Es inadmisible que el Gobierno mantenga en secreto anexos del acuerdo por el cual se otorgaron a China 200 hectáreas en la Patagonia 
La política del hecho consumado es la que parece regir la instalación, en Neuquén, de una estación espacial de exploración lunar de China en un enorme predio de 200 hectáreas concedido a Pekín por 50 años. La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado otorgó dictamen favorable al misterioso y cuestionado acuerdo entre el gobierno argentino y el chino, que por extraño que parezca tiene anexos que se mantienen en secreto, mientras cientos de obreros ya trabajan en la construcción de la planta.
Como informó LA NACION, se sabe que China gozará de una exención impositiva durante 50 años, que sus leyes y no las argentinas regirán la actividad de los ciudadanos chinos que allí se desempeñen, que la Argentina no podrá interrumpir las actividades normales que se desarrollen en la base y que nuestro país sólo podrá hacer uso de las instalaciones el diez por ciento del tiempo de trabajo de la estación, equivalente a dos horas y cuarenta minutos por día.
La mayoría kirchnerista en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado permitió aprobar el acuerdo, que aún debe votarse en el recinto, pero en la oposición política y también entre los oficiales de las Fuerzas Armadas lo que más se ha cuestionado es la existencia de los anexos reservados que contienen la letra chica del acuerdo suscripto por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) con la Agencia Nacional China de Lanzamiento, Seguimiento y Control General de Satélites (CLTC). La decisión política fue adoptada por Cristina Kirchner y su par chino, Xi Jinping. No ha sido el único acuerdo, pues los presidentes de los bancos centrales de ambos países acordaron instrumentar un swap de monedas para reforzar las reservas argentinas.
El mayor temor que el misterioso acuerdo despierta entre sus críticos es la posibilidad de que la real finalidad de la base china no sea la astronomía sino las actividades bélicas. Nuestras Fuerzas Armadas no fueron consultadas por las autoridades nacionales, y la ausencia de esa opinión es otro motivo de preocupación. De todos modos, fuentes castrenses sostienen que las antenas que se levantarán en la base de Bajada del Agrio también son aptas para el seguimiento de misiles.
Las obras de la base comenzaron antes de contar con el aval parlamentario porque para ello bastaba el visto bueno de Neuquén que, en virtud de la autarquía provincial, puede firmar acuerdos con otros países para permitir construcciones civiles. La letra chica del acuerdo de la Conae con CLTC y el pacto del gobierno neuquino con China se encuentran en los anexos reservados que no se hicieron públicos en el Senado.
La Conae ha rechazado la posibilidad del uso militar de las instalaciones y sostuvo que Pekín realizará "tareas de exploración del espacio profundo". Otro tanto hizo el ministro de Planificación, Julio De Vido, al calificar el temor de "absurdo y descabellado" pues "el plan espacial chino de llegar a la luna en 2020 no tiene ni podría tener fines militares". Por su parte, la embajada china en Buenos Aires explicó que la base brindará apoyo a misiones de exploración espacial.
De todos modos, las dudas se mantienen. La sola existencia de anexos secretos las alientan. y la prospección estratégica de hoy no aleja la posibilidad de un conflicto armado en un futuro no tan lejano, con satélites de mayor envergadura en lugar de los portaaviones y el espacio como escenario que desplazará al mar. Las armas serán más letales y los misiles jugarán un papel decisivo.
Por otra parte, ¿cómo puede la Cámara alta analizar un acuerdo si éste tiene áreas que se sustraen al conocimiento de los representantes del pueblo que deben expedirse? En una palabra, ¿cómo rechazar o aprobar en el Congreso algo que se desconoce y cuya construcción avanza?
El senador Ernesto Sanz (UCR) exigió "salir del secretismo", al tiempo que aseguró que los legisladores no recibieron la información necesaria. Para otro senador radical, Juan Carlos Marino, "se trata de una cesión de soberanía de territorio argentino a China". Por su parte, los diputados Patricia Bullrich (Unión por Todos) y Mario Negri, presidente del bloque radical, presentaron pedidos de informes para conocer la verdadera naturaleza del acuerdo y el texto oculto.
Otro motivo para preocuparse y reclamar el acceso irrestricto al texto del acuerdo es que la oposición en el Senado posee información que indica que el director de la CLTC sería también jefe militar del Departamento de Armamento General del Ejército chino.
La falta de una clara y coherente política exterior por parte del Gobierno agrava el panorama. La improvisación, la prepotencia, el oportunismo y una muy larga sucesión de graves errores han ocupado el lugar de lo que debería ser una política racional de cara al mundo y nos han distanciado de nuestros clásicos aliados.
El Gobierno, tan celoso de la soberanía siempre y cuando ésta se limite a los discursos, parece descuidarla cuando firma con una fuerte potencia un acuerdo de medio siglo de duración -cuyo texto completo se oculta- y que involucra, no se sabe por qué, una extensa porción de nuestro suelo en una provincia que posee los ricos yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta.
A su vez, las conversaciones con Pekín para aumentar las reservas de divisas del Banco Central alimentan las sospechas sobre una eventual contraprestación por parte de la Argentina.
Como puede advertirse, son demasiadas las dudas y es inadmisible el secreto en torno de un acuerdo con una potencia extranjera que nos compromete durante el nada despreciable lapso de 50 años. El Gobierno se ha caracterizado por el manejo secreto de muchas cuestiones que deberían estar en la agenda pública y en el conocimiento de las respectivas comisiones del Congreso. Se trata de un pésimo proceder que se ha convertido en una repudiable costumbre.
