Por Franco Spinetta
A tres semanas del comienzo de las clases, el Ministerio de Educación confirmó que entre siete mil y nueve mil chicos inscriptos en el jardín de infantes no tendrán vacante en la escuela pública. Además, los funcionarios informaron que otros cuatro mil pibes que se anotaron para empezar a cursar la escuela primaria o secundaria deberán ser “relocalizados”. Por lo tanto, todavía no saben a qué colegio irán ni tampoco tienen garantizado que se respete la orientación que eligieron.
Mal debut para el sistema de inscripción on line, que prometía ahorrar tiempo y papelerío, y brindar mayor transparencia en la asignación de vacantes. En medio de la bronca de padres, alumnos y docentes, el titular de la cartera educativa, Esteban Bullrich, ensayó un mea culpa y admitió “errores” en la implementación y en sus pronósticos. “El error lo cometimos al facilitar el acceso a mucha más gente a la escuela pública”, intentó justificarse. También recordó que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tiene permanentemente su renuncia a disposición.
Innovación y fracaso
A principios de octubre de 2013, una breve comunicación en la página web de la cartera educativa anunciaba un cambio total del sistema de inscripción en las escuelas estatales. Si hasta entonces ésta era operada por los directivos de cada escuela, ahora el gobierno absorbería toda la tarea y se ocuparía directamente de la designación de las vacantes.
El nuevo sistema –ciento por ciento digital– les ahorraría a los padres la necesidad de ir hasta la escuela y hacer cola para anotar a sus hijos. Además, aliviaría la carga de tareas sobre los docentes y directivos de cada establecimiento. Por último, el nuevo sistema on line prometía transparentar definitivamente las designaciones, que pasarían a depender de un algoritmo informático y no de la subjetividad de un humano.
En verdad, el quid de la cuestión era “quitarle el control sobre el manejo de las vacantes a los sindicatos”, según reconocen fuentes ministeriales. Por eso, la implementación del sistema fue considerada una victoria política por el equipo que trabaja con Bullrich.
Ahora, con los resultados a la vista, la inscripción on line se ha vuelto un boomerang. La bronca de los padres se concentra ahora en un único y claro destinatario: el Ministerio de Educación.
Un colapso anunciado
“Cualquiera que conozca el sistema educativo porteño sabía que iba a terminar pasando esto: la Ciudad no tiene capacidad para abastecer la oferta educativa”, señaló a Diario Z Roxana Perazza, ministra de Educación durante el gobierno de Aníbal Ibarra. “La demanda de escolaridad de 0 a 3 años es un fenómeno creciente en los centros urbanos, que hace 25 años no se daba, pero que ahora crece año tras año, sobre todo por las necesidades laborales de los padres”, explica.
El gobierno era perfectamente consciente de esta situación. En el año 2006, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) demandó judicialmente al Estado porteño para que cumpla con el mandato constitucional de la Ciudad de cubrir la demanda educativa del nivel inicial. El déficit, según calcularon entonces, ya superaba las seis mil vacantes. A raíz de esta presentación, cuatro años más tarde, el Gobierno de la Ciudad tuvo que comprometerse formalmente ante el Tribunal Supremo de Justicia a construir veinticuatro nuevos establecimientos. Las escuelas debían estar listas en 2012, pero sólo se terminaron catorce, según datos aportados por ACIJ.
“El número de vacantes en el nivel inicial se mantiene estable, con el agravante de que se sigue incumpliendo un acuerdo judicial de manera flagrante”, explica Roberto Amette, Coordinador del programa Igualdad Educativa de ACIJ. “Ellos aducen que faltan terrenos para construir escuelas, pero a fines de 2013 aprobaron la venta de más de 30 inmuebles del Estado para obras en otros ámbitos… esto demuestra que no es una prioridad”.
El Gobierno pretendió suplir el déficit con la creación de los llamados Centros de Primera Infancia (CPI). “El gobierno debe construir escuelas y no CPI –dice el asesor tutelar ante la Cámara, Gustavo Moreno–, porque no tienen capacitación pedagógica, funcionan como guarderías gestionadas por privados. Su presupuesto ni siquiera lo administra Bullrich, sino que se lo dan a la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, para que lleve la política del PRO a las villas”.
En números, “el porcentaje de Educación en el Presupuesto general hizo una curva descendente que va desde el 28 por ciento a menos del 22 por ciento. Pero no sólo se reduce, sino que además se subejecuta de manera notoria”, sostiene Moreno. Por caso, entre 2010 y 2013, el área de Infraestructura Educativa contó con un presupuesto de $1.826.171.669, pero ejecutó sólo el 62 por ciento.
