencias del acuerdo con esta compañía.

Los manifestantes señalaron principalmente dos cuestiones: los riesgos que se corren por los bajos estándares de calidad que posee la técnica de potabilización de Mekorot y los tratados internacionales que imposibilitan que una empresa vinculada a violaciones de los derechos humanos celebre convenios con el Estado provincial.

?Es un acuerdo espurio, poco transparente, y ya hay pedidos de informe, que también se han presentado en el Departamento de Derechos Humanos, porque Amnistía Internacional también sacó una documentación bastante amplia respecto del robo de agua en Palestina?, destacó Tilda Rabi, presidente de la FEAP, en diálogo con Hoy.

Tal como publicó este diario hace cuatro días, la empresa estatal israelí está acusada por Amnistía Internacional por ejercer una suerte de apartheid con la distribución del agua en Medio Oriente. Esto tiene que ver con que la compañía estaría suministrando apenas 40 litros diarios a los habitantes de Gaza y Cisjordania (un 10% de lo que reciben los colonos israelíes), cuando la Organización Mundial de la Salud establece que el mínimo recomendado es de 100 litros.

Según relató Rabi, ?hay especificaciones concretas de los acuerdos Mercosur-Estado de Palestina y Mercosur-Israel? que impedirían celebrar acuerdos con una empresa que tiene estos antecedentes.

Entrega del agua potable

?Esta pelea que hoy venimos a dar no es solamente por el agua bonaerense o por el agua palestina. Es por los bienes comunes de los pueblos que son de los pueblos y hay que pelear por eso?, dijeron los manifestantes.

En ese sentido, se refirieron al problema de que no sólo se le estaría adjudicando a esta empresa la construcción de la planta, sino también su gestión. ?Se estaría dejando en manos privadas, entre otras cosas, nada más ni nada menos que la provisión de agua potable, lo cual no es lo mismo que la provisión de agua corriente?, habían afirmado especialistas en la materia a este diario.

Una inversión exorbitante pagada por los usuarios

A su vez, los manifestantes denunciaron que la inversión que se realizará para construir la planta es extremadamente injustificada, y que será pagada por los usuarios, con el futuro aumento de 33% en el servicio, que se suma a la vigente suba de 180% decretada este año.

Tal como ya publicó Hoy, los especialistas afirman que la inversión de 170 millones de dólares en la construcción de una planta potabilizadora no está para nada justificada. Concretamente, argumentan que la provincia de Buenos Aires cuenta con excelentes acuíferos. Y remarcan que no hace mucho tiempo se descubrió un nuevo reservorio que se encuentra debajo del acuífero Puelche, a 200 metros de profundidad, cuyas aguas son mineralizadas y de excelentísima calidad. Toda la Provincia está asentada sobre reservorios subterráneos y cada perforación tendría un costo de apenas veinte mil pesos.

?¿Quiénes ganan con estos proyectos? No quedan dudas: las empresas que fabrican las plantas y los laboratorios y farmacéuticas que fabrican los químicos para depurar las aguas contaminadas?, aseguraron desde la Federación de Entidades Palestinas.

?Con mucha menos inversión se pueden hacer perforaciones y abastecer a toda la región con agua de la máxima pureza?, habían relatado previamente a este diario los ingenieros de la Dirección de Hidráulica provincial Adolfo Francisco Ruiz y Azucena Keim.

fuente: Diario Hoy

LA LEGISLATURA PORTEÑA COMENZARÍA A ESTUDIAR ABORTO.


 
NOTIVIDAAño XII, Nº 847, 2 de septiembre de 2012
Ciudad de Buenos Aires
La Comisión de Salud iniciaría esta semana el estudio de los proyectos vinculados a los mal llamados “abortos no punibles”.
por Mónica del Río
Los proyectos presentados -más o menos restrictivos- en tanto reglamentan e intentan legitimar la práctica del aborto son todos inmorales e inconstitucionales. La comisión de Salud iniciaría su estudio el próximo martes 4 de septiembre a las 13.30 hs.
Los proyectos presentados
Expte. 502-D-2012 de Gabriela Alegre (FpV), Juan Cabandié (FpV), María José Lubertino (FpV), Mateo Romeo(FpV), María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular), Francisco Nenna (FpV), Fernando Sánchez (CC), JorgeSelser (Proyecto Sur), Alejandro Amor (FpV), Juan Carlos Dante Gullo (FpV), Aníbal Ibarra (Frente Progresista y Popular) y Laura García Tuñón (BsAs para Todos). 
Le permite abortar -en el Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires- a cualquier mujer mayor de 14 años que lo solicite porque el embarazo pone en riesgo su salud integral (física, psíquica y/o social); o que declare que ha sido violada. Si fuera menor de 14 años o discapacitada mental la solicitud la deberán hacer sus representantes legales. Los médicos que sean objetores de conciencia se lo tendrán que informar a la gestante en la primera consulta que realice con motivo del embarazo. Los establecimientos médicos están obligados a garantizar la práctica. Prohíbe expresamente la revisión de la autorización del médico por parte de sus superiores jerárquicos, la intervención de comités de ética, el arbitraje judicial y la exigencia de denuncia policial o judicial.
Expte. 788-D-2012 de María de la Cruz Rachid (FpV).
Garantiza el aborto desde los 14 años -en todos los subsectores del Sistema de Salud de la Ciudad de Buenos Aires- cuando la gestante lo solicite porque el embarazo pone en riesgo su salud -física o psíquica- o suscriba una declaración jurada en la que manifieste haber sido violada. Si la embarazada fuera menor de 14 años y/o declarada incapaz, intervendrá alguno de sus representantes legales. En caso de discrepancia entre la decisión de la menor de 14 años y la de sus padres, se dará intervención a la justicia. En el resto de los casos se prohíbe terminantemente la participación de terceros (padres, cónyuges...), la consulta de los profesionales con cualquiera de ellos constituirá “un incumplimiento al deber de confidencialidad”. Del mismo modo prohíbe cualquier pedido de revisión del diagnóstico o de autorización judicial y la intervención de comités de ética, por considerarlo “atentatorio de los derechos a la igualdad, a la salud, a la autonomía, a la privacidad y causante de riesgos para la salud”. Las autoridades de todos los establecimientos de salud tendrán la responsabilidad de contar con recursos suficientes para garantizar los abortos.
Expte. 842-D-2012 de Helio Rebot (PRO).
Toda mujer capaz y mayor de 18 años podrá solicitar un aborto cuando exista peligro para su vida o su salud, que no pueda ser evitado por otros medios, o en caso de que acredite, mediante declaración jurada, que el embarazo ha sido producto de una violación. Para menores y/o incapaces la solicitud la realizarán sus representantes legales. Los profesionales de la salud podrán hacer objeción de conciencia y el Ministerio de Salud garantizará la práctica.
Expte. 878-D-2012 de Carmen Polledo y Lía Rueda (ambas del PRO)
Toda mujer mayor de 18 años podrá solicitar un aborto cuando el embarazo implique un peligro para su vida o su salud, que no pueda ser evitado por otros medios; o cuando provenga de una violación, acreditada mediante declaración jurada. En el caso de las menores, como en el de las declaradas legalmente incapaces, se requerirá el consentimiento de sus representantes legales. El médico tratante podrá convocar un equipo interdisciplinario pero en ese equipo no podrá participar ningún objetor de conciencia. Si todos los médicos de un centro de salud fueran objetores de conciencia el establecimiento lo notificará al Ministerio de Salud de la Ciudad quien deberá arbitrar los medios para garantizar el aborto.
Expte. 1147-D-2012  de José Luis Acevedo y Daniel Lipovetzky (ambos del PRO)
Exige, para practicar un aborto en caso de violación, que la declaración jurada sea confeccionada con la asistencia de laDirección General de Atención y Asistencia a la Víctima de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que “prestará asistencia jurídica, psicológica y social primaria” a la mujer violada.
Expte. 1564-D-2012 de Victoria Morales Gorleri (PRO). Cofirmantes: los macristas Sergio BergmanJosé LuisAcevedoRogelio FrigerioDiana Martínez BarriosMarta VarelaBruno Screnci, el denarvaísta Daniel Amoroso y los diputados de Bases para la Unión Juan Pablo Arenaza y Adriana Montes.
Las mujeres mayores de 18 años cuyo embarazo se encuentre “dentro de los casos previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 86º del Código Penal” podrán solicitar el aborto “en el Sub Sector Estatal del Sistema de Salud de la Ciudad”, mientras “la edad gestacional no supere las 12 semanas”. Si fueran menores de 18 años o declaradas judicialmente incapaces el requerimiento lo deberán efectuar sus representantes legales. En el caso de peligro para la vida o la salud de la gestante, que no pueda ser evitado por otro medio, el diagnóstico, “expedido por el médico interviniente y el equipo interdisciplinario de profesionales de la salud, será informado por escrito al Jefe de Servicio quien lo deberá elevar siguiendo la vía jerárquica correspondiente”. Se le deberán informar a la mujer y/o a sus representantes legales, los riesgos asociados al aborto. En los casos de violación exige denuncia penal o policial. La mujer violada y su entorno familiar recibirán “asistencia jurídica, psicológica y social” de la  Dirección General de Atención a la Víctima de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. Prevé la objeción de conciencia de los profesionales de la salud pero la práctica será garantizada por el Ministerio de Salud de la Ciudad.
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sábado, 1 de septiembre de 2012