¿Transparencia?
La saga de la inscripción on line acumuló varios capítulos antes de llegar a esta instancia. Entre el lanzamiento del nuevo sistema –pergeñado desde mediados de 2013 bajo un hermetismo total– hasta el reconocimiento público por parte del ministro Bullrich, hubo de todo: presentaciones judiciales, marchas, abrazos simbólicos a escuelas, una licitación a las apuradas para comprar “aulas modulares” (ver recuadro). Pero, sobre todo, mucha confusión en torno a la verdadera dimensión del problema.
Cuando comenzaron a registrarse reclamos por parte de padres y docentes sobre los inconvenientes del nuevo sistema, el gobierno respondió que los inconvenientes para conseguir vacantes afectaban a sólo tres mil niños. Esa posición fue sostenida por diversos funcionarios, desde el jefe de Gobierno Mauricio Macri hasta el jefe de Gabinete Horacio Rodríguez Larreta, quien volvió a insistir con el mismo margen de error horas antes de que el propio Bullrich reconociera públicamente que, en realidad, sumaban más de doce mil los chicos afectados.
Sin embargo, a la hora de rendir cuentas ante la Justicia, los funcionarios declararon por escrito –el 30 de diciembre pasado– que la falta de vacantes afectaba a 17.615 chicos de los niveles inicial, primario y secundario. Acompañaron con una promesa: que todos tendrían su lugar en la escuela y todos los males estarían resueltos para el día 3 de febrero.
“No han cumplido con el compromiso judicial”, apunta Gustavo Moreno a Diario Z. “El ministro brindó una conferencia de prensa confusa, porque los números no cierran. Además, nunca acreditó sus dichos en la Justicia, que es donde corresponde que dé una respuesta ante la existencia de una causa”, añade. Ahora, precisa Moreno, el juez Osvaldo Otheguy –a cargo del seguimiento del tema– deberá intimar al Ministerio para que brinde información concreta y especificada sobre cuál es la situación previa al comienzo de las clases.
Muchos temen que esta crisis, en desmedro de la educación pública, beneficie al sector privado. Para Perazza, “estos problemas espantan a mucha gente que querrían anotar a sus hijos en la escuela estatal, pero que terminarán anotándolos en las privadas frente a la incertidumbre que genera no saber si obtendrá o no una vacante. La falta de planificación y la ineficiencia liman la credibilidad de la escuela pública”. Desde el sindicato docente, UTE, afirman que “tampoco tendrán vacantes todos aquellos que se inscribieron en escuelas técnicas y normales en el nivel medio”.
El colapso del sistema de inscripción on line puso al desnudo el déficit de vacantes de la educación pública porteña. La gran incógnita es si esto profundizará la sangría del sistema estatal hacia la educación privada que, según datos de la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa, absorbe el 51% de los alumnos. Este año las privadas recibirán más de 2 mil millones de pesos en concepto de subsidios.
“Me mandaron a una privada”
Inscribimos a Ema en tres jardines de infantes a través del sistema on line, pero sólo quedó registrada la opción del Lengüitas. Por un error del sistema no se cargaron las otras dos escuelas, nos dijeron. Si bien la gente del Ministerio reconoció que el problema lo generaron ellos, hoy Ema figura en el puesto 677 de la lista de espera del Lengüitas”, cuenta Teresita Escario.
Como tantas otras familias, Escario y su esposo quieren que su hija de 3 años concurra a la escuela pública. Al enterarse del error cometido por el sistema on line, Teresita reclamó en todos los teléfonos del Ministerio de Educación de la Ciudad, hasta que el 9 de diciembre recibió un correo electrónico de esa cartera en el que le informaban que había una vacante para Ema en el Jardín del Abasto, en la calle San Luis. Pero al concurrir al establecimiento, la directora le dijo que aún no tenía el listado definitivo.
El lunes pasado, luego de la conferencia de prensa en la que Bullrich admitió que 7000 chicos de nivel inicial no tendrán vacantes, Teresita recibió un llamado telefónico. Un tal Jonathan, que dijo hablar en nombre del Ministerio de Educación, le informó que su hija no tiene vacante y que debe buscar una escuela privada.
“Le explique a Jonathan –nunca me dio su apellido– que sí tenemos una vacante otorgada en el Jardín del Abasto y que si ahora me la quitan, el Ministerio de Educación debe dejarlo asentado en el sistema on line”, explica Escario.
Su próximo paso: presentar un recurso de amparo ante la justicia para que el gobierno porteño cumpla con la vacante que ya le otorgó a su hija Ema.
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