Carta al presidente del INAI por amenazas de desalojo en la comunidad Pilagá de Onedié.

LAS LOMITAS




(AW) La Federación Pilagá envió una nota al titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández, para informar que el 28 de agosto seis efectivos de Gendarmería se presentaron en la comunidad pilagá de Oñedié, en las afueras de la ciudad de Las Lomitas, e intentaron que varias familias firmaran un documento con la intención de desalojarlos, ignorando que la Ley 26.160 prohíbe los desalojos.

La carta de la Federación Pilagá es la siguiente:
29 de agosto de 2012

Dr. Daniel Fernández, Presidente del INAI
Nos dirigimos a usted para comunicarle y dejar constancia que en la mañana del 28 de agosto pasado 6 efectivos de Gendarmería Nacional se presentaron en la comunidad pilagá de Oñedié, en las afueras de la ciudad de Las Lomitas, e intentaron hacer firmar a varias familias un documento con la intención de desalojarlos, en flagrante desconocimiento de la ley 26.160 que prohíbe los desalojos.
Ante la negativa de las familias a firmar los papeles que les exhibían recibieron amenazas y la advertencia de que se prepararan para ser desalojados próximamente. Una de las mujeres que se encontraba sola en ese momento, amedrentada firmó la documentación desconociendo su contenido.
La comunidad de Oñedié fue fundada en 2004 por familias sin tierra en el sitio histórico donde los pilagá tenían sus chacras a mediados del siglo pasado y donde se desarrolló la llamada Masacre de la Bomba, en el año 1947. Entre las familias que viven en la comunidad hay sobrevivientes de esta masacre y también descendientes de las personas asesinadas y desaparecidas en ese hecho. La presencia de los efectivos de gendarmería provoca el terror y revive el trauma de los sucesos pasados, por lo que se encuentran atemorizados y preocupados.
Le solicitamos con la mayor urgencia que interceda ante las autoridades que corresponda para solicitar informes sobre este hecho.
Lo saludamos atentamente,
Federación Pilagá
Representante Bartolo Fernández

La Madres de Plaza de Mayo, no son recibidas en la Casa Rosada.

PEDIDO DE AUDIENCIA


Custodiados entregamos la nota en Casa Rosada

(AW) Referentes de organismos defensores de derechos humanos y de pueblos originarios entregaron el jueves una nota en la Casa Rosada con un pedido de audiencia a la presidenta Cristina Fernández para tratar dos temas: los cambios en al Código Civil referidos a los Pueblos Originarios y la situación concreta de la comunidad qom Potae Napocna Navogoh de Formosa (La Primavera). Hubo dificultades para ingresar a entregar la carta porque la policía impedía el paso a partir del vallado que se encuentra a mitad de la Plaza de Mayo.

1_Entrega_petitorio_30-8-2012


2_Entrega_petitorio_30-8-2012
El siguiente es el comunicado de los organismos defensores de derechos humanos:
Buenos Aires, 31 de agosto de 2012
El jueves 30 de agosto convocamos a que nos acompañen en la presentación de un pedido de audiencia con Cristina Fernández para tratar dos temas: la causa Qom de La Primavera y la reforma del Código Civil.
Estuvimos allí, junto a las Madres dando la vuelta eterna a la pirámide, testigo de la historia de nuestro país, en la Plaza de Mayo. Esa Plaza que las refugió en los años más oscuros, en la que tuvieron que comenzar a moverse y girar constantemente, porque la Junta Militar no permitía reuniones en la vía pública. Una Plaza que es de todo el pueblo argentino que lucha por justicia, memoria, verdad y el cumplimiento de los Derechos Humanos.
Esa Plaza aún hoy cobija los reclamos de aquellos que padecen la vulneración de sus derechos. Y frente a la Plaza, está la Casa Rosada. Pero antes de la Casa Rosada, ubicada en Balcarce 50, hay una valla.
Y llegamos a lo que hoy queremos denunciar, con bronca y tristeza. Luego de la ronda de las Madres, nos acercamos como habíamos anunciado públicamente a entregar la nota a la Casa Rosada, esperando ser recibidos en mesa de entrada sin ningún problema, como cualquier ciudadano que quiere dejar un mensaje a la Presidenta, para irnos con una copia sellada y esperar una respuesta.
Mientras nos acercamos, las vallas se cerraron aún más, el cordón policial creció repentinamente. Tres pañuelos blancos encabezaban el grupo de personas que entregarían la nota. Pero en la valla los policías, y la negativa a dejarnos pasar. Las vallas están cada vez más lejos de la Casa Rosada, los actos cada vez más retirados, el lugar, cada vez más inaccesible. Los pañuelos blancos comunicaron nuestra intención, entregar una nota e irnos. Pero no. Media hora estuvimos para que finalmente nos abran la valla, "que pasen las Madres y 20 personas, no más". Pasamos; militantes y prensa. Lo asombroso es que fuimos custodiados por la infantería. De pronto, escudos y bastones acompañaban nuestro paso por la vereda de la Plaza, hasta que llegamos a la reja de entrada. Y ahí de nuevo. Pretendían recibir la nota desde las rejas, y que nos vayamos. La indignación, la historia de los militantes, de las Madres que tuvieron que ir a ese mismo lugar a preguntar dónde estaban sus hijos durante la dictadura, la indignación, decíamos, de ser tratados con temor, como desconocidos, o como simples terroristas.
Finalmente entraron al hall de Casa Rosada las tres Madres, una representante de los Pueblos Originarios, y el presidente de APDH Nacional. Incluso gente que firmaba el pedido de audiencia no pudo entrar a entregarlo como corresponde.
Suplicar a las personas de seguridad para entregar una nota destinada a la Presidenta es triste y vergonzoso. Vergüenza por quienes están del otro lado de las vallas, impidiendo el paso a Organismos de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, a los Pueblos Originarios, o a cualquier ciudadano argentino.

Nora de Cortiñas y Mirta Baravalle, Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora.
Aldo Etchegoyen, APDH Nacional.
Pablo Pimentel, APDH La Matanza.
Miriam Liempe, Área de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA.


3_Entrega_petitorio_30-8-2012